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Rafael Correa

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Ecuador, 23 de junio 2020.- El director ejecutivo de Fundamedios, César Ricaurte, denunció la mañana de este martes 23 de junio que la conformación de la veeduría ciudadana para vigilar que el proceso público competitivo para otorgar frecuencias FM en el país no cumple con los principios de transparencia e idoneidad. Existen intereses políticos de sus miembros y poco conocimiento del sector de la radio y la televisión. 

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) convocó el pasado 26 de mayo a inscripciones para la conformación de una veeduría ciudadana. El objetivo era la  vigilancia del concurso de adjudicación de frecuencias propuesto por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel).

El caso más claro es el de Héctor Velasco Álvarez, coordinador de la veeduría, quien es presidente de la Asociación de Emprendedores Ecuatorianos (EMPEC). Esta empresa participó en el concurso previo por la frecuencia 92.5, operada por EXA, una de las radios críticas del gobierno de Rafael Correa. 

Además, existe documentación que avala que el 8 de agosto de 2016, Velasco mantuvo comunicación directa con el exvicepresidente Jorge Glas, ahora preso por asociación ilícita y cohecho, en que expresamente solicita se le otorgue dicha frecuencia, en concesión a radio Democracia (EXA), cuestionando que se trataba de un medio de oposición al correísmo. 

El Presidente de EMPEC mantiene deudas con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS); el Servicio de Rentas Internas (SRI) y BanEcuador.  “Es por eso que el señor Velasco en el momento de posicionarse como veedor y coordinador de esta veeduría señala que su objetivo es dar de baja este concurso”, indicó Ricaurte, quien también integró este órgano de supervisión junto a Paola Aguilar, miembro de Fundamedios.

Otro caso es el de María Gabriela Vargas, extitular de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos (Dinardap) durante el correísmo; y el de Bernardo Cañizares, quien reporta ingresos provenientes de contratos con el sector público por 173.000 dólares.  

Emilio Uscátegui, exfuncionario de la Secretaría de Derechos Humanos, de la Corte Constitucional y de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación (Senescyt) y, recientemente, asesor en la Asamblea Nacional también figura. En ese contexto, llama la atención que un funcionario de rango medio tenga una propiedad valorada en 600.000 dólares y maneje un Lexus 4×4.

“La conformación de la veeduría deja muchas interrogantes y hacemos un llamado al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que revea su  composición, pues no hay claridad en cómo se eligieron a sus miembros (…) La veeduría debería ser transparente pues estamos frente a un proceso muy importante para la libertad de expresión”, destacó Ricaurte. 

En una rueda de prensa posterior, Andrés Michelena, ministro de Telecomunicaciones, hizo eco de las palabras del Director de Fundamedios. Aseguró que la veeduría está direccionada por un integrante que tiene “intereses ocultos para boicotear el proceso”, refiriéndose a Héctor Velasco. 

«Lastimosamente el CPCCS ha convocado a una veeduría ciudadana en la que cuatro personas no tienen el perfil técnico para ponerse a la altura de este proceso que ha sido trabajado en los últimos dos años. No estamos opuestos a una veeduría, pero sí a aquellas personas que no tienen el perfil técnico, y no estamos de acuerdo con una persona que en el 2016 mostró un conflicto de interés. El CPCCS debe ponerse a la altura”, mencionó el Ministro. 

 

A tomar en cuenta

  • La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones convocó a concurso público competitivo para la adjudicación de 3.196 frecuencias de radio FM el 15 de mayo de 2020. 

 

  • Del 26 de mayo al 2 de junio el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social habilitó un proceso de inscripciones para la conformación de una veeduría que vigile la adjudicación de frecuencias.

 

  • El concurso más reciente data de 2016, durante el mandato de Rafael Correa. En ese entonces se adjudicaron frecuencias a través de un proceso que luego fue suspendido por informes de la Contraloría General del Estado (CGE) que determinaron irregularidades e indicios de responsabilidad penal. 

 

  • El ministro Andrés Michelena aseguró que el 15 septiembre se llevará a cabo el concurso de frecuencias de televisión y las de AM. 

Mire la rueda de prensa y descargue aquí la documentación que avala la denuncia realizada por César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios.

 

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El incidente del 4 de febrero en el cual un funcionario del Ejecutivo denunció al portal 4 Pelagatos (4P) por supuesta violación de propiedad intelectual está lejos de saldarse y deja muchas incógnitas abiertas respecto a la sobrevivencia de un aparato de censura sofisticado, heredado del correísmo en el seno de la misma Presidencia de la República, ante el cual ningún alto funcionario actuó durante los últimos años, pese a saber perfectamente lo que Juan Carlos Chávez y la llamada “Dirección de Síntesis y Alertas” hacían. Las denuncias públicas en este periodo se han acumulado, sin merecer ninguna respuesta. 

Chávez, técnico de la Dirección de Síntesis y Alertas, demandó a 4 Pelagatos por usar una fotografía de Lenín Moreno. Según la demanda introducida, esto viola la propiedad intelectual de Carondelet.

Luego de la denuncia de 4P y la condena temprana de organizaciones como Fundamedios, la Presidencia reaccionó y el mismo Presidente de la República llamó a los editores del portal. En la nota “Presidente, devuelva al país lo que no es suyo”, publicada el 5 de febrero en el portal, se describe que Moreno “se dijo molesto y sorprendido porque un funcionario de rango inferior hubiese podido, a nombre de la Presidencia, demandar a los pelagatos (…) ¿Qué podemos hacer? Preguntó el presidente. La respuesta: retirar la demanda, investigar quién tomó la decisión de demandar a 4P. por usar una fotografía de Lenín Moreno y, sobre todo, eliminar la falacia jurídica que Correa creó (y este gobierno conserva) para apropiarse ilegalmente de bienes públicos”. 

https://twitter.com/FUNDAMEDIOS/status/1224820600750989315?s=20

Esa misma noche, la Secretaría de Comunicación emitió un mensaje que matiza la condena del Mandatario e, incluso, justifica la censura con base en normas extranjeras de ‘copyright’: “El Gobierno Nacional, en su lucha contra la desinformación, al igual que muchos Estados, tiene derechos de autor sobre imágenes e información que genera. Y en función de sus facultades y la normativa general respectiva, precautela el buen uso de estos contenidos, sin que esto menoscabe el derecho que tienen los medios de informar”. 

El pronunciamiento contiene una falacia de fondo: la lucha contra la desinformación. El uso de normas de ‘copyright’ fue una forma creativa de censura generada durante el régimen autoritario de Rafael Correa y luego replicada por otros líderes del mismo tipo, como Viktor Orban, de Hungría; o Recep Erdogan, de Turquía; en lo que los expertos llaman “la curva de aprendizaje de los autoritarios”. 

Así es. En época de Correa el envío masivo de avisos de infracción de derechos de autor a los ciudadanos que criticaban su administración fue una práctica común. Medios, articulistas, tuiteros que utilizaron imágenes transmitidas por la televisión pública ecuatoriana, videos de YouTube donde figuraba el entonces Mandatario recibían estas alertas, caídas de sus portales o bloqueos de sus perfiles en redes sociales

Y hay un escenario que parece no mutar. Entre enero de 2018 y febrero de 2020, Fundamedios ha reportado 20 alertas de censura en Internet, las cuales contemplan el cierre de redes sociales pero también “abuso de normas de derechos de autor”. Existe preocupación de que el Gobierno abuse de las solicitudes de ‘copyright’ para silenciar a la prensa. Aquí un recuento de los casos más representativos.

El 11 de julio de 2019, el sitio de La Fuente fue suspendido por una orden de la Presidencia de la República. El argumento: violación de los derechos de copyright y autor, al usar material gráfico sin autorización en reportajes. El equipo denunció que las fotos aparecían en artículos relacionados a INA Papers, Arroz Verde e investigaciones que vinculaban a Santiago Cuesta, entonces consejero de Moreno. “Todos los contenidos que están vinculados con la Presidencia han sido censurados”, expuso el medio.

Previamente, el 8 de mayo, Fernando Villavicencio, director del portal, denunció un ataque por haber publicado fotografías de Presidencia de la República, reclamadas como protegidas con “derechos de autor”.

No fue el único. Entre el 29 y el 31 de julio de  2019, Ecuadorinmediato recibió 10 notificaciones en su servidor IWEB por infringir ‘copyright’ y mal uso de fotografías de “propiedad” de Carondelet. El proceso lo inició Juan Carlos Chávez Cevallos, técnico de la Dirección de Síntesis y Alertas de la Presidencia; el consejero Cuesta y dos acusaciones anónimas. Se notificó al medio por uso de imágenes de Moreno con su homólogo colombiano, Iván Duque; y otras autoridades internacionales. También se reclamó la utilización de una gráfica de la entonces ministra de Salud, Verónica Espinosa

El 21 de noviembre del año pasado, los contenidos publicados en www.latindadd.org, de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social, fueron reportados y dados de baja con el mismo argumento: uso de una gráfica supuestamente protegida con derechos de autor desde Carondelet. En el artículo “Vicepresidente ecuatoriano se beneficiaría por desregularización de paraísos fiscales propuesta en el proyecto de Ley de Crecimiento Económico” se publicó una imagen de Otto Sonnenholzner. El denunciante, una vez más, Juan Carlos Chávez.

El caso más reciente es el del portal 4 Pelagatos que 4 de febrero de 2020 alertó que el Gobierno de Lenín Moreno, a través del Técnico de la Dirección de Síntesis y Alertas de la Presidencia de la República, lo demandó por usar una fotografía del Primer Mandatario. 

Aunque el Gobierno se escuda en que Juan Carlos Chávez ya fue separado de la institución, hay una práctica que -aunque simulada- está vigente y abre serias interrogantes sobre lo que sucede en la Presidencia y en la estructura del Estado y que es posible resumir en un par de preguntas: ¿Qué tanto se desmontó en las instituciones estatales la estructura autoritaria correísta? Si esa estructura opera desde el mismo Palacio de Gobierno, aparentemente a espaldas de Moreno, ¿qué esperar de otros poderes del Estado?

Nótese que Chávez actuaba abierta y públicamente censurando contenidos a través de denuncias de copyright, por lo que cabe preguntarse, ¿quién lo puso ahí? ¿Quién lo protegía? ¿Era solo Chávez o esta unidad de Síntesis y Análisis es, en realidad, una oficina de censura que opera desde Carondelet?

Si en febrero de 2019 Moreno firmó la Declaración de Chapultepec, herramienta que consagra la existencia de una prensa libre como “condición fundamental para que las sociedades resuelvan sus conflictos, promuevan el bienestar y protejan su libertad”, no puede -paralelamente- aprovecharse del mecanismo instaurado por un régimen autoritario como lo fue el de su antecesor para silenciar lo que pueda fastidiarle. Al no haberse desmontado las estructuras autoritarias, Ecuador está ante más de lo mismo: la acumulación de mordazas.

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El libro «La Difícil Transición desde un Gobierno Autoritario: 10 años son muchos», que recopila hechos sociales, jurídicos y económicos durante el régimen de Rafael Correa y la transición hacia un nuevo período presidencial, fue presentado ayer, 25 de junio, en el auditorio del Consejo Nacional Electoral.

El libro, que consta de cuatro capítulos escritos por Gloria Ardaya, Alejandro Molina, Luis Verdesoto Custode, Alejandra Cárdenas Reyes, César Ulloa – Tapia y Fausto Camacho, es parte de una serie de publicaciones de la Plataforma Democracia y DDHH.

La socióloga y autora Gloria Ardaya explicó que una de las motivaciones que la llevó a escribir uno de los capítulos, fue dejar testimonio de una época autoritaria y, además, ser un aporte para consolidar la democracia en el país. «El Estado personificado en la figura del expresidente no garantizó la gobernabilidad, no solo por la judicialización de la política, sino porque el mandatario no aplicó sus propios planes de gobierno», aseguró la experta.

El juez de la Corte Constitucional y catedrático, Ramiro Ávila, quien participó en el panel de discusión, se refirió al aspecto jurídico del libro. Dijo que en la época pasada se crearon «reformas en todas las instancias de la vida». A su criterio, el Código Integral Penal fue uno de los instrumentos legales más importantes para penalizar, callar y sancionar.

El jurista explicó que solo en esos diez años se presentaron 60 mil actos de carácter administrativo, que representaron un 25% del total de actos presentados durante toda la vida republicana ecuatoriana.

El capítulo del libro que analiza la democracia en Ecuador, fue presentado por la académica Solanda Goyes, quien aseguró que las cuatro elecciones consecutivas y el apoyo de la mayoría de la bancada legislativa entregó mucho poder al Ejecutivo para imponer cualquier reforma. Esto, sumado a los altos réditos del petróleo y la politización de la justicia, fortalecieron la imagen del correísmo.

Una imagen que luego de la transición al gobierno de Lenín Moreno se vio debilitada por el nuevo rumbo político que ya no era afín a la década anterior.

Goyes destacó que los casos destapados de corrupción, de cambio de leyes, de tensiones internas en el partido, terminaron por resquebrajar al Estado. “Lo más complejo es que terminamos sin una visión de país y de estado nación”, sostuvo.

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En diciembre de 2018, la Mesa por la Verdad y la Justicia presentó un informe en que se determina cómo el Poder Judicial se utilizó como aparato de represión política durante el régimen de Rafael Correa. La iniciativa fue impulsada por el Consejo de la Judicatura (CJ) Transitorio y trabajó en cuatro ejes: Derechos Humanos y defensa de la naturaleza, libertad de expresión, pueblos y nacionalidades indígenas y 30S.

De ahí se desprende que hubo un patrón general de persecución sistemático y continuo para impedir cualquier disidencia y crítica a las políticas a través de la judicialización. Esto, acompañado de una estrategia de comunicación sostenida en el mensaje de oposición sinónimo de «enemigo del pueblo». También se usó la figura del indulto y el pedido de disculpas públicas para otorgar «perdonar» y archivar procesos.

FUNDAMEDIOS fue una de las organizaciones que brindó apoyo técnico en las distintas etapas del proceso que concluyó en la necesidad de que se otorgue a las víctimas las  reparaciones morales necesarias, pues las operaciones de persecución política del anterior Gobierno causaron daños a familias enteras.

Inexplicablemente, el nuevo Consejo de la Judicatura no ha querido recibir el informe, menos aún lo ha tratado o anunciado medidas de reparación y memoria, tal como corresponde a las responsabilidades que tienen los Estados (en sus distintas funciones) con las víctimas de violaciones a Derechos Humanos.

La Mesa, integrada por Paúl Jácome, presidente, Alejandra Cevallos, vicepresidenta, Vladimir Andocilla, Rolando Tapia y Manuel Castillo, recibió 1435 denuncias. 247 cumplieron con los requisitos de completar el formulario habilitado y adjuntar la documentación de respaldo. A pesar de lo contundente de los datos, cuando el CJ definitivo se posesionó, en enero pasado, el informe perdió relevancia, ni se realizó un acto público para recibir el documento. Los representantes de la Mesa lo dejaron en la ventanilla de recepción del edificio, en Quito.

Es obligación del Poder Judicial analizar la información recopilada en dicho análisis, que se sostiene en los criterios de la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es su responsabilidad diseñar mecanismos de reparación y no repetición hacia quiénes fueron perseguidos políticos a través de la justicia.

FUNDAMEDIOS exige que las conclusiones de la Mesa por la Verdad y la Justicia no se conviertan en palabra muerta. Periodistas, activistas, opositores, defensores de la naturaleza y Derechos Humanos no pueden ser nuevamente víctimas de persecución política, a través del sistema judicial ecuatoriano. Estaremos vigilantes.

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El hecho de que la tarde del martes 03 de junio de 2018 la jueza de Garantías Penales de la Corte Nacional de Justicia Daniella Camacho haya ordenado prisión preventiva en contra del expresidente Rafael Correa, vinculandolo al secuestro del exlegislador Fernando Balda, generó el tercer pico de conversación más alto en Twitter, desde principios de 2018. Así lo reporta la herramienta Interbarómetro Ecuador.

Tras difundirse la noticia, se observó una fuerte actividad desde la cuenta de Rafael Correa @MashiRafael, cuyos tuits generaron 12.585 retuits y 19.071 likes. Además, 3 de los 10 tuits más virales fueron generados desde su cuenta de Twitter.

Desde ayer el hecho generó más de 150 mil menciones al exmandatario, con 21 mil tuits únicos que ocasionaron cerca de 135 mil retuits. Estos datos solo fueron superados por la Consulta popular de febrero de 2018 y el secuestro y posterior asesinato del equipo periodístico de diario El Comercio.

Quiénes intervienen en la conversación

Con respecto a los actores que participan en la conversación en Twitter, se constató que pocos políticos de peso, como el presidente del movimiento CREO Guillermo Lasso y el alcalde de Guayaquil Jaime Nebot, fueron vinculados al tema.

Los políticos más mencionados, desde ayer, junto al exjefe de Estado fueron: el presidente Lenín Moreno con el 24%, el excanciller Ricardo Patiño (11%), la asambleísta de CREO Ana Galarza (10%) y las asambleístas de Alianza País, lado correísta, Marcela Aguiñaga y Gabriela Rivadeneira con el 8% y 6% respectivamente.

En dichas conversaciones también participaron usuarios pertenecientes a otros países como Venezuela, Argentina, Chile, México y Bolivia. A continuación la nube semántica de los lugares declarados desde la biografía de Twitter de los participantes que muestra que la mayoría provienen de Ecuador.

 

 

Sobre qué se habló entorno a la orden de prisión contra Rafael Correa

Luego de revisar una muestra aleatoria de 200 tuits de un total de 21.011 se comprobó que el exmandatario fue respaldado ante la probabilidad de que vaya a prisión en el 33% del total. La noticia sobre la orden de prisión preventiva contra Rafael Correa alcanzó 27%. Mientras la desacreditación al expresidente a causa de la orden de prisión y el que solo se haya presentado en el Consulado de Bélgica generó 50 menciones (25%).

 

Las tonalidades de las conversaciones:

Se concluyó, a través del análisis, que la posición de los usuarios en la red social con respecto a Rafael Correa y los últimos acontecimientos evidencian una valoración positiva y negativa de 38% y 39% respectivamente. Es decir, en un estrecho margen un segmento lo defiende y el otro lo critica. Entre tanto, el 23% restante corresponde a una neutralidad de origen informativo.

 

A continuación tres de los tuits más virales correspondientes a la cuenta de Twitter de Rafael Correa.

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Un día como hoy, 22 de marzo, hace siete años, Ecuador hizo noticia por una escandalosa y millonaria demanda que interpuso el entonces presidente Rafael Correa contra diario El Universo. Cuantificó en USD 80 millones el monto por el daño a su honra y además pidió prisión de tres años para el articulista Emilio Palacio y los directivos del periódico, Carlos, César y Nicolás Pérez.

Habían transcurrido seis meses desde la llamada revuelta policial del 30 de septiembre de 2010 -fecha en la que Rafael Correa denunció un secuestro e intento de golpe de Estado en medio de dudas de lo que realmente ocurrió-, por lo que el tema resultaba sensible para el oficialismo.

En ese contexto, el articulista y editor de opinión de diario El Universo, Emilio Palacio publicó un artículo titulado No a las mentiras”, el 6 de febrero de 2011. En él, Palacio cuestionó la versión final de los hechos del 30S y, en el párrafo final del texto,  le recordó a Correa lo siguiente: “El Dictador debería recordar, por último, y esto es muy importante, que con el indulto, en el futuro, un nuevo presidente, quizás enemigo suyo, podría llevarlo ante una corte penal por haber ordenado fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente. Los crímenes de lesa humanidad, que no lo olvide, no prescriben”.

Dicha frase detonó la demanda y la arremetida en contra del articulista, los directivos del medio de comunicación y la empresa editora del diario. El 21 de marzo de 2011, Rafael Correa ya anunció, durante una entrevista radial para el portal de noticias Ecuadorinmediato.com, que “será un hito en la historia ecuatoriana” enjuiciar a los directivos de Diario El Universo y a Emilio Palacio . En ese espacio, el Presidente insistió que “hace poco un periodista dijo que yo debía disparar a discreción a un hospital lleno de civiles sin previo aviso. ¿Qué es lo que van a decir los directivos de ese diario? Bueno, esa fue la opinión de ese editorialista. ¡Mentiras! Eso no es responsable, eso no es opinión. Esa es una acusación gravísima porque el directorio es responsable de la política editorial del diario… nosotros estamos presentando una demanda no solo en contra del editorialista, sino contra los directivos de Diario El Universo”, aseveró el Mandatario.

El anuncio se cumplió y la demanda penal ingresó a los juzgados al día siguiente. Lo que más llamó la atención de este caso fueron los USD 80 millones de dólares que el entonces Presidente Correa exigió, en calidad de ciudadano, como indemnización por el daño a su honra y el pedido de tres años en prisión, no solo para Palacio, sino contra los directivos Carlos, César y Nicolás Pérez, y la compañía anónima Diario El Universo, como autores coadyuvantes por el delito de injurias calumniosas.

CHUKY SEVEN

La inédita sentencia y el caso Chuky 7 

Este caso tuvo su primera sentencia el 20 de julio de 2011, cuando el juez Juan Paredes, encargado temporalmente del Juzgado Décimo Quinto de Garantías Penales del Guayas, sentenció a tres años de prisión para el articulista Emilio Palacio, los directivos de El Universo, Carlos, César y Nicolás Pérez , más el pago de $30 millones y $10 millones adicionales contra la Compañía Anónima El Universo. Dicha sentencia fue calificada como “inédita y desproporcionada” por juristas expertos, al tratarse de una sentencia que mezcla el ámbito penal con lo civil y por haberse emitido en menos de 24 horas. De ahí que surgieron cuestionamientos y bromas respecto al origen de la misma, cuando se sugirió que esta había sido enviada a través de un pen drive, o memoria portátil con el nombre y usuario “Chuky 7” y que habría sido escrita por los mismos abogados defensores de Correa, según denunció en su momento el abogado de El Universo, Joffre Campaña, quien posteriormente pidió un peritaje a la computadora de Paredes, en donde se encontró la sentencia y un archivo llamado «Correa 457-2011», que habría sido creado el 19 de julio, a las 23:1 con el autor Chuky Seven. Sin embargo, sobre este tema se archivaron todas las investigaciones.

Documento de la denuncia de Joffre Campana 

El juez Paredes, emitió la sentencia un día antes de culminar su encargo en ese despacho. En la madrugada de ese 20 de julio de 2011, la página electrónica de la Función Judicial del Guayas ya había publicado la primera parte de la Providencia general y para las 18:00, el juez dio lectura a la misma en presencia de algunos periodistas, en vista de que la página electrónica colapsó por el alto número de visitas. Parte de la sentencia de Paredes decía lo siguiente: “El animus injuriandi consiste no sólo necesariamente en una intención dolosa de causar daño sino que va más a la conciencia de lo que se dice o escribe, y que estas acciones puedan vulnerar la reputación de otra persona. El ánimo de injuriar que se manifiesta y comprueba por sí mismo, es el que existe en las expresiones o actos que son naturalmente injuriosos. Dicho de otra forma para que exista el ánimo injuriandi basta proferir palabras o ejecutar actos de significado lesivo al honor, como lo son las afirmaciones contenidas y realizadas en el artículo ‘NO a las mentiras’, motivo por el cual se debe sentenciar a los querellados por el delito de injurias calumniosas”.

Por su parte, uno de los abogados de Rafael Correa, Alembert Vera dijo a los medios que “se ha hecho justicia, ha ganado la libertad de expresión, pero que apelarán en primera instancia la decisión del juez para que se considere el cumplimiento íntegro de su pedido”. Es decir, buscarían el pago de los USD 80 millones. Por su parte, El Universo publicó su portada en blanco, con una pequeña leyenda y el título “condenados” en relación a la decisión judicial.

La inédita sentencia tuvo un rechazo mayoritario en el mundo periodístico y los diarios nacionales como El Comercio y diario Hoy se unieron en protesta a lo que consideraron una injusticia. El 22 de julio de 2011, las páginas de opinión de ambos periódicos salieron casi en blanco, o con letras muy tenues que impedían su lectura, como una medida de apoyo en un nunca antes ocurrido en Ecuador.

A pesar de los gestos de apoyo y la apelación que presentó el medio de comunicación, que pidió la nulidad del proceso, por considerar que el Juez paredes actuó sin competencia, el 16 de febrero de 2012 la Sala de lo Penal de una recientemente reformada Corte Nacional de Justicia ratificó, en casación, la condena de tres años de prisión y el pago de $40 millones de dólares, por injuriar al Presidente, en contra de los directivos y el exeditorialista de El Universo.

Con dos votos a favor y la abstención del Presidente Provisional de la Segunda Sala de Garantías Penales, se ratificó íntegramente la sentencia dictada en primera instancia por el juez temporal Juan Paredes. Con los votos de los jueces Henry Morán y Helen Mantilla, el Tribunal ratifica la culpabilidad de Emilio Palacio, por ser el autor del artículo “No a las mentiras” y de los hermanos Pérez, por ser “autores coadyuvantes” del presunto texto injurioso. El tercer juez y Presidente dela Sala, Guillermo Freire, salvó su voto, emitiendo un criterio para que se declare culpable a Palacio y se lo condene a 6 meses de prisión y 600.000 dólares de multa, pero declara la inocencia de los Directivos y la empresa Diario El Universo.

Fundamedios cuestionó la sentencia por sentar un precedente nefasto para la libertad de expresión y porque en este proceso- en el que hubo un total de 13 cambios de jueces, entre primera y segunda instancia- la defensa de diario El Universo cuestionó la forma  cómo fue llevado el juicio por su “veloz trámite” (seis meses desde que se puso la demanda) y los diversos cambios en la fecha de la audiencia de segunda instancia, que fue reprogramada en seis ocasiones

Tras esto, no solo hubo solidaridad de parte de los medios nacionales, sino que los medios de la región se unieron en rechazo a esta sentencia. Primero lo hicieron los medios colombianos. El 23 de febrero de 2012, Andiarios, la asociación de medios colombianos que lo integran medios como El Tiempo y El Espectador, reprodujeron el artículo de Palacio “por considerar que la demanda interpuesta por el Presidente Correa y la drástica y desproporcionada decisión de la justicia ecuatoriana constituyen un ataque sin precedentes contra la libertad de expresión, cuyas consecuencias pueden ser nefastas para el ejercicio libre e independiente del periodismo». Tras esto, le siguieron otros medios de la región como diarios impresos de Panamá del Grupo Editorial El Siglo & La Estrella.

Los cuestionamientos continuaron por parte de organismos internacionales que defienden derechos humanos y en medio de esa presión, el 21 de febrero de 2012, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado ecuatoriano adoptar medidas cautelares a favor de los directivos de diario El Universo, Carlos, César y Nicolás Pérez y el exeditor de Opinión, Emilio Palacio, para que se suspendan los efectos de la sentencia que condenó a los acusados a tres años de prisión y al pago de $40 millones de dólares. A través de una carta firmada por Santiago Cantón, Secretario Ejecutivo de la CIDH, se señala que “los hechos denunciados a la CIDH podrían constituir daños irreparables al derecho de libertad de expresión de los demandados” y solicitó al gobierno del Ecuador que “suspenda de inmediato los efectos de la sentencia del 15 de febrero de 2012, a fin de garantizar el derecho a la libertad de expresión”, reza la carta.

La respuesta que dio el Estado ecuatoriano de la mano del entonces canciller Ricardo Patiño fue el de descalificar a la Comisión. En ese sentido aseguró que es una solicitud y no una orden. “La capacidad que tienen algunos empresarios periodísticos del país es muy grande, lograron mover a la CIDH. Ahora tenemos a la CIDH todos los días atrás de nosotros interfiriendo en el sistema judicial ecuatoriano (…) ya vamos a ver la respuesta que los señores de la CIDH se merecen”. En cuanto a la audiencia prevista para marzo, en Washington añadió “le diremos a la CIDH lo que se merece recibir”, apuntó Patiño en el boletín de prensa No 165 emitido por la Cancillería ecuatoriana.

El ‘perdón sin olvido de Correa’

 

Finalmente el caso llegó a su fin el 27 de febrero de 2012, cuando el presidente Rafael Correa anunció “el perdón a los acusados”, en el caso El Universo e informó que “concederá la remisión de las condenas que merecidamente recibieron”. Ese día también informó que desistirá de la demanda, por daño moral, que interpuso en contra de los periodistas y autores del libro “El Gran Hermano”, Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, porque “no vale la pena perder el tiempo en personas que ni aquello merecen”.

El Presidente hizo el anunció en un acto solemne que se realizó en el Salón Amarillo del Palacio de Gobierno, acompañado de su gabinete. Además, el acto fue transmitido por cadena nacional de radio y TV y se hizo traducción simultánea al inglés y al francés. Al mismo tiempo, en un sector popular de la ciudad de Guayaquil, La Trinitaria, se colocaron pantallas gigantes y fueron convocados partidarios del Gobierno para escuchar el mensaje presidencial. En ese contexto, y con el perdón, pero no el olvido, Rafael Correa aseguró que, pese a su decisión, se cumplieron los tres objetivos que buscaba con el juicio. Primero, demostrar que El Universo mintió y no corrigió su mentira; segundo,” evidenciar que los responsables no son solamente los malquerientes que no tienen nada más que perder (…), sino también los directivos del medio y el propio diario por el cual se instrumentan las infamias” y tercero, “lograr que los ciudadanos del Ecuador y toda nuestra América superen el miedo a esa prensa que actúa de manera corrupta y abusiva y que, con la ley en la mano, los ciudadanos defiendan sus derechos” Asimismo, el presidente Rafael Correa descalificó la labor que realiza la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión a la que cuestionó por tener presupuesto propio que, según el Jefe de Estado, “refleja la hegemonía del capital que está detrás de los negocios de los medios de comunicación”. El Primer Mandatario también enfatizó en que, con el juicio “se evidenciaron los grandes sesgos de la CIDH, comisión que tiene más bien la característica de una ONG y no de una institución jurídica, en donde la legalidad es secundaria. Así asumen cruzadas reales o imaginarias”, concluyó el Presidente.

A pesar del perdón, el discurso agresivo de Correa se intensificó los meses posteriores, entre emisiones de cadenas e insultos en sus enlaces sabatinos que llevaron a Emilio Palacio a pedir asilo en los Estados Unidos, en donde todavía reside desde agosto de 2012, a pesar del cambio de gobierno.

El caso a detalle


  • El 6 de febrero de 2011. Emilio Palacio publica el artículo de opinión titulado: No a las mentiras”, en diario El Universo.
  • El 21 de marzo de 2011, el presidente Correa señaló, durante una entrevista radial para el portal de noticias Ecuadorinmediato.com, que “será un hito en la historia ecuatoriana” enjuiciar a los directivos de Diario El Universo y a Emilio Palacio . En ese espacio, el Presidente insistió que “hace poco un periodista dijo que yo debía disparar a discreción a un hospital lleno de civiles sin previo aviso. ¿Qué es lo que van a decir los directivos de ese diario? Bueno, esa fue la opinión de ese editorialista. ¡Mentiras! Eso no es responsable, eso no es opinión. Esa es una acusación gravísima porque el directorio es responsable de la política editorial del diario… nosotros estamos presentando una demanda no solo en contra del editorialista, sino contra los directivos de Diario El Universo”, aseveró el Mandatario.
  • El 22 de marzo de 2011, el presidente Rafael Correa  presentó una demanda penal en contra de la compañía anónima diario El Universo, el director Carlos Pérez Barriga y el editor de Opinión, Emilio Palacio, “por injurias calumniosas y exige, en calidad de ciudadano, una indemnización de un total de $80 millones y tres años de prisión para Carlos, César y Nicolás Pérez, directivos del periódico; y para el articulista Emilio Palacio”, según reza una publicación del mismo diario El Universo, del 30 de marzo.La querella del Presidente se dio por el artículo “No a las mentiras” firmado por Palacio, el pasado 6 de febrero, en relación al papel del Jefe de Estado el 30-S, fecha de la revuelta policial.
  • El 10 de julio de 2011, Emilio Palacio Urrutia, presentó su renuncia irrevocable al rotativo. En una emotiva carta, aseguró que la renuncia la hace de manera voluntaria para evitar la quiebra de la empresa. “Les he pedido varias veces -desde hace cuatro años y medio- a los señores Pérez que consideren mi alejamiento, y hasta ahora he recibido solo muestras de valentía y lealtad, heredadas de su padre, de quien tanto aprendí. Sin embargo, hoy está en grave peligro la fuente de empleo y sustento de alrededor de un millar de colaboradores de la institución y sus familias, y en esas condiciones todos debemos aceptar la realidad. Es mi criterio que el bienestar común, si de mí depende, no puede estar nunca por delante de garantías personales”, reza parte de la carta que fue publicada por el periódico.
  • El 20 de julio de 2011, el juez Juan Paredes, encargado temporalmente del Juzgado Décimo Quinto de Garantías Penales del Guayas, sentenció a tres años de prisión al articulista Emilio Palacio, los directivos de El Universo, Carlos, César y Nicolás Pérez, más el pago de $30 millones y $10 millones adicionales que deberá pagar la Compañía Anónima El Universo. Se trata de una sentencia inédita, que mezcla el ámbito penal con lo civil.En 24 horas, el juez Paredes, quien este miércoles culminó el encargo de ese despacho, redactó y dio lectura a la sentencia que ya fue enviada para su entrega y notificación en los casilleros de las partes involucradas en la demanda.En la madrugada, la página electrónica de la Función Judicial del Guayas ya había publicado la primera parte de la Providencia general y para las 18:00, el juez dio lectura a la misma en presencia de algunos periodistas, en vista de que la página electrónica colapsó por el alto número de visitas.Parte de la sentencia de Paredes dice lo siguiente: “El animus injuriuandi consiste no sólo necesariamente en una intención dolosa de causar daño sino que va más a la conciencia de lo que se dice o escribe, y que estas acciones puedan vulnerar la reputación de otra persona. El ánimo de injuriar que se manifiesta y comprueba por sí mismo, es el que existe en las expresiones o actos que son naturalmente injuriosos. Dicho de otra forma para que exista el ánimo injuriandi basta proferir palabras o ejecutar actos de significado lesivo al honor, como lo son las afirmaciones contenidas y realizadas en el artículo “NO a las mentiras”, motivo por el cual se debe sentenciar a los querellados por el delito de injurias calumniosas”. Por su parte, uno de los abogados de Rafael Correa, Alembert Vera dijo a los medios que “se ha hecho justicia, ha ganado la libertad de expresión, pero que apelarán en primera instancia la decisión del juez para que se considere el cumplimiento íntegro de su pedido” . El Presidente de la República solicitaba una indemnización total de 80 millones de dólares.En tanto, Emilio Palacio aseguró, en una entrevista para la radio FM Mundo, que el presidente quiere destruir al diario El Universo y a la libertad de expresión que ya estaba en realidad destruida, mientras en las redes sociales continuaba circulando mensajes en respaldo al medio y a Palacio, así como comentarios favorables a la sentencia.
  • El 22 de julio de 2011, las páginas de opinión de los diarios El Comercio y diario  Hoy salieron casi en blanco, o con letras muy tenues que impedían su lectura, como una medida de apoyo a El Universo y rechazo a la sentencia desfavorable. Así, diario Hoy en sus dos páginas y El Comercio en una, se unieron en un acto inédito nunca antes ocurrido en Ecuador.
  • El 23 de julio de 2011, diario El Universo informó, a través de sus páginas, que la defensa de la Compañía Anónima El Universo presentó ayer el recurso de apelación y nulidad, tras la sentencia desfavorable que dictó el juez, en la querella por injurias planteada por el presidente Rafael Correa en contra de la empresa editorial, sus directivos y su ex articulista. De acuerdo con este medio, el recurso de nulidad responde a que el juez penal actuó sin competencia, lo que se sustenta en el numeral 1 del artículo 330 del Código de Procedimiento Penal. Los abogados Jorge, Xavier y Diego Zavala argumentaron en el escrito que “la competencia del juez penal, para juzgar a las personas, comprende a los sujetos activos de los delitos tipificados en las respectivas leyes penales ecuatorianas. Y sujetos activos de una infracción penal solo pueden ser las personas naturales y no las personas jurídicas”. Por su parte, la defensa del ex articulista Emilio Palacio y de los directivos del medio; Carlos, César y Nicolás Pérez, anunció que el martes próximo presentarán los respectivos pedidos de nulidad y apelación a la sentencia por la que un juez temporal pidió tres años de prisión y el pago total indemnizatorio de $40 millones.
  • El 24 de agosto de 2011, los abogados del Diario interpusieron una acción de medidas cautelares para clonar el disco duro de la computadora del Juzgado 15° de Garantías Penales, en el que Paredes habría simulado la preparación de la sentencia. El objetivo, basado en la Constitución y en la Ley de Garantías Constitucionales, es precautelar la información sobre el proceso.
  • El 26 de agosto de 2011 se realizó la diligencia judicial para obtener el dispositivo. Los abogados contratan un perito externo que realice el análisis de la información tras lo cual el fiscal distrital del Guayas, Antonio Gagliardo, dispone el inicio de una indagación previa contra Paredes.
  • El 29 de agosto de 2011 el abogado del Diario, Jore Campaña, presentó en la Fiscalía una denuncia penal en contra del juez Juan Paredes por prevaricato y falsedad ideológica, argumentando que fue “físicamente imposible” que este haya preparado la sentencia en el corto tiempo que transcurrió. Campaña acude a las salas penales para exigir el cumplimiento de la acción constitucional, pero los ministros jueces no le permiten hacerlo.
  • El 5 de septiembre de 2011, Joffre Campaña denunció que el análisis técnico de la copia del disco duro determinó que el archivo de texto del fallo fue elaborado en una computadora externa que utiliza una versión pirata del sistema operativo de Windows denominada ‘Chucky Seven’ y que llegó a la del Juzgado 15° a través de una unidad de memoria portátil.
  • El 12 y 13 de septiembre de 2011, Joffre Campaña fue a las salas penales para exigir el cumplimiento de la acción constitucional, pero los ministros jueces no le permiten hacerlo. CJT suspende por 90 días a los funcionarios que ejecutaron la orden judicial de clonar los discos duros.
  • El 14 de septiembre de 2011, Campaña y los directivos de El Universo acudieron a la Comisión de Derechos Colectivos para denunciar corrupción y fraude judicial.
  • El 20 de septiembre de 2011, la Segunda Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas ratificó la sentencia dictada en primera instancia contra  Diario El Universo, sus principales directivos y el ex jefe de opinión del Diario, condenandolos a tres años de cárcel y al pago de $40 millones de dólares.El pasado 20 de septiembre, la Segunda Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas ratificó la sentencia dictada en primera instancia contra  Diario El Universo, sus principales directivos y el ex jefe de opinión del Diario.
  • El miércoles 05 de octubre de 2011 la Segunda Sala Penal de la Corte del Guayas resolvió no enviar a la Corte Nacional de Justicia, el recurso de casación (revisión) presentado por Emilio Palacio. Con ello, esta Sala ordenó al tribunal de primera instancia que ejecute la sentencia contra el ex articulista, quien deberá pasar tres años en prisión y pagar su parte, de un total de $40 millones de indemnización al Presidente Correa. Según la información recopilada por Fundamedios, los mismos jueces que votaron por la ratificación de la sentencia en contra de El Universo, Helen Mantilla y Henry Morán, aceptaron el pedido de los abogados del Presidente y declararon en abandono los recursos de Palacio y la posterior negativa al envío del recurso de casación. Jorge Alvear, abogado de Palacio dijo a Fundamedios que esta providencia dictada por la Segunda Sala “es totalmente ilegal” puesto que el Art. 327 del Código de Procedimiento Penal establece que cuando hay varios co-acusados, el recurso de uno de ellos, beneficia a los demás y se suspende la ejecución de la sentencia por más que esté ejecutoriada. En este caso, la Segunda Sala sí aceptó a trámite los recursos de casación presentados por la defensa de Carlos, César y Nicolás Pérez, y la Compañía Anónima que edita el diario El Universo.
  • El 16 de febrero de 2012 la Sala de lo Penal de la recientemente reformada Corte Nacional de Justicia ratificó, en casación, la condena de tres años de prisión y el pago de $40 millones de dólares, por injuriar al Presidente, en contra de los directivos y exeditorialista de El Universo
  • El 21 de febrero de 2012, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado ecuatoriano adoptar medidas cautelares a favor de los directivos de diario El Universo, Carlos, César y Nicolás Pérez y el exeditor de Opinión, Emilio Palacio, para que se suspendan los efectos de la sentencia que condenó a los acusados a tres años de prisión y al pago de $40 millones de dólares, por injurias contra el presidente Rafael Correa. A través de una carta firmada por Santiago Cantón, Secretario Ejecutivo de la CIDH, se señala que”los hechos denunciados a la CIDH podrían constituir daños irreparables al derecho de libertad de expresión” de los demandados” y solicitó al gobierno del Ecuador que “suspenda de inmediato los efectos de la sentencia del 15 de febrero de 2012, a fin de garantizar el derecho a la libertad de expresión”, reza la carta que fue difundida por El Universo. Simultáneamente, la CIDH convocó a una audiencia para el próximo 28 de marzo en su sede en Washington, con el fin de “recibir información de las partes sobre la adopción y vigencia” de las medidas cautelares, que se mantendrán hasta la celebración de dicha diligencia. Posterior a esta audiencia, este organismo evaluará si continúa con ellas, las modifica o levanta, según se especifica en  carta. Para Xavier Zavala Egas, abogado de la compañía que edita diario El Universo, la decisión de la CIDH “ha sido prudente y adecuada” y considera que el Estado ecuatoriano no tiene más alternativas que acatar estas medidas para evitar el reproche internacional . De su parte, el canciller de Ecuador Ricardo Patiño aseguró que van a revisar cuál es el fundamento para las medidas cautelares que solicitan y en función de eso responderán, aclarando que es una solicitud y no una orden. “La capacidad que tienen algunos empresarios periodísticos del país es muy grande, lograron mover a la CIDH. Ahora tenemos a la CIDH todos los días atrás de nosotros interfiriendo en el sistema judicial ecuatoriano (…) ya vamos a ver la respuesta que los señores de la CIDH se merecen”. En cuanto a la audiencia prevista para marzo, en Washington añadió “le diremos a la CIDH lo que se merece recibir”, apuntó Patiño en el boletín de prensa No 165 emitido por la Cancillería ecuatoriana.
  • El 27 de febrero de 2012, el presidente Rafael Correa anunció “el perdón a los acusados”, en el caso El Universo e informó que “concederá la remisión de las condenas que merecidamente recibieron”.
  • La agresividad de las expresiones del Presidente Rafael Correa en contra de la prensa continuó después del perdón anunciado. El 3 de marzo de 2012, en su enlace sabatino, Correa arremetió contra diario El Universo acusando a sus directivos de manipular los instrumentos internacionales, “descontextualizándolos” en función de sus intereses y a la Relatoría de la Libertad de Expresión por contar con un presupuesto mayor a las demás relatorías de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
  • El 30 de agosto de 2012, Emilio Palacio, exeditor de Opinión de El Universo anunció que el Gobierno de Estados Unidos le concedió asilo político, luego de seis meses de haber realizado el pedido. Karen Hollihan, miembro del Instituto Interamericano para la Democracia informó del hecho vía Twitter, señalando que la decisión se fundamenta en que Palacio ha sido víctima de persecución política. Durante una rueda de prensa desarrollada en Miami, EE UU, el exarticulista destacó que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (US Citizenship and Immigration Services) tomó esta decisión al día siguiente de que el presidente Correa le concediera asilo político al fundador de Wikileaks, Julian Assange, requerido por la justicia de Suecia y Reino Unido. Adicionalmente, el excolumnista entregó una carpeta con alrededor de 1200 páginas con pruebas de su persecución, videos, grabaciones, fotografías y recortes de periódicos en formato digital. En declaraciones para CNN, Palacio aseguró: “La concesión del asilo tiene fecha del 17 de agosto. Es un asilo que me permite vivir legalmente en los Estados Unidos y trabajar (…) cubre a mi familia, a mi esposa y a mis hijos de 19 y 7 años”.

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Los periodistas ecuatorianos recibieron un tributo por su trabajo con el lanzamiento del libro ‘La década perdida: 2007-2017’. El evento se realizó el pasado miércoles, 29 de noviembre, en la Plaza de los Periodistas, en el Centro histórico de Quito, y reunió a personalidades del periodismo y de los medios de comunicación del país.

El libro comprende una selección de 224 artículos de opinión, escritos por 57 autores de la prensa y medios digitales de Ecuador, que a través de sus publicaciones evidenciaron las disconformidades e irregularidades ocurridas en el ámbito político, económico, social y cultural durante el gobierno de Rafael Correa.

El editor del libro Xavier Michelena aseguró que este trabajo es una deferencia para todos los periodistas y medios de comunicación que demostraron su resistencia ante un “gobierno autoritario” que quiso ver a la prensa doblegada ante el poder. “Muchos periodistas fueron atacados y hasta enjuiciados por el exmandatario y sus vivencias también se recogen en esta publicación. Una de las misiones de este libro es capacitar al ciudadano ecuatoriano para que tenga el coraje de reclamar a quienes tienen que pagar por las barras disparejas. Tenemos una circunstancia económica llena de impuestos, de incertidumbre, pero sabemos que hay responsables de esta década perdida”, señaló.

Para el director de la Asociación de Editores de Periódicos (AEDEP), Francisco Rocha, Ecuador nunca tuvo una década tan próspera, tan llena de ingresos como los últimos 10 años, pero nunca perdió tantas oportunidades como en dicho período. ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuáles son las consecuencias?, son las preguntas a las que se remite el libro.

Por su lado, la presidenta de Fundamedios Mariana Neira considera que el texto contiene información importante, que debe ser parte del material de aula en colegios y universidades para impedir que se olvide una década de historia y, lo fundamental, que no se repitan los mismos errores.

En la misma línea, Neira destacó que los medios de comunicación y periodistas esperan que en esta nueva etapa se reivindique su trabajo, pues la libertad de prensa por ahora se encuentra en una situación de expectativa e incógnita respecto a acciones legales contra organismos y la denominada “ley mordaza”, que limitan o censuran la libertad de expresión en el país.

El libro está dedicado a los periodistas: Jorge Vivanco Mendieta (+), Fausto Valdivieso (+), Emilio Palacios, Juan Carlos Calderón, Christian Zurita, Freddy Aponte, Fernando Villavicencio, Martin Pallares, Xavier Bonilla (Bonil), Gustavo Cortez, Janeth Hinostroza,  Tania Tinoco, Carlos Vera, José Hernández, Jorge Ortiz, Roberto Aguilar, Andrés Carrión, Diego Oquendo, Gonzalo Rosero, Miguel Rivadeneira, Gonzalo Ruiz, César Ricaurte, Francisco Vivanco, Carlos, César y Nicolás Pérez, Guadalupe Mantilla, Jaime Mantilla, Javier Roca, entre otros.

‘La década pérdida: 2007-2017’ tiene un valor de USD 25 y se lo encuentra en las librerías: Mr. Books, Española, Científica, y Libri Mundi.

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Los ecuatorianos se interesan por conocer cómo los gobiernos autoritarios atentan contra la libertad de expresión y se manifiestan decididos a defenderla permanentemente. Eso se notó en Riobamba, a donde acudieron periodistas y ciudadanos de Chimborazo y varias provincias del país, para participar en el foro “La libertad de Expresión” organizado por el Diario La Prensa y Fundamedios. El acto coincidió con la celebración de los 25 años de existencia del periódico riobambeño.

Participaron en el evento Francisco Rocha, director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP); Guadalupe Fierro, presidenta de la Unión Nacional de Periodistas (UNP); Mariana Neira, presidenta de Fundamedios; Miriam Murillo, directora de la Carrera de Comunicación de la Universidad Nacional de Chimborazo (UNACH); y Guillermo Haro, exdiputado del Congreso Nacional, actualmente abogado en libre ejercicio.

Mariana Neira, presidenta de Fundamedios y periodista de investigación, manifestó que nunca, en el tiempo de su ejercicio profesional, vio un nivel de corrupción tan alto, masivo, organizado, como en la “década correísta”. “Tampoco vi tanta persecución a los periodistas por denunciar la corrupción”, señaló. En su exposición hizo un recuento de casos de corrupción desde 2007. “El tiempo nos ha dado la razón”, dijo con respecto a esos casos que fueron señalados por los periodistas de investigación. Neira agregó que hubo una parte del público que aplaudió que el gobierno correísta nos pusiera “un bozal con una ley tan represiva”. “Hubo silencio de la academia, de las facultades de periodismo y de algunas ONG. El afán de Correa no fue solamente callar a los medios privados de comunicación, sino eliminarlos. Lo consiguió con el Diario Hoy, la Revista Vanguardia y con regionales de La Hora”, dijo.

Guadalupe Fierro dijo que una “tramposa enmienda consagró la aberración jurídica” de considerar a la comunicación no como un derecho sino como un servicio público. Este cambio tenía un fin muy concreto: “controlar la opinión pública para ponerla al servicio de un régimen”.

Francisco Rocha dijo que los diez años del pasado régimen significaron un trabajo constante para limitar el pensamiento. “Necesitamos una Ley de Comunicación, pero que promueva derechos, la libertad de comunicación, no una ley que persiga o sancione cuando los periodistas ejercemos la denuncia pública”.

Guillermo Haro hizo un análisis de la Ley de Comunicación. “En los últimos años se activaron varios procesos penales que han terminado, en algunos casos, con la detención de valientes periodistas que fueron perseguidos, como es el caso de Fernando Villavicencio”, dijo.

Entre los actos del foro estuvo, precisamente, un homenaje al periodista más acosado por sus denuncias.

Miriam Murillo dijo que la LOC supuestamente se creó con los actores que hacían comunicación, pero “parece que nos faltó un poco más de voluntad para una ley más enriquecedora y que defienda los derechos de libertad”.

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Con el objetivo de presentar información sobre la independencia de la justicia en la región y analizar los recientes procesos de elección de jueces y magistrados de las altas cortes, se llevará a cabo el foro Independencia de la Justicia en América Latina el lunes 20 de noviembre, a partir de las 17:00, en el Paraninfo de la Universidad Andina Simón Bolívar.

El foro contará con dos paneles. El primero abordará la situación de la justicia y los procesos de designación de jueces, y contará con la presencia de Leonardo Sempértegui del Observatorio Judicial de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD-Ecuador); Carolina Villadiego, directora del Programa Sistema de Justicia (DeJusticia-Colombia); Soraya Santiago, investigadora de la Fundación Tribuna Constitucional (Bolivia); y Cruz Silva del Carpio, abogada y coordinadora del programa Justicia Viva del Instituto de Defensa Legal (IDL-Perú).

El segundo panel abordará los estándares internacionales y las experiencias exitosas en América Latina, en el que formarán parte Úrsula Indacochea, directora del Programa de Independencia Judicial de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF-USA); Claudia Escobar, exmagistrada de la Corte de Apelaciones de Guatemala (Guatemala); y Ramiro Ávila Santamaría, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar (USAB-Ecuador).

Finalmente, el evento contará con la conferencia magistral de Luis Pásara, académico y jurista peruano, que ha trabajado en informes sobre el sistema de justicia en Perú, Argentina, Ecuador, Guatemala y México. En 2014 publicó el libro Independencia judicial en la reforma de la justicia ecuatoriana, que fue descalificado desde diferentes esferas del gobierno del expresidente Rafael Correa.

El evento es organizado por el Área de Derecho de la Universidad Andina Simón Bolívar Sede Ecuador, la Plataforma por la Defensa de la Democracia y los Derechos Humanos, la Fundación para el Debido Proceso, Fundamedios, el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad de Colombia, el Instituto de Defensa Legal y Fundación Ciudadanía y Desarrollo.

El evento es gratuito, regístrese en el siguiente link: http://bit.ly/2hkGwcj

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La Comisión de Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional respaldó la labor de Fundamedios y rechazó la persecución de la que ha sido objeto en los últimos 10 años.

Este 25 de octubre de 2017, dentro de la Sesión Ordinaria Nro. 21 y tras el pedido del asambleísta Luis Pachala, resolvió, entre otras cosas, rechazar la persecución de la cual ha sido víctima Fundamedios por parte del Gobierno central, expresar la solidaridad a la organización y a periodistas por dicha persecución, así como abrir el debate para que todas las organizaciones sociales presenten sus observaciones a la Comisión para construir, en concenso, la Ley para la Aprobación y Extinción de Personas Jurídicas de Derecho Privado con Finalidad Social y Sin Fines de Lucro.

Dicha resolución fue firmada por Héctor Yépez, presidente de la Comisión, Ángel Gende, vicepresidente, Elíseo Azurero, Cristian Garzón, Luis Pachala, Absalón Campoverde y Byron Suquilanda, integrantes de la Comisión.