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No son solamente los casos sobre la concentración de frecuencias que han sido ignorados por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL). A ello se suman múltiples voces ciudadanas que compiten por una emisora y que denuncian irregularidades  en el proceso público. Fundamedios recoge algunos de los casos que se reproducen en todo el país y dejan una secuela de afectación e impotencia. 

3 de diciembre de 2020

Errores administrativos, envíos de información a correos equivocados, radios históricas sin frecuencia, puntajes altos a participantes sin experiencia, supuestos conflictos de intereses, son algunas de las irregularidades que se denuncian en diferentes provincias. A raíz de que el pasado viernes, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL) dio a conocer los resultados preliminares dentro del proceso público competitivo de adjudicación de frecuencias de radio FM. Dos informes fueron publicados en el portal: el primero sobre el Resultado de la Evaluación de Solicitudes, que enlista los concesionarios que cumplieron o no con los requisitos y los respectivos puntajes e informes jurídicos; el segundo sobre el Informe General de Prohibiciones e Inhabilidades, en el que se registraba la información acerca del cruce de datos que realizaron con ocho instituciones.   

Aunque se tratan de resultados preliminares, los casos de concentración de medios detectados no son del único mal que adolece el concurso. Aquí las historias. 

Excolaborador de Gabriela Rivadeneira ganará Radio La Prensa, medio incautado, y sumará cuatro frecuencias familiares 

Existen casos en los cuales a extrabajadores o funcionarios públicos que mantuvieron relación con las altas esferas del poder se les otorga no una sino dos frecuencias y en este paquete va incluido frecuencias de medios de comunicación que pertenecen actualmente al Estado, y que permitirán la consolidación de nuevos ‘mini imperios mediáticos’, este el caso de la familia Carrillo de Otavalo. 

Según la última lista que publicó el ARCOTEL, Carrillo Espín Willian Alfredo participa por la frecuencia 97.9 que corresponde a Radiomar en Esmeraldas; la frecuencia 98.5 de Radio Ritmo en Santo Domingo y la frecuencia 100.1 que corresponde a Radio La Prensa T.V S.A de Guayaquil, medio de comunicación incautado que actualmente forma parte del paquete de medios públicos. Carrillo Espín es concesionario desde hace dos años de la Radio Qué Buena 90.1 de El Carchi. 

Los extrabajadores de Radio La Prensa realizaron un plantón el pasado 20 de noviembre, pues se oponen a la concesión de la frecuencia de radio. Según señaló Margarita Constante, vocera de los excolaboradores, la venta de esa radio era una de las alternativas que presentan para cobrar liquidaciones pendientes, pero eso se quedaría sin piso en el momento en que el Estado se quite la frecuencia a sí mismo.

De acuerdo al grupo de extrabajadores, Radio La Prensa Sport tiene empleados sin cobrar sus liquidaciones, y sin tener su cancelación del seguro social por lo que han solicitado públicamente que no ingrese a concurso. 

Según los registros iniciales de Arcotel la Empresa de Medios Públicos, accionista en los medios incautados, si solicitaron la renovación de la frecuencia, pero desde el primer proceso no cumplieron los requisitos. Es así que Carrillo Espín Willian Alfredo, con un puntaje de 79 puntos se llevaría esta frecuencia en Guayaquil.

Él es abogado, licenciado en Comunicación Social por la Universidad Técnica del Norte y con especialidad en Derecho Procesal de la Universidad Andina Simón Bolívar. 

Fue experto 2 en la Unidad Técnica Legislativa y su ingreso a la Asamblea se dio en la época de la expresidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, con quien mantiene una relación profesional desde Otavalo, de donde ambos son originarios. 

En ésa época legislativa se le asignaron varias representaciones: en agosto del 2014 fue designado por la Función Legislativa para la Comisión Ciudadana que realizó la primera renovación del Consejo Nacional Electoral y en julio del 2015 junto  con Vladimir Salazar González, y Johana Pesántez Benítez fueron elegidos como candidatos a jueces de la Corte Constitucional (CC) en representación de la Función Legislativa, en el proceso de renovación parcial. Sus nombres fueron mocionados entonces por William Garzón, de Alianza PAIS (AP). Recibieron 81 votos a favor.

En julio del 2016 formó parte de la Comisión Ciudadana de Selección que llevó a cabo el concurso de oposición y méritos para la designación de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado. Según el Servicio de Rentas (SRI) Internas la principal actividad económica de Carrillo Espín Willian Alfredo es el servicio de pasajeros. 

Se podría decir que Carillo no ha estado inmerso en el mundo de la radiodifusión, pues en realidad es su padre, Mario Alfredo Carrillo Vargas, quien tiene como actividad principal la radiodifusión desde hace 25 años y es concesionario de Radio Satélite  que opera bajo el dial 107.1 en Otavalo. En su página web se detalla que la estación radial fue creada en 1994 de la mano del ingeniero Mario Alfredo Carrillo Vargas, y que en su programación se tratan temas de actualidad e interés general, tanto referentes a Otavalo como sucesos de Ecuador y el mundo. Según las últimas listas de Arcotel, Carrillo Vargas participó por la frecuencia 95.7 correspondiente a la Corporación Comunicacional de Cotopaxi SCC, con 88.5 puntos, sin embargo, no ganaría porque otros competidores tienen mejor puntaje.  

Sobre la posibilidad de que luego del concurso, su familia sea la propietaria de cinco frecuencias en Otavalo, Cotopaxi, Tulcán, Esmeraldas y Guayas, aseguró que su padre ha sido radiodifusor por más de 25 años y que de ninguna manera se puede configurar un ‘mini imperio mediático’ familiar pues “hasta ahora está endeudado en los equipos”. 

Willian Alfredo Carrillo Espín contó a Fundamedios que el mercado de Carchi no es bueno y que por eso decidió participar para obtener frecuencias en Esmeraldas, Santo Domingo y Guayas. Además, destacó que de estas tres, la de Santo Domingo quedó lejos de estar en sus manos. 

No deja de ser llamativo, que quien señala admite que la operación actual de su medio de comunicación madre no es “bueno”, es decir lucrativo, tenga la capacidad para instalar repetidoras que cubren buena parte del territorio nacional y que sus planes de sustento económicos merezcan altos puntajes.

Sobre Radio La Prensa y los pedidos de extrabajadores del medio, contestó que desconocía la situación laboral y legal de la radio guayaquileña cuando concursó y que se escapa de su alcance pues la frecuencia se lanzó al proceso y él solamente participó. 

Al preguntarle sobre su relación con la ex Titular del Legislativo, respondió: “A Gabriela Rivadeneira no la he visto desde hace tres años, yo trabajé en una unidad jurídica de la Asamblea. Nunca he pegado un afiche de ellos jamás y no voy a permitir que difamen mi nombre, no tengo ninguna relación con Gabriela Rivadeniera, no la he visto ni he hablado con ella”, aseguró. 

 

¿Conflicto de intereses?

Steve Alexander Calvopiña Tipan tiene 19 años y es estudiante de la carrera de Tecnologías de la Información en la escuela Politécnica Nacional de Quito. Actualmente, también es uno de los participantes por la frecuencia 102.9 con el nombre propuesto de ‘Sky Radio’. Según el informe emitido por ARCOTEL, Calvopiña obtuvo un puntaje de 119.5, el mayor entre los que compiten por la misma frecuencia. 

Podría pensarse que es la falta de experiencia o la juventud de Steve Calvopiña lo que llama la atención, aunque si se trate de un indicio, lo que realmente pone en tela de duda su participación es la relación que tiene con William Leopoldo Calvopiña Hinojosa, quien es su padre y según el portal de Contraloría de Declaraciones Patrimoniales Juradas, fue funcionario en ARCOTEL desde el 2 de mayo de 2003 hasta el 13 de diciembre de 2019, bajo el cargo de “Profesional Técnico 1” en la ciudad de Riobamba.

De acuerdo, a las inhabilidades del concurso, se establece que no podrán participar “quienes tengan relación de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con cualquiera de los miembros del Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación y con la autoridad de telecomunicaciones; se entenderá por autoridad de telecomunicaciones al Director Ejecutivo y todos los miembros del Directorio de ARCOTEL”. Es muy llamativo que en las bases del concurso se prohíbe participar a los miembros del Consejo de Comunicación, que no tiene nada que ver en el actual concurso, y en cambio sólo se establezcan prohibiciones para el presidente y el Directorio de ARCOTEL. ¿Los funcionarios de ARCOTEL que tienen a su cargo la calificación de las propuestas no tienen ninguna inhabilidad para participar? 

En el informe de Inhabilidades publicado por el organismo, se detalla que la información sobre Calvopiña (hijo) no ha sido entregada por el Registro Civil. 

“Si el padre del postulante apenas se retiró el año pasado de ARCOTEL, es obvio entender y comprender que él mismo tenía conflicto de intereses y por esta razón no postula él directamente en el concurso, por ello utiliza como testaferro a su hijo”, denuncia Luis Alberto Pumagualle, quien tiene más de cuarenta años de experiencia en la comunicación radial, y quien también participa por la frecuencia 102.9 de Riobamba, pero como repetidora.  Lo hace bajo el nombre de la empresa CG Producciones y Entretenimiento S.A. concesionaria de Radio Sensación 102.9, estación con más de una década operando en el cantón Guamote de la Provincia de Chimborazo.  

“Tienen todo su derecho de participar, siempre y cuando no hayan conflictos de intereses por parte de quienes ya fueron funcionarios de ARCOTEL”, recalca. Ellos en cambio obtuvieron un puntaje de 98.5 como puntaje final, pues el postulante Calvopiña en el dictamen de sostenibilidad financiera saca un punto más  39.5.  Actualmente, expresa Pumagualle que han ingresado la documentación a ARCOTEL para que se reconsidere la puntuación. 

Fundamedios contactó a William Calvopiña y al preguntarle si su hijo estaba a concurso, respondió:  “Sí entiendo que si, él es mayor de edad”, y agregó “yo no tengo nada que ver con Arcotel (…) yo nunca fui director ni miembro del directorio yo ya no soy funcionario de Arcotel desde el año anterior, incluso yo pudiera participar no hay ningún impedimento”, aseguró e indicó que las inhabilidades aplican solo para los familiares del director y los miembros del directorio de ARCOTEL. 

Este no es el único caso denunciado sobre supuestos conflictos de intereses, ni tampoco el único en Riobamba. Alex Hernán Velasco García, quien participa por la frecuencia 93.7 con el nombre propuesto de ‘La Macarena’ obtuvo 86 puntos. Las denuncias en torno al caso giran sobre Ángel Hernán Velasco Jara, quien trabaja desde 1995 como “Profesional Técnico 3” y es el padre del participante.  Fundamedios contactó a Ángel Hernán Velasco, quien corroboró que su hijo está a concurso, y al igual que Calvopiña mencionó que aquello no incurre en ninguna inhabilidad. 

‘El Fantasma’ nunca pierde

A finales de 1950, Daniel Pinos (97 años), hoy uno de los radiodifusores pioneros del Ecuador, compró los derechos de Radio Cuenca 1180 AM. Desde entonces la estación fue conocida por tratar temas culturales, políticos, y deportivos. Así, Pinos dirigió la emisora hasta el año 2011, dejando su legado a cargo de la segunda generación de la familia, a su hijo Kleber Pinos.  

En diciembre de 2019, esa trayectoria fue interrumpida, debido a un “proceso de persecución”, como describe Kleber, pues cuenta que “por tener una postura de análisis y de crítica al anterior gobierno de Rafael Correa en el concurso anterior que fue fallido, nos descalificaron de entrada. Entonces nos sacaron del aire”, recuerda.  

El próximo mes cumplen un año de funcionar solo de forma online y de redes sociales, pero además se cumple su aniversario número 70, siendo Radio Cuenca una de las emisoras más antiguas del país. “Somos una familia de radiodifusores (…) decidimos este año tratar de conseguir una frecuencia para migrar de radio AM a FM”. Por ello, Daniel Enrrique Pinos Andrade, hijo de Kleber y parte de la tercera generación de radiodifusores de la familia,  participa para obtener la frecuencia 102.9 para una matriz en Cuenca con el nombre propuesto ‘Radiopolis’. Alcanzaron la puntuación perfecta entre el dictamen jurídico y el informe financiero sumando en total 120 puntos. Pese a su trayectoria de 70 años, esta propuesta no obtuvo puntos adicionales por experiencia y años de servicio.

El puntaje perfecto de la propuesta no es suficiente si su contrincante por la misma frecuencia era la empresa Televisión Independiente Indetel S.A. concesionaria de Galaxia Stereo que como ha revelado FUNDAMEDIOS forma parte de los medios de Ángel González alias El Fantasma. 

Recordemos. 

Indetel es de propiedad de la sociedad uruguaya Burtown S.A. sociedad que estuvo presidida y representada por Carlos Lorefice Lynch, exabogado del Fantasma; y la otra propietaria es la empresa guatemalteca, Televisiete S.A.

Además, el apoderado de la empresa ecuatoriana Indetel es Juan Carlos González Saenz, sobrino de El Fantasma. Según el informe publicado por ARCOTEL, Indetel obtiene 129 puntos pues acumula 30 puntos adicionales por experiencia y “años de servicios”.

“No nos imaginamos jamás que se incluirían, desde mi punto de vista, de una manera mañosa para que las mismas personas que han acumulado frecuencias como es el Fantasma González, el señor Yunda o el señor Andrade en Manabí, vuelvan a ganar con la trampa en donde se pone como parámetro ‘la experiencia’; que de pronto está ligada a la frecuencia que tenía un concesionario desde años atrás. Entonces, es imposible competir en esas condiciones (…) El Sr. Fantasma González sigue siendo el amo y señor de las frecuencias en el país, camufladas en varias empresas”, concluye Pinos. 

Quienes eclipsaron a ‘Radio La Luna’ vuelven a obtenerla  

La frecuencia Radio La Luna 99.3 seguirá en manos del Centro de Educación Popular (Cedep), su concesionario desde julio de 1998. Una emisora histórica por su trayectoria en temas culturales y políticos,  y además, fue una de las impulsoras de la autoconformación del denominado grupo de “forajidos” que terminó con el derrocamiento de Lucio Gutiérrez, expresidente de la República. Sin embargo, en enero de 2011 aquella radio emblemática cambió su contenido y fue a parar al terreno de los deportes y el entretenimiento, la empresa Planet Audio asumió la programación e instaló una nueva emisora bajo el nombre de “La Deportiva” a cargo de la dirección del periodista deportivo Oscar Portilla. Pero la concesión siguió siendo de la Cedep. 

En su tiempo, el gerente de Radio la Luna explicaba en Diario El Comercio la negociación con Planet Audio: “Es como un matrimonio, que beneficiará a La Luna”. Asimismo, Ataulfo Tobar negó que detrás de esa negociación hubiera alguna presión política, asegurando que todo el proceso era legal y que “se liquidó a sus seis empleados”. La unión inicialmente duraría un año y traería, según Portilla, nuevos equipos y personal.  Fuentes vinculadas a la negociación dijeron que cada mes los concesionarios de la frecuencia recibirán USD 12 000 como pago del alquiler, aunque Tobar no quiso dar detalles de la alianza en ese momento tampoco quiso darlos una década más tarde. 

Fundamedios contactó a Cedep y al preguntar sobre la negociación de 2011, Ataulfo Tobar, representante legal, dijo: “aquí no hay figura de alquiler porque está prohibido por la Ley, aquí hay libre asociación como la Constitución del país lo establece cada iniciativa tiene todo el derecho de asociarse con quien considere importante para llevar a cabo su trabajo”, afirmó que Portilla se retiró de la administración hace tres años, “esta fue una relación que duró un tiempo y se cerró”, y no agregó más detalles. 

En la actualidad operan como Área Deportiva, un proyecto vigente hace tres años. La estructura la compone Robin Noboa, periodista deportivo, Mariella Molla, ingeniera en finanzas, Julieta Estrella, directora de contenido, y tienen una plantilla de entre 50 y 60 personas. 

Muchos de los fundadores del Centro de Educación Popular (Cedep)  fueron cercanos al gobierno anterior de Rafael Correa, entre ellos Manuela Gallegos, ex ministra de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana; Galo Chiriboga, ex Ministro de Minas y Petróleo y Paco Velasco, exministro de cultura. Actualmente, según el Sistema Unificado de Información de Organizaciones Sociales, SUIOS, el director ejecutivo del Centro, sigue siendo Ataulfo Tobar, junto a Martin Tobar Vaca, director administrativo de proyectos, Carlos Martinez Borja, director de proyectos de radio y Gloria Lozano, miembro de la asamblea de la Cedep. 

Además, recordó que en sus inicios la radio fue de carácter privado, pero que a raíz de la aprobación de la Ley de Comunicación en mayo de 2013 pasaron a ser una radio comunitaria, es decir, que el convenio con la empresa Planet Audio siguió vigente incluso luego del cambio. En la misma línea, al preguntarle sobre el rol que juega la empresa Ravimus Producciones La Luna Cia. Ltda., de la cual Tobar es accionista, expresó que “se creó para poder administrar Radio La Luna, pero desde que somos una radio comunitaria perdió sentido”. El otro accionista de la empresa es Ángel Serafín Astudillo, quien trabajaba como portero de la radio según publicó Diario El Comercio en 2011, “para demostrar que él podía ser parte de las personas de toma de decisiones, se abrió esa posibilidad”. 

De acuerdo, a Tobar la empresa se encuentra en un proceso de disolución, sin embargo según el Portal de la Superintendencia de Compañías esta continua activa. 

En este nuevo concurso el concesionario de Radio La Luna 99.3 obtuvo un puntaje de 169, el máximo, entre los demás participantes, pues Cedep recibe los tan preciados puntos adicionales de experiencia y años de servicio. Por su parte, la Fundación El Churo, que concursa por el mismo dial como Wambra Radio obtiene 138.5 por la frecuencia. Aunque en el puntaje financiero obtiene 39.5 no alcanza a superar al Centro por no contar con los puntos extras.  Un escenario similar le sucede a la Universidad de las Américas (UDLA), que concursa con el nombre propuesto de UDLA Estéreo y obtiene un total de 135.5 puntos. Así, el tablero está jugado y Radio La Luna continuará por 15 años, aunque como un proyecto llamado Área Deportiva. 

Jorge Cano, miembro de Fundación El Churo, quienes llevan trabajando contenido comunitario desde hace 15 años, señala que decidieron participar por esta frecuencia “porque en términos políticos vimos que dejó de generar contenido comunitario desde el año 2011 cuando generan un convenio con una programación deportiva”, lo que corresponde, describe Cano, a ceder la administración de una frecuencia. Un modus operandi que se reproduce en varios casos “alguien concesiona la frecuencia como un medio comunitario, pero cuando ya adquieren la frecuencia ceden los derechos de transmisión internamente como programación y contenidos a terceras personas quienes administran”. 

Además, Cano destaca que al arrebatarle las competencias al Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (CORDICOM) para la evaluación de contenidos comunicacionales, y recuerda que en el concurso de 2016 entre los requisitos se evaluaba el proyecto comunicacional. Un requerimiento que el actual concurso no tiene, “al existir actualmente ese vacío legal en donde no existe competencias, ni designada ninguna autoridad en el Estado para dar seguimiento en que esas frecuencias están siendo usadas para lo que fueron pedidas”.  

Por su parte, Julieta Estrella, directora de contenido de Área Deportiva específico que “no es una radio eminentemente deportiva tiene espacios de contenidos sociales donde tenemos programas de variedades que hablan de temas de salud, política desde el humor”, detalló. Atahulfo Tobar defendió: “no hay nada más comunitario que lo deportivo. Es una de las expresiones más importantes de la cultura popular.”

La figura legal de la administración de la radio La Luna, su identidad y la naturaleza de su programación en los últimos años es confusa, si se compara la información disponible y las distintas versiones, al respecto. Ante eso, ARCOTEL, una vez más, debía cumplir su función y verificar los antecedentes de los concursantes. Pero, como sucede sistemáticamente en este concurso, ARCOTEL parece ser un espectador pasivo en el uso de las frecuencias.

Un “error administrativo” los dejó fuera del concurso

El desarrollar el concurso público en medio de una pandemia, con oficinas cerradas, teléfonos desactivados y la imposibilidad de que los concursantes puedan realizar visitar para conocer los avances del proceso o realizar algún reclamo in situ, dejó un mal sabor de boca para más un participante que, debido a errores que se escaparon de su control y que los consideran de mala fe o intencionales, ahora se encuentran fuera del concurso. 

Esta es la historia de los periodistas comunitarios de Los Ríos: Guido Briccio y Johanna García Lalangui, cuyo proyecto Radio Juntos FM quedó en sueños. Ellos competían por la frecuencia 101.9 en esa provincia. En el 2018 participaron en el anterior concurso de frecuencias obteniendo un puntaje de 93, sin embargo ese proceso nunca se concretó y quedaron en el limbo. 

Briccio comenta a Fundamedios que decidieron participar en el concurso público de adjudicación de frecuencias de este año con el objetivo de desarrollar un periodismo comunitario y ciudadano. Invirtieron USD 4000 en los estudios y la póliza de seguro y se lanzaron al concurso. 

Ahora, sostiene que ARCOTEL les jugó sucio pues al final aparecieron como no competidores  en un juego de correos, al más puro estilo del gato y el ratón: “los correos de aclaración nos llegaban a una dirección que no estaba operativa mientras que las sanciones de la autoridad sí llegaban al correo correcto”. 

El 7 de agosto del 2020 la  Cordinación Técnica de Títulos Habilitantes del ARCOTEL envió una solicitud de aclaración de información a Radio Juntos FM. Sin embargo, este mensaje  fue enviado a un correo electrónico erróneo, que no coincidía con el que había registrado y que estaba inoperativo.

Lo curioso del caso es que el 2 de septiembre les llegó un mensaje al correo electrónico correcto informándoles que su trámite quedaba archivado pues no habían respondido al pedido de aclaración en los tiempos establecidos. Apelaron la decisión y nuevamente desde el ARCOTEL respondieron el 11 de septiembre a un correo electrónico equivocado.

Finalmente, la comunicación sancionatoria les llegó nuevamente al correo correcto. Así, a través del  Oficio Nro. ARCOTEL-CTHB-2020-1523-OF inadmiten la impugnación interpuesta por no haber dado cumplimiento y declarando el desistimiento de la impugnación.

Los periodistas afectados analizan las acciones legales pertinentes, pues sostienen que en el envío de los mensajes aclaratorios a correos inequívocos, mientras que los mensajes  sancionatorios sí llegaban a los correos correctos, se evidencia una intencionalidad para afectar su postulación a la frecuencia y dejarlos fuera del Concurso. 

Según los últimos resultados de ARCOTEL, también participa por la frecuencia 101.9 en Los Ríos la ciudadana Zambrano Ramos Aracely Giomar quien con 83.5 puntos, menos de lo que obtendría JUNTOS FM, se adjudicaría esta frecuencia pues goza del visto bueno jurídico del ARCOTEL. 

Los afectados aseguran que Zambrano no es conocida dentro del periodismo de la provincia de Los Ríos ni por ejercer alguna actividad relacionada a la comunicación. Según el SRI la actividad económica principal de Zambrano es la Contabilidad y su domicilio se ubica al norte de Quito. 

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Ecuador, 23 de junio 2020.- El director ejecutivo de Fundamedios, César Ricaurte, denunció la mañana de este martes 23 de junio que la conformación de la veeduría ciudadana para vigilar que el proceso público competitivo para otorgar frecuencias FM en el país no cumple con los principios de transparencia e idoneidad. Existen intereses políticos de sus miembros y poco conocimiento del sector de la radio y la televisión. 

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) convocó el pasado 26 de mayo a inscripciones para la conformación de una veeduría ciudadana. El objetivo era la  vigilancia del concurso de adjudicación de frecuencias propuesto por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel).

El caso más claro es el de Héctor Velasco Álvarez, coordinador de la veeduría, quien es presidente de la Asociación de Emprendedores Ecuatorianos (EMPEC). Esta empresa participó en el concurso previo por la frecuencia 92.5, operada por EXA, una de las radios críticas del gobierno de Rafael Correa. 

Además, existe documentación que avala que el 8 de agosto de 2016, Velasco mantuvo comunicación directa con el exvicepresidente Jorge Glas, ahora preso por asociación ilícita y cohecho, en que expresamente solicita se le otorgue dicha frecuencia, en concesión a radio Democracia (EXA), cuestionando que se trataba de un medio de oposición al correísmo. 

El Presidente de EMPEC mantiene deudas con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS); el Servicio de Rentas Internas (SRI) y BanEcuador.  “Es por eso que el señor Velasco en el momento de posicionarse como veedor y coordinador de esta veeduría señala que su objetivo es dar de baja este concurso”, indicó Ricaurte, quien también integró este órgano de supervisión junto a Paola Aguilar, miembro de Fundamedios.

Otro caso es el de María Gabriela Vargas, extitular de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos (Dinardap) durante el correísmo; y el de Bernardo Cañizares, quien reporta ingresos provenientes de contratos con el sector público por 173.000 dólares.  

Emilio Uscátegui, exfuncionario de la Secretaría de Derechos Humanos, de la Corte Constitucional y de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación (Senescyt) y, recientemente, asesor en la Asamblea Nacional también figura. En ese contexto, llama la atención que un funcionario de rango medio tenga una propiedad valorada en 600.000 dólares y maneje un Lexus 4×4.

“La conformación de la veeduría deja muchas interrogantes y hacemos un llamado al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que revea su  composición, pues no hay claridad en cómo se eligieron a sus miembros (…) La veeduría debería ser transparente pues estamos frente a un proceso muy importante para la libertad de expresión”, destacó Ricaurte. 

En una rueda de prensa posterior, Andrés Michelena, ministro de Telecomunicaciones, hizo eco de las palabras del Director de Fundamedios. Aseguró que la veeduría está direccionada por un integrante que tiene “intereses ocultos para boicotear el proceso”, refiriéndose a Héctor Velasco. 

«Lastimosamente el CPCCS ha convocado a una veeduría ciudadana en la que cuatro personas no tienen el perfil técnico para ponerse a la altura de este proceso que ha sido trabajado en los últimos dos años. No estamos opuestos a una veeduría, pero sí a aquellas personas que no tienen el perfil técnico, y no estamos de acuerdo con una persona que en el 2016 mostró un conflicto de interés. El CPCCS debe ponerse a la altura”, mencionó el Ministro. 

 

A tomar en cuenta

  • La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones convocó a concurso público competitivo para la adjudicación de 3.196 frecuencias de radio FM el 15 de mayo de 2020. 

 

  • Del 26 de mayo al 2 de junio el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social habilitó un proceso de inscripciones para la conformación de una veeduría que vigile la adjudicación de frecuencias.

 

  • El concurso más reciente data de 2016, durante el mandato de Rafael Correa. En ese entonces se adjudicaron frecuencias a través de un proceso que luego fue suspendido por informes de la Contraloría General del Estado (CGE) que determinaron irregularidades e indicios de responsabilidad penal. 

 

  • El ministro Andrés Michelena aseguró que el 15 septiembre se llevará a cabo el concurso de frecuencias de televisión y las de AM. 

Mire la rueda de prensa y descargue aquí la documentación que avala la denuncia realizada por César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios.

 

210

Quito, 3 de agosto del 2016

 

Ingeniera

Ana Proaño de la Torre

Directora Ejecutiva

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES

Presente.-

 

De mi consideración,

 

Me dirijo a usted como ciudadano ecuatoriano, en ejercicio de mis plenos derechos, y en mi calidad de Director Ejecutivo de Fundamedios, organización de la sociedad civil cuya misión es monitorear, promover y defender el derecho humano fundamental a la libertad de expresión.

La Constitución, en su artículo 66, numeral 23, consagra el derecho de los ciudadanos a dirigir peticiones y recibir respuestas motivadas. Con fecha 19 de julio del 2016, ingresé un oficio en la institución que dirige por el cual acreditamos a la señorita Leticia Estefanía Celi Ramos para que se le permita acceder a las oficinas de Arcotel, a nombre de nuestra organización, como observadora del concurso público de adjudicación de 1.472 frecuencias que actualmente se lleva adelante bajo la autoridad de Arcotel, por lo menos, en esta primera fase. La misma Norma Suprema, en su artículo 61, numeral 2, garantiza el derecho de los ciudadanos a “participar en los asuntos de interés público”, sin que las instituciones públicas deban calificar ni imponer ningún requisito adicional para su cumplimiento, y en el numeral 5 consagra también como un derecho ciudadano el de “fiscalizar los actos del poder público”. El artículo 17, numeral 1, de la Constitución, establece que el Estado “garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en igualdad de condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico” (el subrayado es mío). Finalmente los artículos 108, numeral 2, y 110, de la Ley Orgánica de Comunicación señalan que la adjudicación de frecuencias para medios comunitarios y privados se hará “mediante concurso público, abierto y transparente” (el subrayado es mío).

Nuestra delegada ha acudido hasta las instalaciones de la entidad pública que usted dirige y su ingreso no ha sido permitido por el personal de seguridad y recepción de la Agencia. Conocemos que este hecho se ha repetido con el delegado del Observatorio de Frecuencias, pese a las constantes solicitudes en ese sentido.

Las trabas para el acceso a observadores y el no permitir la vigilancia ciudadana sobre el proceso, es claramente ilegal e inconstitucional. El hecho de que, luego de 33 días de cerrado el plazo para la entrega de los proyectos, no se haya permitido ningún acto de observación ciudadana arroja sombras adicionales sobre un proceso ya deslegitimado por la falta de transparencia, las motivaciones políticas y la ambigüedad en el reglamento que rige el Concurso, tal como lo hemos denunciado públicamente.

Pero, aparte de las claras violaciones constitucionales y legales que se están cometiendo, usted falta a su propia palabra, empeñada públicamente en varias entrevistas de radio, afirmando que se abrirían las puertas de ARCOTEL para que los ciudadanos supervisemos el Concurso y que se daría facilidades para que las veedurías ciudadanas se establezcan.

El Reglamento y las Bases aprobadas por Arcotel para este concurso no señalan en ninguna parte que la calificación de los postulantes se hará a puerta cerrada, por lo que esta disposición de impedir a los ciudadanos observar el concurso viola claramente la Constitución y la Ley. Es más, el artículo 1 de las bases del concurso señalan que el objetivo de este proceso es “garantizar la asignación de 1.472 frecuencias (…) mediante la aplicación de métodos transparentes que permitan el acceso a los mismos en igualdad de condiciones” (el subrayado es mío).

Tal como se está llevando a cabo este concurso, no es público, abierto ni transparente como manda la Ley. Por todas estas razones, pedimos a usted que proceda inmediatamente a permitir la vigilancia ciudadana, facilitando el ingreso a las instalaciones de Arcotel a los ciudadanos que quieran verificar el proceso de calificación de cada uno de los postulantes dentro del concurso de frecuencias. De no ser así, tanto usted como los respectivos funcionarios de la Agencia,  serán responsables de las posibles violaciones a la Constitución y las Leyes que se cometan, lo cual incluso puede acarrear consecuencias ante instancias internacionales.

Nos permitimos recordarle que la Constitución establece con claridad que:

Art. 233.- Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos.

Art. 297.- Las Instituciones y entidades que reciban o transfieran bienes o recursos públicos se someterán a las normas que las regulan y a los principios y procedimientos de transparencia, rendición de cuentas y control público.

 

Atentamente,

 

César Ricaurte Pérez
Director Ejecutivo
Fundamedios
170884836-9

 

Descargue el PDF aquí.

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Una semana después de cerrado el plazo para la recepción de solicitudes, la Agencia de Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) no transparenta la información completa sobre los postulantes dentro de este proceso.

En un primer comunicado, emitido el 1 de julio pasado, la Arcotel indicó que se receptaron 706 solicitudes de frecuencias en todo el país. Sin embargo, una semana después, el 7 de julio, esta institución colgó en su portal web un “acta de verificación de la información ingresada”, en la que se señala que se recibieron 1.268 solicitudes, desglosadas de esta manera:

AM: 68

FM: 911

TV: 289

Las solicitudes ni siquiera llegan al número de frecuencias ofertadas: 1.472. Esto quiere decir que hay frecuencias por las que nadie concursó. La variación en el número de solicitudes no ha sido explicada públicamente por las autoridades. Tampoco se ha desglosado cuántas frecuencias no recibieron solicitudes, cuáles son las más apetecidas, ni cuántas solicitudes fueron presentadas por actores privados y cuántas por comunitarios.

11 días después de cerrado el plazo para la recepción de solicitudes, en Arcotel se sigue trabajando a puertas cerradas, es decir sin veedurías ni presencia de prensa. Mientras, subsisten serias dudas, pues no se conoce quiénes son las personas que están solicitando las frecuencias, ni a qué frecuencia están apuntando. Todo esto no abona a crear confianza sobre la transparencia del concurso, factor que ha estado bajo cuestionamiento desde el primer minuto del proceso.

Fundamedios pudo conocer que está constituyéndose una veeduría independiente, sin embargo en estos días críticos no existe ningún proceso ciudadano que controle y vigile el concurso. Recordemos que la veeduría “autoconvocada” que se presentó  fue desestimada después de que Fundamedios expusiera las vinculaciones y conflictos de intereses de cuatro de los veedores lo cual después fue recogida en una denuncia de la misma Arcotel.

Fundamedios reitera su llamado a que se suspenda el concurso, pedido que se ve reforzado a la luz del fracaso de participación que ha significado. “En realidad, el actual concurso de frecuencias no está sirviendo de ninguna forma a que exista una distribución transparente, abierta y por lo tanto más democrática de las frecuencias, más allá de un par de casos puntuales, casi anecdóticos, mientras subsisten dudas provocadas por la falta de transparencia, en una fase crítica del concurso como es la apertura de las propuestas”, declaró el director de la organización, César Ricaurte.

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Guillermina Molina, Roberto Guerrero, Paúl Rojas y Marcelo Muñoz, durante la presentación de la veeduría, el 1 de junio del 2016.

El concurso público para la adjudicación de 1.472 frecuencias se convocó sin que en sus bases y reglamentos se contemple la creación de una veeduría oficial, convocada a través del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS), que se encargue de hacer el seguimiento y control de todo este proceso.

El Reglamento General de Veedurías contempla tres tipos: por iniciativa ciudadana en forma colectiva, de las organizaciones de la sociedad o del CPCCS. Tradicionalmente en todos los concursos públicos se cumple con este requisito a través del Consejo, pues existe un mandato constitucional, aunque no hay una obligación expresa que obligue a hacerlo. Así, el art. 96 se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así como de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos.

En aras de la transparencia, Arcotel y Cordicom debían solicitar a esta entidad que se convoque la constitución de una veeduría o, a su vez, el Consejo podía convocar por su propia iniciativa, más aún si se considera la magnitud e importancia de un concurso que comprende el destino del 65% de todos los medios radiales y televisivos del país.

Hace pocos días, un grupo de ciudadanos “autoconvocados” anunció la constitución de una veeduría y la presentó el pasado 1 de junio. Se identifican como “independientes, ad honorem y pro bono”. Se inscribieron en el CPCCS, como les faculta numeral 5 del artículo 100 de la Constitución de la República.

Según la Ley de Participación Ciudadana (art. 8, numeral 3), “las veedurías ciudadanas podrán vigilar el ciclo de la política pública con énfasis en los procesos de planeación, presupuesto y ejecución del gasto público; la ejecución de planes, programas, proyectos, obras y servicios públicos, así como las actuaciones de las y los servidores públicos en general”.

El coordinador de la veeduría del concurso, Roberto Guerrero, señala que actúan dentro de las potestades que les da la Constitución y que lo hicieron pues están preocupados por este concurso, y señaló que los veedores tienen experiencia en los campos de la comunicación  y las telecomunicaciones.

Entre las inhabilidades para participar como veedor, establecidas en el artículo 16 del Reglamento, está el tener algún conflicto directo o indirecto de intereses o cualquier tipo de vinculación con el objeto y la ejecución de la veeduría. Sin embargo, durante la etapa de conformación de la veeduría de iniciativa ciudadana, según el Reglamento, no se abre una etapa de impugnación.

En este caso, cuatro de los seis veedores “autoconvocados” podrían entrar en esta inhabilidad. Lo que cuatro de ellos presentan como experiencia son vínculos con el actual Gobierno o funcionarios de éste.

Estos son sus perfiles:

Paúl Rojas acredita en su hoja de vida que tiene 32 años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones. Entre 2007 y 2008, durante un año y medio, fue Superintendente de Telecomunicaciones, cuando ya gobernaba el país Rafael Correa. Su paso por esa entidad estuvo llena de críticas, según lo señala la prensa de la época:

Una nota de El Universo reseña que, al día siguiente de su posesión, duplicó su salario. También fue cuestionado por tener una empresa que ofrecía servicios de telecomunicaciones y era contratista del Estado, según otra nota de El Universo. Finalmente, su nombramiento recibió críticas por haber designado como Intendente General y segundo al mando de la Superintendencia a Ricardo Rivera Arauz, quien era concesionario de una frecuencia, en un claro caso de conflicto de intereses. Este nombramiento se detalló en una nota del portal digital Plan V.

Rivera Arauz es tío en segundo grado del vicepresidente Jorge Glas Espinel, dado que es primo de su madre, Norma Espinel Arauz. Según narra la nota de Plan V, se conoció en los días del nombramiento de Rojas que fue Glas quien hizo las gestiones en el Congreso para que se lo nombrara Superintendente. En ese entonces, Glas era presidente del Fondo de Solidaridad. Rojas también es cuñado de Marcelo Vélez Arízaga, quien fue uno funcionario y uno de los principales técnicos durante la puesta en marcha del canal estatal Ecuador TV, según detalla Plan V.

Mientras se desempeñó como gerente de Advicom, Rojas suscribió varios contratos con el Estado. Por ejemplo, se encargó de la “provisión e instalación de equipos para la operación emergente de la Radio Legislativa”, por USD 37.790; el “servicio de alquiler de un espacio satelital que permita distribuir la señal de la Radio de la Asamblea”, por USD 89.008; y el “sistema de transmisión para la estación de televisión análoga de la Asamblea”, por USD 115.700.

La empresa también tuvo contratos con el Ministerio de Educación,  USD 389.700, y recientemente, en 2015, con la Secretaría Nacional de la Administración Pública, por USD 1.785, para provisión de equipos.

Sebastián Muñoz Vélez es abogado, cuencano, y trabajó como asesor jurídico en la Superintendencia de Telecomunicaciones hasta agosto del 2015, según los registros de esa entidad. Esta entidad luego se transformó en la Agencia de Regulación de las Telecomunicaciones (Arcotel), que ahora convoca al concurso de frecuencias.

Además, Muñoz tiene un vínculo directo con Rojas. Es sobrino de su esposa, Maribel Vélez Arízaga. Pero también es socio de Rojas en la firma Lex Solutions Ecuador, que funciona en Quito en el tercer piso de un edificio en la calle París y Emilio Solá, en el sector de El Batán Bajo. En su página web, señalan que entre sus clientes está la Vicepresidencia de la República y la Arcotel.

En esa misma dirección funcionan dos empresas más, cuyos accionistas son los hijos de Rojas y primos de Muñoz: Advicom y Teratelecom. Las direcciones están registradas en la Superintendencia de Compañías.

Estas tres empresas han tenido contratos importantes con el Gobierno. Advicom, por ejemplo, ha tenido contratos con la Radio Pública y Ecuador TV, e instaló los equipos de la radio de la  Asamblea Nacional.|

Guillermina Molina tiene otro tipo de vinculaciones. Según ella mismo contó el día de la presentación de la veeduría, su experiencia se da en el ámbito comunicacional, pues fue parte del equipo de asesores de Alianza País que trabajaron en la elaboración de la Ley de Comunicación. Específicamente, fue asesora del entonces legislador Humberto Alvarado Correa y, después de su muerte, de su alterna, Maruja Jaramillo. Alvarado Correa es padre de Vinicio y Fernando Alvarado Espinel, quienes han ocupado diferentes cargos de alto nivel en el actual Gobierno, al punto que son considerados parte del grupo más íntimo del poder.

Jorge Saade es violinista, pero es también docente de la Universidad de las Artes, es decir, funcionario público.

Estas vinculaciones transgreden lo establecido entre las inhabilidades para participar como veedor, pues van en contra del principio de de independencia que la veeduría debería tener. Por esto, la veeduría anunciada la semana pasada no cumple los requisitos de idoneidad e independencia y por lo tanto está muy lejos de ser un aval para la transparencia e integridad del concurso de 1472 frecuencias de radio y TV.

Desde Fundamedios volvemos a hacer un llamado para la suspensión inmediata del concurso con el fin de que se vuelva a convocar a un proceso donde se cumpla con los estándares internacionales para el desarrollo de medios radiales y televisivos libres, independientes, plurales, democráticos y participativos. De llevarse adelante el proceso bajo las actuales condiciones, existe el riesgo inminente de que se entablen multitud de demandas contra el Estado ecuatoriano.

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English version

Fundamedios, organización de la sociedad civil que promueve y defiende la libertad de expresión en Ecuador, hace un llamado público a las autoridades de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) y el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom) a que suspendan la convocatoria al concurso para la adjudicación de 1.472 frecuencias.

Entre los procesos de este tipo, este sería el más grande en la historia de los medios en Ecuador y probablemente en toda la región. Un proceso de esta envergadura no debería generar dudas o cuestionamientos de fondo, sino implementarse cumpliendo los principios de independencia, transparencia, rendición de cuentas, justicia, pluralidad e inclusión, como señalan los parámetros internacionales y particularmente los “Estándares de libertad de expresión para una radiodifusión libre e incluyente” de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Ninguno de esos principios está garantizado en el concurso convocado por las autoridades de telecomunicaciones, según demuestra el análisis realizado por Fundamedios y que se incluye en este comunicado. Por el contrario, las normas que regulan el mismo, al ser ampliamente subjetivas, lo convierten en un proceso discrecional.

No obstante, las mayores sombras en el proceso provienen del hecho de que las entidades gubernamentales a cargo de la calificación de los postulantes, la Arcotel y el Cordicom, han demostrado no ser independientes del poder político y/o económico.

La actuación de la Arcotel en el proceso de concesión de curiosas e irregulares frecuencias temporales a favor de un grupo económico que acumula medios de todo tipo, muestra claros favoritismos para ciertos empresarios. El Cordicom está dirigido actualmente por un militante político que no acredita ni experiencia ni conocimientos en el área de las telecomunicaciones o de la comunicación social. A esto debemos sumar que las propias autoridades han admitido que no se dará cumplimiento a la reserva de 34% de frecuencias para los medios de carácter comunitario, situación que es consecuencia directa de la falta de políticas públicas de real impulso y desarrollo de estos medios sin fines de lucro.

Con esos elementos, lo que podría ser una enorme oportunidad para diversificar y ampliar la pluralidad de voces que necesita una sociedad genuinamente democrática, tiene grandes riesgos de transformarse en una herramienta de control y presión política sobre los medios, más aún si consideramos que estamos en un año eminentemente electoral, cuando es especialmente crítico que se garantice el libre acceso a los medios de comunicación a todas las corrientes políticas. Cabe recordar que sin prensa libre no existe posibilidad de elecciones libres.

A continuación, Fundamedios presenta sus argumentos sobre la falta de idoneidad del proceso.

 

FALTA DE INDEPENDENCIA DE LOS ENTES DE CONTROL

Al ser la Arcotel y el Cordicom las instituciones a cargo del proceso, se pone en riesgo no sólo el derecho de cada persona a expresarse libremente sino también el derecho de la ciudadanía a recibir la máxima diversidad posible de información e ideas.

Al respecto de esto, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (RELE) señala que, para garantizar una radiodifusión libre e incluyente, es necesario que “la autoridad de aplicación y fiscalización en materia de radiodifusión no esté sometida a injerencias políticas del gobierno ni del sector privado vinculado a la radiodifusión.” La finalidad de esto es reducir el margen de una posible arbitrariedad en el procedimiento para otorgar o renovar una concesión de frecuencia.

PLAZOS ARBITRARIOS

Es necesario mencionar que este proceso de concurso y adjudicación de frecuencias establece plazos que podrían generar presión sobre los concursantes, no sólo por la inmediatez de los mismos en sus distintas etapas sino por su cercanía a un proceso electoral. Sobre esto, la RELE ha indicado que la falta de normativa que establezca plazos y criterios objetivos puede devenir en una situación de incertidumbre y presión sobre los medios de comunicación que aspiran a renovar su licencia. Según han señalado las autoridades, el concurso tendría resultados en diciembre, apenas días antes de que se inicie la campaña electoral para los comicios de febrero de 2017.

DISCRECIONALIDAD PARA CALIFICAR LA LÍNEA EDITORIAL

Los parámetros de evaluación del plan comunicacional que deben presentar las personas naturales y jurídicas que deseen optar por una frecuencia fueron elaborados el Cordicom. Estos lineamientos podrían dar lugar a una valoración claramente sesgada pues, de acuerdo con la normativa a emplearse, los medios deberán indicar cuál es su “orientación”. Esto podría interpretarse como una valoración de la línea editorial del mismo, lo cual, ante un ente claramente politizado, implica una desigualdad de condiciones para medios de comunicación caracterizados por mantener una línea editorial crítica o, incluso, opositora.

Sobre este particular, la RELE ha indicado lo siguiente: “Los requisitos de asignación deben consagrarse en leyes claras y precisas, de forma tal que se evite cualquier consideración política discriminatoria que pueda afectar la asignación en atención, por ejemplo a las ideas políticas o religiosas o de cualquier otro orden, de la persona que solicita la licencia”.

La evaluación de los planes comunicacionales por parte del Cordicom se caracteriza por una amplia subjetividad y esto contraría la declaración de principios sobre la libertad de expresión pues, en lugar de prohibir la presión, castigo, premiación y privilegio a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, se lo está fomentando.

REVERSIÓN ANTICIPADA DE CONCESIÓN POR CUALQUIER DENUNCIA

La RELE ha señalado que la normativa sobre radiodifusión, en países o regiones con índices muy altos de concentración de la propiedad de los medios de comunicación, debe compatibilizar el fomento de la pluralidad y diversidad de voces con el respeto de la línea editorial o informativa de un medio. Además, se debe evitar el retiro o renovación de frecuencias o licencias por razones discriminatorias o arbitrarias.

Por el contrario a lo establecido en este estándar, la normativa a emplearse en este proceso desarrolla el artículo 112 numeral 9 de la Ley Orgánica de Comunicación, que se refiere a las causales para la terminación de concesiones de frecuencia. De esta forma, abre la posibilidad de que las personas naturales y jurídicas puedan denunciar ante el Cordicom un supuesto incumplimiento del plan comunicacional presentado, lo que daría lugar a una posible reversión de la frecuencia otorgada. Considerando la falta de independencia del ente de control, esto podría constituirse en una herramienta de persecución y hostigamiento a medios de comunicación que mantengan líneas editoriales investigativas.

AUSENCIA DE VEEDURÍAS CIUDADANAS INDEPENDIENTES

Tal como se presentan las bases para el concurso, no se establece formalmente la creación de un mecanismo que garantice la participación de la ciudadanía en el proceso. Al respecto, la RELE ha señalado que el mecanismo de asignación y renovación de frecuencias debe ser transparente y público y que, con la finalidad de disminuir una posible arbitrariedad, debe contemplarse la realización de audiencias públicas que aseguren acceso a la información pública de los ciudadanos y ciudadanas, y que obliguen a la motivación suficiente de sus decisiones. Esto debería garantizar una efectiva participación de la sociedad civil en los procesos de toma de decisiones.

Las autoridades aseguraron que están trabajando en la convocatoria con otras entidades públicas y privadas, pero el concurso ya se inició sin que esta participación ciudadana exista.

CONDICIONES INADECUADAS PARA EL ACTUAL CONCURSO

La Ley de Comunicación, aprobada en junio del 2013, estableció la necesidad de que las concesiones de frecuencias en el espectro radioeléctrico se realicen mediante un concurso público. Hasta la fecha se convocaron a dos procesos para concesiones de frecuencias comunitarias, en 2012 y 2014, que fueron fallidos.

Se trata de 846 frecuencias en FM, 148 en AM y 478 de televisión en UHF disponibles en el concurso. Entre ellas se encuentran las frecuencias de estaciones radiales con importantes espacios informativos como radio Visión, Centro, EXA Democracia, Sucesos, Platinum FM, Sonorama o FM Mundo. Los actuales concesionarios de la frecuencia sí pueden concursar por la que actualmente ocupan.

Además, el concurso no se abrió para estaciones de televisión VHF. Esto quiere decir que 180 estaciones que tienen sus frecuencias caducadas, entre las que se encuentran Ecuavisa, Teleamazonas, GamaTV y Telerama, tendrán que participar por una frecuencia en UHF, es decir que tendrán que cambiar de canal en las vísperas de un proceso electoral. Según Ana Proaño, directora de la Arcotel, esto se hace como “paso previo” a la migración a la televisión digital, que aún no tiene fecha.

Pero además, el ministro de Telecomunicaciones, Augusto Espín, aseguró que en este proceso no se cumplirán los porcentajes establecidos en la Ley de Comunicación de que 33% de los medios deben ser privados, 33% públicos y 34% comunitarios. Esto será “progresivo”, según el Ministro, aunque la Ley no habla sobre esta gradualidad en la repartición de frecuencias.

Por todos estos hechos, hacemos un llamado a las instituciones internacionales de protección y defensa de las libertades de expresión y prensa, así como a las redes y organizaciones de protección a la prensa, para que señalen sus preocupaciones y vigilen de cerca el concurso.

Exhortamos a las autoridades para que demuestren una mínima de sensibilidad o sentido de la oportunidad, y suspendan el actual concurso, dando inicio a una discusión amplia con todos los sectores para que, sobre la base de los estándares mínimos, se desarrollen reglamentos que realmente garanticen un avance hacia la existencia de medios plurales e incluyentes.

Y, principalmente, queremos llamar la atención de todos los ciudadanos ecuatorianos pues, de avanzar el actual concurso para concesionar 1.472 frecuencias, estaríamos ante un proceso que puede ser un golpe letal contra las libertades de expresión y prensa en Ecuador.