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Consejo de Participación Ciudadana

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Ecuador 9 de diciembre del 2020. La veeduría conformada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), creada para dar seguimiento al Proceso Público Competitivo de Adjudicación de Frecuencias de Radio, presentó el 2 de diciembre el primer informe sin alertar de mayores novedades.

Este documento de 10 páginas, sin numerar, incluye tres capítulos en los que aborda el Informe Sobre la evaluación de solicitudes, el Informe sobre denuncias y el Informe sobre nueva norma técnica para Radio FM. 

Sobre la evaluación de las solicitudes la Veeduría sostiene que el medio de verificación de la “declaración responsable” crea una base de inseguridad jurídica puesto que alguien que no cumple con los requerimientos establecidos en las bases puede verse afectado en las posibles inversiones que esa persona haga.

El capítulo referente a las denuncias destaca que al consultar la base de datos de peticionarios de frecuencias se encuentran los siguientes registros bajo el nombre comercial CANELA. Se refiere a KOMUNIKEST COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA S.A (94.5), LESOTHO S.A (90.5).,CANELA CENTRAL SIERRA SIENPALTI S. A. (94.5) y RADIOEVENTOS S.A. (89.3).  

El 18 de noviembre del 2020 Fundamedios ratificó en rueda de prensa que luego de la nueva verificación ofrecida por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL) no se detectó la concentración de frecuencias de Angel Gonzalez y de Jorge Yunda.  

De las nueve frecuencias que forman parte del imperio mediático de González, solamente RIDALTO RIDALTOSA S.A no cumpliría los requerimientos, según el nuevo informe jurídico, mientras que 8 empresas sí cumplirían todos los parámetros. En el caso de las 9  frecuencias vinculadas a las Familia del alcalde Jorge Yunda, 8 han sido calificadas con informe jurídico favorable, con excepción de Ecuaenlace.

https://www.fundamedios.org.ec/fundamedios-arcotel-concurso-frecuencias-concentracion/

El 9 de julio César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, presentó su renuncia al CPCCS como veedor. El periodista señaló que el proceso no ha sido transparente ni riguroso. “Estaremos atentos para denunciar cualquier intento por favorecer a grupos mediáticos y políticos que han pretendido desde el anterior concurso de frecuencias beneficiarse de la concentración de medios en pocas manos”, puntualizó entonces. Y desde la organización se rechazó la presencia de ‘@mashiroberto’ en la entidad.

https://www.fundamedios.org.ec/fundamedios-reincorporacion-mashiroberto-veeduria-frecuencias/

Luego de Ricaurte renunciaron los veedores María José Ramírez Campos y Raúl Fernando Cabrera también presentaron su renuncia irrevocable dentro del proceso. 

https://www.fundamedios.org.ec/veedores-concurso-frecuencias-renuncian/

Finalmente dentro del informe sobre la nueva norma técnica para Radio FM se pone en conocimiento general las dificultades e inconvenientes que se están ya presentando y podrían seguirse generando con la aplicación de la Nueva Norma Técnica para Radio FM, en virtud de la Ampliación de la banda de frecuencias que antes era de 88 a 108 MHz. Y ahora es de 76 a 108 MHz.

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Ecuador, 02 de diciembre del 2020. La Veeduría Ciudadana del Caso Nos Faltan 3, conformada por FUNDAMEDIOS, INREDH, Periodistas Sin Cadenas, Colectivo Nos Faltan 3, y ASFADEC, participó en el pleno M.-061 del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Durante el Pleno Ordinario 061 se incluyó en el orden del día la comparecencia de César Ricaurte, director Ejecutivo de Fundamedios y otros miembros de la Veeduría Ciudadana quienes hicieron uso de la “Silla de la Democracia” para dar a conocer las recomendaciones dadas por el Equipo de Seguimiento Especial- ESE para  esclarecer los hechos del secuestro de los periodistas Javier Ortega, Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra. 

La presidenta del CPCCS, Sofía Almeida, dio la bienvenida a los integrantes de la Veeduría Nos Faltan 3 y dijo es su obligación escucharlos y resolver lo que esté en sus competencias. César Ricaurte explicó que la veeduría tiene el objetivo de lograr Verdad, Justicia y Reparación a través del dar seguimiento a las investigaciones pues es un crimen contra periodistas que se cometió en zona de frontera y en la cual tienen responsabilidad los estados de Ecuador y Colombia.

“Estamos ante una gravísima vulneración de Derechos Humanos, un golpe que no había vivido el periodismo en el Ecuador y una severa afectación a la libertad de Expresión, si bien sabemos quien fue quienes jalaron del gatillo y fueron los autores del secuestro y asesinato hay muchas otras responsabilidades del Estado sea por acción o por omisión”, dijo Ricauerte. 

Ricardo Rivas, hermano de Paúl Rivas, explicó ante el Pleno del CPCCS los hechos contradictorios que revelaban como el Estado ecuatoriano quiso deslindar su responsabilidad en el secuestro y asesinato y que además el manejo que se dio del caso no fue adecuado.  Recordó que ellos se enteraron que existía un canal de comunicación directo entre el grupo subversivo y las autoridades. “Están involucradas muchas autoridades en este hecho; hay documentos que se mantienen bajo reserva y su desclasificación depende del Presidente; este caso es la punta de un iceberg de una maraña y un sistema de corrupción que existe hasta el día de hoy”.

Rivas recordó que van al tercer año de impunidad pues no hay detenidos del secuestro y asesinato del equipo periodístico y denunció el cambio constante de fiscales y una negativa de las instituciones involucradas en facilitar la información pertinente. 

Diego Cazar, miembro de la Fundación de Periodistas Sin Cadenas realizó una serie de preguntas extraídas del informe del ESE de la CIDH entre las que se encuentran: ¿Cuál fue la estrategia que se diseñó desde el Estado?; ¿Qué papel cumplió el Comité de Crisis?; ¿Quiénes tomaron las decisiones durante este periodo? y si ¿se autorizó a la Fuerzas Armadas de Colombia a realizar estos operativos? Destacó la impunidad que ha tenido este caso y que las entidades del Estado deben responder a los pedidos de la Fiscalía que esta debe ser proactiva. 

Almeida agradeció a la Veeduría y dijo que son el puente entre la ciudadanía y el Estado y puso en consideración una moción de Resolución que fue aprobada por el Pleno. 

  1. Art. 1.- Acoger lo expuesto por la Veeduría Ciudadana del Caso Nos Faltan 3, para realizar el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones establecidas en el Informe del Equipo de Seguimiento Especial-ESE, órgano técnico especializado de la CIDH respecto a la muerte del equipo periodístico del Diario el Comercio. 
  2. Art. 2.- Exhortar al Ministerio de Gobierno, al Ministerio de Defensa, y al Consejo de Seguridad Pública del Estado, el inmediato cumplimiento del artículo 18 de la Constitución de la República en relación al artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos  y que procedan a la desclasificación y entrega sin más dilatorias de los documentos relativos al caso que reposan en su poder conforme lo determinó el informe del Equipo de Seguimiento Especial-ESE de la CIDH y permitan a la Fiscalía avanzar en las investigaciones de los hechos, en torno al secuestro y asesinato de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra. 
  3. Art. 3.- Exhortar a la Asamblea Nacional a la conformación de una Comisión Especializada Ocasional que pueda investigar lo siguiente:  a) La estrategia que se trazó para el manejo del secuestro; b) El papel que cumplió el comité de crisis; c) Las personas o funcionarios públicos que tomaban las decisiones de lo que debía hacerse; d) La decisión de la ruta a seguir y el momento en que se la tomó; e) La autorización a las fuerzas armadas de Colombia para efectuar operativos de búsqueda desde territorio ecuatoriano con el propósito de ubicar a alias Guacho durante el secuestro de los integrantes del equipo periodístico.
  4. Art. 4.- Exhortar a la Fiscalía a continuar con las investigaciones correspondientes atendiendo a las recomendaciones generales y específicas emitidas por el Equipo de Seguimiento Especial-ESE de la CIDH, aplicando un enfoque de derechos humanos que impida la revictimización de los familiares de las Víctimas por el ejercicio de su profesión como periodistas.
  5. Art. 5.- Exhortar al Comité Interinstitucional para la Protección de Periodistas que se incluyan las siguientes políticas al interior de la institución: a) inclusión de participación de periodistas, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y familiares de las víctimas en su estructura organizacional; b) Establecimiento de una política de protección integral de periodistas en concordancia con los estándares internacionales de protección de Derechos Humanos  y proveer de los recursos materiales y humanos para su funcionamiento; y, c) Establecimiento de un protocolo común de intercambio de información entre los Comités de Colombia y Ecuador, acerca de las zonas de frontera en las que existan diferentes riesgos para el ejercicio del periodismo y articular las medidas de protección necesarias al interior de cada Estado.
  6. Art. 6.- Solicitar al Presidente de la República para que a través de los mecanismos de protección de Derechos Humanos nacionales e internacionales vigentes y reconocidos en el Ecuador determine una reparación integral a los familiares de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra por la afectación grave a los derechos establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos y en la Constitución de la República del Ecuador que han afectado y vulnerado su condición de vida y han cercenado el proyecto de vida de sus familiares fallecidos
  7. Art. 7.- Exhortar a la Defensoría del Pueblo como Institución Nacional de Protección de Derechos Humanos, a realizar las acciones correspondientes de acompañamiento, seguimiento y vigilancia para el cumplimiento de las recomendaciones realizadas por el Equipo de Seguimiento Especial-ESE de la CIDH.-
  8. Art. 8.- Solicitar la comparecencia ante el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a las entonces autoridades que se encargaron de la emergencia en relación al secuestro de los periodistas: César Navas, Patricio Zambrano, César Merizalde, Ramiro Mantilla y Ramiro Rivadeneira.

El consejero David Rosero planteó la moción de que el CPCCS disponga a la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción abra una investigación sobre el caso Nos Faltan Tres que tuvo el apoyo unánime de todos los vocales. 

El consejero Hernán Ulloa planteó la moción de que se requiera la presencia del Director de Gestión Procesal de la Fiscalía ante el Pleno del CPCCS para que en audiencia reservada proporcione los detalles de su gestión pero recibió cuatro abstenciones y tres votos a favor por lo que no fue aprobada la moción.

La Veeduría Ciudadana continuará con las acciones que permitan incidir en el cumplimiento de las obligaciones de desclasificación de la información por parte de las distintas instituciones del Estado, toda vez que no existe ningún sustento legal ni constitucional para mantener la información en reserva, en especial al tratarse de un caso de violaciones de derechos humanos. 

Veeduría Ciudadana Caso Nos Faltan 3

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Ecuador, 27 de noviembre del 2020. La tarde de este viernes 27 de noviembre la Veeduría Ciudadana sobre el Caso #NoFaltan3 conformada por FUNDAMEDIOS, la Fundación Nos Faltan 3, ASFADEC, la Fundación Periodistas Sin Cadenas, e INREDH, se reunió con la Presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Sofía Almeida, con la finalidad de plantear posibles acciones que puede realizar el Consejo de Participación Ciudadana en este caso. 

César Ricaurte, Director Ejecutivo de FUNDAMEDIOS, señaló que esta Veeduría se conformó para dar seguimiento al caso a través de la constatación del cumplimiento de las recomendaciones realizadas por el Equipo de Seguimiento Especial de la CIDH, respecto al secuestro y asesinato de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, caso que ocurrió hace 2 años y 9 meses exactamente, y que conmocionó al país. 

Ricaurte señaló que es lamentable que a un año de haber sido emitidas las recomendaciones del ESE, no se vean avances en las investigaciones del Caso.  por lo que la finalidad de esta Veeduría Ciudadana es la vigilancia de la forma más técnica posible a este cumplimiento. Así mismo, manifestó que la Veeduría nace como iniciativa de la ciudadanía y en el marco del ejercicio de los Derechos fundamentales a la asociación y a la participación por lo que sería importante conocer las acciones de acompañamiento que puede realizar el Consejo en este caso. 

Diego Cazar, representante de Periodistas Sin Cadenas señaló que el momento de la conformación de la Veeduría es crucial, debido al cambio de gobierno que vendrá el próximo año, lo cual podría imposibilitar alcanzar avances en el proceso, por lo que es necesaria la exigencia de celeridad en este proceso de violación de Derechos Humanos. 

Cazar también señaló las ocasiones en las que las distintas autoridades se han comprometido a realizar acciones que permitan esclarecer los hechos respecto a este caso, incluyendo las siete veces que el Presidente de la República ofreció desclasificar la información del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, sin tener resultados favorables al respecto, por lo que el caso sigue en la impunidad. 

La Presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, Sofía Almeida reconoció la legitimidad de la Veeduría Ciudadana señalando que tanto la Constitución como la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, reconoce el derecho a la participación ciudadana y control social, por lo que se comprometía a generar acciones que acompañen a la Veeduría en este proceso.

La Presidenta también señaló que es primordial que tanto el Pleno del Consejo como la ciudadanía escuche los hechos que se han venido desarrollando respecto al caso, la inacción por parte de las distintas instituciones y las acciones realizadas por la Veeduría, por lo que se comprometió a convocar en las próximas semanas a la Veeduría Ciudadana del Caso Nos Faltan 3 ante el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Finalmente reiteró el compromiso del Consejo de generar las acciones que sean necesarias para avanzar en el Caso. 

Esta Veeduría agradece el compromiso manifestado por parte de la Presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, y se encuentra atenta a las próximas acciones que sean realizadas por este organismo que constitutiye parte del Cuarto Poder del Estado. Asimismo, señalamos que seguiremos dando seguimiento a las demás instituciones que aún no han dado respuesta a la solicitud de acciones realizadas en torno al Caso #NosFaltan3. 

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Este martes 13 de noviembre, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) transitorio sustanció las impugnaciones en contra de tres candidatos al Consejo Nacional Electoral (CNE). Luis Verdesoto, socio de FUNDAMEDIOS, defendió su derecho a participar en el proceso.

El impugnante Robinson Ruiz presentó sus preocupaciones sobre la candidatura del catedrático. Alegó tres aspectos: fechas establecidas de postulación, declaración de paraísos fiscales y verificación de título de tercer nivel.

Según Ruiz, el miembro de la Plataforma por la Defensa de la Democracia y los Derechos Humanos debió presentar tres informes para que su postulación sea admitida; y el segundo y tercer informes fueron remitidos después de la fecha establecida. También mencionó que el título de Licenciatura de tercer nivel de Verdesoto no consta en el sistema de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt).

En su defensa, el académico explicó que él buscó que seis instituciones diferentes respalden su candidatura al CNE. Cinco fueron descalificadas y dos admitidas después de realizar el pedido de admisión. Entre esas organizaciones estuvo FUNDAMEDIOS. Sobre su título de tercer nivel, indicó que fue expedido hace más de 43 años, razón por la cual no consta en la Senescyt. Sin embargo, expuso la evidencia notarizada de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) y recalcó que hubiera sido imposible recibir sus títulos de cuarto nivel, así el doctorado, si no contara con un título oficial avalado.

“Yo no incumplo ninguno de los requisitos pedidos. Yo jamás he servido a ninguna dictadura y nunca lo haré”, enfatizó Verdesoto. El próximo 21 de noviembre se conocerá el listado final de quienes estarán en la papeleta electoral. Ese día se convocará a las elecciones seccionales y del CPCCS.

 

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Las organizaciones que forman parte de la Plataforma por la defensa de la Democracia y los Derechos Humanos del Ecuador PDDHE, FUNDAMEDIOS y la Fundación Ciudadanía y Desarrollo FCD observan que la Ley Reformatoria a la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, aprobada el pasado 21 de marzo por la Asamblea Nacional, es un instrumento que no abona a la construcción de la institucionalidad democrática que requiere el Ecuador y que, al contrario, contiene ambigüedades, retrocesos en materia de derechos civiles y políticos y vulnera derechos de participación y asociación de la ciudadanía.

Reconocemos la importancia de haber eliminado el concurso preliminar del Consejo Nacional Electoral propuesto en el proyecto de Ley presentado por el Ejecutivo, el establecimiento de determinadas prohibiciones para ser candidatos, así como la obligatoriedad de llevar el proceso bajo una veeduría internacional. No obstante, los legisladores han incorporado otros obstáculos que limitan la participación plena de la ciudadanía, y contrarían disposiciones constitucionales y de instrumentos internacionales de derechos humanos.

Se deja de lado las organizaciones de la sociedad civil de hecho, contrariando el derecho de libre asociación y de participación igualitaria. Se exige que los candidatos al CPCCS tengan título de tercer nivel registrado en la SENESCYT, restringiendo la participación. El Consejo es un órgano de representación ciudadana, no únicamente de sectores que han logrado acceder a la educación universitaria. Así también, requisitos como demostrar “compromiso cívico” se prestan a discrecionalidad.

En cuanto al proceso de elección, la Ley exige que cada sufragante elija a 3 hombres, 3 mujeres y un indígena, afrodescendiente o montubio de manera obligatoria. Esto vulnera el derecho al voto, a elegir libremente, pues lo direcciona y lo fracciona. Así también determinar que el suplente de la lista de selección de indígenas, afrodescendientes y montubios deberá ser un representante de los migrantes, establece categorías de circunscripciones electorales inexistentes.

Por otra parte, la Ley no establece un número límite de candidatos, lo que puede convertir el proceso de un sin número de nombres. Siendo que la Ley determina que el CNE es el único ente encargado de la promoción de los nombres, trayectorias y propuestas de cada candidato. ¿Cómo se garantizará la promoción en igualdad de condiciones y oportunidades? Esto no se sabe.

Esta Ley no cumple a cabalidad el mandato ciudadano expresado el pasado 4 de febrero en el referendo y consulta popular. Por el contrario, parecería ser la continuidad del ejercicio administrativo doloso del gobierno anterior. Su contenido evidencia la intención del Estado de seguir manteniendo el control sobre el CPCCS, institución que a corto plazo debería desaparecer para evitar la estatización de la participación y la cooptación de la sociedad civil.

Recordamos a los asambleístas que el artículo 84 de la Constitución establece: “La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades. En ningún caso, la reforma de la Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los actos del poder público atentarán contra los derechos que reconoce la Constitución.” Al aprobar una norma restrictiva, que vulnera derechos fundamentales, los legisladores no han cumplido con este mandato de la Constitución.

No estamos dispuestos a validar el continuo desprecio por la Constitución apoyando reformas inconstitucionales, hechas al apuro y mal hechas, que mantienen las ambigüedades y discrecionalidades, reformas que vuelven a vulnerar derechos de la sociedad civil y leyes que no ofrecen la seguridad jurídica que en materia de reforma electoral requiere el Ecuador.

En caso de que el Presidente de la República no vete el proyecto de Ley para garantizar los derechos ciudadanos y ordene su publicación en el Registro Oficial, anticipamos la presentación de una acción de inconstitucionalidad por la afectación de los derechos civiles y políticos de los ecuatorianos. Quito, 23 de marzo de 2018.

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Con el argumento de que el derecho a la información no se puede analizar en una acción de protección, la jueza Doris Valencia declaró improcedente la acción de protección planteada por Fundamedios para que se permita a una delegada de la organización hacer de observadora al concurso de frecuencias.

La Agencia de Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) nunca respondió el pedido de Fundamedios de que su delegada ingrese a las instalaciones de la entidad pública para hacer el proceso de observación. En cambio, elevó el tema a consulta del Consejo de Participación Ciudadana, a pesar de que ni la Constitución ni la Ley establecen este procedimiento.

Esta actuación de la Arcotel vulnera los derechos a la participación y a la fiscalización de los actos del poder público, y de esta manera, también el derecho a la información pública. Pero además no se cumple con lo establecido en la Constitución de que la asignación de frecuencias se debe hacer mediante un proceso transparente.

La audiencia se desarrolló el 29 de septiembre del 2016 en la Unidad de la Familia de Quitumbe, en el sur de Quito. Durante la diligencia, los abogados de Arcotel recalcaron que el concurso es público y que por eso las bases del concurso son públicas y están disponibles en la página web de la institución. Además dijeron que en esas bases se establece claramente cómo se va a calificar, y que así se hará.

Sin embargo, a criterio de Fundamedios, el hacer públicas las reglas para la calificación de los participantes no garantiza de ninguna manera que se vaya a proceder así, y justamente para verificar esto es necesario el control ciudadano. Si no se permite acceder a las instalaciones de Arcotel, no se puede observar de primera mano cómo se está procediendo con cada caso.

Más allá de esto, la Arcotel maneja el concurso a puerta cerrada, sin brindar ninguna información sobre quiénes son los participantes o qué etapas de la calificación ya se están realizando.

Para Fundamedios, la decisión de la jueza Valencia desconoce el derecho de los ciudadanos a la participación y a la fiscalización de los actos del poder público, más aún en un proceso donde se determinará el destino del 65% de todos los medios de comunicación radiales y televisivos del país, en medio de un proceso electoral. Por lo tanto, en el concurso se debería observar los más altos estándares de transparencia y control social departe de los ciudadanos.

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La consejera Marcela Miranda, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS),  dijo ayer, martes 27 que “hay voluntad política” para revisar las inconsistencias del Decreto 16 señaladas por una docena de organizaciones sociales que acudieron a una reunión de trabajo en el organismo con el fin de pedir la derogatoria de dicho Decreto.

En la cita estuvieron presentes seis de los siete consejeros del CPCCS y al menos cinco se mostraron a favor de atender las demandas de las organizaciones, que consideran al Decreto 16 como inconstitucional y violatorio del derecho de libre asociación.

El Decreto 16 está vigente desde el 20 de junio del 2013. Dispone como causal de disolución de las organizaciones la participación en actividades de política partidista, de injerencia en políticas públicas que atenten contra la seguridad del Estado o que afecten la paz pública y establece un registro único para todo tipo de organización de la sociedad civil.

Miranda señaló que efectivamente el Decreto 16 es incoherente con el artículo 96 de la Constitución, que reconoce todas las formas de organización de la sociedad. Coincidió con el presidente del CPCCS, Fernando Cedeño, en que la disposición presidencial se confunden los roles de las organizaciones ciudadanas y de las no gubernamentales. “Me parece que hay algunos artículos que hay que analizarlos cotejándolos con la Constitución”, dijo Miranda y se mostró a favor de hacer una mesa de trabajo sobre el Decreto 16 con las organizaciones.

Los consejeros David Rosero y Andrea Rivera reiteraron que las organizaciones de hecho “no pueden ser invisibilizadas por un Decreto”. Y el consejero Hugo Arias se mostró a favor de la movilización de las organizaciones sociales para la derogatoria de esta disposición presidencial y de respaldar un Amicus curiae (cuando un tercero envía sus criterios para que la Corte o Tribunal los considere en su decisión) para agilitar el trámite de las tres demandas de inconstitucionalidad contra el Decreto que se encuentran en la Corte Constitucional. No se pronunció la consejera Mónica Banegas.