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la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

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El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, mostró su preocupación por el actual concurso de frecuencias de radio FM en Ecuador, que está en su segunda etapa.

«Habría empresarios que ya tienen frecuencias y que, por el límite de la concentración, no podrían presentarse a otros concursos y lo estarían haciendo a través de testaferros… en fin, sociedades anónimas en donde en apariencia no están, pero en realidad sí están”, dijo, en una entrevista con Ecuavisa.

Lanza ve con preocupación que el Ministerio de Telecomunicaciones y la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) hayan anunciado que se revisará el tema de la concentración de frecuencias después de que estas se hayan entregado.

«A priori me parece que quita garantías para la democracia el hecho de que se retiren las garantías del proceso administrativo para que se revise la documentación que se presenta alegando que no se tiene otras frecuencias, por ejemplo, o las garantías que tienen las personas para montar un proyecto de comunicación o cuáles son sus proyectos de comunicación… me parece que debería revisarse antes. Una vez que se asignan las frecuencias, todos sabemos que va a ser muy difícil que el Estado vuelva para atrás y corriendo el riesgo de sufrir juicios, etc».

«Habrá otros que podrán impugnar esto ante los órganos nacionales e internacionales», mencionó el relator especial. 

FUNDAMEDIOS realizó una investigación publicada en conjunto con Ecuavisa y Revista Digital Plan V dónde se reveló los mecanismos utilizados por grupos de poder para concentrar frecuencias. 

Lanza recordó que el tema de la asignación de frecuencias a los medios es vital para la democracia y por tanto debe manejarse con transparencia. Asignar frecuencias a una persona que no podía concursar viola el principio de pluralismo y de no concentración de los medios. La Constitución, además, prohíbe el monopolio y oligopolio de los medios de comunicación.

Actualmente, el concurso de asignación de frecuencias de radio FM está en su segunda etapa y a partir del 06 de octubre se empezará a conocer a los beneficiarios de las primeras  frecuencias.

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América Latina tiene una alta tasa de impunidad de crímenes contra periodistas y paradójicamente es la región que cuenta con más organizaciones de la sociedad civil que protegen el trabajo de la prensa. Así lo mencionó Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, durante el foro El retrato de la impunidad: la violencia contra periodistas en América Latina. El encuentro se desarrolló este 8 de noviembre, en Quito.

“La violencia contra periodistas e impunidad es un binomio inseparable”, asegura Lanza tras identificar tres factores clave de agresiones a comunicadores: el crimen organizado, gobiernos autoritarios y una crisis de la democracia.

“Si hay más de 30 asesinatos de periodistas por año, centenares de amenazas, agresiones por doquier y todo esto queda impune, no hay sanción para quien es el actor de esta violencia contra quien ejerce un derecho fundamental, refuerza justamente esa violencia contra la prensa… La señal es que los periodistas son un blanco de ataque que el Estado debería proteger”, sostiene el Relator.

César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, cuestiona por qué, pese a los esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil y de la comunidad internacional, las agresiones a la prensa no cesan. “Nosotros hacemos nuestra parte: campañas, presiones a los Estados, señalar culpables, pero siguen matando periodistas como moscas (…) ¿En qué hemos fallado?”, se cuestiona.

Ricaurte cree que el problema es estructural y muy arraigado a países con altos niveles de corrupción. “Los actores estatales lo hacen en complicidad con el crimen organizado y, muchas veces, son el crimen organizado. Esos actores son el gobernador, el teniente político, el juez o el mismo fiscal que después tiene que investigar esas agresiones. Esa convivencia entre crimen organizado y Estado es quizá uno de los factores más terribles que explican esos grados de violencia que desembocan en la prensa”, puntualiza.

Lourdes Arróliga es especialista de Medios de la Fundación Violeta Chamorro de Nicaragua, una organización que vela por los derechos de los periodistas. Asegura que en su país es muy complicado ejercer la profesión por el gobierno autoritario de Daniel Ortega, quien, amparado en la Policía Nacional, agrede la libertad de expresión.   

Desde abril de 2018 hasta abril de 2019, la Fundación ha registrado 1080 agresiones.  En sus reportes también documentan 89 casos de periodistas con exilio obligatorio y la cancelación arbitraria de la personería jurídica a ocho organizaciones de la sociedad civil. “Una cosa es conocer la cifra, pero cuando le pones rostro, cuando cuentas la historia de lo que hay detrás de esa cifra, es realmente espeluznante las amenazas a los periodistas.  Que te llamen a tu teléfono o a tu WhatsApp y que te digan: ‘ya sé dónde vives, dónde estudian tus hijas, puedes terminar incendiada o podemos violar a tus niñas’ es muy grave”, explicó.

Los expertos concordaron que es necesario crear un sistema de monitoreo preciso para que las agresiones y asesinatos a periodistas no queden impunes. Este mecanismo debería contar con apoyo de la sociedad civil del Estado. 

El foro fue organizado por la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA, FUNDAMEDIOS, la FUNDACIÓN PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO (PADF), IFEX-ALC en el marco del Proyecto Voces del Sur.

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El Equipo de Seguimiento Especial (ESE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) volvió a Ecuador, como parte de la investigación que realiza sobre el asesinato del equipo periodístico de El Comercio, ocurrido en abril pasado. El propósito, recopilar información y analizar los avances de las indagaciones que realizan las instituciones en torno al secuestro y muerte del periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra.

Este 22 de noviembre, el ESE se reunió con representantes de Cancillería y Ministerio de Defensa. El canciller José Valencia indicó que el Estado ecuatoriano ha destinado más de USD 200.000 para cubrir las necesidades del Equipo, lo cual demuestra la disposición del país para que se esclarezcan los hechos.

La Agenda de la CIDH incluyó reuniones con el Fiscal encargado del caso y con un equipo técnico del Ministerio del Interior. También coordinaron encuentros con funcionarios del Ministerio del Interior y Justicia, Jefes de las Unidades policiales de Lucha Contra el Crimen Organizado (ULCO) y la Unidad Antisecuestros y Extorsión (Unase).

Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, anunció vía Twitter que el ESE ha cumplido una semana de trabajo en el Ecuador así como su agradecimiento a autoridades, familias y sociedad civil por la información y documentación para el seguimiento de la investigación.

Las conclusiones de estas visitas y las investigaciones hechas durante las mismas serán conocidas en diciembre luego de las audiencias públicas a las que asistirán los familiares del equipo de prensa.

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Este 01 de noviembre el Equipo de Seguimiento Especial (ESE), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, presentó un informe preliminar de la investigación que se realiza en torno al secuestro y asesinato de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, miembros del equipo periodístico de Diario El Comercio. El periodista, fotógrafo y conductor fueron asesinados en la frontera entre Ecuador y Colombia, en abril de 2018, a manos del frente Oliver Sinisterra, disidencia de las FARC.

En esta primera etapa, el análisis determina inconvenientes en el acceso a parte del expediente del caso y problemas en el enfoque de la indagación que Ecuador llevan a cabo. Se solicita a las autoridades ecuatorianas que la información requerida y que falta por examinar sea suministrada de “manera expedita y oportuna”, puesto que la información relevante no ha sido entregada en su totalidad, alegando “reserva de la investigación”. En ese sentido el Equipo de Seguimiento le recuerda al Estado “la importancia de adoptar las medidas necesarias para posibilitar que el ESE acceda a la totalidad de la investigación”.

En el caso de la investigación en el Estado colombiano, el ESE expresa que existen avances significativos en lo desarrollado por la Fiscalía de Colombia, con la captura y judicialización de al menos tres de los coautores del crimen.

Todo lo contrario ocurre en territorio ecuatoriano donde “no se ha avanzado satisfactoriamente en la investigación y vinculación a proceso de los responsables y observa la necesidad de que la Fiscalía General del Estado realice un esfuerzo integrador que permita incorporar a la investigación las evidencias obtenidas en varios procesos adelantados en relación con las advertencias y los ataques realizados por el denominado grupo Frente Oliver Sinisterra, disidente de la exguerrilla de las FARC, en la frontera de Ecuador y Colombia entre los meses de setiembre de 2017 y abril de 2018”.

El ESE recomienda a la Físcalía “incorporar una nueva línea de investigación en la que se evalúe la actuación y eventuales responsabilidades de los agentes sobre quienes pesaban específicos deberes de garante de la seguridad del equipo periodístico”, así como agregar a su plan de trabajo “actividades dirigidas a investigar cuál pudo ser el móvil del secuestro y, en particular, indagar si pudo tener origen en la actividad periodística (…) y si ello afectaba o podía afectar la operación del grupo irregular o de otros actores relacionados con sus actividades al margen de la ley”.

Además, el ESE reitera que los familiares tienen derecho a saber las circunstancias y el motivo del secuestro y recuerda que frente a crímenes contra periodistas, “los Estados, en virtud de la Convención Americana de Derechos Humanos y otras normas internacionales, tienen la obligación de actuar con debida diligencia y agotar las líneas de investigación vinculadas con el ejercicio periodístico de las víctimas”.

Este diagnóstico es el resultado de las visitas técnicas realizadas por el ESE a Ecuador y Colombia, en julio y agosto pasados, respectivamente. También se tomaron en cuenta las reuniones de trabajo y la audiencia en que participaron ambos Estados y los familiares de las víctimas, el pasado 3 de octubre en el 169 período de sesiones de la CIDH, en Boulder, Estados Unidos.

El Equipo de Seguimiento Especial está integrado por la comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, relatora de la CIDH para Ecuador; Paulo Abrāo, secretario ejecutivo de la CIDH; el equipo técnico de la sección de medidas cautelares y de la oficina del relator especial para la Libertad de Expresión, Édison Lanza. Los principios de transparencia, acompañamiento y centralidad en los hechos ocurridos en relación con el asesinato marcan su línea de investigación.

Desde su integración, el ESE trabaja con base en cuatro objetivos: 1) Asesoramiento técnico y monitoreo en el avance de la investigación y sanción de los responsables del secuestro y asesinato de los periodistas; 2) Acompañar la atención integral a las víctimas y familiares, y mantenerlas informadas del proceso; 3) Asesoramiento técnico y monitoreo en el cumplimiento de las obligaciones estatales sobre el acceso a la información y a la verdad de lo sucedido, tanto a la sociedad ecuatoriana, como a los familiares; 4) Asesorar y apoyar al Estado en la adopción de medidas estructurales a que hubiere lugar y evitar su repetición.

Está previsto que para diciembre de 2018 se presente el informe final con observaciones, conclusiones y recomendaciones en torno al manejo de la investigación oficial para esclarecer el contexto en que se produjeron los hechos que acabaron en la muerte de los miembros del equipo periodístico.

El informe completo

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El Equipo de Seguimiento Especial (ESE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitará Colombia desde este 24 al 26 de septiembre, como parte de su agenda de trabajo, según se confirmó en un comunicado. La visita se da dentro de las investigaciones que se realizan para esclarecer el secuestro y posterior asesinato del equipo periodístico de diario El Comercio, ocurrido en abril pasado en la frontera norte con Colombia, por parte del frente Oliver Sinisterra, disidencia de las FARC.  

En el comunicado se informó que el ESE reservó dos espacios para reunirse con los familiares del equipo periodístico este lunes 24, de 16:30 a 19:00; y el 25 de septiembre de 14:30 a 16:00. También se informó que la agenda fue remitida directamente al Gobierno colombiano.

El pasado 25 de julio, el ESE arribó a Ecuador con una comisión que estuvo  integrada por Esmeralda Arosemena de Troitiño, primera vicepresidenta de la CIDH y relatora para el Ecuador; Édison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión y personal de apoyo técnico. Durante la visita, el Equipo mantuvo una serie de reuniones con los familiares de las víctimas, autoridades y técnicos a cargo de la investigación, como Fiscalía, Policía Judicial y forenses. También con autoridades de los ministerios de Interior, Cancillería y Defensa, así como autoridades a cargo de los procesos de reparación y Defensoría del Pueblo, con sociedad civil, academia y organizaciones periodísticas.

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Temas como la protección de periodistas, cadenas nacionales, el régimen de sanciones y reparaciones son los últimos puntos que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CDH) observó al proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC).

Respecto a protección de periodistas, el organismo internacional sugirió modificar, de acuerdo a los estándares internacionales, el artículo 42 de la LOC vigente que exige que las actividades periodísticas de carácter permanente, en cualquier nivel o cargo en un medio de comunicación, sean desempeñadas por profesionales en periodismo o comunicación.

La Relatoría recordó que, en carta enviada al Gobierno de Ecuador el 28 de junio de 2013, expresó que esta restricción legal es análoga a una “colegiación obligatoria” de periodistas; hecho que resulta incompatible con el artículo 13 de la Convención Americana.

En cuanto a las cadenas nacionales, la Relatoría sugirió definir con precisión los supuestos que justifican la utilización de cadenas nacionales para transmitir mensajes de interés público, y remitirlos solamente a casos de necesidad o urgencia, debidamente motivados.

Sobre la asignación de publicidad oficial, la CIDH saludó las limitaciones establecidas para evitar la arbitrariedad y discrecionalidad en la asignación de publicidad oficial, así como los criterios alineados con los estándares internacionales.

El régimen de sanciones también fue observado por la Relatoría que sugirió que el proyecto establezca un régimen sancionatorio progresivo y proporcional siguiendo los principios y estándares internacionales.

Finalmente, sobre las reparaciones, el organismo internacional recomendó que la Asamblea Nacional sea más específica en la aprobación de la norma y que habilite un proceso para revisar la aplicación de sanciones en virtud de la aplicación de la Ley de Comunicación durante los últimos años. También aseguró que se promueva la creación de un mecanismo ad hoc integrado por expertos nacionales e internacionales para la completa revisión de aquellos casos en los que se han aplicado sanciones graves.

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La asignación y renovación de frecuencias es el décimo punto que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) observó dentro del proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC).

Según la Relatoría, el proceso de asignación y renovación de frecuencias y/o licencias debe estar regulado específicamente por criterios objetivos, públicos y democráticos, establecidos por ley, de modo de no quedar al arbitrio de la autoridad pública.

Al respecto, el organismo internacional observó los artículos 75 a 80 del Proyecto de reformas presentado por el Ejecutivo, que se refieren a la asignación y renovación de frecuencias. En ese sentido, recordó la importancia de promover la existencia de concursos abiertos, públicos y transparentes para medios privados y medios comunitarios. Sin embargo, subrayó que, en pos de dar eficacia a esa decisión, es necesario revertir la desigualdad que pudiera existir, reservando previamente parte del espectro para los medios comunitarios.

“Hacer competir a medios privados y comunitarios por las mismas frecuencias genera inequidades sustantivas, debido a la obvia capacidad económica de cada sector. Es por ello que es recomendable que la normativa actual obligue al organismo regulador a distinguir en cada llamado a licitación cuáles frecuencias concursan por el sector privado exclusivamente y cuáles para el comunitario”, apuntó la Relatoría.

En cuanto a la concentración y prohibiciones para medios privados, se mencionó que las leyes antimonopólicas que limitan la concentración en la propiedad y en el control de los medios de radiodifusión son mecanismos idóneos para garantizar el derecho a la información plural y diversa de las sociedades. Sin embargo, se puntualizó que las limitaciones existentes en el ordenamiento constitucional del Ecuador, que prohíbe a los accionistas de medios comunicación mantener la propiedad de otra clase de empresas ajenas al giro comunicacional sin excepción, puede estar afectando la sustentabilidad de estos medios.

Finalmente, la CIDH recordó que las restricciones que impongan los Estados al funcionamiento de los medios de comunicación no deben ser discriminatorias y tienen que cumplir con el test de ser “necesarias en una sociedad democrática”, proporcionales e idóneas para el logro de los objetivos que persiguen.

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Los medios comunitarios y la necesidad de reservarles parte del espacio radioeléctrico es el noveno punto que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) observó dentro del proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC). El organismo también se refirió a la realización de concursos diferenciados para estos.

La Relatoría saludó las medidas positivas adoptadas en el proyecto de Ley para los medios comunitarios, pues considera que estos cumplen un rol esencial en el ejercicio de la libertad de expresión en pos de asegurar la inclusión de distintos sectores de la población.

Sin embargo, se observó que, si bien el artículo 75 mantiene los concursos abiertos, públicos y transparentes para medios privados y comunitarios en la concesión o autorización de frecuencias, dichos procesos pueden no resultar eficaces, si no se reservan frecuencias específicamente para el uso de los comunitarios.

La CIDH destacó que los artículos 61 y 62 del proyecto establezcan medidas de fomento para asegurar la sustentabilidad del sector comunitario.

 

Los medios públicos son el octavo punto que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) observó dentro del proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC).

Al respecto, el organismo recordó que los medios de comunicación públicos ejercen una “función esencial para asegurar la pluralidad y diversidad de voces necesarias en una sociedad democrática. Su papel es fundamental a la hora de proveer contenidos no necesariamente comerciales, de alta calidad, articulados con las necesidades informativas, educativas y culturales de la población”.

Por ello, insistió en la necesidad de que sean independientes del Poder Ejecutivo, plurales y de acceso universal. También deberían disponer de un financiamiento adecuado, suficiente y estable para que puedan cumplir su función  y aportar en el desarrollo democrático de un país.

En cuanto a los “medios institucionales”, que se proponen en el proyecto de reformas, la Relatoría observó que esos espacios no son una categoría reconocida en el derecho internacional. Se sugirió que se limite al mínimo indispensable para las necesidades comunicacionales del Gobierno, se rijan por los principios de transparencia y cumplan una función facilitadora del derecho al acceso a la información pública. “En ningún caso estos medios deben ser utilizados para propaganda o difundir información que el Gobierno razonablemente puede saber que es falsa o se trata de desinformación”.

Respecto al artículo 106 de la LOC vigente -que establece que las frecuencias del espectro radioeléctrico destinadas al funcionamiento de estaciones de radio y televisión de señal abierta se distribuirán equitativamente en tres partes, 33% para medios públicos, 33% para privados y 34% comunitarios- la Relatoría aseguró que, según los estándares interamericanos, es crucial que los Estados adopten medidas positivas como la de asegurar frecuencias para medios comunitarios. Sin embargo, subrayó que se debería considerar eliminar de la ley el piso mínimo de 33% dedicado a medios públicos, por considerar que no parece indispensable reservar un espectro cuando lo que se busca con los públicos es mayor calidad de programación y no mayor cantidad de frecuencias.

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Crear una política de reparación dirigida a las víctimas de agresiones a la libertad de expresión es una de las propuestas que hizo Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Este 24 de agosto concluyó su visita oficial a Ecuador, iniciada el pasado lunes 20.

En una rueda de prensa, el Relator aseguró que su misión marca un punto de inflexión en la historia democrática del país. Es la primera vez, en más de una década, en estar invitado por el Gobierno, lo cual demuestra que se vive un momento distinto en donde se respira mayor libertad.

Lanza presentó las observaciones preliminares de su informe, las cuales son el resultado de la agenda cumplida. Durante cuatro días mantuvo reuniones, en Quito y Guayaquil, con autoridades como el presidente Lenín Moreno, el canciller José Valencia, representantes del poder Judicial, Legislativo, sociedad civil, periodistas y embajadores.

La Relatoría esboza ocho puntos claves en su informe preliminar:

  1. Transición desde el autoritarismo a un espacio cívico autónomo y democrático.
  2. Derecho a la libertad de expresión y uso del derecho penal.
  3. Seguridad para periodistas e impunidad.
  4. Acceso a la información pública.
  5. Pluralismo y diversidad.
  6. Internet y Libertad de Expresión.
  7. Protesta social y criminalización de manifestantes.
  8. Conclusiones y recomendaciones.

Para Lanza, en Ecuador se vive un momento de transición, en el que se pasa de un régimen autoritario -que configuró todo un aparataje para perseguir periodistas y a quienes opinaban distinto-, a uno más democrático. Sin embargo, aseguró que este es el primer paso de algunos más que hay que tomar para consolidar esta etapa.

En ese sentido se refirió al proceso de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) que deben alinearse a estándares internacionales, acogiendo las observaciones propuestas por ese organismo ante el Legislativo; y, en un segundo momento, revisar las normas penales que criminalizan la opinión, como los delitos de calumnia y otros presentes en la normativa ecuatoriana y que tienden a impedir el escrutinio público.  

En cuanto a la seguridad para periodistas, abordó lo ocurrido con el equipo periodístico de El Comercio, secuestrado y asesinado en la frontera norte, en abril pasado, como una muestra de las falencias existentes en los mecanismos de protección, producto de una década de ataques a la prensa desde el Gobierno y las negativas al diálogo. Al respecto, destacó que se haya permitido la conformación de un equipo investigador internacional para esclarecer el crimen y una mesa interinstitucional enfocada en analizar y proponer mecanismos para proteger el trabajo periodístico.

Sobre al acceso a la información pública, el Relator fue enfático en señalar que Ecuador “arrastra una cultura del secretismo que aún no ha sido superada”. Esto debe mejorarse dentro de la agenda de transparencia del Gobierno.

La Relatoría también se refirió a los mecanismos de reparación a las víctimas que debe poner en marcha el Estado ecuatoriano. Entre ellas, mencionó que se haga un reconocimiento público a la legitimidad y el valor de los  periodistas, así como el repudio a todos los delitos perpetrados en contra de ellos. También propuso que la Asamblea Nacional apruebe una norma transitoria dentro de las reformas a la LOC, que habilite un proceso para revisar las sanciones aplicadas a los medios.

Sobre los casos de criminalización a la protesta social, Lanza sugirió  dictar una ley de amnistía en favor de comunicadores, activistas, defensores de Derechos Humanos que tienen procesos abiertos por autoridades del gobierno anterior; así como la puesta en marcha de procesos de memoria y verdad para que se conozca lo sucedido y la atención prioritaria de los casos de violaciones a Derechos que han sido presentados ante la CIDH.

El Relator aseguró que, tras esta visita, trabajará de manera conjunta con el Relator para la Libertad de Expresión de Naciones Unidas, David Kaye, con el fin de elaborar un informe final, que espera esté listo dentro de tres meses.