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Los datos son contundentes. 2019 es el año más violento contra la prensa de lo que va la administración del presidente Lenín Moreno

Son 212 ataques contra la libertad de expresión y 373 medios, periodistas y trabajadores violentados. Para encontrar un número de agresiones equiparable hay que retroceder a 2014, al régimen de Rafael Correa cuando el aparato estatal de represión y persecución contra la prensa funcionaba a pleno. 

Fundamedios reportó un preocupante incremento de 47% de agresiones a la prensa. Pero quizás, la situación más llamativa de 2019 no es la cifra de agresiones en sí misma, sino el hecho de que entre enero y septiembre se reportaron 78 alertas, durante el mismo periodo de 2018 se emitieron 122. Es decir, se había producido una disminución del 56% en el número de agresiones.  La situación dio un giro de 180 grados en los 12 días de octubre que duró el paro nacional en rechazo a la eliminación del subsidio a la gasolina.

En ese contexto se contabilizaron 116 incidentes violentos que dejaron un saldo de 138 periodistas y trabajadores de la comunicación agredidos, 32 en un episodio de retención o secuestro masivo en un ágora de Quito. Así mismo, se reportaron 97 ataques contra las oficinas e infraestructuras de canales de televisión, prensa y estaciones radiales. Algunas tan graves como el intento de incendio de Teleamazonas. El 74% de todos los ataques contra las sedes se produjo en los mismos 12 días de octubre.

Desde 2007, año del primer registro de agresiones contra la prensa por parte de Fundamedios, no se había reportado tantos ataques reiterados a la infraestructura de los medios de comunicación como sucedió en esos días críticos. También en ese contexto, el hecho más grave por la magnitud de la afectación del derecho a la información de los ciudadanos fue el ataque a las antenas de transmisión en el cerro Pilisurco, provincia de Tungurahua (sierra norte) que dejó fuera del aire a 65 estaciones radiales y televisivas de las provincias de Tungurahua y Chimborazo y a un número todavía no contabilizado en Cotopaxi. Esto se traduce en que se afectó a 963.573 personas que viven en la Sierra Central de Ecuador. A esto se suma el desalojo de periodistas y empleados de la sede de Ecuavisa, El Universo y Medios Públicos, en la capital, por advertencias de ataques a sus instalaciones. Además se incluye la salida del aire de Radio Pichincha Universal una decisión administrativa arbitraria.

El incremento en el número de agredidos es alarmante. Se pasó de 151, en 2018 a 373, en 2019. Se trata de 222 agredidos más en loInforme FDM EC 2019 (2)s últimos 12 meses: un aumento del 247%

Cuando Lenín Moreno llegó al poder, en mayo de 2017, se dio un giro de 180 grados en la actitud presidencial hacia la prensa: se acabaron las cadenas nacionales llenas de discurso de odio, el acoso sistemático y asfixiante ejecutado a través de la Superintendencia de la Información y Comunicación, terminaron los juicios contra periodistas con sentencias dictadas en medio de las sabatinas.  Pero, en materia de las obligaciones estatales para la garantía, protección y goce de los Derechos Humanos las buenas intenciones o el dejar de practicar la persecución y acoso estatal no bastan. 

Hay que adoptar políticas para obtener avances activos y reales porque las amenazas del pasado están al acecho y listas para atacar en cualquier momento. Y eso es precisamente lo que está sucediendo. Las cifras no mienten, menos los hechos. Un año que debía terminar con una reducción de más del 50% en las agresiones contra la prensa, termina con un incremento del 47%.

Informe completo 

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La mañana de este 20 de febrero, el presidente Lenín Moreno firmó la Declaración de Chapultepec. El documento, adoptado por la Conferencia Hemisférica sobre Libertad de Expresión en Ciudad de México, en 1994, consagra la existencia de una prensa libre como “condición fundamental para que las sociedades resuelvan sus conflictos, promuevan el bienestar y protejan su libertad”. También manifiesta que no debe existir ninguna ley o acto de poder que coarte la libertad de expresión o de prensa. ‘pl

A la firma también asistieron el vicepresidente Otto Sonnenholzner, y María Elvira Domínguez, presidenta de la Sociedad interamericana de Prensa (SIP), quien expresó que desde que Moreno asumió las riendas de Ecuador, es un país diferente, tolerante y democrático. “Felicito profundamente la reforma a la Ley Orgánica de Comunicación y la eliminación de la Superintendencia de Comunicación. Esperamos que el Cordicom respete los derechos de los medios y comunicadores”, dijo.

El Presidente ecuatoriano expresó su convicción y compromiso para crear un país libre que respete los derechos de los periodistas y de los ciudadanos de expresarse sin miedo a los ataques y censura. “Las puertas de un gobierno nunca deben cerrarse a los trabajadores de la prensa. Estamos aquí para facilitar el trabajo de los comunicadores en la tarea noble que tienen de llevar la verdad a los ciudadanos independientemente de que nos guste o no” expresó.

La Declaración de Chapultepec es un decálogo de principios y que busca ratificar la democracia, libertad de expresión y de prensa en el continente americano. Ha sido firmado por más de 70 jefes de Estado de América.

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Hace ocho meses, el Gobierno de Lenín Moreno remitió un proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC). Uno de los dispositivos más sofisticados que había construido el régimen autoritario de Rafael Correa para tratar de acallar al periodismo libre, arrinconar a las empresas mediáticas, evitar cualquier tipo de investigación sobre la corrupción y construir un relato único acerca de la trascendencia mesiánica de su personalidad.

Era ineludible, entonces, para un Gobierno que inició un camino complejo de transición hacia la democracia, desmontar la principal herramienta para el cercenamiento de las libertades y derechos fundamentales.

El camino elegido fue la presentación de un paquete de reformas en las cuales FUNDAMEDIOS y varios sectores de la sociedad civil trabajamos conjuntamente con técnicos del Gobierno, asambleístas y sus asesores pensando en contar con una legislación que cumpla con los estándares internacionales.

Durante el tratamiento de la Ley nos unimos a otros sectores de la sociedad, la Asamblea y el Ejecutivo en la organización de diálogos, foros, talleres, mesas de trabajo para convertir las reformas en un debate social amplio que saliera del Palacio Legislativo.

Por ese esfuerzo desplegado, nos congratulamos con las reformas aprobadas la noche de este 18 de diciembre. Como país hemos podido desmontar el sistema punitivo más represivo de la Región en materia de libertad de prensa. Eso es, básicamente, el gran logro de estas reformas.

Sin embargo, creemos que aún no se cumple plenamente el objetivo de respetar integralmente los estándares internacionales en materia de libertad de expresión. Hay mucho por hacer e invitamos a todos los sectores democráticos del país: a medios de comunicación comunitarios, públicos y privados, a periodistas, sus agrupaciones y gremios, a la sociedad civil, a la academia y a las instituciones estatales del Ejecutivo, Legislativo y operadores de Justicia para unir esfuerzos y avanzar en la implementación de la nueva Ley de Comunicación vía la construcción de sólidos sistemas de autorregulación.

Al tener en mente la nefasta experiencia que significa entregar a los gobiernos la potestad de decidir sobre la calidad y contenidos del periodismo, debemos responder a las expectativas de los ciudadanos sobre la calidad, transparencia y capacidad de diálogo social de los medios.

Debemos, al mismo tiempo, trabajar con jueces y fiscales para que puedan tener la capacidad de aplicar los estándares internacionales. Debemos aportar en la revisión de los procesos de la Superintendencia de la Información y la Comunicación (Supercom) para decir “nunca más” abusar de las leyes para violar derechos y libertades. Debemos avanzar en un mecanismo efectivo de protección al trabajo periodístico. Hay muchas cosas por hacer.

Al mismo tiempo, es preciso observar que hay varias reformas legales más que se deben afrontar para desmontar del todo el régimen autoritario: Ley de Elecciones, Ley Antimonopolio, Ley de Participación Ciudadana, Código Penal. Y avanzar en normativas vitales como la de Medios Públicos, Publicidad Oficial, Protección de Datos Personales, Acceso a la Información.

El 18 de diciembre supone un hito que nos llena de satisfacción, pero la tarea es aún larga y estamos decididos a aportar desde todas las perspectivas.

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El pasado 24 de octubre, Santiago Cuesta, consejero gubernamental; y Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas; participaron en el espacio radial Revista Informativa Democracia, conducido por Gonzalo Rosero. En una de sus intervenciones, a propósito de distintas interrogantes, Cuesta se refirió despectivamente a los cuestionamientos de una periodista de quien no mencionó nombre, ni medio: “Ayer veía a una periodista que decía ‘por qué se gasta plata en el tren playero, es algo superflúo, que no debería poner un centavo el Estado’. A esa periodista le contesto: por amor de Dios, no sea retrasada mental, no existe inversión del Estado, esto es una concesión, el que invierte es el empresario privado…”.

Este 30 de octubre, dichas declaraciones se viralizaron a través de redes sociales y generaron reacciones de activistas, líderes de opinión y periodistas. Desde FUNDAMEDIOS rechazamos la descalificación del funcionario, la cual constituye la primera agresión a un periodista desde la Presidencia de la República durante el Gobierno de Lenín Moreno, luego de 10 años en que el expresidente Rafael Correa fue el principal agresor en contra de la prensa.

Es preciso recordar que, el pasado 23 de agosto, durante la visita del relator especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Édison Lanza, el presidente Moreno afirmó que actualmente se vive «un ambiente de respeto a la libertad de expresión, de respeto a la gestión y trabajo de los medios de comunicación, que son fundamentos básicos, esenciales de un sistema democrático». Un mes después, el 24 de septiembre, la Defensoría del Pueblo pidió disculpas públicas por las más de 2400 agresiones contra la libertad de expresión por el hostigamiento y persecución sistemática durante el gobierno de Rafael Correa. Lo dicho por Santiago Cuesta contradice lo expuesto por el Primer Mandatario y la política que intenta instaurar, en ruptura con lo que representó su antecesor, durante una década.

FUNDAMEDIOS, en coherencia con el mandato de los estándares internacionales, considera que el momento que se viola la libertad de expresión, se permite que se viole el resto de Derechos Humanos. Esperamos el pronunciamiento respectivo desde el Gobierno, tras las expresiones de su Consejero.

En mayo pasado, Moreno creó la Consejería de Gobierno para el mejoramiento de la eficiencia y optimización del Estado, a través del Decreto Ejecutivo 417. Las atribuciones de Santiago Cuesta son: asesorar en la optimización estratégica del Estado, dar seguimiento al cumplimiento del programa de austeridad fiscal, recomendar acciones para el mejoramiento de la eficiencia del Estado y la reducción de trámites.

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Al finalizar su visita a Ecuador, el relator para la Libertad de Expresión y Opinión de las Nacionales Unidas, David Kaye, emitió sus observaciones sobre la evaluación realizada a la situación en el país.

El experto saludó la intención del Gobierno de garantizar la libertad de expresión y de prensa, al haber analizado la visión que tienen el Ejecutivo y la Asamblea Nacional sobre este derecho y qué están haciendo para promoverlo y protegerlo. Sin embargo, señaló que este solo es el inicio de una reforma integral en aspectos civiles y legales.

Para ello, destacó áreas específicas en que se debe trabajar. Entre ellas sobresalen el eliminar las barreras que existen en la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) y el Código Integral Penal (COIP) que menoscaban la libertad de expresión como por ejemplo el linchamiento mediático, la Supercom y la criminalización del insulto y la difamación.

“Es importante que el Gobierno esté pendiente respecto a la legislación que involucre a la libertad de expresión y debe fomentar el pluralismo en los medios de comunicación del país”, resaltó.

Kaye manifestó que se deben promover las radios comunitarias, asegurar que los concursos de frecuencias sean transparentes, estén disponibles para los diferentes tipos de medios con criterios específicos y diferenciados para cada uno. “Al entregar frecuencias a los medios comunitarios estas deben ser sustentables, eso significa que se debe contar con entrenamiento y respaldo económico”.

Respecto a la división de las frecuencias del espectro radioeléctrico, el Relator resaltó que es necesario tener en cuenta que el concepto de medios públicos no es el mismo que medios oficiales o estatales. “Se debe realizar una división del espectro que se ajuste al interés de la gente”.

Otra de las áreas se centra en el acceso a la información pública. Kaye aseguró estar consciente de que no es fácil para los periodistas obtener información desde el Gobierno. Indicó que el Ejecutivo está dispuesto a cambiar esta situación. “Sabe que hay problemas con los medios de comunicación y están haciendo lo posible para solucionarlos, esto es esencial para los periodistas que investigan corrupción”.

En referencia a la seguridad de periodistas, resaltó que el Gobierno debe garantizar protección a los comunicadores, que tengan acceso a la información, enfatizar el rol que cumplen en la sociedad al brindar información y hacer que personas en posición de poder rindan cuentas.

Por último, se refirió a la seguridad digital. El Relator indicó que es imprescindible que los periodistas cuenten con herramientas de encriptación de datos y se trabaje en una ley de protección personal de datos.

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Losqueremosdevueltaya

FUNDAMEDIOS, FLIP.

Nueve horas después de que los gobiernos de Ecuador y Colombia conocieran tres fotografías explícitas, las declaraciones públicas de las autoridades de ambos países no son concluyentes sobre la situación del equipo periodístico ecuatoriano.

En una rueda de prensa concedida en Ecuador, el presidente Lenin Moreno anunció que daba un plazo de 12 horas para recibir pruebas de supervivencia del equipo de El Comercio secuestrado hace 18 días en la frontera colomboecuatoriana. Luego de ese plazo, anunció “acciones contundentes” contra el grupo ilegal.

FUNDAMEDIOS y la FLIP advierten a las autoridades de ambos países que hasta que no se confirme que estas personas se encuentran sin vida, iniciar una acción militar va en contra de las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En estas circunstancias, un plazo de 12 horas solo expresa incertidumbre y falta de control frente a la situación. FUNDAMEDIOS y la FLIP lamentan que las autoridades de los dos gobiernos no puedan aportar pruebas contundentes sobre la situación y paradero de los periodistas.