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Corte Constitucional

Pasaron 8 años para que la Corte Constitucional (CC) del Ecuador declarara como inconstitucional un fallo del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que sancionó a la Revista Vistazo con una multa de 80 mil dólares por considerar que el editorial Un NO Rotundo, publicado por el medio de comunicación, sobre las preguntas planteadas en la Consulta Popular y Referendo del 7 de mayo 2011, fue “propaganda electoral”.

Para juristas, constitucionalistas y defensores de los Derechos Humanos consultados por FUNDAMEDIOS, la sentencia de la CC, además de ratificar las violaciones contra la libertad de expresión ocurridas durante el correísmo, establece un  precedente jurídico de peso constitucional para futuras actuaciones judiciales. 

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Era el 13 de diciembre del 2011 y, en menos de 24 horas de la decisión de la presidenta del TCE, Ximena Endara, de absolver a Vistazo, el entonces presidente Rafael Correa arremetió: “La jueza dice que eso es la opinión del medio de comunicación, bueno, el derecho a opinar es de todos los ecuatorianos, entonces, si ustedes van con una camiseta que diga «yo voto por Correa» el día de las elecciones, lo mandan preso, (porque) es contravención, entonces, los grandes medios, el gran capital tiene derecho a opinar, los ciudadanos no, es gravísimo lo que se ha hecho”.

Para Endara la demanda presentada en contra de Vistazo por Víctor Raúl Ocaña García, presidente de la Cámara Bolivariana de Economía Solidaria, y los miembros de la Asociación Sumak Tarpuy Ayllukunapak, la Confederación de Afiliados al Seguro Social Campesino, el colectivo Diabluma y la Corporación Nukanchi Allpa (afines al Gobierno de turno) era improcedente, tras considerar que el editorial no representa propaganda política o electoral.

María Belén Arroyo, editora política de Vistazo en Quito, recuerda que en el 2011 era común que a través de intervenciones presidenciales, el poder político realizara un señalamiento directo, un “viserazo”. Además, que los colectivos que impulsaron la demanda actuaban como voz de la ciudadanía, pero, en realidad, imponían la voluntad del Ejecutivo en medio de una institucionalidad socavada por el poder político.

En 2012, se posesionó un nuevo TCE cuyos vocales eran afines al Régimen y surgieron de un cuestionado concurso impulsado por el  Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).  El 26 de septiembre de 2012, la demanda contra Vistazo cayó en manos de los jueces Catalina Castro, Patricia Zambrano, Angelina Veloz, Guillermo González y Miguel Pérez quienes sancionaron a la Revista con una multa de 80 mil dólares por considerar que el editorial Un NO Rotundo fue “propaganda electoral” y violó el silencio electoral de 48 horas previos a los comicios.

Jorge Alvear, abogado de revista Vistazo, recordó que en el 2012 el TCE aplicó una sanción que no estaba prevista en la Ley, porque los editoriales no se clasificaban como infracción: “se aplicó con efecto retroactivo una sanción que se tipificó como infracción casi un año después de presentada la denuncia”, explicó.  Además, la sanción infringió la Convención Interamericana de Derechos Humanos que garantiza el derecho de la libertad de expresión en el ejercicio del periodismo y en la cobertura de procesos electorales.

Para el constitucionalista Ismael Quintana, esta sentencia del Tribunal Contencioso Electoral fue el reflejo de lo que vivió Ecuador durante 10 años: “falta de independencia judicial y de independencia de los poderes del Estado”. En este caso, el pleno del Contencioso Electoral se vio obligado a sancionar a la revista por una ilegítima presión política. “El correísmo promovió esta denuncia en contra de un medio de comunicación buscando censurar una editorial”, dijo. 

El 11 octubre de 2012 Editores Nacionales Sociedad Anónima (ENSA) presentó una acción extraordinaria de protección contra la sentencia del TCE. El 4 de julio de 2013, la Sala de Admisión de la CC conformada por Tatiana Ordeñana Sierra, Ruth Seni Pinoargote y Manuel Viteri Olvera, admitió la presente acción disponiendo que se proceda al sorteo respectivo para la sustanciación. 

El expediente de Vistazo pasó durante seis años en la nevera constitucional hasta que la jueza  Teresa Nuques Martínez, que forma parte de un nuevo Pleno posesionado el 5 febrero del 2019 y de conformidad al sorteo, fue la encargada de la sustanciación.

La penalista Paulina Araujo cuestionó los tiempos que tomó la CC anterior para resolver este caso. A su criterio, esto refleja que existieron órganos públicos a los que, poco o nada, le interesaba garantizar derechos fundamentales, en concreto la libertad de expresión con la libertad de pensamiento.

Finalmente, el 2 de septiembre del 2020 la Corte Constitucional emitió una sentencia que declaró como inconstitucional el fallo del TCE del 2012 y realizó un llamado a respetar la libertad de expresión. 

Entre los argumentos para declarar inconstitucional el fallo del TCE del 2012 están que las alegaciones del TCE son incompatibles con el principio de legalidad antedicho, porque a la época en que circuló el editorial (mayo 2011) el silencio o veda electoral previsto en el artículo 207 del Código de la Democracia (antes de la reforma del 6 de febrero de 2012) no era aplicable a los medios de comunicación sino únicamente a las instituciones públicas. Se establece entonces que el TCE sancionó a un medio de comunicación por un acto que al momento de realizarse no estaba prohibido ni tipificado como infracción. En virtud de lo cual, la decisión impugnada vulneró el derecho al debido proceso.

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Los jueces constitucionales no pueden dar declaraciones públicas para evitar que, cuando se traten temas como la libertad de expresión o el derecho a la comunicación, puedan tratar otros temas que están en conocimiento de la CC lo que puede dar lugar a un pedido de recusación o el riesgo de anticipar criterios. 

No obstante, uno de los jueces que solicitó la reserva de la fuente comentó a FUNDAMEDIOS que la sentencia es extensa y para elaborarla se recurrió a fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y al ámbito que hace relación al derecho de comunicación. Esto con la simbiosis del derecho a la opinión y a la libertad de expresión, que no se puede consagrar debidamente si no existe el derecho a la comunicación, que es por donde fluye el libre pensamiento de la sociedad. 

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Pero ¿cuáles son los efectos de esta sentencia histórica para la libertad de expresión?

Dentro de la sentencia, la CC incluye un capítulo con parámetros a considerar para la protección de la Libertad de Expresión en contextos electorales y sostiene que es de especial importancia protegerla en el debate que precede a las elecciones. 

Alvear la califica como un “verdadero hito histórico” para la libertad de expresión en Ecuador y la Región. El abogado considera que esta sentencia será de gran ayuda para el ejercicio del periodismo, pues se hace un llamado a respetar y proteger dicha libertad.  

La CC dentro de su fallo establece que el haber sancionado a un medio de comunicación por un editorial de contenido político, sin un análisis que legitime la decisión, generó un efecto inhibitorio para otros medios de comunicación u otros actores cuyas manifestaciones políticas -de cualquier índole- también están protegidas por la libertad de expresión y por el debate democrático que implica el derecho de todos a disentir, confrontar sus ideas, propuestas u opiniones.

 “La Sentencia de CC es fundamental para la libertad de expresión, porque de esta manera se permite que un proceso electoral sea abierto, sea libre, sea justo y se garantice una democracia auténtica”, ratificó Quintana.

Otro punto que destaca la CC es que la protección de la libertad de expresión implica reconocer que este derecho no solo ampara “la difusión de ideas e informaciones recibidas favorablemente o consideradas inofensivas o indiferentes, sino también […] a las que ofenden, chocan, inquietan, resultan ingratas o perturban al Estado o a cualquier sector de la población”. 

¿Qué implica que esta sentencia llegue a puertas de un contexto electoral?

Para Araujo que la sentencia llegue en esta coyuntura tiene otras connotaciones que se conectan con la dimensión social del derecho a recibir información, nutrirse de opiniones porque así se construye democracia: “así de importante es el rol de poderse expresar, tener una opinión y recibir información”, explica. 

Dentro de la sentencia y con el ánimo de proteger la libertad de expresión y su necesaria existencia para la vigencia de los derechos políticos y un debate democrático la CC exhortó a las juezas y los jueces, así como a las autoridades del sector público a precautelar la libertad de expresión y la aplicación de los criterios vertidos en esta sentencia, con la finalidad de que cada acto del poder público, administrativo, legislativo o jurisdiccional sea compatible con esta libertad.

Quintana recordó que jurídicamente esta sentencia es vinculante y protege el ejercicio de la libertad de Expresión: “hay consecuencias por no acatar lo que la CC dispone en una sentencia que van desde la destitución del funcionario que cumple la decisión hasta una reparación por daños y perjuicios”, indicó. 

Uno de los puntos de la sentencia establece además que el TCE deberá ofrecer disculpas públicas a ENSA. El 23 de septiembre, el Tribunal Electoral acató esta disposición. Arroyo ratificó que el beneficiario de esta sentencia no es el medio de comunicación si la sociedad cuyo derecho a la libertad de expresión  queda resguardado. 

El vocal del Consejo Nacional Electoral (CNE), Luis Verdesoto, sostuvo que la decisión de la Corte se vuelve trascendental, ya que va a generar no solo jurisprudencia sino precedentes de cómo se debe motivar una decisión tomada por un cuerpo colegial. Aclaró que dentro de un contexto electoral se vuelve importante pues diferencia bien lo que es opinión pública de propaganda electoral y rompe con la vieja concepción de tratar de sustituir a los actores políticos partidarios por los medios de comunicación. “Las elecciones no van por encima de los Derechos Humanos, las elecciones se inscriben en un contextos de Derechos Humanos  que están totalmente vigentes al margen y por sobre el periodo electoral”, explicó. 

La CC recordó que TODOS los órganos públicos y TODOS los actos del poder público están sometidos a la Constitución y, por tanto, al control de constitucionalidad. 

¡Nunca Más!

Fundamedios reportó las amenazas contra Revista Vistazo por este caso que comenzaron los mismos días del Referéndum y del pronunciamiento del medio en 2011 y que se concretó en la sanción de 2012, sobre la cual ahora se pronuncia la Corte Constitucional declarando su carácter de acto inconstitucional.  Sin embargo, es necesario recordar que el contexto de la sentencia contra Vistazo se dio en un clima de persecusión contra la prensa libre del país utilizando todos los recursos que el poder político tenía a su alcance desde la estigmatización de medios y periodistas vías cadenas nacionales e informes presidenciales hasta juicios y procesos penales, civiles, administrativos y electorales. 

La histórica sentencia de la Corte Constitucional significa una condena a esa situación de acoso constante a la libertad de expresión y al intento de construir un relato único desde el poder. Por eso, es una sentencia que debe ser conocida por todos los ciudadanos y debe motivar un ¡Nunca Más! que signifique que colectivamente, los ciudadanos del Ecuador no vamos a permitir los abusos contra nuestros derechos por parte de ningún caudillo autoritario, sea cual sea el sector político ideológico con el cual se identifique.

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Ecuador, 10 de septiembre de 2020.- El Pleno de la Corte Constitucional (CC) del Ecuador, por unanimidad, declaró como inconstitucional un fallo del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) del 26 de septiembre del 2012 que sancionó a la Revista Vistazo con una multa de 80 mil dólares por considerar que el editorial “Un NO Rotundo” -publicado por el medio sobre las preguntas planteadas en la Consulta Popular y Referendo del 7 de mayo 2011- fue “propaganda electoral”. Ese referemdum es conocido como el de “la metida de mano en la justicia”, pues permitió al ex presidente y actual prófugo de la justicia, Rafael Correa, reformar y controlar el sistema judicial. 

A través de la Sentencia No. 1651-12-EP/20, la Jueza ponente, Teresa Nuques Martínez, declaró que la sentencia del TCE contra Vistazo vulneró los derechos constitucionales al debido proceso en la garantía de recibir decisiones motivadas y a la libertad de expresión, por lo cual dejó sin efecto dicha sentencia.

Además, ordenó que el TCE ofrezca disculpas públicas a ENSA (editorial de revista Vistazo) y que deberán ser expuestas en un cartel tamaño A3 colocado en un lugar visible a la entrada del edificio principal y en un banner web instalado en el portal institucional durante 30 días. Las disculpas públicas deberán contener el siguiente texto:

«Por disposición de la Corte Constitucional del Ecuador, establecida en la sentencia No. 1651-12-EP/20, el Tribunal Contencioso Electoral reconoce las vulneraciones sucedidas al debido proceso y libertad de expresión en la causa electoral No. 794-2011-TCE y acumulados. Por lo tanto, ofrece sus disculpas públicas por las vulneraciones causadas a la compañía Editores Nacionales S.A. ENSA (editora de Revista Vistazo) y reconoce su obligación de respetar la Constitución de la República del Ecuador y particularmente la protección a la libertad de expresión en contextos electorales”.

También dispuso al TCE y al Consejo Nacional Electoral implementar un programa de capacitación a sus miembros sobre la protección a la libertad de expresión haciendo énfasis de la vigencia de este derecho en épocas y contextos electorales.

En septiembre de 2012 Fundamedios emitió la alerta de la sanción. En la nota se menciona que a través de una sentencia de 24 páginas, los jueces: Catalina Castro, Patricia Zambrano, Angelina Veloz, Guillermo González y Miguel Pérez consideraron que el editorial de Vistazo viola el silencio electoral de 48 horas previos a los comicios dejando sin efecto la sentencia de primera instancia dictada por la jueza Ximena Endara.

Además, la CC, con el ánimo de proteger la libertad de expresión y su necesaria existencia para la vigencia de los derechos políticos y un debate democrático, exhortó a las juezas y los jueces, así como autoridades del sector público a precautelar la libertad de expresión y la aplicación de los criterios vertidos en esta sentencia, con la finalidad de que cada acto del poder público, administrativo, legislativo o jurisdiccional sea compatible con la libertad de expresión.

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Organizaciones de la sociedad civil ecuatoriana y líderes de opinión, cuya causa común es la defensa de los Derechos Humanos, remitieron una carta a los embajadores representantes ante la Organización de Estados Americanos (OEA). El documento cuestionó, con la debida justificación, la candidatura impulsada por la Cancillería ecuatoriana del actual presidente de la Corte Constitucional, Dr. Patricio Pazmiño, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En la misiva los firmantes expresaron que la candidatura de Pazmiño para la Corte Interamericana de Derechos Humanos representa una amenaza para la protección de Derechos Humanos en la Región pues el candidato ha sido incondicional del poder ejecutivo ecuatoriano presidido por Rafael Correa, cuya administración ha sido especialmente activo en acciones para debilitar el Sistema Interamericano de DDHH, tal como lo explicitó recientemente durante la Cumbre de las Américas realizada en Panamá, así como en el informe a la Nación, del pasado 24 de mayo de 2015.

Las organizaciones de la sociedad civil ecuatoriana cuestionan la idoneidad de la candidatura de Pazmiño por no tener una trayectoria destacada en el mundo académico, de servicio público ni haber realizado acciones relevantes en el campo de la defensa de los derechos humanos en el Ecuador.

Los firmantes recapitulan en la carta que durante el paso de Pazmiño por la Corte Constitucional ha firmado una serie de sentencias que violan flagrantemente la Convención Americana de DDHH, como el avalar una Ley de Comunicación que unánimemente ha sido señalada como violatoria de los principales instrumentos de protección de la libertad de prensa o sentencias donde se convierte al Estado en titular de Derechos HUmanos que corresponden a las personas, tal como sucedió en la sentencia que revirtió la sentencia favorable a la dirigente gremial Mery Zamora, entre muchas otras.

Por ello concluyen que elegir a Pazmiño, como magistrado de la Corte IDH significaría dar paso a la estrategia que el gobierno ecuatoriano se trazó contra el Sistema Interamericano de DDHH, desde hace varios años.

Lea la carta completa

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“Continuar trabajando con profesionalismo, equilibrio y equidad” es la respuesta que dan algunos editores de noticias de los principales medios privados ecuatorianos para afrontar, durante períodos electorales, las posibles limitaciones al trabajo periodístico.

Al respecto, el magistrado Luis Yúnez, encargado de tramitar las acciones de inconstitucionalidad en contra de las reformas que establecen la censura previa al trabajo de comunicadores, durante procesos electorales, se pronunció cuestionando su legalidad. Estas reformas fueron introducidas, a través de un veto presidencial, al llamado «Código de la Democracia».

Estas restricciones se ponen en vigencia luego de que la Corte Constitucional decidió, el pasado 12 de julio, levantar las medidas cautelares que suspendían la aplicación de las reformas a los artículos 203 y 207 de la Ley Orgánica Electoral, conocida como Código de la Democracia, que establece -entre otras cosas- la prohibición a los medios de comunicación de hacer «promoción directa o indirecta, ya sea a través de reportajes, especiales o cualquier otra forma de mensaje, que tienda a incidir a favor o en contra de determinado candidato, postulado, opciones, preferencias electorales o tesis política».

Mientras la Corte Constitucional decide la legalidad del veto presidencial, las redacciones de los principales medios del país tienen clara una cosa: seguir informando al público de la mejor manera posible, pese a los inminentes obstáculos a la labor periodística y el control de lo que se dice en los medios.

Para Miguel Rivadeneira, director de noticias de Ecuadoradio, lo mejor que pueden hacer los medios en estos momentos es actuar con profesionalismo. En su caso, asegura que seguirán planificando entrevistas profesionales como lo han hecho en todos los procesos electorales y continuarán armando debates para que sea el público el que analice, se informe y, libremente, ejerza su voto sin ningún tipo de inducción.

“Seguiremos en esta actitud profesional que esperamos no afecte, porque nuestra tarea es con los oyentes, que necesitan tener la más amplia y variada información para hacer un juicio de valor a cabalidad para pronunciarse libremente en las urnas”, apuntó el periodista, para quien resultaría inadmisible e inconstitucional recibir una sanción por tratar de llevar información útil a los radioescuchas.

Este criterio coincide con el de Carlos Rojas, editor de política de diario El Comercio, quien considera que “hacer un buen periodismo es la receta para evitar cualquier tipo de menoscabo. Si el menoscabo sigue, la sociedad civil y nuestros lectores se darán cuenta de cómo nos afectan en nuestro derecho de informar”.

Para Rojas, El Comercio tiene una tradición de pluralismo en épocas electorales y este nuevo período no va a ser la excepción, pues tienen claro que tratarán de ser lo más equilibrados y equitativos posible. “Ni se ha jugado por un determinado candidato, ni se le ha dado más importancia a uno que al otro (…) Deberíamos rescatar lo que siempre hemos hecho, ser objetivos”, dice.

“El Gobierno tratará de arrinconar a la prensa privada de alguna forma. Lo que pasó con las sanciones que se quisieron imponer a la revista Vistazo y a diario Hoy en la campaña de mayo 2011 demostró que hay la posibilidad de que existan recursos legales para complicar a la prensa privada y -desde ese punto de vista- vamos a tener que trabajar con mucho profesionalismo”, apunta el editor.

Jorge Iván Melo, director regional de noticias en Teleamazonas, comenta sentirse preocupado con las posibles restricciones que tendrán los medios en la cobertura electoral y, sobretodo, el cómo se determinarán y regularán las posibles sanciones. No obstante, afirma que su estrategia será seguir entrevistando a los candidatos con la mayor pluralidad posible. “No nos alineamos a ningún candidato, hay que ser cuidadosos y equitativos en el tiempo en que se da a cada aspirante”.

En este sentido, Luis Vivanco, jefe de información de diario La Hora, confiesa que aún están estudiando qué posición tomar en la línea informativa ante este “nuevo cerco a la libertad de prensa”. “Es un asunto que habrá que manejar con cuidado y que, seguro, no aplicará para medios de gobierno. Tendremos que tomar una decisión cuando la Corte Constitucional ya bendiga el veto presidencial. Será difícil, porque es difícil ejercer libre información cuando te arman una jaula legal”, comenta Vivanco.

Pese a los cuestionamientos recibidos al veto presidencial, por restringir la libertad de expresión, el presidente Rafael Correa ha insistido en que el llamado Código de la Democracia no prohíbe a los medios de comunicación hacer entrevistas o reportajes a determinados candidatos en la próxima campaña electoral.

En una reciente entrevista ofrecida en el set de Canal 6, en Babahoyo, aseguró que “quienes andan diciendo que están prohibidas las entrevistas les están mintiendo (…) Lo que no pueden hacer es campaña a favor de un determinado candidato, porque eso no es democrático”, insistió el Jefe de Estado.

Dudas por la aplicación de la norma tras levantamiento de medidas

El 7 de febrero de 2012, Fundamedios, AEDEP, las Clínicas Jurídicas de la Universidad San Francisco y los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita presentaron una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma a la Ley

Orgánica Electoral, cuya aplicación se mantuvo suspendida durante casi cuatro meses, gracias a las medidas cautelares que fueron otorgadas el pasado 6 de marzo. Sin embargo, surgen cuestionamientos y dudas tras la revocatoria de las mismas.

Para Medardo Oleas, exvicepresidente del ahora extinto Tribunal Supremo Electoral, “lo que hizo la Corte Constitucional al revocar las medidas cautelares es una abierta violación a las normas que rigen la tramitación de las demandas de inconstitucionalidad y, al haber tomado esa resolución inconsulta, están anticipando criterios”.

El 4 de enero de 2012, el Presidente de la República envío a la Asamblea Nacional su objeción parcial al Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código de la Democracia, estableciendo restricciones al trabajo periodístico de cara a la campaña para las elecciones de 2013.

Entre las reformas que introdujo el Mandatario está la prohibición a los medios de comunicación para hacer «promoción directa o indirecta, ya sea a través de reportajes, especiales o cualquier otra forma de mensaje, que tienda a incidir a favor o en contra de determinado candidato, postulado, opciones, preferencias electorales o tesis política», así como la prohibición a los medios de difundir «cualquier tipo de información dispuesta por instituciones públicas y la difusión de publicidad electoral, opiniones o imágenes…» durante la veda electoral, es decir 48 horas antes del día del plebiscito hasta las 17:00 del día de los comicios.

El incumplimiento de estas normas constituirá una infracción electoral sancionada con multa de cincuenta a cien mil dólares, según establece el artículo 277 de dicho Código.

Magistrado que conoció la causa pidió que se declaren inconstitucionales las reformas electorales

El martes 17 de julio, el magistrado Luis Yúnez, encargado de tramitar las acciones de inconstitucionalidad en contra de las reformas a los artículos 203 y 207 del Código de la Democracia -que establecen la censura previa al trabajo de periodistas y comunicadores durante procesos electorales- presentó su ponencia en la cual concluye que debe declarase la inconstitucionalidad de todas las reformas introducidas por el Presidente de la República a dicho código.

Para el magistrado, las reformas introducidas por el Ejecutivo vulneran el derecho de los periodistas a ejercer su trabajo y despojan a la ciudadanía de su derecho a recibir información que le ayude a formarse una idea completa sobre quienes aspiran a llegar al Gobierno. Afirma que sostener que los medios de comunicación pueden promover determinada preferencia electoral, como indica el Ejecutivo, contradice lo expresado en la audiencia pública por el propio abogado de la Presidencia de la República, quien señaló “que los medios de comunicación tradicionales no hacen la opinión pública”, puesto que han sido desplazados por los medios virtuales.

Yúnez aclara que la hipótesis de considerar que una entrevista o reportaje induce a los ciudadanos a votar por el “candidato de los medios” -a los que sin la más remota prueba se los acusa semanalmente de “corruptos”- implica despreciar la inteligencia de los ecuatorianos.

El juez coincide con el Primer Mandatario cuando expresa que hay periodistas de medios independientes que invitan a un determinado actor político para entrevistarlo y luego permiten un monólogo de parte del entrevistado; cree que si bien es un acto que se debe rechazar, lo mismo ocurre con los periodistas que laboran en medios incautados y en canales estatales: de ninguna manera deben estar al servicio de algún partido político. No obstante, esto forma parte de la ética profesional y no por ello se justifica la intromisión directa del Estado en la comunicación social.

Dentro de las limitaciones constitucionales a la facultad de colegislador del Presidente de la Republica está la prohibición expresa de incluir materia no contemplada en el proyecto; en este caso, la reforma al Código de la Democracia no hace referencia a los medios de comunicación, por lo tanto, el Presidente no podía plantear ni redactar reforma alguna, pues en procedimiento legislativo solamente se reforma lo que previamente se propone.

En este sentido, el magistrado aclara que la propia Asamblea reconoció la violación del Art. 138 de la Constitución, alegando que el Ejecutivo abandona el ámbito de la regulación del artículo, ya que no se refiere a entidades públicas sino a medios de comunicación.

Para Luis Yúnez, la reforma planteada viola los principios básicos para la existencia de una sociedad democrática: la libertad de expresión y la garantía de los ciudadanos de no ser impedidos de acceder al libre flujo de la comunicación. Mientras los medios de comunicación independientes estarán obligados a callar en la etapa crucial de las elecciones, el partido que maneja el Estado sí podrá hacer propaganda, alegando que se trata de informes al país de las obras en beneficio de los pobres. “No solo se anticipa el ganador sino que de la manera en que lo hace es inconstitucional, vergonzoso y sin validez jurídica alguna”.

La reforma planteada viola tratados internacionales de derechos humanos como el Art. 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que señala que: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras” y el Art. 13, numeral 3 del Pacto de San José: “No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”.

En este sentido, Yúnez estima que es “una clara interferencia del Ejecutivo”, carente de justificativos constitucionales y legales en derechos humanos garantizados no solo para los comunicadores sociales y los medios a los que pertenecen.

Haciendo referencia al caso El Universo, aclara que las expresiones de un periodista, aunque disgusten a un gobernante, pueden ser merecedoras de la desaprobación social pero no de caer en sentencias vergonzosas que además condenan al medio de comunicación por un artículo de opinión. Un presidente, funcionario de altísima investidura, “debe aprender a ser tolerante con las alabanzas que le rinden sus simpatizantes, pero debe saber digerir incluso la crítica de otro sector que disiente”.

El magistrado argumentó su posición, citando al jurista italiano Ferrajoli, quien señaló que “nunca como hoy el ser humano se encuentra más despojado de su dignidad por gobiernos que confunden vigencia con validez constitucional y que se sienten justificados de hacer lo que les parece porque tienen un temporal respaldo de las masas”.

Explica que el temor de diversos sectores, que por el simple hecho de no coincidir con el Presidente pueden ser despojados de sus derechos, es que se intentaría en la práctica “impedir que otro aspirante a Carondelet pueda dar a conocer libremente su proyecto presidencial a través de los medios de comunicación independientes”, puesto que consideran que no tendrán cabida en “los numerosos medios de comunicación incautados y que lejos de ser medios públicos son parlantes y militantes gobiernistas”.

Según Yúnez, para el Ejecutivo la libertad de expresión pertenece a los ciudadanos y no a los medios, pero se pregunta por medio de quién fluyen las noticias de interés general y finaliza sus cuestionamientos anotando que la Corte Interamericana ha enfatizado que la libre expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad civilizada que se inclina reverente ante la democracia. Es indispensable para la formación de la opinión pública, por consiguiente, una sociedad que esté bien informada, de lo contrario no es plenamente libre.

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Los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, César Ricaurte, Director Ejecutivo de Fundamedios, Diego Cornejo Menacho, Director Ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP); DanielaSalazar, Juan Pablo Albán y Farith Simon, profesores de la Universidad San Francisco de Quito y los estudiantes de derecho de la USFQ; Emilia Carrasco, Nicolás Lasso y María Nazaret Ramos, solicitaron, hoy, ante el pleno de la Corte Constitucional, que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 203, numerales 1 y 4, y 207 numeral primero de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas (Código de la Democracia).

Con ello se ratificaron en los argumentos presentados en la demanda de inconstitucionalidad, respecto a los artículos mencionados que establecen la censura previa al trabajo de periodistas y comunicadores durante períodos electorales y que son contrarios a la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos de los que Ecuador es signatario.

Uno de ellos es el artículo 203, numeral 1 del Código de la Democracia, que establece excepciones a la prohibición de publicidad o propaganda de las instituciones del Estado en todos los niveles de gobierno durante la campaña electoral.

De acuerdo con el alegato presentado, “al permitir que las instituciones del Estado difundan información sobre programas o proyectos que estén ejecutándose durante la campaña electoral, se está permitiendo publicidad gubernamental, lo cual es expresamente contrario a la Constitución”.

Respecto a la incostitucionalidad del numeral 4 del artículo 203 del Código de la Democracia que establece que “los medios de comunicación social se abstendrán de hacer promoción directa o indirecta (…) que tienda a incidir a favor o en contra de determinado candidato”, el alegato menciona que “esta norma constituye una forma de censura previa, y por tanto una clara vulneración al derecho de libertad de expresión” ya que, no solo exige a los medios de comunicación abstenerse de transmitir información que se relacione con el proceso electoral, sino que al mismo tiempo restringen la posibilidad de que la ciudadanía acceda o reciba información relevante en un proceso electoral.

Dentro de este numeral, también se establece la prohibición, durante campaña electoral, de la contratación y difusión de propaganda por parte de sujetos de derecho privado, en medios de comunicación. Sobre ello, se cuestiona que al extender el alcance de la norma para incluir a los sujetos de derecho privado en una prohibición destinada a los sujetos políticos, la norma mencionada “se burla completamente de la norma constitucional y establece una restricción ilegítima a la libertad de expresión”.

Esta demanda de incostitucionalidad es una de las cinco demandas que la Corte Constitucional deberá resolver en contra de las reformas al Código de la Democracia, que fueron observadas por el presidente Rafael Correa.

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La Unión Nacional de Periodistas (UNP), la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios),  la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP), junto a profesores y estudiantes de la Universidad San Francisco de Quito, pidieron este martes 24 de abril al juez Alfonso Luz Yúnez, magistrado de la Corte Constitucional (CC), que declare la inconstitucionalidad de las reformas electorales que limitan el trabajo de los periodistas en elecciones.

Los representantes de estas organizaciones estuvieron en la sala de audiencias de la Corte Constitucional, donde  también se dieron cita representantes de la Presidencia de la República, de la Asamblea Nacional y de la Procuraduría General del Estado. Asimismo participaron asambleístas de diversos sectores políticos que impugnaron la forma de repartición de escaños determinada en la reforma electoral.

El magistrado  Yúnez, quien escuchó todos los alegatos, será el encargado de emitir un informe sobre el caso que pasará al pleno del organismo de control para su resolución.

De su parte, a través de un boletín de prensa, el Foro de Periodistas del Ecuador (FOPE) reiteró su pedido a la CC de declarar la inconstitucionalidad de la reforma electoral que restringe el trabajo de los periodistas en elecciones. Con las firmas de 224 periodistas, el FOPE expuso en enero pasado la preocupación de que la reforma electoral produzca una prensa silenciada durante la campaña y afecte seriamente el derecho de los ciudadanos a tener los elementos informativos necesarios que le permitan tomar decisiones en democracia.

Las organizaciones periodísticas impugnan especialmente el artículo 203 del Código de la Democracia, numeral 4, que establece que «los medios de comunicación se abstendrán de hacer promoción directa o indirecta , ya sea a través de reportajes, especiales o cualquier otra forma de mensaje , que tienda a incidir a favor o en contra de determinado candidato, postulado, opciones, preferencias electorales o tesis política”.

Durante su intervención Vicente Ordóñez, presidente de la UNP, recalcó que la reforma electoral promueven la censura previa, lo que atenta contra la Constitución Política. “Esta reforma no afecta a los medios de comunicación social ni a los propietarios, sino a los ciudadanos”, cuestionó.

De inmediato tomó la palabra Santiago Guarderas, abogado de la UNP, quien tras un análisis legal de las normas impugnadas, reiteró  que éstas impiden que los medios de comunicación puedan informar sobre cualquier candidato de forma libre y responsable.  “Una sociedad mal informada no es plenamente libre”, sostuvo.

De su parte, la abogada de la Universidad San Francisco de Quito, Daniela Salazar, a nombre de César Ricaurte de Fundamedios, Diego Cornejo de la AEDEP, los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita,  explicó que  las normas impugnadas establecen la censura previa al trabajo de los periodistas y comunicadores durante períodos electorales y que son contrarios a la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos de los que el país es signatario.

“En una democracia es indispensable que los ciudadanos puedan opinar, debatir y ser informados con la mayor libertad de todos los aspectos relacionados con el proceso electoral sin temor a ser sancionados por ello”, explicó Salazar, quien pidió a los magistrados hacer prevalecer a la libertad de expresión como derecho humano fundamental.

En una breve intervención César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, destacó el rol que tiene el periodismo en una democracia y dijo que para ejercer su papel el periodismo no puede ser controlado por el gobierno. “Solo una prensa libre puede contribuir a una libertad individual en una sociedad”, señaló.

Finalmente intervinieron Pablo Vásquez, a nombre de la Asamblea; Vicente Terán, subsecretario jurídico de la Presidencia de la República; y Andrés Castillo, de la Procuraduría del Estado. Vicente Terán explicó que lo único que pretende el veto presidencial es que todos los ecuatorianos tengan derecho a acceder a una información, veraz, completa y oportuna también fundamentos para la democracia. Sostuvo que se quiere poner fin a las “infidencias perniciosas” de medios de comunicación convertidos en actores políticos.

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La Corte Constitucional (CC) dispuso hoy, mediante medidas cautelares, la suspensión de las reformas a los artículos 203 y 207 del denominado Código de la Democracia que establecían la censura previa al trabajo de periodistas y comunicadores durante períodos electorales, tras la acción de inconstitucionalidad presentada por Fundamedios, AEDEP, las Clínicas Jurídicas de la Universidad San Francisco y los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita el pasado 7 de febrero.

La sala de admisión conformada por los doctores Alfonso Luz Yunes, Fabián Sancho Lobato y Patricio Herrera Betancourt decidió por mayoría, tras haber analizado la acción y constatado que “está debidamente sustentada” admitirla a trámite. Dispuso además como medida cautelar “la suspensión de las normas impugnadas ya que al estar vigentes se está atentando constantemente con lo previsto en la Constitución de la República.”
Las reformas a los artículos 203 y 207 inciso quinto de la Ley Reformatoria a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, entraron en vigencia tras la publicación del Segundo Suplemento del Registro Oficial N° 634 el pasado 6 de febrero del 2012.En la providencia se dispone además comunicar de la resolución al Presidente del Consejo Nacional Electoral, para que dicho organismo “se abstenga de aplicar las normas sobre las que se ha dispuesto su suspensión como medida cautelar”, así como notificar lo resuelto a los señores “Presidente de la Asamblea Nacional, Presidente Constitucional de la República y Procurador General del Estado a fin de que intervengan, defendiendo o impugnando la constitucionalidad de las normas demandadas, en el término de quince días”.

De igual manera se solicita el Secretario de la Asamblea Nacional remita “el expediente con los informes, las actas de sesiones, el veto parcial y demás documentos que dieron origen a la norma” así como que se ponga en conocimiento del público “la existencia del proceso a través de la publicación de un resumen completo y fidedigno de la demanda en el Registro Oficial y el portal electrónico de la Corte Constitucional”.

En la acción de inconstitucionalidad se argumenta que los reformados artículos 203 y 207 del Código de la Democracia contrarían la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos firmados y ratificados por Ecuador.

Los accionantes consideran que la reforma atenta contra el derecho a la libertad de expresión y opinión, el derecho a la comunicación e información, y el principio de igualdad.