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Relatoría libertad de expresión CIDH

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El pasado 1 de noviembre, el Equipo de Seguimiento Especial (ESE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó un informe preliminar sobre el crimen en contra de los periodistas del equipo de Diario El Comercio perpetrado en abril pasado, en la frontera entre Ecuador y Colombia.

En el documento se indica que en la Fiscalía General del Estado (FGE) ecuatoriano “no se ha avanzado satisfactoriamente en la investigación y vinculación a proceso de los responsables y observa la necesidad de que la FGE realice un esfuerzo integrador que permita incorporar las evidencias obtenidas en varios procesos adelantados en relación con las advertencias y los ataques realizados por el denominado grupo Frente Oliver Sinisterra, disidente de la exguerrilla de las FARC, en la frontera entre los meses de septiembre de 2017 y abril de 2018”.

El ESE recomienda a la Fiscalía incorporar una nueva línea de investigación en la que se evalúe la actuación y eventuales responsabilidades de los agentes sobre quienes pesaban específicos deberes de garante de la seguridad del equipo periodístico.

Basados en estas conclusiones, desde FUNDAMEDIOS consideramos que Wilson Toainga, fiscal a cargo del caso, ha dado muestras suficientes de negligencia y falta de idoneidad, por lo cual solicitamos a las autoridades pertinentes tomar las medidas necesarias para rencauzar las investigaciones y evitar que este crimen execrable quede en la impunidad. Entre estas acciones se torna necesario y urgente el cambio del Fiscal, actualmente responsable de las indagaciones en torno al secuestro y asesinato de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra.

FUNDAMEDIOS se hace eco de las primeras conclusiones de la CIDH. “El derecho de las familias de las víctimas a conocer la verdad de lo sucedido apareja el deber de las autoridades investigativas de examinar todas las variables que el caso plantea, de ahí la necesidad que se aborde esta línea de investigación de manera que se establezca cómo se gestionó el paso de los comunicadores mientras se mantuvo el estado de excepción decretado en la zona; si se adoptaron medidas de prevención y protección a periodistas dado el evidente interés público en los hechos que ocurrían y si eran suficientes para la protección de la integridad de los periodistas; así como las recomendaciones que se les impartieron en el puesto de control militar, entre otros aspectos”.

El informe preliminar del ESE también recomendó a la FGE incorporar a su plan de trabajo, actividades dirigidas a investigar cuál pudo ser el móvil del secuestro y, en particular, indagar si pudo tener origen en la actividad periodística que cumplía el equipo secuestrado, para lo cual es importante profundizar la investigación en relación al trabajo que realizaban los periodistas y si ello afectaba o podía afectar la operación del grupo irregular o de otros actores relacionados con sus actividades al margen de la ley, lo que a la postre podría abrir otro abanico de posibilidades acerca de la verdad de lo sucedido y de sus responsables.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH recuerda que frente a crímenes contra periodistas, los Estados, en virtud de la Convención Americana de Derechos Humanos y otras normas internacionales, tienen la obligación de actuar con debida diligencia en las investigaciones, hecho que el fiscal Wilson Toainga, siete meses después de lo ocurrido, no ha logrado establecer.

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La asignación y renovación de frecuencias es el décimo punto que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) observó dentro del proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC).

Según la Relatoría, el proceso de asignación y renovación de frecuencias y/o licencias debe estar regulado específicamente por criterios objetivos, públicos y democráticos, establecidos por ley, de modo de no quedar al arbitrio de la autoridad pública.

Al respecto, el organismo internacional observó los artículos 75 a 80 del Proyecto de reformas presentado por el Ejecutivo, que se refieren a la asignación y renovación de frecuencias. En ese sentido, recordó la importancia de promover la existencia de concursos abiertos, públicos y transparentes para medios privados y medios comunitarios. Sin embargo, subrayó que, en pos de dar eficacia a esa decisión, es necesario revertir la desigualdad que pudiera existir, reservando previamente parte del espectro para los medios comunitarios.

“Hacer competir a medios privados y comunitarios por las mismas frecuencias genera inequidades sustantivas, debido a la obvia capacidad económica de cada sector. Es por ello que es recomendable que la normativa actual obligue al organismo regulador a distinguir en cada llamado a licitación cuáles frecuencias concursan por el sector privado exclusivamente y cuáles para el comunitario”, apuntó la Relatoría.

En cuanto a la concentración y prohibiciones para medios privados, se mencionó que las leyes antimonopólicas que limitan la concentración en la propiedad y en el control de los medios de radiodifusión son mecanismos idóneos para garantizar el derecho a la información plural y diversa de las sociedades. Sin embargo, se puntualizó que las limitaciones existentes en el ordenamiento constitucional del Ecuador, que prohíbe a los accionistas de medios comunicación mantener la propiedad de otra clase de empresas ajenas al giro comunicacional sin excepción, puede estar afectando la sustentabilidad de estos medios.

Finalmente, la CIDH recordó que las restricciones que impongan los Estados al funcionamiento de los medios de comunicación no deben ser discriminatorias y tienen que cumplir con el test de ser “necesarias en una sociedad democrática”, proporcionales e idóneas para el logro de los objetivos que persiguen.

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Crear una política de reparación dirigida a las víctimas de agresiones a la libertad de expresión es una de las propuestas que hizo Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Este 24 de agosto concluyó su visita oficial a Ecuador, iniciada el pasado lunes 20.

En una rueda de prensa, el Relator aseguró que su misión marca un punto de inflexión en la historia democrática del país. Es la primera vez, en más de una década, en estar invitado por el Gobierno, lo cual demuestra que se vive un momento distinto en donde se respira mayor libertad.

Lanza presentó las observaciones preliminares de su informe, las cuales son el resultado de la agenda cumplida. Durante cuatro días mantuvo reuniones, en Quito y Guayaquil, con autoridades como el presidente Lenín Moreno, el canciller José Valencia, representantes del poder Judicial, Legislativo, sociedad civil, periodistas y embajadores.

La Relatoría esboza ocho puntos claves en su informe preliminar:

  1. Transición desde el autoritarismo a un espacio cívico autónomo y democrático.
  2. Derecho a la libertad de expresión y uso del derecho penal.
  3. Seguridad para periodistas e impunidad.
  4. Acceso a la información pública.
  5. Pluralismo y diversidad.
  6. Internet y Libertad de Expresión.
  7. Protesta social y criminalización de manifestantes.
  8. Conclusiones y recomendaciones.

Para Lanza, en Ecuador se vive un momento de transición, en el que se pasa de un régimen autoritario -que configuró todo un aparataje para perseguir periodistas y a quienes opinaban distinto-, a uno más democrático. Sin embargo, aseguró que este es el primer paso de algunos más que hay que tomar para consolidar esta etapa.

En ese sentido se refirió al proceso de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) que deben alinearse a estándares internacionales, acogiendo las observaciones propuestas por ese organismo ante el Legislativo; y, en un segundo momento, revisar las normas penales que criminalizan la opinión, como los delitos de calumnia y otros presentes en la normativa ecuatoriana y que tienden a impedir el escrutinio público.  

En cuanto a la seguridad para periodistas, abordó lo ocurrido con el equipo periodístico de El Comercio, secuestrado y asesinado en la frontera norte, en abril pasado, como una muestra de las falencias existentes en los mecanismos de protección, producto de una década de ataques a la prensa desde el Gobierno y las negativas al diálogo. Al respecto, destacó que se haya permitido la conformación de un equipo investigador internacional para esclarecer el crimen y una mesa interinstitucional enfocada en analizar y proponer mecanismos para proteger el trabajo periodístico.

Sobre al acceso a la información pública, el Relator fue enfático en señalar que Ecuador “arrastra una cultura del secretismo que aún no ha sido superada”. Esto debe mejorarse dentro de la agenda de transparencia del Gobierno.

La Relatoría también se refirió a los mecanismos de reparación a las víctimas que debe poner en marcha el Estado ecuatoriano. Entre ellas, mencionó que se haga un reconocimiento público a la legitimidad y el valor de los  periodistas, así como el repudio a todos los delitos perpetrados en contra de ellos. También propuso que la Asamblea Nacional apruebe una norma transitoria dentro de las reformas a la LOC, que habilite un proceso para revisar las sanciones aplicadas a los medios.

Sobre los casos de criminalización a la protesta social, Lanza sugirió  dictar una ley de amnistía en favor de comunicadores, activistas, defensores de Derechos Humanos que tienen procesos abiertos por autoridades del gobierno anterior; así como la puesta en marcha de procesos de memoria y verdad para que se conozca lo sucedido y la atención prioritaria de los casos de violaciones a Derechos que han sido presentados ante la CIDH.

El Relator aseguró que, tras esta visita, trabajará de manera conjunta con el Relator para la Libertad de Expresión de Naciones Unidas, David Kaye, con el fin de elaborar un informe final, que espera esté listo dentro de tres meses.

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El diseño institucional es el séptimo punto que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) observa dentro del proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC).

Al respecto, el organismo internacional destacó que el proyecto del Ejecutivo elimina la Superintendencia de Comunicación (SUPERCOM) por considerar que la entidad incumplía con los estándares internacionales en su conformación y atribuciones; por el impacto negativo y la afectación que esta figura produjo en la aplicación de sanciones desproporcionadas a los medios de comunicación en Ecuador.

La Relatoría recordó que es fundamental que la autoridad de aplicación y fiscalización en materia de radiodifusión esté protegida de injerencias del Gobierno y del sector privado, vinculado a la radiodifusión. Sobre este punto, reiteró que en 2013 hizo una advertencia temprana respecto a que «la falta de claridad sobre el alcance de las distintas instancias (SUPERCOM, CORDICOM y ARCOTEL) puede generar un nivel importante de incertidumbre respecto del alcance de las atribuciones de cada una de estas».

En cuanto al papel del Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, CORDICOM, la Relatoría señaló que en el proyecto de reformas tampoco se asegura la independencia del gobierno de este organismo. “De hecho, se propone sumar un representante de la institución pública encargada de la comunicación del Estado y que el representante de la Función Ejecutiva que lo preside tenga ‘voto dirimente’, dándole un voto de calidad que antes no tenía”, apunta.

Sobre la intención de traspasar las atribuciones de la SUPERCOM a la Defensoría del Pueblo, la Relatoría recomendó, a la luz de la doctrina internacional, que los órganos de aplicación en materia de regulación de medios de comunicación sean especializados y reúnan requisitos de independencia y autonomía.

En conclusión, sugirió que se examine la reforma planteada en lo que respecta al marco institucional y se estudie la creación de un organismo acorde a los estándares internacionales, con amplia participación de todos los interesados.

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La regulación de contenidos es el sexto punto que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) observa dentro del proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC).

Según el organismo, la LOC vigente contiene una serie de restricciones a la difusión de contenidos, con el objetivo de que se transmita únicamente información que el Estado considera «veraz». En este aspecto, destacó que en el proyecto que se discutirá se haya modificado buena parte de esas disposiciones. Sin embargo, la Relatoría considera que dentro de las reformas existen normas que deben ser revisadas a la luz de los estándares internacionales.

La Relatoría observó que el proyecto de Ley mantiene restricciones para la circulación de información como la referente a datos personales y la proveniente de comunicaciones personales, cuya difusión no haya sido debidamente autorizada por su titular, por la ley o por juez competente; la información producida por la Fiscalía en el marco de una indagación previa y la información acerca de las niñas, niños y adolescentes.

De acuerdo a la CIDH, las restricciones a la publicación de información no cumplen con el requisito de necesidad en el contexto de una sociedad democrática. Eventualmente, también pueden afectar el derecho a la reserva de las fuentes. Al mismo tiempo, limitan el rol del periodismo en la investigación y difusión de hechos de corrupción, violaciones a los Derechos Humanos y abuso de poder. “Si bien la protección de datos personales y de la investigación judicial constituyen intereses legítimos a proteger, la doctrina internacional es consistente en establecer que los periodistas y los medios de comunicación no están alcanzados por este deber de reserva”, se menciona en el texto.

Existe además una preocupación por que se impulsen normas que establecen la obligación de mantener la reserva absoluta de la información clasificada como reservada, so pena de atribuir sanciones civiles o penales, sin que se establezcan excepciones para divulgación de asuntos de interés público en el ámbito de los medios de comunicación. “Normas de esta naturaleza permitirían sostener que, ante el conocimiento de violaciones de Derechos Humanos, hechos de corrupción o incumplimiento de la ley, quien conoce la información debe abstenerse de hacerla pública, bajo pena de ser civil y penalmente responsable”.

En este sentido, el organismo recordó que las fuentes confidenciales y materiales relacionadas con la divulgación de información reservada deben ser protegidas por la ley. Del mismo modo, los mecanismos periodísticos de autorregulación han contribuido significativamente a desarrollar buenas prácticas sobre cómo abordar y comunicar temas complejos y sensibles.

Se considera que al prohibir la difusión de determinado contenidos de interés público, no sólo se viola el derecho individual de una persona a transmitir o difundir una información, sino también el derecho de toda la comunidad a recibir informaciones.

La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión establece en el Principio 7 que los “condicionamientos previos, tales como la veracidad, oportunidad o imparcialidad por parte de los Estados son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión reconocido en los instrumentos internacionales.”

La jurisprudencia interamericana es consistente en reafirmar “que la máxima posibilidad de información es un requisito del bien común, y es el pleno ejercicio de la libertad de información el que garantiza tal circulación máxima; y que la libre circulación de ideas y noticias no es concebible sino dentro de una pluralidad de fuentes de información, y del respeto a los medios de comunicación”.

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Las normas deontológicas son el tercer punto que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) analizó y observó, tras revisar el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) que propuso el presidente Lenin Moreno.

Al respecto, la Relatoría destacó que la reforma modifica varias disposiciones de la Ley vigente que imponían a los medios de comunicación una serie de normas de actuación ética o deontológica, cuya aplicación es supervisada por un defensor elegido e impuesto por el Estado.

En este aspecto, la Relatoría aseguró que la reforma se alinea con la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH, en cuanto establece que la actividad periodística debe regirse por conductas éticas, las cuales en ningún caso pueden ser impuestas por los Estados. Sin embargo, mencionó que si bien varios de los contenidos mínimos explicitados en la norma son compatibles, hay otros que por su amplitud y vaguedad -y el hecho de ser de obligatoria inclusión en el propio funcionamiento de los medios-, podrían tener un efecto inhibitorio o dar lugar a restricciones en el ejercicio del periodismo.

La Relatoría sugiere que la elaboración del contenido de los códigos formen parte de un Consejo de Prensa o de Medios, como ya existen a nivel comparado, integrado por representantes de los medios y de la ciudadanía.En este aspecto, concluyó que para asegurar la autonomía de los medios es indispensable respetar su independencia en la línea editorial o informativa. Según la Relatoría, la prohibición de la censura previa en los instrumentos internacionales refiere al Estado, sus poderes y a sus funcionarios, pero no puede asimilarse a una restricción a la independencia editorial de los medios.

 

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La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH publicó este 23 de marzo de 2018, su Informe Anual correspondiente a 2017. En el texto de 449 páginas se menciona que la violencia y estigmatización de la prensa persiste en varios países de la Región, en donde también preocupa el incremento del fenómeno de la desinformación y la proliferación de noticias falsas.

Sobre Ecuador, la Relatoría dedica 22 páginas para describir la situación del país, en donde se reconoce que tras la asunción del gobierno del presidente Lenín Moreno, se ha mitigado la mayor parte de prácticas estigmatizantes y criminalizantes características a la administración anterior. Sin embargo, destaca la necesidad de revisar leyes que establecen restricciones incompatibles con las obligaciones internacionales contraídas por el Estado en materia del derecho a la libertad de expresión y manifiesta su interés de asistir con recomendaciones a este proceso.

Al respecto, el informe manifiesta la preocupación de la vigencia de la Ley Orgánica de Comunicación que, a través de la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom), se sancionó, amonestó y ordenó frecuentemente la publicación de réplicas y contenidos oficialistas a los medios, así como las descalificaciones vertidas por el expresidente Rafael Correa, desde sus enlaces sabatinos, en donde, a criterio de la Relatoría, “criticó y descalificó asiduamente a periodistas, medios de comunicación y organizaciones civiles no alineados al oficialismo”. En ese sentido, la Relatoría ve como un avance que se haya conformado un grupo parlamentario con miras a reformar dicha Ley.

En el capítulo sobre ataques, amenazas e intimidaciones a periodistas y medios de comunicación, la Relatoría menciona hechos como el ocurrido en junio pasado, cuando el expresidente Rafael Correa divulgó en su cuenta de Twitter información personal sobre los tributos que paga el periodista Jean Cano, cuestionando los “pocos impuestos que ha pagado”, en respuesta a un tuit crítico del periodista, o de la amenaza de muerte a la periodista Janet Hinostroza, del canal Teleamazonas a través la cuenta “@alerta_911” en Twitter, así como las agresiones físicas y verbales ocurridas en septiembre, contra al menos cinco fotógrafos y camarógrafos de los medios El Comercio, Expreso, El Universo, Ecuavisa y Gama TV, por parte de presuntos simpatizantes del ex vicepresidente Jorge Glas, durante la comparecencia del ex jerarca ante la Fiscalía General del Estado, entre otros.

Al respecto, la Relatoría recordó que el principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala que “el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. “Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”, apunta.

En su informe, la Relatoría también cita casos de criminalización de la protesta social que han sido denunciados por organizaciones de la sociedad civil, como el allanamiento a la sede de la Federación Interprovincial de Centros Shuar (FICSH), en Morona Santiago, y la detención de su presidente, Agustín Wachapá en diciembre de 2016, así como la declaratoria de estado de excepción como reacción a las medidas de resistencia de las comunidades contra las actividades extractivas en la zona en esa misma provincia en diciembre de 2016.

Sobre estos hechos, la Relatoría reitera que la protesta social es una herramienta fundamental para la labor de defensa de los derechos humanos, y esencial para la expresión crítica política y social de las actividades de las autoridades. “Resulta en principio inadmisible la penalización per se de las demostraciones en la vía pública cuando se realizan en el marco del derecho a la libertad de expresión y del derecho de reunión”.

El informe también da cuenta de varios hechos de estigmatización en contra de periodistas, sobretodo, desde los enlaces sabatinos que realizaba el expresidente Rafael Correa. En ese marco, la Relatoría recordó que la existencia de un contexto de marcada confrontación, en el cual se producen descalificaciones y estigmatizaciones constantes, genera un clima que impide una deliberación razonable y plural sobre todos los asuntos públicos, por lo que afirmó que es también deber del Estado contribuir a generar un clima de mayor tolerancia y respeto por las ideas ajenas.

En cuanto a casos relacionados a la responsabilidad ulterior, la Relatoría menciona algunos procesos como la demanda penal que interpuso el expresidente, Rafael Correa contra el periodista Martín Pallares, del portal 4Pelagatos, a quien acusó de proferir “expresiones en descrédito y deshonra” en su contra, a través de un artículo de opinión; también se refiere al caso de Freddy Aponte, cuando fue declarado insolvente en julio del año pasado, tras un juicio iniciado por  el alcalde de Loja José Bolívar Castillo, que se derivó de procesos anteriores por daño moral e injurias, por mencionar algunos.

Sobre estos casos, la Relatoría recuerda el principio 10 de la Declaración de Principios sobre libertad de Expresión de la CIDH que señala que “las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público. Además, en estos casos, debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas”.

Finalmente, la Relatoría también dedica un apartado específico para casos de censura, otro para libertad de expresión en contextos electorales, así como sobre internet y libertad de expresión, vigilancia en las comunicaciones y radiodifusión comunitaria.

Respecto a la libertad de expresión en internet y vigilancia, cita algunos casos de suspensión de cuentas de Twitter de opositores, activistas y periodistas, ocurridas en meses anteriores, las denuncias de vigilancia por parte de la Secretaría de Inteligencia SENAIN así como la denuncia que hizo el recién posesionado presidente Lenín Moreno, cuando en septiembre del año pasado dijo que había encontrado una cámara oculta activa en su despacho presidencial que habría sido instalada por Correa.

Sobre este punto, la Relatoría asegura que las decisiones de realizar tareas de vigilancia que invadan la privacidad de las personas deben ser autorizadas por autoridades judiciales independientes. “Los Estados deben garantizar que la autoridad judicial sea especializada y competente para tomar decisiones judiciales sobre la legalidad de la vigilancia de las comunicaciones, las tecnologías utilizadas y su impacto en el ámbito de los derechos que pueden resultar comprometidos y que tengan suficientes garantías para ejercer sus funciones de manera adecuada”.

Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)  anunció el apoyo y acompañamiento por parte de la CIDH, para las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) en el Ecuador, tras la intervención de César Ricaurte, director ejecutivo de FUNDAMEDIOS, en la audiencia regional sobre esta materia, que tuvo lugar este 28 de febrero de 2018, en Bogotá, Colombia, durante el 167 Período de Sesiones.

En esta cita, representantes de organizaciones de cuatro países de la Región Andina: el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) de Venezuela y Perú, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) de Bolivia y FUNDAMEDIOS, de Ecuador expusieron acerca de las violaciones a la libertad de expresión y prensa en cada uno de los países.

A pesar de las diferencias y particularidades que existen en cada país, sus representantes coincidieron en la existencia de violaciones a la libertad de expresión en internet, con la censura y el cierre de cuentas en redes sociales, acciones de trolls o difusión de noticias falsas;  persecución a periodistas críticos con el poder, casos de judicialización de la opinión, así como restricciones a los medios independientes por temas varios como asfixia económica, condicionamiento en la pauta publicitarias, leyes restrictivas, entre otros.

Durante la cita, César Ricaurte, director ejecutivo de FUNDAMEDIOS y quien inició el diálogo con los Comisionados, resaltó que la realización de la audiencia regional se realiza en el marco de un proceso de coordinación entre las organizaciones, que buscan  desarrollar indicadores de monitoreo comunes para homologar información y presentar informes regionales que constituyan una fuente de información útil para la Comisión Interamericana y su Relatoría para la Libertad de Expresión. Hecho que fue felicitado por el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, quien destacó el papel de la sociedad civil para conocer acerca de las violaciones a los derechos.

Durante su intervención, Ricaurte destacó una mejora en el clima para la prensa y una mayor apertura para el trabajo de la sociedad civil, el país, tras el cambio de gobierno, en mayo del 2017. Aseguró que después del Referéndum y Consulta Popular del 04 de febrero, se ha iniciado un diálogo positivo para emprender reformas profundas a la Ley Orgánica de Comunicación para que cumpla los estándares internacionales y deje de ser una herramienta persecutoria. Asimismo, subrayó la disminución de las agresiones que reflejan esta nueva situación, siendo 2017, el primer año en un década en que se registró una disminución de ataques, con el 40% menos frente al 2016.

Pese a ello, Ricaurte afirmó que se mantienen ciertas restricciones y temas pendientes como el caso del periodista Freddy Aponte, de Loja, quien ha sufrido una persecución por parte del Alcalde José Bolívar Castillo y ha sido recientemente fue declarado insolvente e interdicto de administrar sus bienes.

La situación de Venezuela, la más grave de la región, fue expuesta por Marianela Balbi, directora ejecutiva de IPYS, quien destacó que las restricciones de las fuentes de información pública en entes estatales y no estatales; las negativas de funcionarios públicos a rendir cuentas, así como los obstáculos para acceder a datos públicos en instituciones y plataformas digitales, fueron las principales preocupaciones de los periodistas de ese país, que vive un retroceso democrático, con la imposición de la violencia, criminalización de reporteros, con 54 detenciones arbitrarias y al menos 70 medidas judiciales contra comunicadores.

Adriana León, representante de IPYS Perú dio cuenta que los ataques a la prensa en ese país están vinculados, en su mayoría, a querellas y procesos judiciales contra periodistas y medios de comunicación, en casos por delitos de injurias, difamación y  calumnias y debido al uso sistemático de la justicia para intentar callar aquella prensa fiscalizadora. Hechos que son más graves en el interior del país, en donde existen estructuras mafiosas. Es así que entre los casos más graves figura el asesinato del periodista Hernán Choquepata, de Arequipa, muerto a tiros en su cabina radial mientras hacía la transmisión de su programa, a finales de 2016.

Finalmente, Marcelo Miralles Iporre, presidente de la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia, aseguró que la censura manipulada por la publicidad estatal, la censura previa promovida por leyes, la asfixia financiera a los medios de comunicación y la intolerancia con puntos de vista críticos, generan un riesgo para las libertades de prensa y expresión en ese país. En cuanto a cifras, la ANP ha reportado un total de 136 agresiones físicas contra periodistas y medios, y registró otros 155 casos de agresiones verbales y amenazas. Al respecto, se destacó una estigmatización en contra de periodistas que el gobierno los califica de “opositores.

Tras la exposición de los casos, los comisionados Francisco Eguiguren y Luis Ernesto Vargas Silva se mostraron preocupados por el concepto de “prensa libre e independiente”y sobre la independencia y objetividad que deberían tener los periodistas. En ese contexto, Eguiguren preguntó a los peticionarios que le aclaren el concepto de prensa libre e independiente y sobre quién determina aquello. Hecho que fue refutado por los peticionarios, quienes respondieron que la prensa libre e independiente es aquella que no responde a ningún poder, ni político, ni económico y los peligros de que sea el gobierno de cada país el que califique a las prensa bajo esos criterios.

Ricaurte lamentó de manera especial que el comisionado Eguiguren utilice este espacio para un debate académico y no se interese por el contenido de la información presentada en la audiencia. En tanto, Lanza zanjó el debate destacando que los periodistas han jugado un papel fundamental en la lucha contra la corrupción y de la importancia de ejercer la libertad de expresión sin amenazas o restricciones y dentro de los parámetros que amparan los estándares internacionales. Si no no discutimos libertad de expresión en una sociedad democrática de, qué discutimos, apuntó el Relator.

En esa línea, el Secretario Ejecutivo Paulo Abrao se interesó por conocer acerca de las trabas para el ejercicio del periodismo investigativo, como impedimentos de acceso a la información y casos de hostigamiento.

Los peticionarios concluyeron su exposición con pedidos concretos para la CIDH, entre las que incluye una visita in loco a los países de la región; solicitar información al Estado Plurinacional de Bolivia sobre la creación, vigencia y aplicación de normas que sirven para presionar y asfixiar a los medios de comunicación independientes; exigir a los Estados que actúen de manera eficaz para garantizar el trabajo periodístico de manera libre y sin presiones  y que la Comisión recuerde a los Estados su deber de garantizar el acceso a una justicia imparcial y el establecimiento efectivo de procesos judiciales que rompan con el círculo de impunidad que rodea a los delitos y violaciones cometidas contra periodistas y trabajadores de la prensa en el ejercicio de sus funciones.

Descargue en este enlace la ponencia completa ante la CIDH 

PONENCIA CIDH

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Con la ausencia del Estado ecuatoriano se desarrolló este 23 de octubre de 2017, la audiencia temática sobre la situación de la libertad de expresión ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Montevideo, Uruguay.

En la cita, la Relatora de país, Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño lamentó la no participación del Estado. También lo hizo el relator especial para la libertad de expresión, Edison Lanza, quien destacó el cambio de actitud y de discurso del Gobierno de Lenín Moreno, pero se mostró extrañado por la ausencia del mismo en un espacio que considera “útil para el diálogo”.

Al respecto, los peticionarios, Francisco Rocha, Director Ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, AEDEP, y César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios aseguraron que la ausencia del Estado ecuatoriano es una oportunidad perdida para el actual Gobierno. En su exposición, Ricaurte presentó un balance de lo que significó la década del Gobierno de Rafael Correa para el estado de la libertad de expresión. En cifras, dio cuenta de las 2238 agresiones ocurridas entre 2007 y 2017, relacionadas con aplicación de la Ley de Comunicación, agresiones físicas, verbales, amenazasa a los derechos digitales y el uso abusivo del poder del Estado. (491 en 2016 y 188 entre enero y mayo de 2017).

También recordó casos como el del periodista Fernando Villavicencio actualmente con grillete electrónico, por denunciar la corrupción en los sectores estratégicos de la Economía, y el de Freddy Aponte, periodista de Loja, quien ha sido acosado durante 10 años por el Alcalde de Loja, José Bolívar Castillo, como ejemplos de persecución, impunidad y represión.

El caso de Villavicencio despertó especial preocupación por parte del Relator Especial para la Libertad de Expresión, quien aseguró que debe ser difícil hacer un periodismo libre. Lanza también se mostró preocupado por la situación del concurso de frecuencias y el marco jurídico restrictivo que existe en el Ecuador y aseguró que, de mantenerse, este podría servir como una herramienta para abusos y arbitrar edades. “Como una espada de damocles y un arma represiva para la prensa”.

Por su parte, a la comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño también le inquieta el cómo se debería garantizar el pluralismo en los medios de comunicación en una reforma normativa y el tema de los concursos y asignación de frecuencias, sobretodo, las comunitarias.

Durante la audiencia, Rocha expuso acerca de las acciones propuestas en la Hoja de Ruta, para una transición plena hacia la democracia y aseveró que si bien hay mejoras en el clima en el cual se ejerce el periodismo, la situación de la libertad de expresión es de enorme fragilidad pues la estructura legal e institucional heredada de la década autoritaria de Rafael Correa se muestra intacta, al punto que altos funcionarios de Gobierno siguen demandando por la vía penal a ciudadanos que ejercen su derecho a la crítica.

La exposición de los peticionarios concluyó con cuatro pedidos muy específicos para la CIDH.

  • Que la Comisión inste al Estado a que se establezca un cronograma que permita a la Comisión monitorear y elaborar un informe sobre la situación de la libertad de expresión durante el proceso electoral.
  • Que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH elabore un estudio especial sobre la aplicación de la Ley Orgánica de Comunicación y su compatibilidad con estándares internacionales.
  • Que la Comisión brinde acompañamiento al proceso de reformas normativas y reinstitucionalización del país que vienen impulsando las distintas organizaciones de la sociedad civil, periodistas y ciudadanos que construyeron la antes señalada “Hoja de Ruta”.
  • Que se brinde especial atención a los distintos procesos contenciosos sobre libertad de expresión en los que está involucrado el Estado ecuatoriano y que actualmente tramita el sistema. Asimismo, solicitamos a esta Comisión que la resolución de estos casos permitan sentar precedentes que busquen la plena garantía y ejercicio de la Libertad de expresión a nivel regional.

Sobre las peticiones, la comisionada Arosemena de Troitiño reafirmó la necesidad de alcanzar un mecanismo de acercamiento y participación del Estado ecuatoriano. En esa misma línea, el comisionado Paulo Vannuchi, presente en la audiencia, saludó el espíritu de apertura del Gobierno de Moreno y aseguró que se podría aprovechar una invitación que le hicieron para ser embajador de buena voluntad para temas de los derechos de personas con discapacidad para entablar el diálogo. “Ojalá la no asistencia del Estado ecuatoriano sea por un motivo técnico y no por la decisión del nuevo gobierno de no asistir”, apuntó Vannuchi.

Finalmente, Ricaurte afirmó que si bien ha bajado el nivel del Estado de propaganda, es necesario una evaluación profunda de la aplicación de la Ley de Comunicación para poder tener parámetros regionales, mientras que Rocha manifestó que un primer compromiso de los medios es de no callar frente al abuso, y las agresiones a las que han estado sometidas por 10 años.

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El próximo lunes, 23 de octubre la situación general de la libertad de expresión será evaluada en la audiencia temática de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se llevará a cabo en Montevideo, Uruguay, a partir de las 10:15 hora Ecuador, 12:15 hora Montevideo. César Ricaurte, Director Ejecutivo de Fundamedios, será el representante de la organización encargado de exponer ante este alto foro internacional. También, está acreditado el Director Ejecutivo de la Asociación de Editores de Periódicos del Ecuador (AEDEP) Francisco Rocha.

En la audiencia, que forma parte del 165 período ordinario de sesiones de la CIDH, se revisarán las estadísticas actualizadas de las agresiones por la Ley de Comunicación (LOC), antes y después del Gobierno de Lenín Moreno, así como la reforma a varios artículos de la misma y de aproximadamente ocho leyes que afectan las libertades en el Ecuador, temas planteados en la Hoja de Ruta por la libertad de expresión.

Al pedido de audiencia se sumaron líderes de la sociedad civil, periodistas, la Plataforma por la Defensa de la Democracia y los DDHH (PPDD), la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP), la Unión Nacional de Periodistas (UNP) y Fundamedios.

El minuto a minuto de la sesión se podrá seguir a través de las cuentas de Twitter y Facebook de Fundamedios (@fundamedios) y Rayuela Radio en www.rayuelaradio.com con el hashtag #CIDHAudiencias,  mediante el siguiente link: http://bit.ly/2zvAatP.

Desde 2008 hasta julio de 2017, Fundamedios ha contabilizado 2277 agresiones a la libertad de expresión. Resaltando como los años más críticos 2015 y 2016. En el último año, las condiciones para ejercer la libertad de expresión en el Ecuador no cambiaron y el clima negativo se mantuvo, de donde los principales ataques se dieron por la aplicación de la LOC, que en 2016 aumentó en 69% frente al anterior.

En este 2017, el clima mejoró. Según los registros de Fundamedios, los dos últimos meses la intensidad de las agresiones ha bajado tras el cambio de Gobierno, al asumir la presidencia Lenín Moreno en mayo del presente año, cerrando en el mes de julio con 38 agresiones.

La Comisión Interamericana ha evaluado en varias ocasiones la restricción de la libertad de expresión durante el Gobierno de Rafael Correa, pero es la primera audiencia luego del proceso electoral y una vez que se ha abierto la posibilidad de una transición hacia una democracia plena con el Gobierno de Lenin Moreno.