fbpx
Tags Posts tagged with "Ley de Comunicación"

Ley de Comunicación

139

Ecuador, 30 de agosto de 2021. El Frente Amplio por una Comunicación Democrática, Comunitaria y Ciudadana presentó el 25 de agosto ante la Asamblea Nacional un proyecto de Ley Orgánica Reformatoria de la Ley de Comunicación. 

Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, aseguró que la propuesta de reforma se presenta desde la visión de los colectivos y sostiene que debe protegerse los intereses del sector comunitario y que debe haber equidad. Asimismo, Iza sostiene que esta propuesta se relaciona con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 4 que se refiere a la educación de calidad y señaló que los medios deben ser un canal para la circulación de información de tipo educativo. Destacó también la relación con el ODS 5 de la igualdad de género ya que esta propuesta propone fortalecer el respeto a los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes.

En la exposición de motivos del proyecto se señala que la norma que regula la libertad de expresión debe considerar la multiplicidad de factores que engloban el fenómeno de la comunicación: medios de comunicación, libertad de expresión, organizaciones sociales, democratización de medios, regulación de medios públicos, medios privados y medios comunitarios y la democratización del espectro radioeléctrico. Asimismo que es imperante la existencia de un marco normativo que garantice el acceso a la información de manera libre y la libertad de prensa, sin perder de perspectiva la importancia que en la actualidad tienen las nuevas tecnologías de la información y comunicación; asimismo, del rol de los medios comunitarios en el contexto nacional actual.

La propuesta de Pachakutik contiene 28 artículos, 6 disposiciones transitorias y 1 disposición final. Una de las propuestas ratifica el artículo 106 de la Ley de Comunicación vigente que se refiere a la distribución del espectro radioeléctrico y señalan que el 33% debe ser para la operación de medios públicos, 33% para medios privados y 34% para medios comunitarios.  Otra de sus propuestas reforma el límite del 49% establecido a medios de comunicación social de carácter nacional y también plantean la adjudicación directa de frecuencias para medios públicos como para medios comunitarios de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montubios; en el lugar en el que exista disponibilidad. 

Otra de sus propuestas establece la prohibición de censura previa por parte de una autoridad, funcionario público, accionista, socio, anunciante o cualquier otra persona que en el ejercicio de sus funciones o en su calidad revise, apruebe o desapruebe los contenidos previos a su difusión a través de cualquier medio de comunicación, a fin de obtener de forma ilegítima un beneficio propio, favorecer a una tercera persona o perjudicar a un tercero. 

También se incluye como responsabilidad ulterior la obligación de toda persona de asumir las consecuencias legales posteriores a difundir a través de los medios de comunicación, contenidos que lesionen derechos sin perjuicio de acciones civiles o de otra índole. También se considera la responsabilidad ulterior de los medios de comunicación en el ámbito civil o de otra índole, cuando los contenidos difundidos sean asumidos expresamente por el medio o no se hallen atribuidos explícitamente a una persona. 

Estas reformas difieren de los proyectos actualmente unificados por la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana de la Asamblea Nacional e incluso muchos de sus contenidos significan restablecer algunos artículos vigentes entre el 2013 y 2019.

150

Ecuador, 27 de enero del 2021. Con 126 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional ratificó los textos aprobados por el Legislativo en la Ley Orgánica de Comunicación y no dieron paso a la objeción parcial del Ejecutivo que propuso que las personas naturales sean consideradas medios de comunicación, por lo tanto, objeto de regulación.

De esta manera, el Pleno de la Asamblea ratificó los textos aprobados a las reformas a la Ley de Comunicación respecto de los artículos 5 y 44.1, tomando en cuenta que se ajusta a lo que determina la Constitución, leyes, tratados y convenios internacionales que Ecuador ha ratificado sobre derechos humanos.

“Para efectos de esta Ley, los medios de comunicación social están constituidos por las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, organizaciones sociales y/o intercambio de contenidos a través de los mecanismos o instrumentos aptos para transmitir, divulgar, difundir o propagar, en forma establece y periódica, textos, sonidos o imágenes destinados a la población”, planteó el Ejecutivo.

En el análisis de esta objeción parcial, los parlamentarios mencionaron que las observaciones planteadas por el Mandatario no son claras ni precisas. En su fundamentación incluye la regulación de las plataformas digitales, cuando se debe entender que son medios alternativos de comunicación con inmediatez increíble y tienen un rol fundamental, por tanto, en su momento, en un amplio debate con la sociedad se determinará su correcto funcionamiento, dijeron.

El Legislador Henry Cucalón recordó que la aprobación de la Ley de Comunicación puso fin a la censura y que la objeción parcial del Ejecutivo pretende incluir a las redes sociales en la definición de los medios de comunicación: “El intento de controlar la información es un anacronismo, un absurdo, pues cada ciudadano puede difundir y buscar la información como desee”. Mientras para la asambleísta Marcela Aguinaga la objeción parcial del Ejecutivo pretende regular a las redes sociales y a las nuevas formas de comunicación e hizo un llamado a rechazar la objeción parcial del Presidente.  

El asambleísta Jaime Olivo, presidente de la Comisión de Derechos Colectivos, al referirse a la objeción parcial del Ejecutivo, dijo que las observaciones del Mandatario contravienen el espíritu de las reformas a la Ley de Comunicación, cuando sostiene que los medios de comunicación son personas naturales y jurídicas, con lo cual el Estado podría limitar, restringir y prohibir de manera directa o indirecta la libertad de pensamiento y de expresión.

Además, pretendía regular el internet, las redes sociales y digitales; así como el audio y video por suscripción, cuando los mismos están regulados por la Agencia de Control y Regulación de Telecomunicaciones. Si se pretende eliminar estos servicios, conllevaría a una profunda e infundada reforma legal de la Ley de Comunicación, hecho ajeno al espíritu de la presente reforma; adicionalmente, se crearía un vacío legal al no contar con normativa expresa que permita regular a los servicios de audio y video por suscripción, precisó Jaime Olivo.

En este marco, se consideran medios de comunicación social a las organizaciones públicas, privadas y comunitarias, así como a los concesionarios de frecuencias de radio y televisión, que ejercen la difusión masiva de contenidos comunicacionales, a través de medios impresos, radio, televisión y audio o video por suscripción, cuyos contenidos pueden ser generados o replicados por el medio de comunicación a través de internet.

Mientras, el sistema de comunicación social se lo determina como el conjunto articulado de organizaciones públicas, privadas y comunitarias que ejercen la difusión masiva de contenidos comunicacionales, en forma estable y periódica, a través de medios impresos, radio, televisión y audio o video por suscripción, cuyos contenidos pueden ser generados o replicados por el medio de comunicación a través de internet.

 

183

Ecuador, 07 de enero del 2021.  La Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad el informe no vinculante por el cual sugiere al Pleno ratificar los textos aprobados a las reformas a la Ley de Comunicación respecto de los artículos 5 y 44.1, tomando en cuenta que se ajusta a lo que determina la Constitución, leyes, tratados y convenios internacionales que Ecuador ha ratificado sobre derechos humanos.

El Ejecutivo en el veto parcial propuso a la Asamblea Nacional que las personas naturales sean consideradas medios de comunicación, por lo tanto, objeto de regulación. El Ejecutivo consideró que el concepto de medios de comunicación aplicado en el artículo 5 de la Ley, se limita a la actividad comunicacional que desarrollan los medios de comunicación tradicionales como radio y televisión, medios impresos y audio o video por suscripción y  que las tecnologías de la información y comunicación rebasan los medios tradicionales; por lo tanto, debe entenderse que los medios de comunicación no son otra cosa que mecanismos aptos para transmitir, divulgar y difundir información.

“Para efectos de esta Ley, los medios de comunicación social están constituidos por las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, organizaciones sociales y/o intercambio de contenidos a través de los mecanismos o instrumentos aptos para transmitir, divulgar, difundir o propagar, en forma establece y periódica, textos, sonidos o imágenes destinados a la población”, planteó el Ejecutivo.

En el análisis de esta objeción parcial, los parlamentarios mencionaron que las observaciones planteadas por el Mandatario no son claras ni precisas. En su fundamentación incluye la regulación de las plataformas digitales, cuando se debe entender que son medios alternativos de comunicación con inmediatez increíble y tienen un rol fundamental, por tanto, en su momento, en un amplio debate con la sociedad se determinará su correcto funcionamiento, dijeron.

Así mismo, los asambleístas Tito Puanchir, Marcela Aguiñaga, Ximena Chactong y Jaime Olivo recordaron los criterios de diferentes actores a nivel nacional quienes expresaron que la comunicación no es un servicio sino un derecho, por tanto, la libertad de expresión y pensamiento deben ser respetados, razón por la cual el Estado no debe restringirlo.

“Necesitamos una comunicación libre, incluyente, plural y participativa como parte fundamental del ejercicio democrático”, dijo Jaime Olivo, presidente de la Comisión de Derechos Colectivos.

En este marco, la mesa legislativa sugiere al Pleno ratificar el texto del artículo 1 que sustituye el artículo 5 de la Ley Orgánica de Comunicación que hace referencia a los medios de comunicación. Para efectos de esta ley, se considerarán medios de comunicación social a las organizaciones públicas, privadas y comunitarias, así como a los concesionarios de frecuencias de radio y televisión, que ejercen la difusión de contenidos comunicacionales, a través de medios impresos, radio, televisión y audio o video por suscripción, cuyos contenidos pueden ser generados o replicados por el medio de comunicación a través de internet. Para el efecto no se considerarán medios de comunicación al espectro radioeléctrico, ya que las mismas son concesionadas por el Estado.

También, plantea ratificar el artículo 44.1 del sistema de comunicación social, por el cual se determina que es el conjunto articulado de organizaciones públicas, privadas y comunitarias que ejercen la difusión masiva de contenidos comunicacionales, en forma estable y periódica, a través de medios impresos, radio, televisión y audio y video por suscripción, cuyos contenidos pueden ser generados o replicados por el medio de comunicación a través de internet.

El presidente de la República, Lenin Moreno, el pasado 5 de enero, vetó parcialmente los dos artículos que reforman a la Ley de Comunicación, donde plantea la incorporación de las plataformas digitales como medios de comunicación objeto de regulación.

331

Conocer sobre la legislación que ampara el periodismo en la época de la desinformación es clave para enfrentarse a los nuevos desafíos en la sociedad. Estos temas fueron abordados el pasado 16 de noviembre en un taller dictado por el equipo de Fundamedios, en el marco del evento Periodismo en Debate 2019, organizado por la Universidad San Francisco de Quito (USFQ). 

Durante el encuentro que reunió a estudiantes de comunicación y periodistas, César Ricaurte, director ejecutivo de la organización, citó al menos cinco regulaciones de la actual Ley de Comunicación que fue modificada el pasado 19 de febrero. El cuerpo legal fue reformado en un 76%. Algunos de los principales cambios fueron la eliminación de la Superintendencia de Información y Comunicación (Supercom), que cerró sus actividades el 31 de julio de 2019, así como la supresión de la figura del linchamiento mediático y la imposición de normas deontológicas.

Además, se modificó el artículo 18 sobre censura previa y se eliminó la obligación textual de los medios de comunicación de difundir “hechos de interés público”. Se cambió la disposición sobre responsabilidad ulterior y ya no existe la sanción civil. Finalmente se incorporó al artículo 42 un enunciado en torno a la protección de trabajadores de la comunicación. “La Ley actual es mejor que la anterior, pero aún tiene problemas porque todavía es una herramienta en manos del Estado, del poder”, enfatizó Ricaurte. 

Sobre la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lotaip), el Director de Fundamedios explicó que fue creada por los medios de comunicación en 2004, pero hoy en día es insuficiente porque no contempla el ámbito digital y no se ajusta a otras leyes claves como la de Comunicación. “Actualmente se construye con varios organismos de la sociedad civil una nueva Ley que ya está en la etapa de socialización”, dijo.

Otro tema que preocupa es la desinformación. Desirée Yépez, directora de Contenidos de Fundamedios, abordó esta temática en el taller y enfatizó que «la desinformación es una estrategia pensada para generar desestabilización”. No hay noticias falsas, dijo, porque las “noticias siempre son hechos verificados».

Uno de los ejemplos más claros de desinformación ocurridos recientemente en Ecuador fue el paro nacional. De esta jornada, Yépez afirmó que Ecuador Chequea, una iniciativa de Fundamedios, desmintió más de 50 mensajes con contenido falso. La mayoría de ellos estaban relacionados con el presidente Lenín Moreno, la Asamblea Nacional, la Policía y la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie).  

La experta en verificación de datos recomendó a los asistentes varias herramientas para determinar si las fotos o mensajes que circulan son falsos como Google  Images o Youtube Data Viewer. 

Indicó que es importante usar la tecnología para combatir la desinformación, pero resultan clave las herramientas básicas del periodismo: “dudar de todo lo que llega, investigar el interés de la fuente que nos remite la información, corroborar y contrastar”. 

El dato 

En Ecuador existen más de 12 millones de cuentas de Facebook, cuatro millones de cuentas en Twitter y tres millones en Instagram.

477

Durante 2015 y 2016, el exSuperintendente de Comunicación, Carlos Ochoa, se valió de la adulteración de la Ley Orgánica de Comunicación para sancionar a 11 radios a nivel nacional.

Excusándose en su supuesto desconocimiento sobre el error en la transcripción de la Transitoria Sexta, Ochoa evadió un debido proceso y arbitrariamente ordenó reimprimir 300.000 ejemplares de la Ley. Luego, basándose en ese texto, impuso las sanciones y otorgó 72 horas a las radiodifusoras multadas para cancelar la deuda.

El error en la Transitoria tiene que ver con el artículo 102, cuando lo correcto es que cite al artículo 103.

FUNDAMEDIOS y el Colegio de Abogados de Pichincha, plantearon una demanda en contra de Ochoa por uso doloso de la Ley.

Aquí el caso ampliado.

587

Este 17 de abril, la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional debatió el informe enviado por el Ejecutivo que reforma el artículo 5 de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), que se refiere al concepto de “medios de comunicación social”. El texto, modificado en febrero pasado, declaraba a la comunicación como un servicio público y consideraba en su competencia de regulación a los medios impresos o servicios de radio, televisión y audio y video por suscripción. La propuesta del Ejecutivo fue declararla un derecho.

Los 10 asambleístas que conforman la Comisión votaron a favor del informe del Ejecutivo y aprobaron declarar a la comunicación como un derecho universal. A pesar del avance que este reconocimiento representa, la asambleísta Jeannine Cruz aclaró a FUNDAMEDIOS que la Asamblea todavía tiene que pulir varios puntos relacionados a la LOC, entre ellas el artículo 98 relacionado a los productores audiovisuales.

FUNDAMEDIOS se congratula ante esta decisión que se ajusta a los estándares internacionales de Derechos Humanos que han enfatizado que la comunicación es un derecho individual, sin el cual se negaría la primera y más importante de las libertades: el derecho a pensar por cuenta propia y a compartir con otros nuestro pensamiento; además de ser la base social para mantener y consolidar una sociedad democrática.

RD_361429corozo_361429_515010

274

Hace ocho meses, el Gobierno de Lenín Moreno remitió un proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC). Uno de los dispositivos más sofisticados que había construido el régimen autoritario de Rafael Correa para tratar de acallar al periodismo libre, arrinconar a las empresas mediáticas, evitar cualquier tipo de investigación sobre la corrupción y construir un relato único acerca de la trascendencia mesiánica de su personalidad.

Era ineludible, entonces, para un Gobierno que inició un camino complejo de transición hacia la democracia, desmontar la principal herramienta para el cercenamiento de las libertades y derechos fundamentales.

El camino elegido fue la presentación de un paquete de reformas en las cuales FUNDAMEDIOS y varios sectores de la sociedad civil trabajamos conjuntamente con técnicos del Gobierno, asambleístas y sus asesores pensando en contar con una legislación que cumpla con los estándares internacionales.

Durante el tratamiento de la Ley nos unimos a otros sectores de la sociedad, la Asamblea y el Ejecutivo en la organización de diálogos, foros, talleres, mesas de trabajo para convertir las reformas en un debate social amplio que saliera del Palacio Legislativo.

Por ese esfuerzo desplegado, nos congratulamos con las reformas aprobadas la noche de este 18 de diciembre. Como país hemos podido desmontar el sistema punitivo más represivo de la Región en materia de libertad de prensa. Eso es, básicamente, el gran logro de estas reformas.

Sin embargo, creemos que aún no se cumple plenamente el objetivo de respetar integralmente los estándares internacionales en materia de libertad de expresión. Hay mucho por hacer e invitamos a todos los sectores democráticos del país: a medios de comunicación comunitarios, públicos y privados, a periodistas, sus agrupaciones y gremios, a la sociedad civil, a la academia y a las instituciones estatales del Ejecutivo, Legislativo y operadores de Justicia para unir esfuerzos y avanzar en la implementación de la nueva Ley de Comunicación vía la construcción de sólidos sistemas de autorregulación.

Al tener en mente la nefasta experiencia que significa entregar a los gobiernos la potestad de decidir sobre la calidad y contenidos del periodismo, debemos responder a las expectativas de los ciudadanos sobre la calidad, transparencia y capacidad de diálogo social de los medios.

Debemos, al mismo tiempo, trabajar con jueces y fiscales para que puedan tener la capacidad de aplicar los estándares internacionales. Debemos aportar en la revisión de los procesos de la Superintendencia de la Información y la Comunicación (Supercom) para decir “nunca más” abusar de las leyes para violar derechos y libertades. Debemos avanzar en un mecanismo efectivo de protección al trabajo periodístico. Hay muchas cosas por hacer.

Al mismo tiempo, es preciso observar que hay varias reformas legales más que se deben afrontar para desmontar del todo el régimen autoritario: Ley de Elecciones, Ley Antimonopolio, Ley de Participación Ciudadana, Código Penal. Y avanzar en normativas vitales como la de Medios Públicos, Publicidad Oficial, Protección de Datos Personales, Acceso a la Información.

El 18 de diciembre supone un hito que nos llena de satisfacción, pero la tarea es aún larga y estamos decididos a aportar desde todas las perspectivas.

274

Se alista el informe para el segundo debate de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. La jornada del 3 de diciembre, la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea revisó y votó sobre las observaciones al Proyecto.

Durante la sesión, se dio un relevancia a la modificación del artículo 42, sobre el libre ejercicio de la comunicación, el cual señala que “las actividades periodísticas de carácter permanente realizadas en los medios de comunicación, en cualquier nivel o cargo, deberán ser desempeñadas por profesionales en periodismo o comunicación”. El contenido original se ratificó. De modo que se mantiene el requisito de contar con un título profesional para desempeñar actividades periodísticas.

Aquellos periodistas que no tengan título, a partir del 27 de julio del 2014,  han tenido la posibilidad de hacer la certificación de competencias laborales. 2533 certificados se han emitido hasta la fecha. Esto garantiza la calidad de los contenidos de los medios de comunicación y que los medios cumplan con estos salarios fijados”, explicó la asambleísta Marcela Holguín. La experiodista y militante de la Revolución Ciudadana propuso excluir a los medios comunitarios de esta exigencia; sin embargo, no se aprobó.

Los textos sobre las normas deontológicas que debían observar los medios de comunicación y periodistas para difundir información y opiniones serán eliminados de la ley. Con ello se derogarán los artículos 9 y 10 de la LOC, propuesta planteada por el Ministerio del Interior y la Asambleísta Jeannine Cruz.  La propuesta tuvo la mayoría de votos de parte de los asambleístas.

El artículo 26, de Linchamiento mediático, se derogó definitivamente. El 36, sobre Derecho a la comunicación intercultural y plurinacional, generó debate. Con seis votos a favor, la propuesta de Viviana Bonilla, de modificar el texto del proyecto que dice “Todos los medios de comunicación tienen el deber de difundir contenidos que expresen y reflejen la cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y saberes de los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias, por un espacio de hasta 5% de su programación diaria” eliminando la palabra “hasta” y conservando el porcentaje requerido de difusión, se acogió.

Se trataron 119 artículos y disposiciones transitorias, reformatorias y derogatorias. La sesión concluyó con el análisis de la matriz de las observaciones. Hasta el 13 de diciembre, la Comisión legislativa prevé contar con el informe oficial para el segundo debate.

 

181

César Ricaurte (O)

Y hemos llegado al segundo debate de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), pero el camino para llegar a buen puerto no es sencillo.

En la primera etapa comparecieron los dos relatores de Libertad de Expresión, Édison Lanza, de la CIDH; y David Kaye, de la ONU. Eso ayudó mucho a centrar la discusión en los estándares internacionales. Hubo cerca de 90 comparecencias más y los medios comunitarios fueron los más activos y los que obtuvieron la mayor cantidad de puntos para su agenda.

Para este segundo debate, se prevé que los correístas y las fuerzas antidemocráticas que desean seguir amordazando a la prensa lancen una ofensiva en todo orden, preparan para eso figuras como los de la “real malicia” para reemplazar el linchamiento mediático. Esto demuestra cómo pervierten los estándares más favorables a la libertad de expresión, para convertirlos en verdaderas mordazas.

Y hay muchas más propuestas soterradas que pueden, por ejemplo, desenterrar a la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) o un organismo similar, a la cual los más optimistas dábamos por muerta y enterrada. Porque probablemente el desafío más importante, el verdadero nudo crítico en la discusión de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación, es el problema del diseño institucional.

Debemos estar conscientes que gran parte de los problemas que debemos afrontar se debe a que la Ley fue concebida como un Frankstein, bajo una idea bastante estúpida: el Estado como titular del derecho a la libre expresión, en todas sus dimensiones.

El Estado debía estar en todo y controlarlo todo para al final producir un sinsentido que se sostenía por un solo objetivo: el control y disciplina a los medios. El diseño de las instituciones estatales durante el correísmo correspondió a esa lógica corrosiva. La pregunta clave de esta transición del autoritarismo a la democracia es: ¿Es posible transformar esas instituciones para que cumplan un rol en democracia? ¿Cómo?

Pero vamos por pasos y demos un vistazo a los avances del proyecto.

Es posible asegurar que hay avances sustanciales en algunos puntos críticos. Mencionemos dos: el derecho a la rectificación y el papel de la Defensoría del Pueblo. El derecho a la rectificación se sujeta casi estrictamente al artículo 14 de la Convención Americana así:

Art. 14: Derecho de rectificación o respuesta

  1. Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley.

Mucho mejor que el texto actual, ambigüo y desproporcionado. Sin embargo, es notorio que este artículo deberá ser reglamentado y, en último término, para su implementación implicará un activo trabajo con editores de medios y con operadores de justicia que deberán ser quienes decidan la aplicación del estándar de la real malicia, por poner un ejemplo.

También se incrementan las acciones afirmativas a favor del sector comunitario: se crea un fondo concursable para su impulso, se van a concesionar directamente frecuencias para las nacionalidades y pueblos indígenas, y se mantiene la reserva del espectro del 34 por ciento. No se avanza, lamentablemente, en poner fin a la innecesaria y antitécnica reserva del 33 por ciento del espectro para el sector público. Como ha dicho el relator Édison Lanza: los medios públicos deben ser pocos, pero de la más alta calidad posible. Esa es la línea en qué se debe trabajar.

Y llegamos a los nudos críticos. El diseño institucional como el principal. Revisemos una vez más lo que heredamos del correísmo: bajo el esquema de control de los medios y de la comunicación como servicio público se crearon dos tipos de instituciones con dos leyes distintas. Con la LOC se debían controlar los contenidos de los medios, para ello se dio paso a la Supercom que, según unos de sus creadores, “era los dientes en la Ley”. Es decir, la encargada de morder o sancionar a medios y periodistas. La segunda era el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom) que debía ser el organismo “técnico” que emita los informes para justificar las sanciones y la regulación secundaria que cierre el cerco del control, allí dónde la LOC se había quedado corta.

En la otra mano, bajo la Ley de Telecomunicaciones, donde se creó una Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) bajo control absoluto del Ejecutivo que debía encargarse de controlar todo lo relativo al espectro radioeléctrico, incluyendo frecuencias de radio y TV.

En la intersección de ambas leyes, al Cordicom se le dio el poder de calificar proyectos comunicacionales, es decir de calificar los contenidos de los medios, para otorgarles o no frecuencias.

Insisto, bajo una lógica de control, este diseño es implacable. ¿Pero bajo una concepción democrática y respetuosa de libertades y derechos? Las reformas a la LOC tienen el acierto de neutralizar las mordeduras de la Supercom y ordenar su desaparición bajo la lógica de que ya el Estado no va a controlar contenidos ni va a sancionar por el ejercicio de la libertad de expresión.

Pero ¿qué pasa con el Cordicom y su primo hermano Arcotel? ¿Qué pasa, en definitiva, con la forma de otorgar licencias para concesionar frecuencias de radio y TV?

En primer lugar, el Cordicom no puede desaparecer. Hay un mandato popular como razón de su existencia y digamos que es legítimo que existan organismos reguladores colegiados. ¿Cuáles son los requisitos, los estándares que debe cumplir? No debe ser politizado ni subordinado a los intereses políticos o empresariales y su composición debe tener un alto nivel técnico.

¿El Cordicom cumple los requisitos que salen de las reformas? No y es un no rotundo. El Gobierno mantiene presidencia y voto dirigente. El resto de la composición es más por cuotas de representación, que en realidad son cuotas políticas, que no garantiza ni mucho menos el nivel técnico y la independencia.

Si bien hay avances en la forma de elección de los consejeros, que ya no serían designados a dedo, siguen respondiendo a distintos sectores, sin que eso signifique cuestionar la legitimidad de los mismos.

Arcotel es otro cantar. Está en la Ley de Telecomunicaciones. Pero, el asunto es que en la LOC consta el tema de la asignación de frecuencias y se hace necesario debatir reformas al respecto.

¿Entonces? En este punto es necesario llenarse serenidad y paciencia y probablemente comenzar la discusión de 0. El relator Lanza decía que este es un tema en el que, como país, debemos darnos tiempo y oportunidad de debatir. El diseño institucional es demasiado importante. Quizás se pueda aprobar las reformas a la LOC con una composición transitoria del Cordicom e incluso del Arcotel, para luego dar forma a un nuevo diseño institucional que responda a la lógica de una sociedad que desea construir una democracia plena.

Este 8 de noviembre la tercera jornada para aportar al debate de las reformas de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), organizada por FUNDAMEDIOS, Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom), Defensoría del Pueblo y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), fue dedicada a los medios comunitarios.

Este diálogo interinstitucional tuvo en su panel a Édison Toro, superintendente de Información y Comunicación; Vladimir Andocilla, asesor principal de la asambleísta Jeannine Cruz; Ana Acosta, coordinadora ejecutiva de la Fundación El Churo; y el abogado Fred Larreátegui, profesor de la PUCE.

“La libertad de expresión es para todos, no es únicamente para comunicadores y medios. Es la garantía de las personas. Si una ley tiene una garantía de ser plena para todos, ese es el verdadero beneficio”, indicó el titular de la Supercom. Además, destacó la importancia de estos espacios para los medios comunitarios y su trabajo para pluralizar las voces.

Ana Acosta, representante de los medios comunitarios, expuso propuestas para las reformas de la LOC. “Así como el agua y el techo, la comunicación es nuestro derecho”, comentó. Expuso datos y cifras sobre la asignación de frecuencias y la distribución del espectro radioeléctrico entre entre privados, públicos y comunitarios.

Larreátegui aportó al diálogo con información sobre estándares de radiodifusión comunitaria. En su exposición abordó la libertad de expresión como piedra angular en un sistema democrático, así como las problemáticas en torno a los derechos de los medios comunitarios.

Periodistas de medios comunitarios, así como voceros de gremios, intervinieron en la discusión de la jornada. El objetivo es que de estos diálogos se desprendan insumos que sirvan de guía en el proceso de reforma de la Ley que ahora se discute en la Asamblea. El próximo 22 de noviembre se llevará a cabo una jornada de debate en Guayaquil, a la cual periodistas de medios públicos, privados y comunitarios estarán convocados.