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En abril de 2018 se conformó el Equipo de Seguimiento Especial (ESE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Su objetivo: investigar y esclarecer el asesinato del equipo de Diario El Comercio en la frontera colombo-ecuatoriana.

Esto, tras el pedido explícito de los familiares de Javier Ortega, Efraín Segarra y Paúl Rivas, Fundamedios y la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip-Colombia). El pedido era saber qué sucedió con el reportero, fotógrafo y conductor que fueron secuestrados y asesinados entre marzo y abril de 2018, a manos del Frente Óliver Sinisterra (FOS), disidencia de las FARC. Este grupo narcoterrorista estaba liderado por Walter Arízala Vernaza, ‘Guacho’, quien habría sido ultimado por las fuerzas militares de colombianas el 21 de diciembre de 2018.

El ESE tenía como propósito monitorear los avances de la investigación, atender integralmente a los familiares de las víctimas y velar por el cumplimiento de las obligaciones estatales sobre acceso a la información del caso. Para ello, realizó dos visitas oficiales a Ecuador, del 25 al 27 de julio de 2018 y del 22 al 24 de noviembre de 2018. 

En Ecuador se reunió con autoridades estatales, monitoreó las diligencias desarrolladas por la Fiscalía General del Estado (FGE) y el material probatorio, tanto de las actuaciones relacionadas al secuestro y posterior asesinato de los periodistas, así como del expediente en que se investiga al FOS. También se reunió con autoridades colombianas en septiembre de 2018.

El ESE accedió a información aportada por las fiscalías de ambos países, las fuerzas de seguridad interior y fuerzas armadas; así como de organizaciones de la sociedad civil, periodistas y los familiares de los fallecidos.

El 19 de noviembre de 2019, el ESE presentó el informe final con anexos a la CIDH. Fundamedios ha reconstruido una línea de tiempo desde la conformación de este equipo de trabajo hasta la entrega de las observaciones finales respecto al asesinato de Javier, Efraín y Paúl. Este 12 de diciembre, el organismo internacional revela su aporte para alcanzar verdad, justicia, reparación y no más repetición:

 

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Incentivar a la sociedad civil, a los periodistas y a los medios de comunicación a denunciar la denegación de acceso a la información pública es el objetivo de la campaña #LaInfoEsTuya. Desde este 4 de diciembre, FUNDAMEDIOS registrará los casos en que se desde el sector público se ha vulnerado este derecho.

 

Para lograrlo, se habilitó un formulario en línea que integra seis preguntas básicas. A través de las respuestas que se obtengan, se visibilizarán las restricciones que enfrenta la ciudadanía en general en el momento de obtener información. Dichos obstáculos obstaculizan la consolidación de un sistema democrático y la lucha contra la corrupción.

 

El artículo 91 de la Constitución protege el libre ejercicio de este derecho. “La acción de acceso a la información pública tendrá por objeto garantizar el acceso a ella cuando ha sido denegada expresa o tácitamente, o cuando la que se ha proporcionado no sea completa o fidedigna. Podrá ser interpuesta incluso si la negativa se sustenta en el carácter secreto, reservado, confidencial o cualquier otra clasificación de la información. El carácter reservado de la información deberá ser declarado con anterioridad a la petición, por autoridad competente y de acuerdo con la ley”.

 

Además, la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lotaip) determina que “el acceso a la información pública es un derecho de las personas que garantiza el Estado”.

 

Durante el segundo semestre de 2018, se han expuesto obstáculos en el acceso a la información pública, que recaen en responsabilidad de los distintos ministerios del poder Ejecutivo, miembros del poder judicial y funcionarios en general. Medios como diario El Universo han denunciado el atropello a este derecho, al solicitar información a la empresa pública TAME. Lo mismo ocurrió con la Comisión Anticorrupción del Guayas, quienes hasta el momento no pueden obtener datos de la Fiscalía.

 

Los servidores públicos no son dueños de la información, sino custodios. Aquellos funcionarios que nieguen el acceso pueden enfrentar sanciones administrativas e incluso la destitución.