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Ecuador, 6 de julio de 2020.- Cinco expertos fueron invitados a la VII mesa de trabajo sobre el proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos, organizada por la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional. Para los ponentes, el éxito del cuerpo legal que se diseña en Ecuador es contar con una autoridad rectora que sea independiente y autónoma. 

Frank La Rue, exrelator sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión de la ONU y actual director Legal y de Derechos Humanos de Fundamedios, participó de la reunión virtual el pasado 2 de julio. “Es importante entender la Ley como el ejercicio de derechos fundamentales, el de la protección de datos y la privacidad. La clave del éxito está en la elección de la autoridad que debe ser autónoma e independiente para tomar decisiones con libertad. Debe existir un presupuesto propio para funcionar e incluir campañas de concientización para que la población entienda la importancia de resguardar sus datos”, mencionó.  

El guatemalteco, experto en Derechos Humanos, está convencido de que más allá de la construcción de la Ley es necesario educar a la población sobre su importancia para que distinga entre lo público y privado. De acuerdo a su explicación, la ciudadanía entrega sus datos a grandes plataformas en Internet sin conocer el riesgo que se corre, especialmente las niñas y niños.

Bruno Gencarelli, de la Unidad Internacional de Fujo de Datos y Protección de la Comisión Europea, afirmó que en la actualidad la privacidad es uno de los temas más importantes porque es inherente a la dignidad humana. En ese sentido, felicitó la iniciativa ecuatoriana de promover el debate sobre el proyecto de Ley y enfatizó en la necesidad de contar con una autoridad transparente. Desde su experiencia, esto garantiza gobernanza y la creación de un canal de comunicación para que la ciudadanía tenga plena confianza en la herramienta legal. “La Ley no debe estar solamente escrita, debe ser práctica”, sugirió. 

Lorena Naranjo, titular de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos (Dinardap), recalcó la importancia de aprobar esta legislación que sería inédita en el país. Asegura que, desde hace 20 años, se ha insistido en su creación y que hoy los artículos 178 y 229 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) son los que más se acercan al reconocimiento de la violación a la intimidad y la revelación ilegal de bases de datos. 

Desde la Dinardap se han hecho seis denuncias sobre violación al derecho de protección de datos, pero tres se han archivado porque no existen elementos para analizarlos. A su criterio, esto da cuenta de la falta de desarrollo especializado de fiscales, policías y jueces, sumado a la carencia de legislación, como un riesgo para la protección.

El cuerpo legal, que deberá ser revisado y discutido antes de su aprobación definitiva, fue propuesto por el presidente Lenín Moreno el 16 de septiembre de 2019. Hasta el momento, la Asamblea Nacional ha discutido con representantes de la sociedad civil los 60 primeros artículos.

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Fundamedios participó en la tercera mesa técnica de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional. El objetivo es tratar los artículos del proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos

En representación de la organización nuevamente participó Frank LaRue, exrelator sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión de la ONU y director Legal y de Derechos Humanos de Fundamedios. 

LaRue aportó para afinar conceptos dentro de los cinco primeros artículos que habían sido revisados el pasado 29 de mayo en una primera reunión. Este jueves, el nudo crítico fue determinar si el primer artículo, sobre el objeto de la norma, debe mencionar solamente el propósito de la protección de datos personales o abarcar derechos digitales y la autodeterminación informativa. 

Para el Director Legal y de Derechos Humanos de Fundamedios lo trascendental es enfocarse únicamente en la protección de la información. La meta es evitar confusiones y abarcar conceptos que después no podrán ser definidos ni explicados adecuadamente en el cuerpo legal.

Otros representantes de la sociedad civil que participaron en la discusión concordaron con esta postura; sin embargo, no se llegó a un consenso. Pablo Solines, experto en propiedad intelectual y tecnología, acotó que, si se incluyen los derechos digitales y la autodeterminación informativa, implicaría hablar de Internet, educación digital y acceso a las tecnologías de la información y el conocimiento (TIC). Para el abogado, Ecuador en este momento no cuenta ni siquiera con una Ley de la Sociedad de la Información.

Quienes intervinieron también se refirieron a la finalidad de la Ley y su aplicación en el ámbito territorial. Solines, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Protección de Datos (AEPD), propuso depurar algunos conceptos y sugirió incluir los datos relacionados a la salud física y mental para ser manejados con cautela, además, el concepto de autoridad de control. 

Precisamente, el exRelator celebró que se incluya este concepto porque garantiza que se cumpla con el derecho de protección a los datos personales. “Me parece que la definición de la autoridad de la protección de datos es la  verdadera garantía y depende de la independencia que esa autoridad tenga, pues va a ser el principal instrumento para la protección de datos”, sostuvo. 

El cuerpo legal, que deberá ser revisado y discutido antes de su aprobación definitiva, fue propuesto por el presidente Lenín Moreno el 16 de septiembre de 2019.

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La emergencia sanitaria del coronavirus está presionando como nunca antes al sistema sanitario del país y motivó para que las autoridades ecuatorianas a doblegar esfuerzos para evitar más contagios. Los datos más recientes, entregados el 2 de julio por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), exponen 59.486 portadores de COVID19 y 4.639 muertes por esa causa. 

Fundamedios conoció sobre el fallecimiento de 16 periodistas en Guayas, Santa Elena y Los Ríos. Olmedo Méndez Tacuri de radio Universal de Guayaquil murió el 25 de marzo. Según sus colegas cercanos, hace varios días presentaba síntomas del coronavirus. Se acercó a un hospital, le dieron paracetamol y le enviaron a su domicilio sin diagnóstico claro. El martes 24 de marzo fue sometido finalmente a la prueba del Covid19, pero hasta el jueves 26 de marzo a las 17:00 no se entregaron los resultados y se desconoce la causa de su muerte. 

Mientras que el coordinador de noticias de Ecuavisa en Guayaquil, Víctor Hugo Peña, falleció el 27 de marzo. Nuestra organización conoció que presentó síntomas severos del coronavirus, pero no alcanzó a hacerse la prueba. Deja a dos hijos menores de edad en orfandad. El 30 de marzo, falleció Guido Evaristo Castro, periodista en radio Cristal. Según su hija Ivis Castro, no pudo realizarse la prueba del COVID-19 pero tenía todos los síntomas.

A estos casos se suman los de Manuel Adolfo Varasperiodista y comentarista deportivo de radio Caravana, quien falleció en la clínica Kennedy, en Guayaquil (costa sur de Ecuador) con los síntomas de Covid19; el de Ángel Sánchez, periodista de amplia trayectoria en medios como Ecuavisa, GamaTV y TC Televisión y coordinador de Prensa de la Prefectura, quien murió sin saber si los resultados del examen de coronavirus dieron o no positivo.

Fundamedios conoció sobre el fallecimiento de Paúl Tobar, coordinador de Noticias de Canal Uno, quien falleció el 02 de abril con los síntomas del Covid. Sus colegas aseguraron que debido a su condición fue llevado a una casa de salud. También el deceso de Carlos Loor, tramoyista de Canal Uno y Omar Paredes, chofer de Expreso.

Cuatro días después, el 6 de abril falleció el excamarógrafo de Gama TV y TC Televisión y director de fotografía, Pedro Vladivieso Barrezueta con COVID-19 tras estar internado en el hospital Monte Sinaí.

El periodista y locutor de radio Estrella, Luis Alberto Flores, falleció el 7 de abril. Según su hijo Diego, presentaba síntomas de la COVID-19 y en el acta de defunción consta que falleció por esa posible causa.

Roberto Román, periodista de WQ Radio, falleció el pasado 09 de abril con síntomas de COVID-19 y con un cuadro de neumonía tras haber sido atendido en una clínica privada de Guayaquil, mientras que el 15 de este mes, Augusto Itúrburu, periodista de diario El Telégrafo murió con coronavirus.

Ese mismo día falleció el radiodifusor Rosendo Escobar Cárdenas, propietario de RVT Satelital 91.5 fm, en Quevedo, provincia de Los Ríos (a 174 km de Guayas, epicentro de la pandemia en Ecuador). La razón fue una afección respiratoria que no pudo superar a sus 80 años. Teo Escobar, hijo del locutor, aseguró que presentó todos los síntomas del COVID-19.

Dos días después, el 17 de abril, Omar Salvatierra, productor radial de la emisora i99, falleció también con pronóstico positivo para el virus. La madrugada del 20 de abril, corrió la misma suerte, el excamarógrafo de RTS y TC Televisión, Fernando Albán, quien se practicó la prueba del coronavirus que resultó positiva. Albán estaba jubilado y tratando de reponerse a la enfermedad en la Clínica Guayaquil.

El 24 de abril, falleció en la provincia de Santa Elena, Fernando Asencio Baquerizo, periodista independiente y colaborador de las radios Naútica, Amor y Récord tras resultar positivo en una prueba de COVID-19.

La organización además registra 38 periodistas con diagnóstico positivo, tres de ellos curados, hasta el 09 de junio. 

Fundamedios ve con preocupación que dicho listado se incrementa diariamente. Por eso, hacemos un llamado a los medios de comunicación para proveer de los niveles adecuados de protección a periodistas y trabajadores incluyendo camarógrafos, fotógrafos, personal técnico, obreros, personal de servicio. En la medida de lo posible debe optarse por el aislamiento y el teletrabajo. Así mismo,  apelamos a los mismos periodistas, camarógrafos, fotógrafos, personal técnico y a los directivos de los medios de comunicación para que adopten protocolos de autoprotección en las coberturas de una pandemia que crece exponencialmente y sin duda, desafía a la prensa en su labor de informar. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda usar mascarillas y gel antibacterial, lavarse las manos, usar guantes protectores e, incluso, un traje enterizo (mono) y una máscara facial completa si se está en una zona de alto contagio. Además, sugiere descontaminar el equipo de trabajo (cámaras, grabadoras, celulares) con alcohol. 

Fundamedios reconoce los esfuerzos del Gobierno por intentar contener la emergencia sanitaria, pero también insta a que se proteja y garantice el trabajo de los periodistas, que al estar en cobertura donde se registran los hechos es un grupo vulnerable. El Comité de Protección de Periodistas debe activarse en contingencias como esta y velar para promover el acceso a información de calidad, impedir la censura, desarrollar -desde los altos mandos- mensajes claros, combatir la desinformación y afianzar el acceso a Internet, este último una herramienta vital para dar y recibir información.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa emitieron el pasado 19 de marzo una declaración conjunta donde reconocen el derecho a la libertad de expresión; pero, además, llaman a los gobiernos a garantizar información veraz sobre la amenaza que supone el coronavirus  y a los medios a protegerse a sí mismos, a su familia y a la comunidad. 

“El derecho de acceso a la información significa que los gobiernos deben hacer esfuerzos excepcionales para proteger el trabajo de los periodistas. El periodismo cumple una función crucial en un momento de emergencia de salud pública, en particular cuando tiene por objeto informar al público sobre información crítica y monitorear las acciones del gobierno. Instamos a todos los gobiernos a que apliquen firmemente sus leyes de acceso a la información para garantizar que todas las personas, especialmente los periodistas, tengan acceso a la misma”, dice la declaratoria. 

Fundamedios se hace eco de este pronunciamiento. La organización está convencida de que contar con canales informativos oficiales de calidad permitiría que más periodistas se sumen al teletrabajo y cumplan con su labor informativa desde ese ámbito. La prevención siempre será la mejor arma en contra del virus.

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El pasado jueves 12 de diciembre, Fundamedios, la Federación Nacional  de Periodistas (Fenape) y el Colegio de Periodistas de Chimborazo organizaron el taller Nuevas regulaciones para el periodismo, desinformación. Al encuentro asistieron más de 130 personas, entre estudiantes y periodistas de Cotopaxi, Tungurahua y Bolívar.

La primera parte del taller fue abordada por Darwin Altamirano, catedrático universitario de Guaranda. El experto compartió información sobre el marco regulatorio bajo el cual trabajan los periodistas ecuatorianos.

Por su parte, Susana Piedra, presidente (e) de la Fenape, hizo un recuento de lo que fue la aplicación de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), desde 2013 hasta 2019. Durante ese período, Fundamedios registró la apertura de 1200 procesos y más de 776 sanciones contra medios.

La periodista se refirió a los principales cambios de la LOC: eliminación del linchamiento mediático, régimen sancionatorio, normas deontológicas, supresión de la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom). La norma fue el arma principal en contra del periodismo independiente entre 2013 y 2017.

Piedra habló de la incorporación al artículo 42 de un enunciado en torno a la protección de trabajadores de la comunicación; sin embargo, estima que los periodistas también deben apostar por la autoprotección en sus labores cotidianas de búsqueda de información.

Paola Aguilar, coordinadora de Fundamedios, expuso a los asistentes sobre la importancia de contar con una nueva Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lotaip). La comunicadora profundizó sobre los principales cambios a los cuales esta norma debe someterse, proyecto que fue construido por varias organizaciones públicas y privadas y que próximamente se presentará ante la Asamblea Nacional.

El editor de Ecuador Chequea, Gabriel Narváez, se refirió al fenómeno de la desinformación. Enfatizó que por la naturaleza de una noticia: un hecho verificado y contrastado no existen las mal llamadas noticias falsas. “Hay procesos de desinformación, que buscan generar desestabilización”, acotó.

Narváez exhibió el Álbum de la desinformación, que detalla las características de 53 mensajes engañosos desmentidos entre el 3 y el 13 de octubre, durante el paro nacional. Además, ofreció herramientas para determinar si la información: imagen, videos o audios que se difunden a través de redes son falsos o no.

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Este 9 de diciembre se celebra el día internacional de la lucha contra la corrupción. Según la Organización de Naciones Unidas (ONU), cada año se desvían 2,6 billones de dólares, lo cual suma el 5% del Producto Interno Bruto mundial. La organización calcula que países en desarrollo pierden, debido a la corrupción, una cantidad de dinero diez veces mayor que la destinada en planes de desarrollo. 

El periodismo es, sin duda, una herramienta de lucha. En ese contexto, Fundamedios organizó el foro virtual ‘El periodismo, clave en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado’, en el que participaron el investigador y coautor del libro Rehenes, Arturo Torres; Yadira Aguagallo, periodista y una de las voceras de la causa Nos Faltan 3; y César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios. El panel estuvo moderado por la periodista Desirée Yépez, directora de Contenidos de la organización. 

Los panelistas concordaron en la importancia del periodismo para develar actos que son incómodos al poder; sin embargo, también acordaron que es más complicado luchar contra la corrupción cuando hay gobiernos que ocultan la información y el crimen organizado ha logrado permearse en el Estado.

Arturo Torres aseguró que esta realidad no es local sino regional, lo que ha llevado a que países como México, Honduras, Venezuela, Nicaragua, se conviertan prácticamente en Estados criminalizados donde es más complejo investigar, acceder a fuentes e información para contar historias. Si bien reconoce que en Ecuador hay una Ley de Acceso a la Información Pública, insiste en que los funcionarios creen que los datos les pertenecen. 

“El periodismo es una pasión por encontrar la verdad, es una pasión inherente a nuestro oficio que a veces te lleva a no medir los riesgos suficientemente y desborda los protocolos”, sostiene el exEditor General de Diario El Comercio. 

Desde su experiencia con la publicación de los libros El juego del camaleón y Rehenes, (historia del asesinato del equipo de El Comercio en la frontera entre Colombia y Ecuador), está convencido de que no solo hay que ir a las fuentes oficiales sino indagar otras opciones, escuchar voces nuevas. 

Con ello concuerda Yadira Aguagallo, pues asegura que en países de América Latina, regularmente, los periodistas investigan actos de corrupción en las altas esferas de la Policía y el Gobierno vinculados a grupos delincuenciales, lo cual hace más complejo validar la información oficial porque podría estar tergiversada. 

Aguagallo menciona que debido a este panorama aún existen muchos desiertos informativos. Es decir, zonas especialmente fronterizas, en donde la propia población está silenciada e invisibilizada, lo cual influye en que historias valiosas se dispersen y sean unos pocos periodistas quienes se encarguen de contarlas, sometiéndose a peligros constantes que muchas veces terminan con sus vidas. 

Por ello César Ricaurte está convencido de que el periodismo además de una profesión hay que entenderlo como una actividad de defensa de los Derechos Humanos. “El periodista no solamente revela la denuncia de corrupción, el develamiento del crimen organizado y de su forma de operar sino que el momento en que se convierte en un defensor de Derechos Humanos, obviamente los poderes lo convierten en un objetivo a ser eliminado”, aseguró. 

Uno de los retos, según Ricaurte, es que el periodismo tenga “militancia” solo con la exigencia de la entrega de la información pública y en el combate a la desinformación. Además, que promueva una doble mirada. Por un lado, una visión amplia de los problemas macro que existen en cada uno de los países y también una más micro que entienda a las nuevas audiencias y sus necesidades.