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Nosfaltan3

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Paúl Rivas

48 años

25 de abril de 1972 

La fotografía estuvo siempre en sus venas. Paúl creció entre rollos de fotos y cámaras, la pasión por captar imágenes la heredó de su padre, también fotógrafo. Por ello, era natural que su aspiración fuese convertirse en fotoperiodista, una labor que cumplió durante 20 años, en Diario El Comercio, medio de comunicación ecuatoriano al que le entregó no solo su amor hacia la fotografía y su dedicación, sino múltiples reconocimientos nacionales e internacionales.

Paúl estudió en el Colegio San Gabriel, en Quito. Luego fue a la Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE), donde cursó la carrera de Publicidad. No la ejerció, pues su genio estaba en aquello que él denominaba “dibujar con la luz”.

Era sensible, extrovertido, alegre, jovial, solidario, sociable y muy inteligente. Buscaba soluciones, daba apoyo a las personas, tranquilidad a los demás y estaba comprometido con su trabajo. Su sensibilidad con las problemáticas sociales lo llevó a realizar fotorreportajes, para contar historias a través de las imágenes.

En 2013, abordó la problemática de la desaparición de personas en Ecuador. En el fotorreportaje de 10 imágenes: ‘Desaparecidos y tatuados en la piel’, que se publicó en Diario El Comercio, Paúl registró los rostros y la corporalidad de los familiares, se colocó en el lugar de las personas, transmitió la impotencia, el dolor y la frustración de quien no tiene datos de un ser querido, los mismos sentimientos que sintieron hace tres años sus familiares y sus amigos. 

Este trabajo le mereció el Premio Nacional de Periodismo Eugenio Espejo, otorgado por la Unión Nacional de Periodistas (UNP); y en dos ocasiones su trabajo le significó la Pluma de Oro que otorgaba el premio Jorge Mantilla Ortega.

Su fotografía del volcán Tungurahua en plena erupción fue catalogada como una de las mejores en América Latina. A esta realidad también se acercó desde el retrato con el fotorreportaje ‘El Volcán es su hogar y no quieren dejarlo’. La migración tampoco escapó de su lente en la obra ‘Los que se van’, donde expuso las condiciones de vida de los ecuatorianos que llegaron a España en busca de trabajo y oportunidades.

Era un fotógrafo persistente  implacable. Su trabajo podía llevar meses de preparación hasta llegar a obtener la foto perfecta. Tras las réplicas del terremoto ocurrido en 2016 en Manabí y Esmeraldas viajó a la zona para registrar las primeras horas del acontecimiento. Y cuando en diciembre de 2017 Esmeraldas fue abatida por las réplicas del movimiento telúrico, fue a Tonsupa para evidenciar el trabajo de los pobladores para sacar a flote su localidad.

Toda su vida estuvo articulada al ejercicio de su profesión. Todo momento fue una posibilidad para inmortalizar los segundos dentro de su cámara Canon, su marca favorita. En casa, su madre conserva una inmensa colección de cámaras de fotos antiguas.

 

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Juan Javier Ortega Reyes

34 años

17 de diciembre  de 1986

Un apasionado por el fútbol y en especial por el Fútbol Club Barcelona y su estrella Leonel Messi. Javier Ortega Reyes vivió sus años de adolescencia en la comunidad de Valencia, playa de Gandía, España. Allí, cursó la secundaria, pero la nostalgia y el apego a su patria pudieron más y decidió regresar al Ecuador para iniciar con sus estudios de Comunicación Social en la Universidad Politécnica Salesiana en Quito.

Años más tarde, su padre, su hermano y hermana también volvieron al país. Para ese entonces Javier ya había culminado sus estudios de periodismo y había ingresado a la redacción de Diario El Comercio, primero en calidad de pasante, pero su sagacidad y sentido por la noticia le valieron el contrato definitivo en este medio, en el cual laboró durante ocho años.

Los temas relacionados con la seguridad y la justicia siempre estuvieron en su pluma. Atento a los detalles, cauteloso y con la convicción de informar con responsabilidad llevó adelante reportajes vinculados a la legislación nacional, con un enfoque humano, con un profundo respeto y apegado a lo que la ética dicta.

Aunque las características de las fuentes que cubría hicieron que su jornada de trabajo se extendiera hasta la noche, trató de conjugar la pasión por el periodismo con la pasión por el balón. Los miércoles eran el día marcado en la agenda para colocarse los botines, avanzar por la media cancha, armar una jugada y anotar para su equipo.

La silla de Javier en la redacción de El Comercio quedó vacía, su sonrisa contagiosa ya no flota por el ambiente y la solidaridad que lo caracterizó en su casa es una falta permanente para su familia. 

Su habitación está intacta desde el domingo, 25 de marzo del 2018 cuando partió hacia Esmeraldas para cumplir con su trabajo. Los carteles de Leonel Messi, las banderas, las camisetas y el resto de sus artículos del club catalán reposan en este lugar al que ahora ingresan su familia, su abuela, sus primos, sus tíos, quienes nunca lo olvidarán. 

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Efraín Segarra Abril

63 años

5 de diciembre de 1957

Conductor, animalista, fotógrafo por afición e hincha del Deportivo Quito. Efraín Segarra nació en la ciudad de Pasaje, provincia de El Oro, pero quien lo conoció apuesta a que es quiteño de cepa, y sus señas le dan la razón pues desde que tenía 5 años llegó a la capital. En esa ciudad se quedó, se enamoró, tuvo dos hijos y forjó una carrera como conductor profesional.

Muy joven ingresó al Ministerio de Agricultura como asistente de oficina, pero los motores le llamaban más la atención y al graduarse como chofer profesional optó por poner sus manos al volante en esa misma institución durante 10 años.

Luego, su carácter aventurero le llevó a probar suerte en una institución financiera. En el Banco del Pacífico, lugar en el que pasó 7 años de su vida, condujo toda la variedad de autos: motos, automóviles, camionetas y hasta blindados.

Pero él no era un hombre de un solo lugar, su espíritu era nómada, cuando lo llamaron a vincularse al Centro Comercial El Recreo no dudó en cambiar el mundo de las finanzas por el paseo comercial. Allí pasó 3 años.

Un nuevo trabajo – y esta vez definitivo- tocó a su vida y durante 16 años fue parte de la planta de conductores de Diario El Comercio donde fue conocido entre los periodistas como “Segarrita”. Ahí estuvo disponible siempre que “el deber llama”, como él mismo decía cuando una llamada ingresa a su celular, dispositivo electrónico en el que atesoraba su gran colección de “selfies” en todas las ciudades que visitó por su trabajo.

La curiosidad innata de Efraín hizo de él un reportero, un fotógrafo, un asistente de locación. Fueron casi dos décadas las que vivió de cerca el mundo de la prensa. Fue amante del fútbol y de los animales, pues tuvo dos gatos y su perro que fueron rescatados y adoptados. 

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Este lunes 22 de marzo de 2021, la Fundación Andina para la Observación y Monitoreo de Medios-FUNDAMEDIOS, se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,  en el marco de su 179 periodo de sesiones. 

Este espacio de diálogo generado por la CIDH, permite a las organizaciones de la sociedad civil exponer las distintas situaciones de Derechos Humanos en la región. Fundamedios expuso la falta de cumplimiento del Estado ecuatoriano de las recomendaciones del Equipo de Seguimiento Especial-ESE respecto al caso Nos Faltan 3.

En su intervención César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, señaló la falta de cooperación por parte del Estado ecuatoriano de desclasificar la información en torno al secuestro y asesinato de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, equipo periodístico del Diario El Comercio. A su vez manifestó que pese al seguimiento e impulso que la Veeduría Ciudadana del Caso Nos Faltan 3 ha realizado frente a las distintas instituciones obligadas tanto en el Ejecutivo como en lo Judicial, no se ha logrado avanzar y esclarecer los hechos para así vencer la impunidad. 

Además reiteró que la conformación del ESE marcó un hito a nivel regional, pues por primera vez se conformó un órgano especializado internacional que asesore, acompañe y apoye a los Estados en la investigación y sanción de los responsables en un caso de grave violación de Derechos Humanos, como lo fue el asesinato de los compañeros periodistas. 

Por esto, y por la falta de reconocimiento de la obligación de los Estados colombiano y ecuatoriano respecto al cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el ESE, Ricaurte señaló la importancia de que la CIDH implemente un mecanismo de seguimiento a sus propias recomendaciones plasmadas en el Informe Final del ESE estas recomendaciones, para así impedir que nuevamente un caso como este quede en la impunidad.

El Comisionado Joel Hernández, hasta hace pocos días Presidente de la CIDH, y el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca, expresaron su preocupación por la falta de avances en las investigaciones en el secuestro y asesinato de Paúl, Javier y Efraín y concordaron en que es necesario implementar acciones de seguimiento para que los Estados de Ecuador y Colombia cumplan con las cerca de 30 recomendaciones plasmadas en el informe final del Equipo de Seguimiento Especial.

En el marco del tercer aniversario del secuestro y asesinato de Javier, Paúl y Efraín, lo manifestado por la CIDH en reunión con sociedad civil reitera la necesidad de luchar contra la impunidad, y de impedir una vez más una cultura de secretismo frente a entes del Estado que en reiteradas ocasiones ha demostrado su falta de voluntad para cooperar con la necesidad de verdad, justicia y reparación para las víctimas y sus familiares.

 

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Este lunes, 4 de enero de 2021, la Veeduría Ciudadana, conformada por la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios-FUNDAMEDIOS; Nos Faltan 3, la Fundación Periodistas sin Cadenas; la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos-INREDH y la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador-ASFADEC, envió cartas solicitando acciones a las distintas autoridades del Estado. Las cartas desde noviembre de 2020 no han tenido respuesta alguna.

De la reunión mantenida con la Fiscalía General del Estado, se constató que la razón principal para los avances fue la falta de colaboración por parte del Ministerio de Defensa, Ministerio de Gobierno, que forman parte del Consejo de Seguridad Pública del Estado-COSEPE, cuya autoridad que lidera es el Presidente de la República, Lenín Moreno; por lo que esta Veeduría Ciudadana señaló en estas cartas la obligación de desclasificar esta información por tratarse de un grave caso de violación de Derechos Humanos de conformidad con la Constitución de la República del Ecuador e Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos. 

Asimismo, se enviaron cartas de insistencia de actuaciones a la Asamblea Nacional y a la Defensoría del Pueblo, instituciones que hasta la fecha actual no han dado respuesta a las solicitudes realizadas por esta Veeduría. Esta falta de acción por parte de cada una de estas instituciones se encuentra detallada en el Primer Informe de Evaluación del cumplimiento de las Recomendaciones realizadas por el Equipo de Seguimiento Especial-ESE, que fue publicado el pasado 11 de diciembre de 2020, después de un año del lanzamiento del Informe elaborado por este organismo internacional. 

Estas acciones realizadas por la Veeduría se encuentran acompañadas por la Resolución emitida por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en su Pleno 061 el 02 de diciembre de 2020, en la que exhortan a estas instituciones a cumplir las recomendaciones del Equipo de Seguimiento Especial-ESE, además de solicitar las comparecencias de las entonces autoridades que formaron parte del Comité de Crisis entonces conformado para el manejo del secuestro de Javier, Paúl y Efraín. 

 

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Este miércoles 16 de diciembre se proyectó el documental “Nos faltan 3” en la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Manta. Este documental nos cuenta de manera cronológica los hechos del secuestro y asesinato del equipo periodístico del diario El Comercio. 

Este Foro contó con la participación de Ana Cevallos de Rivas cuñada de Paúl Rivas, Patricio Ramos ex corresponsal en Jefe de Diario El Comercio en Manabí, Hernán Lucas periodista independiente, Gabriela Loja autora del documental y como moderadora Diana Zavala, periodista independiente y activista.

En este Foro, Ana Cevallos de Rivas, cuñada de Paúl Rivas manifestó que el documental visibiliza la secuencia cronológica dolorosa de un acontecimiento que afectó tanto a las familias como al país entero. También indicó que las familias de las víctimas se convirtieron en investigadores y periodistas con la finalidad de esclarecer los hechos, debido a la falta de actuación del Estado. 

Ana también expresó su indignación por la liberación de dos detenidos en Colombia debido a la negligencia de la Fiscalía General de la Nación de este país y de la falta de acciones coordinadas por parte de la Fiscalía de Ecuador, institución que no ha avanzado en las investigaciones debido a la clasificación de la información por parte del Estado. 

Hernán Lucas, indicó que los periodistas no tienen seguridad en el ejercicio de su profesión, de parte del Estado y de los dueños de los medios de comunicación. “Todos los ecuatorianos fueron testigos de los hechos que se desarrollaron en torno al secuestro de Javier, Paúl y Efraín y saben que el gobierno debe respuestas a distintas interrogantes.”

Patricio Ramos, señaló su inquietud por la ausencia de los Directores de El Comercio en el documental. “Parte medular, cuando uno sale de cobertura es la asignación del Diario, quienes deben asegurarse que el periodista cuente con todos los protocolos de seguridad”. A su vez señaló la importancia de contar con estos espacios para poder dialogar y evidenciar las necesidades que los periodistas enfrentan diariamente en el ejercicio de su profesión.

 Gabriela Loja, autora del documental aclaró que la ausencia de Directores de El Comercio en este trabajo audiovisual se debe a la falta de colaboración que los mismos tuvieron, así como autoridades que formaron parte del comité de crisis y se negaron a dar más información respecto al caso. 

Loja también indicó que durante la realización del documental evidenciaron que parte del protocolo de seguridad del medio consiste en mantener contacto frecuente con los periodistas que realizan coberturas como sucedió en el caso de Javier, Paúl y Efraín. “En Ecuador no existen manuales o protocolos de seguridad para periodistas que realizan coberturas. A raíz del caso Nos Faltan 3 se trabajaron distintos modelos pero estos no incluyen la participación de todos los actores involucrados.” 

Diana Zavala, también señaló que en distintos trabajos periodísticos se señaló que otro equipo del Diario El Comercio, visibilizó la complejidad de la situación y alertó a los compañeros, por lo que no se explica la falta de medidas de seguridad tomadas por el Diario. También resaltó la importancia de verificar si el trabajo realizado por Javier, acerca del diálogo de agentes estatales con miembros de la organización delictiva influyó en el desenlace obtenido. 

Finalmente, Zavala indicó que este documental es una pieza importante para evidenciar la ausencia de acciones de protección para los periodistas, ya sea por el Estado o por los medios para los que se trabaja. 

Se espera poder contar con distintas proyecciones del documental Nos Faltan 3 a nivel nacional. Este trabajo audiovisual tuvo su lanzamiento en el Cine Ocho y Medio de la ciudad de Quito, en noviembre del presente año, y ya ha sido proyectado en las  ciudades de Guayaquil, Portoviejo y Manta. 

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La Procuraduría General de Colombia a través del Boletín 603 censuró que por causa de la congestión que registra el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Tumaco, Nariño, en los últimos cuatro meses más de un centenar de personas privadas de la libertad quedó libre por vencimiento de términos. Dentro de ese grupo se encuentran los procesados por el secuestro y homicidio de los periodistas de diario El Comercio: Paúl Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra, ocurrido entre marzo y abril de 2018.

El 4 de agosto de 2020 el Juzgado Primero Penal Municipal de Tumaco le concedió la libertad por vencimiento de términos a Gustavo Angulo Arboleda, alias Cherry. El sujeto se encontraba con medida de aseguramiento por los delitos de secuestro extorsivo agravado y concierto para delinquir.

Previamente, el 17 de junio, el mismo Juzgado concedió la libertad por vencimiento de términos a favor de Gustavo Alonso Ospina Hernández, alias Barbas. El juez consideró que la Fiscalía General de la Nación no cumplió con uno de los requisitos exigidos para aplicar la Ley 1809, según la cual se debe contar con la certificación del Consejo de Seguridad Nacional sobre la calificación del Frente Óliver Sinisterra (FOS) como un grupo armado organizado.

Para la Procuraduría, las libertades otorgadas por vencimiento de términos lesionan indiscutiblemente los derechos de las víctimas, quienes reclaman una justicia pronta y oportuna.

El 12 de agosto de 2020 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió la Resolución de levantamiento de medidas cautelares en el caso del secuestro y posterior asesinato de los miembros del equipo periodístico. En el documento, el organismo insta a los Estados de Ecuador y Colombia a continuar las investigaciones y esclarecer las circunstancias relacionadas al crimen.

Fundamedios, como organización que ha vigilado el caso desde el primer momento, insiste en que acompañará a las familias de las víctimas en su búsqueda de verdad, justicia, reparación y no repetición. Un manto de silencio no debe invisibilizar un crimen atroz que puso de manifiesto las deficiencias y omisiones graves de las instancias estatales responsables de brindar seguridad y bienestar a los habitantes de la zona y ofrecer la debida protección al trabajo periodístico.

El ataque a periodistas implica a distintos actores, esa complejidad de los hechos no debe alejar la urgencia de esclarecer la verdad. La verdad es uno de los factores más importantes para erradicar la impunidad: tener claridad sobre los hechos de cara a cada uno de los acontecimientos. En los atentados contra la prensa, normalmente, eso no se esclarece. Según datos de Unesco, el 90% de los casos no son investigados.

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Ecuador, 12 de agosto de 2020.- Este miércoles la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió la Resolución de levantamiento de medidas cautelares 45/2020, en el caso del secuestro y posterior asesinato de Javier Ortega Reyes, Paúl Rivas Bravo y Efraín Segarra Abril, miembros del equipo periodístico de Diario El Comercio. En el documento, el organismo insta a los Estados de Ecuador y Colombia a continuar las investigaciones y esclarecer las circunstancias relacionadas al crimen. 

Resolución CIDH

El 12 de abril de 2018 la CIDH otorgó las medidas cautelares en respuesta al pedido realizado por Fundamedios, la Fundación para la Libertad de Prensa de Colombia (FLIP) y los familiares de las víctimas. Entonces se consideró que la situación cumplía con los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad, necesarios para otorgar dichas resoluciones. 

Parte de las acciones de la Comisión incluyó la conformación de un equipo de seguimiento especial (ESE) para acompañar la investigación de los asesinatos. A través de esta instancia, en diciembre de 2019, se presentó un informe que conmina a Ecuador y Colombia a una desclasificación “REAL” de la información sobre los operativos en la zona y las labores de inteligencia durante el secuestro del equipo periodístico. Esto no ha ocurrido.

En el comunicado de este 12 de agosto, la Comisión explica que las medidas cautelares fueron otorgadas con miras a que se “adopten las medidas necesarias para salvaguardar la vida e integridad personal de Javier Ortega Reyes, Paúl Rivas Bravo y Efraín Segarra” y “las medidas necesarias para que los beneficiarios puedan desarrollar sus actividades periodísticas en ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, sin ser objeto de actos de intimidación, amenazas u otros hechos de violencia”. Tras conocerse del asesinato, la CIDH recuerda que el ESE se implementó “en el entendido de que la obligación de investigar y determinar las responsabilidades que dieran lugar a los hechos recae sobre el Estado”.

En ese contexto, dos años y cuatro meses después, al no existir los requisitos de gravedad, urgencia y necesidad de prevenir un riesgo de daño irreparable, el organismo estima que corresponde levantar las medidas cautelares.

Fundamedios, como organización que ha vigilado el caso desde el primer momento, insiste en que acompañará a las familias de las víctimas en su búsqueda de verdad, justicia, reparación y no repetición. Un manto de silencio no debe invisibilizar un crimen atroz que puso de manifiesto las deficiencias y omisiones graves de las instancias estatales responsables de brindar seguridad y bienestar a los habitantes de la zona y ofrecer la debida protección al trabajo periodístico.

El ataque a periodistas implica a distintos actores, esa complejidad de los hechos no debe alejar la urgencia de esclarecer la verdad. La verdad es uno de los factores más importantes para erradicar la impunidad: tener claridad sobre los hechos de cara a cada uno de los acontecimientos. En los atentados contra la prensa, normalmente, eso no se esclarece. Según datos de Unesco, el 90% de los casos no son investigados.

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El pasado martes 4 de agosto el Juzgado Primero Penal Municipal de Tumaco le concedió la libertad por vencimiento de términos a Gustavo Angulo Arboleda, alias Cherry. Angulo Arboleda se encontraba con medida de aseguramiento por el juicio que se adelanta por los delitos de secuestro extorsivo agravado y concierto para delinquir, en el caso del secuestro y homicidio de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra. equipo periodístico del diario El Comercio. Los crímenes ocurrieron en marzo y abril de 2018 en la frontera entre Colombia y Ecuador.

Javier, Paúl y Efraín desarrollaban labores periodísticas sobre la compleja situación de orden público en la zona fronteriza, caracterizada por la ausencia de institucionalidad por parte de los dos Estados. Dos años después, la frontera continúa siendo una zona silenciada para el periodismo y el esclarecimiento del crimen del equipo periodístico de El Comercio parece lejano.

En el caso de Angulo Arboleda, la administración de justicia ha actuado con lentitud, presentado retrasos excesivos en la programación de las audiencias. Esto deja ver que pese a la gravedad de los hechos, superar el estado de impunidad no es una de las prioridades del Estado colombiano. (Al final de este comunicado pueden consultar una línea de tiempo con las fechas del proceso contra Angulo Arboleda.)

Resulta pertinente recordar que en junio de este año también quedó en libertad Gustavo Alonso Ospina Hernández, alias Barbas, quien no se ha presentado a las audiencias que se continúan adelantando en su contra.

En 2018, el Estado anunciaba a las familias y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se haría todo lo posible para que los responsables fueran sometidos a la justicia, pareciera que ese compromiso se hubiese borrado con el paso del tiempo.

Para Ricardo Rivas, hermano de Paúl Rivas, el acceso a la justicia ha sido indignante, y desgastante: “No es menos que indignante el saber y conocer que la justicia no se está dando y no existe en este caso en Colombia. En las reuniones que nosotros tuvimos en Washington con la CIDH el compromiso del Estado fue ese: darle seguimiento, celeridad, a este caso que ha sido emblemático a nivel regional. Lamentablemente no hemos visto los resultados”.

Para Fundamedios, la FLIP y los familiares de las víctimas estas decisiones son una señal clara del riesgo de impunidad que permea este caso, por ello hacemos un llamado para que los Estados de Colombia y Ecuador reafirmen su compromiso en lucha contra la impunidad en este caso y que adopten las recomendaciones sugeridas por el Equipo Especial de Seguimiento de la CIDH.

En ese sentido, el Estado colombiano, por medio de la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura, debe adoptar lineamientos para priorizar la procuración de justicia en este caso, de conformidad con los estándares internacionales para la investigación, juzgamiento y sanción de graves violaciones a los Derechos Humanos.

“Como víctimas también nos afecta. Nos hace pensar que lamentablemente es un camino duro el cual tenemos que seguir labrando y luchando hasta poder conseguir el objetivo de llegar a esa justicia y a esa verdad y a esa equidad en este caso”, Ricardo Rivas.

200805 Comunicado Libertad por Vencimiento de Términos Cherry.docx

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El 17 de junio de 2020, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Tumaco, en decisión
de segunda instancia, concedió la libertad por vencimiento de términos a favor de
Gustavo Alonso Ospina Hernández, alias Barbas. El juez consideró que la Fiscalía
General de la Nación no cumplió con uno de los requisitos exigidos para dar aplicación
a la Ley 1809 de 2018, según el cual se debe contar con la certificación del Consejo
de Seguridad Nacional sobre la calificación del Frente Oliver Sinisterra como un grupo
armado organizado.

Ospina Hernández es señalado por la Fiscalía General de la Nación de haber sido el
encargado de realizar los videos de supervivencia al equipo periodístico del diario El
Comercio, mientras permanecía secuestrado por los miembros del grupo Oliver
Sinisterra.

Esta decisión deja en evidencia el riesgo de impunidad en el caso, pues transcurridos
más de dos años no se han adelantado nuevas vinculaciones a la investigación, no se
ha iniciado la etapa de juicio contra las tres personas que se encuentran procesadas y
ya comienza el vencimiento de los términos procesales, debido a la falta de celeridad
en el juicio.

Por otro lado, la FLIP le ha insistido al Juzgado Penal del Circuito Especializado de
Tumaco para que programe la fecha de continuación de juicio en contra de Gustavo
Alonso Ospina, sin embargo no ha obtenido una respuesta.

Las familias del equipo periodístico, la FLIP y FUNDAMEDIOS hacen un llamado a la
Fiscalía General de la Nación y al Juzgado Penal del Circuito Especializado de
Tumaco para que se adelante de manera célebre y sin dilaciones injustificadas el juicio
contra las tres personas que se encuentran procesadas. Vale la pena destacar que
este caso cuenta con medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), lo cual acentúa la responsabilidad del Estado frente a la
investigación, judicialización y sanción de los responsables de estos hechos.

Esta decisión tiene origen en la negligencia del Estado colombiano frente al proceso,
pues se fundamenta en la ausencia de documentos que están al alcance del Estado y
no fueron aportados de manera oportuna. Por lo tanto, las consecuencias de esta
decisión y el riesgo de repetición deben ser de especial seguimiento por parte la CIDH
en el marco de las medidas cautelares binacionales vigentes.

Así mismo, se extiende el llamado al Consejo Superior de la Judicatura y la
Procuraduría General de la Nación en aras de que se realice un seguimiento a los
juicios que se adelantan ante el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Tumaco,
para que los mismos se desarrollen dentro de los plazos establecidos por la ley.

Finalmente, las familias del equipo periodístico, la FLIP y FUNDAMEDIOS acuden a
los Estados de Colombia y Ecuador para que reafirmen su compromiso en la lucha
contra la impunidad en este caso y se implementen las recomendaciones realizadas
por el Equipo Especial de Seguimiento de la CIDH.