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LOTAIP

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Ecuador, 22 de julio, 2020.- Fundamedios coordinó una mesa de diálogo en torno al ‘Órgano rector en acceso a la información y protección de datos’, con la finalidad de examinar las opciones para contar con un ente independiente y autónomo que garantice el cumplimiento de la ley.

El encuentro virtual, desarrollado este 21 de julio, contó con la participación de  Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); Frank LaRue, director de Defensa y Derechos Humanos de Fundamedios y exrelator especial de la ONU; Francisco Acuña, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) de México; María Paula Romo, ministra de Gobierno de Ecuador;  Fernando Flores, presidente de la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional; Lorena Naranjo, directora Nacional de Registro de Datos Públicos, entre otros invitados. Fue conducido por el Director Ejecutivo de Fundamedios, César Ricaurte.

Desde la mirada de los participantes, debe existir un órgano independiente capaz de asumir las funciones de garante de la protección de datos personales y el derecho a acceder a la información. Para Frank La Rue, lo importante es contar un ente rector que sea independiente, mejor si es colegiado e integrado por máximo siete miembros -elegidos periódica y escalonadamente- para que el nivel de independencia frente al poder político sea efectivo.

El Relator Edison Lanza destacó la importancia de la existencia de un órgano que supervise el ejercicio del derecho a acceder a la información y protección de datos. Coincidió con el representante de Fundamedios en que debe ser independiente, especializado, autónomo financieramente. En este contexto, enfatizó en la necesidad de actualizar la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso  a la Información Pública (Lotaip), vigente desde 2004.

Francisco Acuña, del INAI de México, expuso el ejemplo mexicano. Afirmó que defiende la autonomía y puso a disposición de las autoridades legislativas la posibilidad de un intercambio de experiencias con el Instituto.

Por su parte el Presidente de la Comisión de Soberanía, Fernando Flores,  aseguró que la redacción de la norma tiene un avance del 90 % y ha sido construida con los aportes de actores como expertos de la Comisión Europea, legisladores latinoamericanos, juristas y representantes de asociaciones de protección de datos, sociedad civil y academia. 

Para María Paula Romo, el acceso a la información y la protección de datos son temas fundamentales para el actual Gobierno. La Ministra indicó que el Proyecto de Ley de Protección de Datos Personales fue presentado como iniciativa del Ejecutivo, preocupado por la exposición de la ciudadanía a filtraciones y robo de información. Al ser Ecuador uno de los pocos países sin una norma que garantice esa protección, recalcó que espera que la norma sea aprobada en el actual periodo legislativo.

Lorena Naranjo, titular de la Dinardap, insistió en la urgencia de la aprobación de la Ley; sobre todo en el contexto actual donde existe mayor generación de información personal.

El encuentro contó con la participación de más de 40 invitados entre expertos internacionales, autoridades, periodistas, representantes de la sociedad civil, academia y embajadas.

Fundamedios seguirá acompañado el proceso de construcción de dos leyes que son fundamentales para la garantía de dos derechos: privacidad y acceso a la información, que son absolutamente necesarias para el fortalecimiento de las instituciones democráticas.

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FUNDAMEDIOS y la FUNDACIÓN MIL HOJAS presentaron este 16 de mayo el informe sombra sobre el acceso a la información pública en Ecuador. La garantía de ese derecho está vinculado al objetivo 16.10.2, incluido en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.

En el reporte, que se enviará a Unesco, se observa el cumplimiento de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lotaip), que data de 2004. Para ello, se desarrollaron cinco ejes de análisis:

  • Contexto: Información que se desprende de los informes de gestión de la Defensoría del Pueblo
  • Comparativo: Avances/Retrocesos entre los dos últimos períodos
  • Cumplimiento del Plan Estratégico que incluye en su objetivo 8 la transparencia
  • Estándares Internacionales y Lotaip
  • Casos emblemáticos

La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determina que la ley debe garantizar el acceso efectivo y más amplio posible a la información pública. En ese contexto, la Lotaip no funciona en los términos establecidos en el estándar internacional.

En Ecuador, el desconocimiento de las autoridades sobre el derecho de acceso a la información es notorio. Además, los mecanismos administrativos, burocráticos y el sometimiento de las solicitudes de acceso a calidad de trámite físico, a pesar de las nuevas tecnologías, es vulneratorio. Se requiere con urgencia regulación expresa y actualizar el marco normativo.

César Ricaurte, director ejecutivo de FUNDAMEDIOS, afirmó que la «cultura del ocultamiento y del secretismo» que se impuso durante la década pasada se mantiene. En ese contexto, el periodista Juan Carlos Calderón, presidente de la organización, insistió en que “La primera condición para luchar contra la corrupción es la transparencia, el acceso a la información”; e instó al Gobierno a cumplir la Lotaip. «Sin acceso a información no podemos tomar decisiones. Eso merma la calidad de la democracia», añadió Martha Roldós, directora de MIL HOJAS. 

En 2018, la Defensoría del Pueblo creó cinco estrategias para que la Ley se cumpla: 1) un documento que recopila estándares internacionales y contenidos mínimos esenciales respecto de este derecho; 2) se planteó que las solicitudes sean físicas y electrónicas; 3) se incorporó el enfoque de Derechos Humanos, género y diversidades; 4) se ordenó que las entidades del sector público implementen programas de difusión y capacitación del derecho de acceso a la información; 5) se planteó que se cumpla el objetivo 8 del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021.

Sin embargo, ha  resultado insuficiente. El trabajo de los periodistas en Ecuador se ha visto afectado por el ocultamiento de datos. La negativa expresa o tácita de entregar información pública, como queda anotado en este informe, impide el ejercicio de otros derechos, como la participación ciudadana en la toma de decisiones en actos y resoluciones de interés público. También da paso a la corrupción, pues se carece de transparencia.

Informe español

Informe en inglés

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En Ecuador se oculta información. Es complejo acceder a datos que reposan en instituciones públicas. Más aún si están vinculados a la construcción de obras, presupuestos, funcionarios que toman decisiones y autoridades de gobiernos seccionales.

En el país se viola la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Lotaip, aprobada en 2004 y cuyo objetivo es que todo ciudadano pueda acceder a la información pública, esa que se archiva en entidades estatales, instituciones que perciben rentas del Estado y en las organizaciones no gubernamentales (ONGs) que reciben fondos públicos.

Las instituciones públicas no responden a los pedidos de información

Para esta investigación se realizaron 24 solicitudes de acceso a la información a 11 instituciones del Estado. De estas, solo tres respondieron y ninguna entregó la información completa.

El resto de instituciones contestó parcialmente, con negativas, direccionó a sus páginas web, entregó información que no correspondía a la solicitud y, en el caso de los ministerios de Defensa, de Salud, Consejo de la Judicatura y Secretaría de Comunicación (Secom), hasta ahora guardan silencio.


El director general de la Defensoría del Pueblo, Harold Burbano, indicó que en el país existe una cultura de ocultar información, de creer que los funcionarios son sus dueños. Y, precisamente, es la Defensoría la responsable de velar por el ejercicio y cumplimiento del derecho de acceso a la información pública.

Sistema de corrupción detrás de negativas para acceder a la información pública

Luego de solicitar información pública a las 11 instituciones del Estado, se procedió a ubicar casos de ciudadanos y periodistas a quienes se les negó información. Sus historias revelan que la negativa oculta un sistema deshonesto que juega con los recursos económicos de los ecuatorianos e incluso, con sus vidas.

Exalumno de la FACSO quiere saber qué hicieron con el dinero que canceló por sus derechos de grado  

En 2014, Diego Castro, exalumno de la Facultad de Comunicación Social (Facso) de la Universidad Central del Ecuador, pidió información sobre el destino del dinero que pagó por los derechos de grado para obtener su título, pues este rubro no se debía cobrar. Según el artículo 10 del Reglamento para garantizar el cumplimiento de la gratuidad de la educación superior pública, aprobado por el Consejo de Educación Superior, CES, durante toda la carrera, incluyendo la obtención del título, se prohíbe a ese tipo de instituciones cobrar directa o a través de terceros algún rubro. Todavía se desconoce el paradero del dinero cobrado para su titulación y el de sus compañeros.

En 2018, con base en lo que determina la ley, la Defensoría del Pueblo acogió su denuncia y la judicializó, luego de haberla archivado en 2015. En la audiencia celebrada a finales de 2018, la Universidad Central expuso ante el juez parte de la información solicitada; sin embargo no fue entregada al solicitante. Solo le permitieron tomar fotos de las hojas expuestas.

Castro considera que la información que se presentó fue incompleta e incorrecta. El juez indicó que su única responsabilidad era constatar que se presentó la documentación. El demandante, junto al abogado de la Defensoría, apeló. Actualmente el caso está en espera a que la Corte Provincial cumpla con seis medidas de reparación, una de las cuales es la entrega total de la información.  

Burbano enfatiza en que los servidores públicos no cumplen con la Lotaip. Pero, si se quiere hacer respetar el derecho, se debe acudir a la Defensoría del Pueblo y solicitar un abogado que acompañe el proceso. Toda información debe ser entregada al ciudadano, salvo la que se considera reservada, secreta y secretísima. Sin embargo, incluso la Constitución dictamina que no puede invocarse reserva cuando se trata de investigaciones sobre violaciones a Derechos Humanos.

Los ministerios se niegan a dar información sobre temas polémicos

Susana Morán, periodista del portal Plan V, cuenta que ha realizado innumerables pedidos para acceder a información pública. En el régimen de Rafael Correa, estos no tuvieron cabida y, actualmente, la información que se entrega es parcial. Para ella, el Ministerio de Justicia fue una de las fuentes que se convirtió en inaccesible durante el gobierno anterior.

Los datos a los que no se podía acceder estaban relacionados a violencia contra la mujer y niños; situación de las cárceles de Ecuador, específicamente la de Latacunga. En el último año, el tema catalogado como reservado ha sido el secuestro y asesinato del equipo periodístico de Diario El Comercio, ocurrido entre marzo y abril de 2018.

La ley es clara. El artículo 4 de la Lotaip señala que la información es de los ciudadanos y el Estado y las instituciones privadas depositarias de archivos públicos son solo sus administradores y están obligados a garantizar el acceso a la información. Sin embargo, la ciudadanía lo desconoce. Hay quienes incluso la confunden con la Ley Orgánica de Comunicación (LOC).

Paradójicamente, el artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública determina que el sistema educativo, público y privado debe desarrollar programas de actividades de conocimiento, difusión y promoción de este derecho.

Información vinculada al desastre del 16 de abril de 2016 se oculta

El terremoto que sufrió Ecuador, el 16 de abril de 2016 de 7.8 grados dejó 671 fallecidos, 248​ desaparecidos y 6.274 heridos. Ante la tragedia, el gobierno del entonces presidente Rafael Correa anunció que se desarrollaría un plan de vivienda para los damnificados. Dos años después, en abril de 2018, cientos de casas que figuraban en los contratos no se construyeron.

Los periodistas Desirée Yépez y Jean Cano investigaron el tema y solicitaron información al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda sobre la construcción de 45.455 obras, entre casas y reparaciones.

Tras el silencio de las autoridades, a inicios de 2018, luego de realizar solicitudes de información y no obtener resultados, se presionó por la información a través de Twitter. La respuesta del Gobierno llegó 69 días después de realizado el pedido.

La información que se negaban a dar guardaba datos reveladores de los incumplimientos. En el reportaje titulado “A dos años del terremoto en Ecuador, se encienden las alertas por corrupción con los fondos de la reconstrucción”, difundido en el portal Univisión, los periodistas exponen que:

  • Alrededor de 1.000 contratos no se fiscalizaron.
  • 44 contratistas incumplieron los contratos en su totalidad
  • El perjuicio económico supera los 15 millones de dólares
  • 75.000 damnificados se inscribieron para recibir ayuda, pero esta solo llegó al 50% de inscritos.  

En el artículo se revela que hubo contratistas que recibieron el dinero y no levantaron ninguna casa.

Se dictaminó reserva para 37 casos archivados que comprometen a Jimmy Jairala  

Martha Roldós, exintegrante de la Comisión Nacional Anticorrupción, solicitó en enero de 2018 los archivos de las denuncias por corrupción correspondiente a la prefectura de Jimmy Jairala, actual candidato para la alcaldía de Guayaquil. Los 37 casos están archivados; sin embargo, se negó el acceso aduciendo que en la sentencia para el archivo se dijo que esa información era reservada porque existen indicios de responsabilidad penal. El juez habría dictaminado reserva sobre los mismos para que no se atente contra la honra del exprefecto,

Para la Directora del Portal Mil Hojas, esta sentencia es “inaudita”, ya que todo caso que esté archivado puede ser revisado al no corresponder a una etapa de investigación que pueda interferir con el proceso. Por esta razón se apeló a la resolución y, a pesar que la última audiencia se realizó el 30 de enero, se desconoce la sentencia.

Por solicitar información en este caso, miembros de la Comisión, incluida ella, han sufrido agresiones y robos.

FUNDAMEDIOS solicitó a la Fiscalía General del Estado (FGE) que responda en qué normativa se basó para declarar la reserva de los archivos de las investigaciones relacionadas al exprefecto. La respuesta fue que el artículo 584 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que indica que “el informe con indicios de responsabilidad penal se mantendrá en reserva de terceros ajenos a su trámite y del público en general, pero se garantiza el derecho a tener acceso inmediato, efectivo y suficiente a éste, por parte del ofendido, de las personas a las cuales se investiga y de sus abogados…”.

Una reforma necesaria

15 años después de aprobada la Lotaip, se habla de la necesidad de un proyecto de reforma o el diseño de una nueva norma que se ajuste de manera efectiva a los estándares internacionales. Permanentemente, FUNDAMEDIOS ha impulsado un cambio a esta ley. César Ricaurte, director ejecutivo de la organización, considera que existe la necesidad de emprender reformas integrales para incorporar avances normativos.

El periodista señala que se debe revisar y reforzar el papel de cumplimiento de la entidad encargada de velar por su cumplimiento. Ricaurte sugiere que dicha autoridad debe ser independiente, con autonomía económica y facultades para sancionar a quien la incumpla. Y agrega que los pedidos para acceder a la información pública deben hacerse en línea, para que sean más ágiles y queden debidamente registrados.

Por otro lado, Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD), anuncia que se trabajará con la sociedad civil un cuerpo legal renovado con base a la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información aprobada por la Organización de Estados Americanos, OEA. “El acceso a la información es una condición indispensable para la participación ciudadana y promueve el respeto de un derecho”, afirma.

Sanciones a quien viola la LOTAIP

Existen sanciones para quienes no entreguen información: multas, suspensión de sus funciones por 30 días sin derecho a sueldo o, incluso, la destitución. Pero la Defensoría del Pueblo no tiene un dato de cuántos funcionarios han sido, si es que los hay, sancionados.

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Desde el 18 de mayo de 2004, Ecuador cuenta con la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP), la cual establece los parámetros para el ejercicio del derecho de acceso a la información de los ciudadanos, así como las obligaciones de las autoridades respecto a la transparencia en la gestión pública.

Para determinar el nivel de cumplimiento de las instituciones estatales con las obligaciones en materia de información pública consagradas en la LOTAIP, Fundamedios presentó 40 peticiones de acceso a la información dirigidas a la Presidencia, Vicepresidencia y a los diferentes Ministerios y Secretarías de Estado. La petición solicitaba el detalle de los medios de comunicación con los que cada entidad ha pautado para exponer sus programas, planes y proyectos durante 2012. Del seguimiento dado a estas peticiones de acceso, se determinó que 26 de las 40 instituciones requeridas respondieron a la solicitud. De las 26 que respondieron a la petición, solo 14 entregaron información completa.

Según el Art. 9 de la LOTAIP, el plazo que tienen las instituciones para responder a este tipo de requerimientos es de 10 días. De las 26 instituciones que entregaron la información solicitada por Fundamedios, 10 cumplieron con el plazo establecido en esta norma. Llama la atención que entre las instituciones que indicaron no contar con la información solicitada están la Presidencia de la República y la Secretaría Nacional de Comunicación.

La Presidencia contestó que “no se ha cumplido con dos de los tres requisitos establecidos, la ubicación de los datos y los tema motivo de la solicitud…”, así como que el presidente Rafael Correa, “no posee en su poder la información que usted solicita; demostrando así otra razón más por la cual no puede ser cogido favorablemente la solicitud”.

Por su parte, la Secretaría Nacional de la Administración Pública respondió que no cuenta “con autonomía administrativa ni financiera, y no tiene la capacidad de suscribir contratos”, no obstante, envió la solicitud a la Secretaria General de la Presidencia de la República. Indicaron además que la información solicitada se encuentra en el portal web de la Presidencia.

En este portal constan los contratos de publicidad suscritos por la Presidencia para informar sobre las “acciones del Gobierno” durante los años 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011; sin embargo, no consta información de 2012.

La Secretaría Nacional de Comunicación contestó que “las entidades no tienen la obligación de crear o producir la información que no dispongan o no tengan obligación de contar al momento de efectuarse el pedido. En ese sentido, la secretaria no se encuentra obligada a tener información ajena o que exceda a sus responsabilidades legales”. Además aclara que la Secretaría “es una entidad que carece de personalidad jurídica y autonomía administrativa y financiera, razón por la cual no se encuentra habilitada a suscribir contratos o mantener información como la que se menciona en el oficio…” además que “no tiene la obligación de mantener un archivo respecto de los contratos que se generan en la Presidencia de la República”.

Estándares internacionales y constitucionales que consagran y protegen el derecho de acceso a la información pública

Los principales instrumentos internacionales de derechos humanos consagran el derecho a la libertad de pensamiento y expresión (1). El derecho de acceso a la información pública es una de las formas mediante las cuales se puede ejercer la libre expresión, entendida esta como la facultad de buscar y recibir información. La importancia de ello para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas por parte del poder público en el derecho internacional, ha llevado a que, en los últimos tiempos, el acceso a la información se haya constituido como un derecho en sí mismo, e incorporado como tal en varios ordenamientos nacionales en la región y el mundo.

El artículo 13 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos dispone que “toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.

Por su parte, el Principio 4 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la OEA ha establecido que “[e]l acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos. Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho. Este principio sólo admite limitaciones excepcionales que deben estar establecidas previamente por la ley para el caso que exista un peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas”.

Igualmente, la Carta Democrática Interamericana, establece en el Art. 4 que “[s]on componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa” (2). En este mismo sentido, en el año 2000 se adoptó la Declaración de Lima sobre Principios de Acceso a la Información, en donde se reconoció que el acceso a la información es un derecho fundamental que genera obligaciones erga omnes para los Estados (3) y como una herramienta fundamental para promover la transparencia en una sociedad democrática (4).

Así, el derecho de acceso a la información contempla la facultad ciudadana de solicitar información que esté en poder del Estado y de recibir de este último la información requerida con las excepciones contempladas en aras de garantizar derechos de terceras personas o la seguridad del Estado (5). La obligación estatal de entregar la información radica en el principio de transparencia que debe regir la actuación del poder público y el mayor escrutinio que debe haber sobre las actuaciones de funcionarios y entidades públicas (6).

El derecho de acceso a la información se basa en el concepto de que la información que reposa en instituciones públicas no pertenece al Estado, sino a la gente (7). Por ello, cualquier persona puede solicitar y debe recibir esta información de manera expedita. Si, excepcionalmente, la información solicitada fuera de aquella cuya naturaleza impide ser divulgada, la autoridad deberá emitir una respuesta debidamente motivada (exponiendo argumentos de hecho y de derecho) que justifiquen la negativa de entregar esta información) (8).

En cuanto a los requerimientos que deben observar los Estados para garantizar este derecho, la Corte Interamericana ha dispuesto que la “información debe ser entregada sin necesidad de acreditar un interés directo para su obtención o una afectación personal, salvo en los casos en que se aplique una legítima restricción. Su entrega a una persona puede permitir a su vez que esta circule en la sociedad de manera que pueda conocerla, acceder a ella y valorarla” (9). De ahí, que el derecho de acceso a la información contempla al menos dos obligaciones para los funcionarios públicos: “a) suministrar la información solicitada; y/o b) dar respuesta fundamentada a la solicitud presentada, en caso de que proceda la negativa de entrega por encontrarse la información solicitada dentro de las excepciones” (10).

Finalmente, el derecho de acceso a la información está consagrado como derecho fundamental en la Constitución Política de la República del Ecuador. El artículo 18, numeral 2, de la Constitución establece que todas las personas en forma individual o colectiva tienen derecho a: “Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública, negará la información”.

Carácter de la respuesta

Esta categoría hace referencia a la respuesta o no a la solicitud presentada. En ella se ubican 26 instituciones estatales que respondieron el pedido y 14 no dieron contestación a la petición.

• Contestaron (26): Presidencia, Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, Ministerio de Coordinación del Desarrollo Social, Secretaría Nacional de Administración Pública, Ministerio de Coordinación de Patrimonio Natural y Cultural, Ministerio de Coordinación de Sectores Estratégicos, Ministerio Coordinador de la Política y Gobiernos Autónomos, Ministerio de Producción, Empleo y Competitividad, Ministerio de Coordinación de la Seguridad, Ministerio de Coordinación de Conocimiento y Talento Humano, Ministerio de Educación, Ministerio de Recursos Naturales no Renovables, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Industrias y Productividad, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Secretaría Nacional de Comunicación, Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión, Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, Vicepresidencia, Secretaría Nacional de Inteligencia, Ministerio Coordinador de la Política Económica, Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda.

• No Contesta (14): Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Cultura, Ministerio del Interior, Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, Ministerio de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Deportes, Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Ministerio de Turismo, Instituto para el Desarrollo Regional Amazónico, Ministerio de Relaciones Laborales, Secretaría Nacional del Migrante, Secretaría Nacional del Agua.

Cumplimiento del principio de acceso a la información

Plazo

Esta categoría indica si la respuesta dada a la petición por parte de las 26 instituciones que respondieron se hizo dentro o fuera del tiempo establecido por la ley (10 días).

  • Dentro del plazo (10): Presidencia, Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, Ministerio de la Política y Gobiernos Autónomos, Ministerio de Coordinación de Sectores Estratégicos, Ministerio de Coordinación de Conocimiento y Talento Humano, Ministerio de Educación, Ministerio de Defensa Nacional, Secretaría Nacional de Comunicación, Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología.
  • Fuera del plazo (16): Vicepresidencia, Ministerio Coordinador de la Política Económica, Secretaría Nacional de Inteligencia, Secretaría Nacional de Administración Pública, Ministerio de Coordinación del Patrimonio Natural y Cultural, Ministerio de Coordinación de la Seguridad, Ministerio de Recursos Naturales no Renovables, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Industrias y Productividad, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Telecomunicaciones, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión, Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social, Ministerio de Finanzas.

Resultados en cumplimiento

Esta categoría corresponde al tipo de información que se recibió y se divide en dos sub-categorías: INFORMACIÓN RECIBIDA, INFORMACIÓN PARCIAL.

  • Información recibida, aquellas instituciones que entregaron la información completa (14): Vicepresidencia, Ministerio Coordinador de la Política Económica, Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, Ministerio Coordinador de la Política y Gobiernos Autónomos, Ministerio de Educación, Ministerio de Recursos Naturales no Renovables, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Industrias y Productividad, Ministerio de Telecomunicaciones, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, Ministerio de Finanzas, Ministerio Coordinador del Desarrollo Social, Ministerio de Salud Pública.
  • Información parcial, las instituciones que informaron que no habían contratado publicidad con ningún medio de comunicación (9): Ministerio de Coordinación del Patrimonio Natural y Cultural, Ministerio de Coordinación de Sectores Estratégicos, Ministerio de Coordinación de la Seguridad, Ministerio de Coordinación de Conocimiento y Talento Humano, Ministerio de Defensa Nacional, Secretaría Nacional de Inteligencia, Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión, Secretaría Nacional de la Administración Pública.

Resultado en incumplimiento

En esta categoría constan aquellas instituciones que DENEGARON por escrito la información.

  • Denegación Escrita, las instituciones manifestaron no estar obligadas a tener información ajena a sus responsabilidades o que la solicitud presentada no explicaba la ubicación de los datos y el motivo de la misma (3): Presidencia de la República, Secretaría Nacional de Comunicación y la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología.

Avances

Es importante además indicar que 18 de las respuestas al pedido inicial se las recibió vía Quipux, un servicio web que la Presidencia de la República puso a la disposición de las instituciones del sector público para la coordinación de entrega de documentos.

Si bien existieron entidades que no dieron respuesta, los niveles de cumplimiento han mejorado en relación al monitoreo realizado en 2009 por Fundamedios y publicado en el libro La Palabra Rota,11 donde de 69 solicitudes presentadas a instituciones del gobierno central y los provinciales del país, solo contestaron 24 y de ellas siete entregaron la información completa.

Los resultados de este monitoreo se presentan sobre la base de los criterios de clasificación propuesta por la organización Open Society, en su estudio “Transparencia y Silencio” (12).

  • Respuestas recibidas por Quipux: Ministerio de Coordinación de Conocimiento y Talento Humano, Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, Ministerio Coordinador de la Política y Gobiernos Autónomos, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Ministerio de Coordinación de la Seguridad, Ministerio de Defensa Nacional, Presidencia de la República, Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión, Ministerio de Industrias y Productividad, Ministerio de Salud, Ministerio Coordinador del Desarrollo Social, Ministerio de Finanzas, Ministerio de Coordinación de la Política Económica, Ministerio de Coordinación de Patrimonio Natural y Cultural, Secretaría Nacional de Administración Pública.

NOTAS

  1. Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 13. Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 19. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Art. 19. Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, Art. 10.
  2. Carta Democrática Interamericana. Aprobada el 11 de septiembre de 2011 por la Asamblea General de la OEA.
  3. Principios de Lima sobre Acceso a la Información, 2009. Principio 4.
  4. Principios de Lima sobre Acceso a la Información, 2009. Principio 1.
  5. Corte IDH. Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151; pár. 77.
  6. Corte IDH. Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No 151 pár. 86.
  7. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Estudio Especial sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública. 2007. Pár. 96. Disponible en: http://www.cidh.oas.org/relatoria/section/Estudio%20Especial%20sobre%20el%20derecho%20de%20Acceso%2 0a%20la%20Informacion.pdf. Ver también Principios de Lima Sobre Acceso a la Información. Adoptada en el año 2009. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=158&lID=2.
  8. Corte IDH. Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No 151 pár. 122.
  9. Corte IDH. Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No 151 pár. 77.
  10. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Estudio Especial sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública. 2007. Pár. 94. Disponible en: http://www.cidh.oas.org/relatoria/section/Estudio%20Especial%20sobre%20el%20derecho%20de%20Acceso%2 0a%20la%20Informacion.pdf
  11.  La Palabra Rota, 2009: http://www.fundamedios.org/la_palabra_rota.pdf
  12. Transparencia y Silencio, Open Society, 2006.