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CIDH

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Washington, 7 de octubre 2020. Fundamedios y Reporters Committee for Freedom of the Press denunciaron hoy, en el 177º Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las violaciones a la libertad de expresión y a la libertad de prensa ocurridas desde mayo del 2020 durante las recientes protestas en los Estados Unidos. 

Al presentar esta denuncia, las dos organizaciones solicitaron a la CIDH:

  1. Que la  Comisión emita una declaración de protesta por las detenciones y el uso excesivo de la fuerza contra los periodistas durante las protestas públicas por restringir la libertad de expresión. 
  2. Que la Comisión demande del Estado el cese de todos los arrestos y el uso excesivo de la fuerza contra los periodistas.  
  3. Que se formule una petición a todos los niveles del gobierno de los Estados Unidos para llevar a cabo una investigación exhaustiva de los incidentes denunciados por las organizaciones que documentan las violaciones a la libertad de expresión  y que haga públicos los resultados de estas investigaciones.  
  4.  Establezca un conjunto de principios y recomendaciones para las autoridades policiales y de seguridad a nivel local, estatal y federal en relación con el respeto de la prensa durante los eventos públicos de cualquier tipo, en particular de las manifestaciones, y la forma de garantizar la libertad de prensa y la seguridad de los periodistas. Estas recomendaciones deberían abarcar: 
    1. Formación de las fuerzas del orden encargadas del control de protestas para que comprenda que el derecho que asiste a los periodistas a documentar la actividad policial en público.
    2. Transparencia – Los registros policiales de las interacciones con los periodistas deben ponerse a disposición del público de inmediato, para que el público pueda evaluar la legitimidad de la conducta policial.  Además, los agentes de policía deben llevar en sus uniformes identificación de su nombre, número de placa y organización a la que pertenece.
    3. Sanciones – Los departamentos de policía deben adoptar medidas urgentes para disciplinar a los funcionarios que violen los derechos de la prensa.
    4. Proporcionalidad – Que las fuerzas del orden sigan las directrices de las Naciones Unidas para el uso de la fuerza, basadas en la necesidad, la legalidad y la proporcionalidad.  Es decir, los oficiales deben asegurarse de que las tácticas de control de multitudes sean apropiadas y proporcionales.  Tales tácticas deben ser diseñadas para prevenir daños colaterales a los periodistas que cubren las protestas y no deben restringir indebidamente esa cobertura.

Los expositores por parte de la sociedad civil en esta audiencia temática sobre libertad de expresión en Estados Unidos  fueron Frank LaRue, Director Legal y de Defensa de Fundamedios; Gabriel Rottman, Director del Proyecto Tecnología y Libertad de Prensa y  Sarah Matthew, Abogada de  Reporters Committee for Freedom of the Press (RCFP). Y como testigo de las violaciones el periodista Gustavo Martínez Contreras.

Frank LaRue dijo que esta audiencia fue solicitada por Fundamedios y el RCFP a la luz de los ataques y hostigamientos por parte de agentes del orden que sufren los periodistas que cubren las manifestaciones públicas pacíficas contra el racismo en todo Estados Unidos desde mayo de 2020. 

“Tenemos desde el más alto nivel de gobierno del propio presidente de la nación, un discurso sistémico de ataque contra la prensa y periodistas independientes, llamándolos “enemigos del país”, “enemigos del pueblo”, “medios falsos”, “ noticias falsas ”,“ mentirosos”. Esto confunde a la población y ha erosionado progresivamente la confianza que la sociedad pueda tener en los medios”, dijo LaRue.

U.S. Press Freedom Tracker ha reportado más de 850 incidentes de violación a la libertad de expresión durante la cobertura de las protestas y manifestaciones en lo que va del año 2020. 81% de los casos documentados corresponden al excesivo uso de la fuerza o detenciones arbitrarias por parte de las fuerzas del orden. Sarah Matthews, abogada de Reporters Committee for the Freedom of the Press, aseguró que “lo más grave es evidenciar la tendencia que los policías tenían como objetivo claro agredir a periodistas quienes estaban claramente identificados como prensa”. Las agresiones se han registrado en 79 ciudades de 36 estados. 

Rottman aseguró que en los últimos meses se ha visto un importante aumento de las detenciones y el uso de la fuerza contra miembros de los medios de comunicación que cubren las protestas. En muchos casos, los incidentes parecen violar leyes claramente establecidas en los Estados Unidos, incluyendo derechos que durante mucho tiempo han sido reconocidos bajo la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. 

Gustavo Martínez Contreras, periodista de Asbury Press se presentó como testigo y ejemplo de los 100 de periodistas que han sido detenidos o agredidos desde mayor de 2020 en Estados Unidos. Martínez, quien fue detenido el 1 de junio en Nueva Jersey, permaneció 5 horas detenido, pese a haber portado su gafete de prensa en el pecho desde el principio. 

“Mi experiencia en la noche del 1 de junio en la protesta de Asbury Park sigue persiguiéndome. No me cabe la menor duda de que fui un objetivo para la policía a ser  abordado y arrestado porque estaba informando sobre los acontecimientos a mi alrededor, protegido por  Primera Enmienda en mi derecho a hacerlo. Espero que al hablar hoy, ayude a asegurar que muchos otros periodistas puedan informar libremente sin censura por parte de las fuerzas del orden.”

Pedro Vaca, el nuevo Relator de la Libertad de Expresión, dijo que es difícil encontrar otro país a la región que le haya sido más respetuoso de la libertad de prensa que Estados Unidos, por lo que los eventos denunciados llaman a una profunda reflexión a fin de que se mantengan las libertades fundamentales.

El Relator sostuvo que las autoridades federales  deben garantizar el derecho de cobertura de las manifestaciones por parte de la prensa para que la gente pueda estar informada. Adicionalmente ofreció el apoyo de la Relatoría  al   “alertar a los representantes del Estado de que consideren que la Relatoría es un socio para evitar la repetición de estos casos de abusos policiacos”. 

Si bien Estados Unidos no ha ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos, la legislación y doctrina de la Organización Estados Americana es vinculante para todos los estados miembros.

La delegación de los Estados Unidos estuvo conformada por los representantes ante la OEA Bradley A. Freden; y el representante del Departamento del Estado, Thomas Weatherral,  quienes ratificaron que los medios de comunicación independientes son un pilar para el intercambio de ideas y que Estados Unidos respalda el Estado de Derecho.

Bradley A. Freden aseguró que “condenan las amenazas y hostigamientos contra periodistas pues no deberían sufrir hostigamiento por realizar su trabajo de acuerdo a la ley” y aseguró que Estados Unidos está comprometido con defender a los miembros de la prensa con investigaciones, cuando haya violaciones a los derechos.

Al final de la Audiencia, el Presidente de la CIDH, Joel Hernández,  agradeció a Fundamedios y a RCFP por la información y destacó la actitud positiva, propositiva y constructiva de los representantes del Gobierno. “Para nosotros esta audiencia es muy oportuna, reconocemos la fuerza de la democracia de los Estados Unidos (…) estamos conscientes del impacto que tuvo su Constitución a nivel mundial para proteger la libertad de prensa; sabemos que Estados Unidos ha establecido un estándar para proteger los derechos civiles y políticos y es por eso que seguimos con preocupación el alto ataque a miembros de la prensa”. Recordó que para la CIDH es un momento sensible pues las manifestaciones sociales están más activas que nunca en toda la región y por eso es importante salvaguardar el derecho de la prensa a poder realizar su trabajo. 

“Expresamos las mejores aspiraciones para que los periodistas y comunicadores puedan realizar su trabajo sin ninguna interferencia al dar cobertura a las protestas sociales”, dijo el Comisionado. 

La CIDH es un órgano esencial del Sistema de Protección de los Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos, y se encarga de contextualizar y documentar las violaciones de los derechos humanos y de hacer que los Estados rindan cuentas de sus acciones y de sus fallos en la protección de los derechos de sus ciudadanos.

 

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Las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes felicitan a Pedro Vaca y le dan la bienvenida como nuevo relator especial para la libertad de expresión de la CIDH.

Agradecemos, además, el trabajo comprometido de Edison Lanza, quien hasta el día de ayer fue titular de dicha Relatoría, así como los notables avances logrados en materia de libertad de expresión durante sus seis años de mandato.

Pedro Vaca fue elegido entre una lista de destacados profesionales comprometidos con la libertad de expresión en el hemisferio. Su nombramiento es el resultado de un proceso de selección transparente y participativo liderado por la CIDH. En ese sentido, destacamos la relevancia de las medidas sugeridas por la sociedad civil adoptadas por la Comisión, como la publicación de una lista paritaria y la publicación de videos de los diez finalistas. Al cargo se postularon 81 personas y la Comisión recibió cientos de observaciones de la sociedad civil y de los Estados miembros de la OEA, lo cual reafirma la importancia de este mandato para las Américas.

Desde su creación en 1997, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) ha sido la columna vertebral de la promoción y vigilancia de la libertad de expresión en las Américas. La RELE ha sido fundamental en el desarrollo de doctrina, jurisprudencia y estándares interamericanos en esta materia. Su labor ha sido crucial en la reforma de legislaciones nacionales y su adecuación a los estándares del Sistema Interamericano. En resumen, el trabajo de la Relatoría ha sido fundamental para responder de forma efectiva a los desafíos cada vez más complejos que se presentan para la libertad de expresión y el acceso a la información en las Américas.

Actualmente la libertad de expresión en el hemisferio continúa enfrentado grandes desafíos, alguno de ellos son la violencia contra quienes ejercen este derecho – especialmente periodistas – y la impunidad en esos casos; el cierre del espacio cívico; las restricciones al acceso a la información pública y la tendencia a la opacidad en temas de interés públicos o relacionados con Derechos Humanos; los nuevos desafíos que presenta la tecnología digital en el ejercicio de la libertad de expresión, en temas como vigilancia de las comunicaciones, neutralidad de red o conectividad y acceso a la información; la garantía efectiva de la participación en el debate público de personas, colectivos y organizaciones de la sociedad civil con menor visibilidad al nivel regional – como mujeres, población LGTBI, comunidades étnicas, etc.- entre otras.

Las organizaciones firmantes reiteramos nuestro firme apoyo a la labor que se lleva a cabo en el ejercicio de este mandato y estamos prestos a colaborar y trabajar con Pedro Vaca y su equipo para atender los problemas más acuciantes que afectan hoy a la libertad de expresión en las Américas.

Firman

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Fundación para el Debido Proceso
IFEX-ALC
REDLAD
Alianza Regional por la Libre Expresión e Información
Voces del Sur

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El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, mostró su preocupación por el actual concurso de frecuencias de radio FM en Ecuador, que está en su segunda etapa.

«Habría empresarios que ya tienen frecuencias y que, por el límite de la concentración, no podrían presentarse a otros concursos y lo estarían haciendo a través de testaferros… en fin, sociedades anónimas en donde en apariencia no están, pero en realidad sí están”, dijo, en una entrevista con Ecuavisa.

Lanza ve con preocupación que el Ministerio de Telecomunicaciones y la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) hayan anunciado que se revisará el tema de la concentración de frecuencias después de que estas se hayan entregado.

«A priori me parece que quita garantías para la democracia el hecho de que se retiren las garantías del proceso administrativo para que se revise la documentación que se presenta alegando que no se tiene otras frecuencias, por ejemplo, o las garantías que tienen las personas para montar un proyecto de comunicación o cuáles son sus proyectos de comunicación… me parece que debería revisarse antes. Una vez que se asignan las frecuencias, todos sabemos que va a ser muy difícil que el Estado vuelva para atrás y corriendo el riesgo de sufrir juicios, etc».

«Habrá otros que podrán impugnar esto ante los órganos nacionales e internacionales», mencionó el relator especial. 

FUNDAMEDIOS realizó una investigación publicada en conjunto con Ecuavisa y Revista Digital Plan V dónde se reveló los mecanismos utilizados por grupos de poder para concentrar frecuencias. 

Lanza recordó que el tema de la asignación de frecuencias a los medios es vital para la democracia y por tanto debe manejarse con transparencia. Asignar frecuencias a una persona que no podía concursar viola el principio de pluralismo y de no concentración de los medios. La Constitución, además, prohíbe el monopolio y oligopolio de los medios de comunicación.

Actualmente, el concurso de asignación de frecuencias de radio FM está en su segunda etapa y a partir del 06 de octubre se empezará a conocer a los beneficiarios de las primeras  frecuencias.

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Ecuador, 12 de agosto de 2020.- Este miércoles la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió la Resolución de levantamiento de medidas cautelares 45/2020, en el caso del secuestro y posterior asesinato de Javier Ortega Reyes, Paúl Rivas Bravo y Efraín Segarra Abril, miembros del equipo periodístico de Diario El Comercio. En el documento, el organismo insta a los Estados de Ecuador y Colombia a continuar las investigaciones y esclarecer las circunstancias relacionadas al crimen. 

Resolución CIDH

El 12 de abril de 2018 la CIDH otorgó las medidas cautelares en respuesta al pedido realizado por Fundamedios, la Fundación para la Libertad de Prensa de Colombia (FLIP) y los familiares de las víctimas. Entonces se consideró que la situación cumplía con los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad, necesarios para otorgar dichas resoluciones. 

Parte de las acciones de la Comisión incluyó la conformación de un equipo de seguimiento especial (ESE) para acompañar la investigación de los asesinatos. A través de esta instancia, en diciembre de 2019, se presentó un informe que conmina a Ecuador y Colombia a una desclasificación “REAL” de la información sobre los operativos en la zona y las labores de inteligencia durante el secuestro del equipo periodístico. Esto no ha ocurrido.

En el comunicado de este 12 de agosto, la Comisión explica que las medidas cautelares fueron otorgadas con miras a que se “adopten las medidas necesarias para salvaguardar la vida e integridad personal de Javier Ortega Reyes, Paúl Rivas Bravo y Efraín Segarra” y “las medidas necesarias para que los beneficiarios puedan desarrollar sus actividades periodísticas en ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, sin ser objeto de actos de intimidación, amenazas u otros hechos de violencia”. Tras conocerse del asesinato, la CIDH recuerda que el ESE se implementó “en el entendido de que la obligación de investigar y determinar las responsabilidades que dieran lugar a los hechos recae sobre el Estado”.

En ese contexto, dos años y cuatro meses después, al no existir los requisitos de gravedad, urgencia y necesidad de prevenir un riesgo de daño irreparable, el organismo estima que corresponde levantar las medidas cautelares.

Fundamedios, como organización que ha vigilado el caso desde el primer momento, insiste en que acompañará a las familias de las víctimas en su búsqueda de verdad, justicia, reparación y no repetición. Un manto de silencio no debe invisibilizar un crimen atroz que puso de manifiesto las deficiencias y omisiones graves de las instancias estatales responsables de brindar seguridad y bienestar a los habitantes de la zona y ofrecer la debida protección al trabajo periodístico.

El ataque a periodistas implica a distintos actores, esa complejidad de los hechos no debe alejar la urgencia de esclarecer la verdad. La verdad es uno de los factores más importantes para erradicar la impunidad: tener claridad sobre los hechos de cara a cada uno de los acontecimientos. En los atentados contra la prensa, normalmente, eso no se esclarece. Según datos de Unesco, el 90% de los casos no son investigados.

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el pasado 21 de marzo el Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Se trata de un documento de 394 páginas que expone la situación de la prensa de 35 países de América durante 2019 e incluye conclusiones y recomendaciones a los Estados. 

El panorama no es alentador: los índices de violencia no han mermado. Un ejemplo son los asesinatos de al menos 27 periodistas y trabajadores de la prensa el año pasado en Bolivia, Brasil, Colombia, Guatemala, Haití, Honduras y México. Un factor en común entre estos casos es la impunidad. 

Ante esa realidad, la Relatoría recomienda adoptar mecanismos de prevención que eviten los ataques, respetar la reserva de las fuentes, capacitar a los funcionarios en el respeto a la libertad de expresión y determinar sanciones de manera proporcionada al daño cometido.

Las sugerencias resultan determinantes si se toma en cuenta el incremento de la estigmatización y el descrédito hacia los comunicadores por parte de las autoridades a través de discursos que menoscaban y descalifican la labor periodística. Esta fue una constante que se evidenció más durante las manifestaciones desatadas durante el último trimestre de 2019 en países como Ecuador, Colombia, Chile y Bolivia. 

Sobre el derecho a la protesta social, la Relatoría hace un llamado a respetar el derecho legítimo a expresarse e impedir las restricciones desproporcionadas para reprimir expresiones críticas o disidentes. Sobre el uso de la fuerza, recomienda que sea planificada cuidadosa y minuciosamente por personas con experiencia y capacitación específicas. Por ejemplo, menciona que se establezcan garantías para que “las armas de fuego estén excluidas de los dispositivos utilizados para el control de las protestas”. 

El informe destaca que hay avances sobre reformas normativas para alinear a los estándares interamericanos los delitos que buscan proteger el honor y la reputación de los funcionarios; pero señala que se utilizan tipos penales para criminalizar el derecho a la libertad de expresión en la región. 

Por ejemplo, en Perú, la periodista Paola Ugaz tiene por los menos cinco procesos judiciales por difamación. En Panamá, el expresidente Ricardo Martinelli presentó nueve querellas por calumnias e injurias en contra de alrededor de 40 comunicadores y dueños de medios. En Brasil, Venezuela y República Dominicana la misma tónica; mientras que en México, el periodista Sergio Aguayo fue condenado a pagar medio millón de dólares por supuesto daño moral al expresidente del PRI, Humberto Moreira. 

Entre otros temas preocupantes como la censura directa e indirecta, el acceso a la información pública y la responsabilidad ulterior, la Relatoría Especial señaló que existe una tendencia a la vigilancia de quienes se manifiestan a través de redes sociales y se valen de la tecnología para espiar a periodistas, líderes sociales y políticos. 

La Relatoría le dedicó un capítulo especial a Ecuador en donde destaca varias limitaciones al ejercicio periodístico. Estas son algunas de las conclusiones: 

 

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12 de diciembre de 2019 es una fecha clave en el esclarecimiento del crimen que segó la vida del reportero Javier Ortega, del fotógrafo Paúl Rivas y del conductor Efraín Segarra. Esa fue la fecha escogida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para entregar los resultados del informe final elaborado por su Equipo de Seguimiento Especial (ESE), un documento de 104 páginas que indica que este puede ser solo el principio para alcanzar verdad, justicia, reparación y no repetición. Esto, tras el pedido explícito de los familiares de Javier Ortega, Efraín Segarra y Paúl Rivas, Fundamedios y la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip-Colombia) de otorgar medidas cautelares que garanticen las distintas etapas del proceso.

Fundamedios, a través de su director jurídico y de DDHH, el exrelator Frank LaRue, expuso su posición en Washington D.C ante Esmeralda Arosemena de Troitiño, presidenta de la CIDH; Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión; embajadores de Ecuador y Colombia; y las familias Ortega, Rivas y Segarra. 

Publicerat av Relatoría Especial para la Libertad de Expresión Torsdag 12 december 2019

Para la organización, este es un esfuerzo histórico que sienta un precedente para la libertad de prensa y seguridad de periodistas en América. El informe que firma el ESE es importante porque la violencia contra la prensa se da de maneras diferentes y es multidimensional. Además, es preciso garantizar la seguridad y protección de los periodistas para que puedan informar y, con base en ese ejercicio, los pueblos puedan ejercer su derecho al acceso a la información: los trabajadores de la prensa protegen ese derecho. 

El ataque a periodistas implica a distintos actores, esa complejidad de los hechos no debe alejar la urgencia de esclarecer la verdad. La verdad es uno de los factores más importantes para erradicar la impunidad: tener claridad sobre los hechos de cara a cada uno de los acontecimientos. En los atentados contra la prensa, normalmente eso no se esclarece. Según datos de Unesco, el 90% de los casos no son investigados.  

Fundamedios insiste en que el trabajo del ESE es inicial y debe ser continuado. Instamos a la CIDH a dar seguimiento y monitoreo a sus recomendaciones, las cuales también conducen a mejorar los estándares de Derechos Humanos en el continente y plantearse mecanismos regionales de seguridad. Tal como lo mencionó el exrelator especial de Naciones Unidas y actual asesor de la organización, animamos a los gobiernos de Ecuador y Colombia a trabajar en la continuidad de las indagaciones. 

Ambos Estados deben reconocer lo que dicta el derecho internacional humanitario, como los Convenios de Ginebra y sus Protocolos que contienen referencias explícitas al personal de los medios de comunicación. Con base en ello, los periodistas se benefician de todos los derechos y protecciones otorgados a los civiles en conflictos armados internacionales. Y esto debió aplicarse en la crisis que vivió la frontera norte entre octubre de 2017 y marzo de 2018.

Fundamedios acompañará a las familias de las víctimas en su lucha de verdad, justicia, reparación y no repetición. La organización solicita que las medidas cautelares se mantengan vigentes, para supervisar la implementación de las recomendaciones del informe del Equipo de Seguimiento Especial. Por la memoria de Javier, Paúl y Efraín este debe ser considerado un primer paso hacia el esclarecimiento de los hechos.

 

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Desirée Yépez

La voz de Edison Lanza se ha escuchado con frecuencia en Ecuador -al menos- durante el último año y medio. El uruguayo es uno de los personajes más activos en el proceso de investigación y esclarecimiento del secuestro y asesinato de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra (abril 2018). El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) intenta hacer frente a la impunidad que rodea la mayoría de crímenes contra periodistas.

Lanza es sereno en sus reflexiones, pero severo al afirmar que los reporteros son un blanco de ataque que el Estado debería proteger. Por eso también visitó Ecuador para enterarse de los pormenores que afectaron las coberturas del paro nacional de octubre pasado, cuando 138 comunicadores en todo el país sufrieron agresiones y vejaciones de distinta índole. Para el periodista y abogado, el crimen organizado, los gobiernos autoritarios y la crisis de la democracia son clave para entender los ataques a la prensa.

En Latinoamérica son cientos los ataques contra la prensa que se registran anualmente; al mismo, tiempo la mayoría de casos queda impune. ¿Por qué?

Es parte de un círculo donde se ha naturalizado la agresión verbal, física; incluso en algunos países se llega al extremo del asesinato y la falta de respuesta adecuada del Estado que debería ser investigar. El periodista ejerce la libertad de expresión, de prensa, informa a la sociedad y es un elemento de la democracia; por eso, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) ha dicho que hay obligaciones especiales de investigar cualquier amenaza, agresión o crimen contra periodistas y sancionar a los autores intelectuales y materiales.

El periodismo bien ejercido resulta incómodo para los distintos poderes. ¿Cómo enfrentar el crimen contra periodistas cuando -de hecho en muchos países- el sistema está corrupto, el sistema de justicia está corrupto?

Hay muchos temas que no están aislados respecto a la violencia contra periodistas. La impunidad tiene que ver con que somos una de las regiones con mayores índices en general, cualquier crimen o delito queda impune, sin duda. Por eso mismo hay que analizar las situaciones, exigir a los Estados que, si quieren ser considerados como una democracia plena y hay violencia estructural contra periodistas, se debe contar con un mecanismo de protección específico y fiscalías especializadas para terminar con este flagelo que es uno de los problemas más graves de libertad de expresión.

Cuando se habla de mecanismos de protección es posible citar el caso de México que cuenta con uno pero es -en Latinoamérica y en el mundo- uno de los países más mortíferos para la prensa. ¿Por qué esa paradoja?

Antes de que existiera el mecanismo de protección ya teníamos una crisis de violencia contra periodistas sin precedentes vinculada a la presencia del crimen organizado en distintas regiones donde este manda, intenta mandar o coopta autoridades. Es una situación excepcional. En ningún otro país de la región tenemos 20 asesinatos por año. El mecanismo de protección surge como una respuesta a esa situación crítica que hasta que no se resuelva el problema global de violencia seguirá afectando a periodistas, lamentablemente, porque son quienes alertan.

El mecanismo de México estuvo muy mal implementado inicialmente, pero hoy hay más de 200 periodistas con protección, de los cuales un porcentaje pequeño de personas que estaban protegidas igualmente fueron asesinadas. En ese sentido es un avance. El mecanismo es perfectible, hay que seguir invirtiendo, se necesita articulación a nivel estatal. El problema es que la situación de violencia estructural e impunidad sigue en México.

En Ecuador en 2018 se vivió el asesinato de tres periodistas en ejercicio de la profesión vinculado directamente al Frente Óliver Sinisterra, relacionado al crimen organizado. ¿Cuál fue el avance del Equipo de Seguimiento Especial (ESE) de la CIDH en ese caso?

El ESE cumplió su cronograma de trabajo. Hemos hecho tres visitas a Ecuador, dos a Colombia; procesamos una cantidad de información a la cual accedimos y redactamos un informe final que se envió en consulta a los Estados. Ya tenemos una versión que se presentará públicamente en los próximos 30 días*.

Presentar el documento este 2019 para mí era un compromiso. Hemos hecho las gestiones para eso.

¿Cuáles han sido las complicaciones en el momento de querer hacer público el informe?

Hay que tener la perspectiva de que en la historia de la CIDH y la Relatoría Especial de Libertad de Expresión (RELE) es el primer caso donde se hace una investigación paralela a la que desarrolla el Estado en el mismo momento. Eso implica algunas complejidades para el Estado, para los órganos de justicia, que no negamos. En el mismo momento en que ellos recolectan información nosotros estamos mirando. Si nosotros revelamos alguna de esas pruebas que todavía está reservada, se genera una complicación. El objetivo en este caso es acompañar, no dictar una resolución definitiva sobre la actuación del Estado.

Tuvimos un acceso importante a todo, pero hay restricciones hacia algunos documentos que el Estado considera que todavía están bajo reserva; no es que no los hayamos podido ver, pero nos solicitan que no sean revelados mientras las investigaciones avancen y lleguen a audiencia. Hemos tratado de hacer una versión que contenga los hallazgos, recomendaciones y consideraciones que deben haber en la investigación.

¿Como Relatoría están satisfechos con el resultado del documento?

Sí. Hay que esperar a presentarlo, que los familiares de las víctimas tengan conocimiento, que hagan una valoración, que la prensa pueda hacer una valoración… Estamos tranquilos porque hemos hecho todo el esfuerzo por hacer un trabajo en favor de las víctimas y para satisfacer las demandas de información de los familiares.

En la más reciente crisis que vivió Ecuador a inicios de octubre pasado, uno de los hechos que llamó la atención fue el impedimento para realizar coberturas tanto desde la fuerza pública como de los manifestantes, de la sociedad civil. ¿Cómo entender el rechazo que existe ahora mismo hacia la prensa, ya no únicamente desde el poder oficial, sino de la ciudadanía como tal?

Hay una gran polarización de la sociedad. Toda esa retórica y ataque permanente que recibió la prensa durante los 10 años de (Rafael) Correa, mucha gente -que legítimamente defiende el gobierno de Correa- ha incorporado esa narrativa de prensa corrupta y se dice a la ligera; eso genera un clima de hostigamiento injusto. La mayor parte de los medios cubrieron las protestas, los lesionados, los discursos, las reivindicaciones del movimiento indígena… El objetivo de los medios de comunicación, de los periodistas, es informar, hacer su trabajo profesionalmente, cumplir con el derecho a saber, controlar el gobierno -cualquiera que sea-.

Cuando baje la espuma, en Ecuador debería haber una discusión entre todos los actores de las manifestaciones; incluso con el Estado porque el mecanismo de protección no funcionó en esta instancia.

La desconfianza en el trabajo de la prensa ha abonado el terreno para que procesos de desinformación surjan con fuerza…

Este fenómeno afecta el debate público, el derecho de la ciudadanía a saber, ensucia la esfera pública y hay que tener una serie de estrategias que implica a varios actores. No queremos volver a generar tipos penales para penalizar posible difusión de “fake news”.

Una ley no es el camino…

Por lo menos no una ley sobre sanción o responsabilidades para quien difunda o produzca este tipo de contenidos. Quien produce lo hace en el anonimato, trata de esconderse y es difícil de encontrar en tiempo real… El derecho penal no es la herramienta para ningún fenómeno de comunicación ni de expresión, salvo el discurso que incita a la violencia. Las plataformas digitales deben tener políticas para hacer frente a este fenómeno, que es muy propio de las redes sociales; y es necesario que el Estado dé información veraz e informe sobre políticas, lo que hace y va a hacer.     

 

*La CIDH confirmó que el próximo 10 de diciembre presentará el informe.

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En 2018 se registraron 734 casos de ataques contra la libertad de expresión, entre ellos, asesinatos, secuestros, torturas, restricciones y agresiones, a periodistas de 8 países de América Latina. En ese contexto, FUNDAMEDIOS con el apoyo de la FUNDACIÓN PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO (PADF), en el marco del proyecto VOCES DEL SUR, tiene el agrado de invitar al side event ‘Impunidad como factor de violencia contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación’.

Muchos de los casos de agresiones quedaron en impunidad, restringiendo el trabajo periodístico, la libertad de expresión y el acceso a la libre información.  

Bajo la iniciativa VOCES DEL SUR, organizaciones de ocho países en Latinoamérica proponen unificar el monitoreo a las violaciones contra la libertad de prensa y expresión. El objetivo, visibilizar de manera unificada la impunidad ante los actos de violación de derechos a los periodistas de diferentes países.

En el evento participarán panelistas nacionales e internacionales:

  • Edison Lanza – Relator Especial de la Libertad de Expresión de la CIDH
  • César Ricaurte – Fundamedios – Ecuador
  • Lourdes Arróliga- Fundación Violeta Chamorro – Nicaragua
  • Alejandro Delgado – IFEX – ALC

El encuentro se realizará en el ‘Foro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos’ el jueves 7 de noviembre en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Torre 1, auditorio 4 a las 14h. El foro es gratuito y abierto al público. Para asistir, es necesario que los interesados registren sus datos en este link 

 

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Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se encuentra en Ecuador, escuchó este 28 de octubre a 38 representantes de la sociedad civil. Los voceros presentaron casos concretos de violaciones a los Derechos Humanos ocurridos durante el pasado paro nacional.
César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, se refirió a las agresiones contra comunicadores, destacando el ataque a Freddy Paredes, periodista de Teleamazonas. También abordó la retención a más de 30 periodistas en el Ágora de la Casa de la Cultura el pasado 10 de octubre.
En su intervención dijo que Fundamedios reportó 116 ataques violentos a la prensa y 138 agresiones a periodistas durante 12 días. Indicó que la fuerza pública y los manifestantes fueron los principales protagonistas de estas vulneraciones. «Se atacó a un grupo de periodistas, pese que ellos estaban identificados, portaban sus credenciales y tenían sus equipos de trabajo», sostuvo.
En cambio, Felipe Rivadeneira, representante de Inredh, se refirió a una serie de trabas de miembros del Estado para que los defensores públicos y abogados de los detenidos no puedan cumplir su trabajo. Expuso que se les impidió el ingreso a las audiencias, así como la posibilidad de tener contacto directo con los detenidos para verificar las condiciones en que se encontraban.
Otra intervención fue la de Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD), quien condenó los actos delincuenciales y las violaciones a los DDHH durante las protestas que dejaron 10 muertos, cientos de heridos y detenidos. «No hay paz sin justicia», aseguró.
Defensores de los derechos de los niños y adolescentes se refirieron a la detención de seis adolescentes acusados de terrorismo y cientos de jóvenes detenidos, la mayoría de ellos golpeados.
Elsie Monge, directora ejecutiva de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu), también participó de la reunión que duró más de dos horas. Hizo hincapié en el uso excesivo de la fuerza pública durante las manifestaciones, también mencionó el ataque de la Policía a la universidad Salesiana, que era calificada como un centro de paz, en Quito. «Esto no puede quedar en la impunidad (…) también destaco la polarización que hay, la cual no nos llevará a ningún lado y no nos dará la paz que tanto anhelamos», sostuvo.
La delegación de la CIDH está conformada por Esmeralda Arosemena, presidenta de la CIDH; Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión; Soledad García Muñoz, relatora especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA); María Claudia Pulido, secretaria ejecutiva adjunta; y el comisionado Luis Ernesto Vargas.

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El pasado 5 de julio, César Ricaurte, director ejecutivo de FUNDAMEDIOS, solicitó medidas cautelares y de protección a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la vulneración de sus derechos de opinión y expresión, lo cual le ha valido una sentencia privativa de la libertad de 15 días. La condena incluye además una indemnización y la obligación de pedir disculpas públicas a un exfuncionario público.

El 08 de julio, respondió señalando que se encontraba en estudio de las medidas.

Ricaurte apeló a este recurso amparándose en los artículos 13, 5, 7, 8 y 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos que se refieren a la Libertad de Pensamiento y de Expresión, Derecho a la Integridad Personal, Derecho a la Libertad Personal, Derecho a las Garantías Judiciales, y Protección de la Honra y la Dignidad, respectivamente.

Puntualmente, Ricaurte solicita a la CIDH que suspenda la ejecución de la sentencia condenatoria por el daño irreparable que tendría en sus derechos a la vida, la integridad personal, dignidad, libertad personal, derechos políticos. Además, que le otorgue medidas de protección para evitar agresiones, amenazas y actos de hostigamiento que pongan en riesgo su integridad física y la posibilidad de tener un proceso justo en el futuro.

Los hechos que motivan la sentencia ocurrieron el 6 de julio de 2018, cuando Ricaurte ingresó a un supermercado de Quito y se percató que en la caja se encontraba Jorge Jurado, exsecretario nacional de Agua y exembajador del gobierno de Rafael Correa en Alemania, muy conocido por estigmatizar y perseguir a grupos sociales que opinaban en contraposición al régimen de esa época.

“Mira ahí está un correísta blanqueado”, le advirtió a su esposa, quien lo acompañaba. Posteriormente, siguió su camino y Jurado lo pecheó luego de gritos e insultos. Tras un enfrentamiento verbal y físico, Ricaurte -en su defensa- empujó a Jurado, quien cayó al piso. Curiosamente, el Tribunal de segunda instancia de la Corte Provincial de Pichincha juzgó a Ricaurte no por la agresión física, que pasó a un segundo plano, sino por su expresión de “correísta blanqueado”. 

Lo culpa de haber cometido una contravención de cuarta clase, amparada en el artículo 396 del Código Integral Penal (COIP), que establece que “la persona que, por cualquier medio, profiera expresiones en descrédito o deshonra en contra de otra” será sancionada con pena privativa de libertad de 15 a 30 días. Este artículo, también señala que “la contravención no será punible si las expresiones son recíprocas en el mismo acto”.

Según el Presidente de FUNDAMEDIOS, sus derechos de pensamiento, expresión, libertad personal, garantías judiciales, contemplados en la Convención Americana de Derechos Humanos, fueron mancillados con esta sentencia, violando las garantías al debido proceso. A su criterio, se trata de un caso de carácter político con el cual se intenta acallar las expresiones sociales de legítima crítica y reprobación social a un exfuncionario público.

“Con mi juzgamiento y sentencia se intenta enviar un mensaje a la sociedad de que no se admitirán las expresiones de repudio público a los personeros del anterior gobierno”, mencionó Ricaurte.

Sobre el debido proceso, asegura que no se atendió la petición de suspender el procedimiento y elevarlo a consulta a la Corte Constitucional dado que el procedimiento establecido en el COIP no garantiza la debida defensa, tal como lo establece el artículo 428 de la Constitución. También se presentaron pruebas sin la cadena de custodia y no se valoró su derecho a defenderse de una agresión de la que estaba siendo objeto.

El Director de la organización ha trabajado por más de una década defendiendo los derechos de opinión y expresión en Ecuador y soportando humillación, hostigamiento, amenazas y estigmatización por parte de partidarios y simpatizantes del expresidente, Rafael Correa. 

Incluso estas aseveraciones son documentadas por la Relatoría de Libertad de Expresión de la Ilustre Comisión en un informe preliminar, tras una visita que realizó a Ecuador.

“Entre los años 2007 y 2017 la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión documentó que el gobierno de Ecuador encabezado por el Presidente Rafael Correa diseñó e implementó una política sistemática para desacreditar, estigmatizar, constreñir y sancionar -mediante el uso del derecho penal y administrativo- a periodistas, medios de comunicación, defensores de derechos humanos y opositores políticos. Fueron objeto de especial persecución por este accionar coordinado desde el aparato estatal, periodistas que investigaban y difundían información que el gobierno entendía falsa o contraria a sus intereses, líderes sociales, defensores de derechos humanos y opositores que difundían opiniones e ideas contrarias al movimiento político que denominó la «revolución ciudadana”, menciona el documento.

FUNDAMEDIOS mira con preocupación el peligro que correría César Ricaurte en prisión a riesgo de sufrir agravios que afecten su integridad física. Cabe indicar que el sistema carcelario ecuatoriano, actualmente, vive una crisis de seguridad que no ha podido ser frenada por el Gobierno Nacional. Incluso, el pasado 17 de mayo se declaró el Estado de Emergencia en el Sistema Penitenciario, ante una serie de asesinatos, motines y peleas entre bandas delincuenciales al interior de las cárceles.