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El incidente del 4 de febrero en el cual un funcionario del Ejecutivo denunció al portal 4 Pelagatos (4P) por supuesta violación de propiedad intelectual está lejos de saldarse y deja muchas incógnitas abiertas respecto a la sobrevivencia de un aparato de censura sofisticado, heredado del correísmo en el seno de la misma Presidencia de la República, ante el cual ningún alto funcionario actuó durante los últimos años, pese a saber perfectamente lo que Juan Carlos Chávez y la llamada “Dirección de Síntesis y Alertas” hacían. Las denuncias públicas en este periodo se han acumulado, sin merecer ninguna respuesta. 

Chávez, técnico de la Dirección de Síntesis y Alertas, demandó a 4 Pelagatos por usar una fotografía de Lenín Moreno. Según la demanda introducida, esto viola la propiedad intelectual de Carondelet.

Luego de la denuncia de 4P y la condena temprana de organizaciones como Fundamedios, la Presidencia reaccionó y el mismo Presidente de la República llamó a los editores del portal. En la nota “Presidente, devuelva al país lo que no es suyo”, publicada el 5 de febrero en el portal, se describe que Moreno “se dijo molesto y sorprendido porque un funcionario de rango inferior hubiese podido, a nombre de la Presidencia, demandar a los pelagatos (…) ¿Qué podemos hacer? Preguntó el presidente. La respuesta: retirar la demanda, investigar quién tomó la decisión de demandar a 4P. por usar una fotografía de Lenín Moreno y, sobre todo, eliminar la falacia jurídica que Correa creó (y este gobierno conserva) para apropiarse ilegalmente de bienes públicos”. 

https://twitter.com/FUNDAMEDIOS/status/1224820600750989315?s=20

Esa misma noche, la Secretaría de Comunicación emitió un mensaje que matiza la condena del Mandatario e, incluso, justifica la censura con base en normas extranjeras de ‘copyright’: “El Gobierno Nacional, en su lucha contra la desinformación, al igual que muchos Estados, tiene derechos de autor sobre imágenes e información que genera. Y en función de sus facultades y la normativa general respectiva, precautela el buen uso de estos contenidos, sin que esto menoscabe el derecho que tienen los medios de informar”. 

El pronunciamiento contiene una falacia de fondo: la lucha contra la desinformación. El uso de normas de ‘copyright’ fue una forma creativa de censura generada durante el régimen autoritario de Rafael Correa y luego replicada por otros líderes del mismo tipo, como Viktor Orban, de Hungría; o Recep Erdogan, de Turquía; en lo que los expertos llaman “la curva de aprendizaje de los autoritarios”. 

Así es. En época de Correa el envío masivo de avisos de infracción de derechos de autor a los ciudadanos que criticaban su administración fue una práctica común. Medios, articulistas, tuiteros que utilizaron imágenes transmitidas por la televisión pública ecuatoriana, videos de YouTube donde figuraba el entonces Mandatario recibían estas alertas, caídas de sus portales o bloqueos de sus perfiles en redes sociales

Y hay un escenario que parece no mutar. Entre enero de 2018 y febrero de 2020, Fundamedios ha reportado 20 alertas de censura en Internet, las cuales contemplan el cierre de redes sociales pero también “abuso de normas de derechos de autor”. Existe preocupación de que el Gobierno abuse de las solicitudes de ‘copyright’ para silenciar a la prensa. Aquí un recuento de los casos más representativos.

El 11 de julio de 2019, el sitio de La Fuente fue suspendido por una orden de la Presidencia de la República. El argumento: violación de los derechos de copyright y autor, al usar material gráfico sin autorización en reportajes. El equipo denunció que las fotos aparecían en artículos relacionados a INA Papers, Arroz Verde e investigaciones que vinculaban a Santiago Cuesta, entonces consejero de Moreno. “Todos los contenidos que están vinculados con la Presidencia han sido censurados”, expuso el medio.

Previamente, el 8 de mayo, Fernando Villavicencio, director del portal, denunció un ataque por haber publicado fotografías de Presidencia de la República, reclamadas como protegidas con “derechos de autor”.

No fue el único. Entre el 29 y el 31 de julio de  2019, Ecuadorinmediato recibió 10 notificaciones en su servidor IWEB por infringir ‘copyright’ y mal uso de fotografías de “propiedad” de Carondelet. El proceso lo inició Juan Carlos Chávez Cevallos, técnico de la Dirección de Síntesis y Alertas de la Presidencia; el consejero Cuesta y dos acusaciones anónimas. Se notificó al medio por uso de imágenes de Moreno con su homólogo colombiano, Iván Duque; y otras autoridades internacionales. También se reclamó la utilización de una gráfica de la entonces ministra de Salud, Verónica Espinosa

El 21 de noviembre del año pasado, los contenidos publicados en www.latindadd.org, de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social, fueron reportados y dados de baja con el mismo argumento: uso de una gráfica supuestamente protegida con derechos de autor desde Carondelet. En el artículo “Vicepresidente ecuatoriano se beneficiaría por desregularización de paraísos fiscales propuesta en el proyecto de Ley de Crecimiento Económico” se publicó una imagen de Otto Sonnenholzner. El denunciante, una vez más, Juan Carlos Chávez.

El caso más reciente es el del portal 4 Pelagatos que 4 de febrero de 2020 alertó que el Gobierno de Lenín Moreno, a través del Técnico de la Dirección de Síntesis y Alertas de la Presidencia de la República, lo demandó por usar una fotografía del Primer Mandatario. 

Aunque el Gobierno se escuda en que Juan Carlos Chávez ya fue separado de la institución, hay una práctica que -aunque simulada- está vigente y abre serias interrogantes sobre lo que sucede en la Presidencia y en la estructura del Estado y que es posible resumir en un par de preguntas: ¿Qué tanto se desmontó en las instituciones estatales la estructura autoritaria correísta? Si esa estructura opera desde el mismo Palacio de Gobierno, aparentemente a espaldas de Moreno, ¿qué esperar de otros poderes del Estado?

Nótese que Chávez actuaba abierta y públicamente censurando contenidos a través de denuncias de copyright, por lo que cabe preguntarse, ¿quién lo puso ahí? ¿Quién lo protegía? ¿Era solo Chávez o esta unidad de Síntesis y Análisis es, en realidad, una oficina de censura que opera desde Carondelet?

Si en febrero de 2019 Moreno firmó la Declaración de Chapultepec, herramienta que consagra la existencia de una prensa libre como “condición fundamental para que las sociedades resuelvan sus conflictos, promuevan el bienestar y protejan su libertad”, no puede -paralelamente- aprovecharse del mecanismo instaurado por un régimen autoritario como lo fue el de su antecesor para silenciar lo que pueda fastidiarle. Al no haberse desmontado las estructuras autoritarias, Ecuador está ante más de lo mismo: la acumulación de mordazas.

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Desde el inicio de la campaña electoral para las elecciones seccionales 2019, el pasado 5 de febrero, candidatos han denunciado acciones de censura por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE). Estas se originan en el proceso de revisión y aprobación previa que se realiza sobre su publicidad. Varias piezas han sido inadmitidas por supuestamente incumplir la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia.

El pasado 14 de febrero, FUNDAMEDIOS emitió una primera alerta en torno a una denuncia presentada por María Sol Corral, candidata a la Alcaldía de Quito. Uno de sus spots fue censurado por, supuestamente, incumplir con los contenidos obligatorios de la publicidad electoral.

En ese contexto, el pasado 7 de marzo desde el CNE se indicó a FUNDAMEDIOS las razones para dicho veto. En el oficio suscrito por Víctor Hugo Ajila Mora, secretario General de la institución, se establece que la candidata ha incurrido en prohibiciones establecidas en el Art. 31 de la Ley Orgánica Electoral vigente. Se señala que no cumple con lo señalado en los artículos 28 y 31 del Reglamento de Promoción Electoral, al no propiciar el debate y difusión de las propuestas, no abstenerse de inducir a la violencia, racismo, intolerancia políticas (entre otros) y de difundir contenidos discriminatorios.

FUNDAMEDIOS hace notar sobre la subjetividad de estos adjetivos y la forma restrictiva con la cual la autoridad electoral interpreta los artículos de la Ley, cuando los organismos internacionales de Derechos Humanos hablan claramente de la protección especial que se deben brindar al discurso político, especialmente en época de elecciones.

En la misma línea, Leonardo Lasso, director de campaña de Federico Pérez, aspirante a Prefecto de Pichincha, denunció la censura de un video publicitario en que se enfatiza en la experiencia política del candidato. Manifestó que se le informó de manera verbal a un miembro de su equipo que se daba por incumplir con los contenidos obligatorios para la campaña, que incluye la presentación de las propuestas.

No son casos aislados de descontento. Juan Carlos Holguín también expuso inconvenientes en la aprobación de material audiovisual que integraba su estrategia comunicacional. La prensa recoge que los candidatos de algunas organizaciones políticas han manifestado su malestar por el manejo del pautaje de propaganda electoral en medios de comunicación.

Adicionalmente, existen denuncias por parte de candidatos que afirman que medios de comunicación radiales han negado coberturas y entrevistas, exigiendo pautaje para “habilitar” dichos espacios. FUNDAMEDIOS recopila más información sobre estas acusaciones.

FUNDAMEDIOS conmina a que cesen estas conductas antidemocráticas, las acciones de censura tomadas por algunos funcionarios de la institución rectora en materia electoral en el país. La censura de contenidos no responde a los principios democráticos que el Consejo Nacional Electoral debe defender y son contrarios a los derechos de libertad de expresión consagrados en instrumentos internacionales que han sido firmados y ratificados por el Estado ecuatoriano y de cumplimiento obligatorio.

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Desde el pasado 18 de febrero, periodistas y activistas han denunciado la censura y suspensión de sus cuentas en la red social Twitter. Los sucesos se dan bajo la premisa de que los usuarios incumplen reglas de la comunidad por supuestamente publicar información personal de personajes políticos de Ecuador.

Las censuran han incluido el bloqueo de las cuentas del portal La Fuente, la de su director Fernando Villavicencio y de la ciberactivista ‘Shababaty’. Aunque abrieron cuentas alternas, la segunda cuenta del investigador (@villaviecuador) ha sido dada de baja la madrugada de este 8 de marzo, tras la publicación de otras investigación de corrupción del círculo del presidente Lenín Moreno.

Como organización, hemos reportado los siguientes casos:

  • La Fuente (@somos_lafuente)
  • Fernando Villavicencio (@VillaviFer, @VillaviEcuador)
  • BorisVian1 (@shababaty)
  • Christian Zurita (@christianzr)
  • Crudo Ecuador (@elsextocrudo)

FUNDAMEDIOS se contactó con Twitter para conseguir su versión de las constantes censuras a las cuentas, sin embargo, se nos ha indicado que la plataforma no puede ofrecer una postura en casos específicos. Argumenta que cada usuario recibe una notificación en donde se explica la razón puntual de su suspensión. Rechazamos enérgicamente las acciones tomadas por la plataforma, pues resultan contrarias a los estándares internacionales de libertad de expresión y constituyen una clara agresión a lo consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Instamos a Twitter a ser más cuidadosos con las denuncias que llevan a posteriores censuras reiteradas de ciertos usuarios. Recordamos que la consolidación de un Estado democrático sólo se puede dar cuando sus ciudadanos gozan en pleno de sus derechos y hay transparencia en la información pública. Además ponemos en conocimiento de Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las constantes limitaciones impuestas por Twitter a sus usuarios quienes han actuado dentro de los estándares impuestos por la misma plataforma.

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César Ricaurte, director de Fundamedios, durante la rueda de prensa.
César Ricaurte, director de Fundamedios, durante la rueda de prensa.

La Fundación Andina para la Observación Social y Estudio de Medios (Fundamedios) presentó hoy Censuracom.ec, un portal que recopila los ataques más alarmantes a la libertad de expresión y de prensa durante el 2015. Es un sitio, que en tono irónico y abundante material multimedia y documental, hace un repaso a los personajes que protagonizaron agresiones y a los casos donde se registró una restricción a este derecho fundamental.

El portal se divide en seis secciones:

    1. Los villanos del 2015. Se encuentran los cinco políticos del país que más ataques a la libertad de expresión han protagonizado. El primer lugar lo ocupó este año el superintendente de Comunicación, Carlos Ochoa, con 100 agresiones.
    2. Las contorsiones (legales). Recuerda las resoluciones de la Supercom más polémicas contra los medios de comunicación, como la sanción a diario La Hora por no publicar la rendición de cuentas del alcalde de Loja, Bolívar Castillo.
    3. Los cañonazos contra la prensa. O las réplicas más insólitas que funcionarios o instituciones gubernamentales publicaron en los medios. Uno de ellas es la que diario El Comercio publicó el 20 de mayo de 2015 cuando fue obligado a mentir en la portada, pese a tener todos los respaldos de la nota que hizo sobre la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.
    4. Los latigazos a la libertad. O las agresiones más alarmantes contra  ciudadanos y  medios. Allí se encuentra, por ejemplo, la enmienda sobre la comunicación como servicio público aprobada por la Asamblea Nacional el 3 de diciembre de 2015.
    5. Los gladiadores. Un espacio para destacar a los periodistas que, pese a los reiterados ataques desde el poder, continúan con su labor.
    6. Los ciber azotes. Finalmente era necesario un espacio para recordar las violaciones a los derechos digitales en el último año. El caso de Crudo Ecuador es uno de los más recordados.

 

Un toque de humor durante la presentación del portal.
Un toque de humor durante la presentación del portal.

César Ricaurte, director de Fundamedios, recalcó durante la rueda de prensa que aunque el sitio tiene un tono jocoso, la información es seria y verificada. “No encontramos una mejor forma de graficar los hechos surrealistas contra la libertad de expresión que ocurren en el Ecuador”, manifestó.

“El poder va a estar disgustado por mostrarle lo que hace con la prensa y sabemos que por acciones de Ares Rigths los videos de las sabatinas serán bajados, pero lo importantes es que la información esté al alcance de los ciudadanos y de quien quiera conocer la situación de la libertad de expresión en el país”, agregó.

Documentos asociados

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Juan Carlos Calderón (izq.) y Juan Carlos Solines durante el evento.

Este martes, 25 de noviembre, expertos nacionales e internacionales debatieron sobre los “Derechos Digitales y censura en la era de Internet”, evento organizado por Fundamedios, con el apoyo de Usuarios Digitales de Ecuador, Derechos Digitales de Chile y la Fundación Karisma de Colombia. Se realizó en la Facultad de Comunicación Social (FACSO) de la Universidad Central del Ecuador.

El primer expositor fue Juan Carlos Lara, director de investigaciones de la ONG Derechos Digitales de Chile, quien abordó los derechos humanos en Internet y cuáles son los desafíos en la región sobre esta materia. “Los mismo derechos que tenemos como personas fuera de internet son válidos en internet. El hecho que tenga libertad de expresión fuera del internet significa que en internet tengo exactamente las mismas libertades”, expresó.

Para el experto, Latinoamérica es una región donde los Derechos Humanos están en constante entredicho y existen grandes brechas de conectividad, de idiomas y de contenidos.

Otra de las participantes fue María Juliana Soto, de la Fundación Karisma de Colombia. Ella se enfocó en el acceso al conocimiento que en la era de internet, en su opinión “desborda los viejos cimientos de la propiedad intelectual”. “No se trata únicamente el poder leer un artículo sino de tener las herramientas para escribir uno y publicarlo en Internet. Pasamos del universo del consumo de conocimiento, que es el modelo tradicional, al de creación de conocimiento”.

Sin embargo, según la expositora, esta circulación de conocimiento no es tan «fácil» y por eso hay movimientos que trabajan para que la propiedad intelectual sea más flexible. Expuso el caso de Diego Gómez, estudiante colombiano de maestría en biodiversidad, a quien se le abrió un proceso penal por compartir un artículo de investigación.

Juan Carlos Solines, abogado y experto en Telecomunicaciones, explicó el caso ecuatoriano y habló de los riesgos que existen sobre todo respecto a la libertad de expresión, que en el contexto actual ha adquirido una gran importancia. Este derecho “se ha convertido en la piedra angular de las sociedad y eso incomoda a los gobiernos”.

Solines cuestionó la Ley de Comunicación por afectar la libertad de expresión en los medios de comunicación, pero también al proyecto de ley de Telecomunicaciones que se debate en la Asamblea Nacional. “Esa ley, que todavía no ha sido aprobada, y su proceso de aprobación va a ser la última batalla que podemos y debemos librar para proteger la libertad de expresión no de los medios y periodistas sino de cada uno de nosotros. Porque esa ley se orienta a la plataforma donde los ciudadanos ejercen esa libertad de expresión: en las redes y las plataformas tecnológicas”.

Juan Carlos Calderón, director de la revista Plan V, contó los casos de censura de información por pedidos de la firma española Ares Right. Esta empresa ha solicitado en varias ocasiones se elimine los contenidos que incomodan al Gobierno, sobre todo, alegando derechos de autor.

También mencionó los recientes cierres de cuentas de tuiteros opositores del Gobierno y del intento de censura en la revista Plan V, por parte de Ares Right, por usar el logo de esa firma en una publicación periodística.

Los paneles fueron moderados por Fernando Larenas, exeditor general de diaro El Comercio, y Fabián Aúz, miembro fundador de Usuarios Digitales.

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Juan Manuel Yépez, editor de diario Extra, durante su exposición.
El martes 24 de junio, en el Hilton Colon de Quito, se celebró el Foro internacional ¿Censura o comunicación? 365 días de la LOC. Al cumplirse un año de la vigencia de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) ecuatoriana, periodistas nacionales e internacionales, juristas y representantes de la sociedad civil ecuatoriana participaron del evento. Esta fue una oportunidad para analizar los contextos de libertad de expresión en la región, con principal atención en la LOC ecuatoriana como uno de las situaciones más restrictivas.

 

Los panelistas abordaron los casos y las sanciones tras la aprobación de la LOC, sus efectos en el ejercicio del periodismo y sus aspectos jurídicos. Además se discutió los controles estatales a los medios. Por su lado, Fundamedios presentó dos estudios con base en el monitoreo a los contenidos de los medios confiscados por el Gobierno en el 2008 y sobre la evolución de los artículo de opinión antes y después de la vigencia de la Ley.

 

Los panelistas internacionales fueron Ricardo Uceda, director del Instituto Prensa y Sociedad de Perú (IPYS Perú); Jonathan Bock, periodista y miembro de la Fundación para la Libertad de Prensa, de Colombia;  y Raúl Peñaranda, periodista boliviano, autor del libro más vendido en Bolivia actualmente, “Control remoto” y Director Ejecutivo del Grupo Andino para las Libertades Informativas, El GALI.

 

Entre los panelistas y expositores nacionales estuvieron los juristas Daniela Salazar, quien comentó acerca de la LOC, Enrique Herrería, María Paula Romo y Guadalupe Fierro; los periodistas Luis Vivanco, Marcelo Larrea, Juan Manuel Yépez y Christian Oquendo; el caricaturista Javier Bonilla; los catedráticos León Espinosa y César Montúfar y como parte de la sociedad civil Benito Bonilla y Jaime Veintimilla.

 

El evento fue organizado por la Federación Nacional de Periodistas (FENAPE), la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP) y la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios); contaron con el apoyo de las organizaciones sociales CIDES, Junta Cívica de Guayaquil, Ecuarunari y CUCOMITAE; de las facultades o áreas de Comunicación de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y de la Universidad Andina Simón Bolívar, del Grupo Andino para las Libertades Informativas (GALI) y del Instituto Prensa y Sociedad de Perú  (IPYS).
La jornada fue transmitida en redes sociales, mediante el hashtag #365censura. El evento fue gratuito.

 

Algunas de las conclusiones que se destacan del evento,  tras analizar varios casos, es que el verdadero objetivo de la Ley de Comunicación no es la democratización de la información sino el control de los medios y  que la normativa ha sido utilizada como instrumento de sumisión. Asimismo que el cuerpo legal está lleno de restricciones y conceptos ambiguos que permiten arbitrariedades.Un ejemplo, como lo expuso el periodista Juan Carlos Calderón, es que con la vigencia de la Ley se han dejado de lado los temas polémicos, pues no hay seguimiento a dichos casos solo registros de noticias. Esto ha generado un retroceso de 30 años en el periodismo.

 

Jaime Veintimilla resaltó que la ley de Comunicación ha sido uno de los pasos para posicionar una agenda pública de los medios desde el Estado, que no puede ser deslegitimada.

 

Los efectos de la Ley de Comunicación también fueron analizados desde el ámbito de las organizaciones sociales y cómo estas han experimentado una política de silenciamiento y persecución.

 

Los panelistas internacionales compartieron las formas de control y censura que ha enfrentado la prensa en países como: Bolivia, Colombia y Perú. Incluyendo el tema de los monopolios estatales y privados y su afectación en el ejercicio del periodismo.

 

Parte del foro también fue el análisis sobre si es constitucional la Ley y los grandes peligros de querer equiparar la información como un servicio público ante el concepto del derecho.

 

Por último, se expuso algunas sanciones emitidas por la Superintendencia de Comunicación en estos 365 días de vigencia de la ley de Comunicación como los casos de rectificación de una  caricatura de Bonil y del título y foto de una porta de Lunes sexy, del diario Extra. Estos temas fueron revisados desde el ámbito jurídico y social.

 

El evento se transmitió por Rayuela Radio y por nuestro canal de Youtube:

 

I PARTE DEL FORO

 

II PARTE DEL FORO

 

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El 20 de mayo de 2014, la estación televisiva Ecuavisa, en la edición nocturna de su noticiero, decidió abstenerse de informar sobre denuncias de restricciones a los derechos civiles en la comunidad de Intag, al norte del país, para cumplir con la Ley de Comunicación.

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Quito, Ecuador, 23 de abril de 2014

Señor

Dick Costolo

Chief Executive Officer

Twitter Inc. 

De mi consideración:

Reciba esta carta en representación de la Fundación Andina para la Observación Social y Estudio de Medios, Fundamedios, organización ecuatoriana de la sociedad civil para la promoción y defensa del derecho a la libertad de expresión.

Durante los últimos meses hemos visto con preocupación y profundo malestar cómo las acciones abusivas y censuradoras impulsadas por la compañía al servicio del gobierno ecuatoriano Ares Rights, han tenido cabida en Twitter, que ha actuado con actitud pasiva, misma que se manifiesta en la nula investigación de los hechos que denuncia esa empresa y en el cometimiento de actos de censura contra ciudadanos, activistas y otras voces críticas al actual gobierno ecuatoriano en claro abuso de la Ley de Copyright de los Estados Unidos (Digital Millenium Copyright Act) y de la Ley de Propiedad Intelectual de Ecuador, y desconociendo que la información pública nos pertenece a todos y cada uno de los ecuatorianos y no al Gobierno nacional, mucho menos a su movimiento político.

La referida compañía ha promovido acciones para retirar expresiones y opiniones en plataformas de Internet y redes sociales, bajo el argumento de que el Enlace Ciudadano que cada sábado realiza Rafael Correa está protegido intelectualmente. Tanto Rafael Correa, como el Secretario de Comunicación, Fernando Alvarado, han sido enfáticos en señalar, en varias oportunidades, que más allá del contenido, estos Enlaces son procesos de rendición de cuentas que, según la Constitución ecuatoriana, nos pertenecen a los ciudadanos. ¿Es que acaso citar una rendición de cuentas de una autoridad a los ciudadanos vulnera de alguna manera la propiedad intelectual?

En la red social Twitter se ha procedido con la censura de por lo menos una cuenta, de la que se tiene conocimiento. Bajo los mismos argumentos y utilizando la misma normativa, tanto estadounidense como ecuatoriana, se ha censurado el contenido de la cuenta @diana_amorespor difundir imágenes públicas de la reciente campaña electoral, hacer parodia de un cómic latinoamericano y reproducir una carta abierta, que por su naturaleza y por su forma de ser difundida, era pública. Como bien ha señalado la afectada, sus mensajes fueron expresados en legítimo ejercicio de su libertad de expresión y aplicando las reglas de “fair use”, por lo que las acciones de Ares Rights, una vez más, han sido abusivas, al margen de la ley, y con el claro objetivo de censurar la opinión de una ciudadana ecuatoriana.

Como organización que promueve y defiende la libertad de expresión en Ecuador, exigimos a usted investigar debidamente antes de tomar medidas contra periodistas, activistas y ciudadanos, cuyas opiniones están siendo abusivamente denunciadas por el gobierno ecuatoriano, a través de Ares Rights, por lo que solicitamos no dar cabida a este tipo acciones, puesto que la censura a la opinión en redes sociales como Twitter claramente transgreden la ley y los derechos de los ecuatorianos, y han provocando el consiguiente efecto intimidador.

Una copia de esta carta será enviada a los diferentes organismos de derechos humanos a nivel mundial.

Esperando una respuesta inmediata de su parte, quedo de usted.

Atentamente,

César Ricaurte Pérez

Director Ejecutivo

Fundamedios

Versión en PDF de esta carta 

Lea nuestra carta a Ares Rights