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UNESCO

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Quito, mayo 2020En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, se realizó el foro virtual Desinfodemia en América Latina: hechos-19, coorganizado por Fundamedios y la Oficina de la UNESCO en Quito y Representación para Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela, con el apoyo de la Delegación de la Unión Europea, las Embajadas de Estados Unidos y de Canadá, en Ecuador, y la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF, por sus siglas en inglés). El centro temático del fue el fenómeno de la desinformación, con énfasis en los impactos de la difusión de contenidos falsos en el escenario de la COVID-19

La iniciativa contó con la participación de César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios; Saadia Sánchez Vega, directora de la oficina de la UNESCO en Quito y Representante para Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela; Desirée Yépez, de Ecuador Chequea; Liliana Elósegui, de Verificado México; Luiza Bandeira, de Digital Forensic Research Lab (DRL)-Atlantic Council; y Cristina Tardáguila, de la International Fact-Checking Network (IFCN) y Poynter Institute.

Al inicio del foro, Saadia Sánchez mencionó que durante la crisis, la información se ha colocado en el centro del escenario: Lo que ha denominado la UNESCO ‘desinfodemia’” es un flagelo que desvirtúa e incluso falsifica la realidad con consecuencias de vida o muerte al estimular decisiones esencialmente ‘desinformadas’ sobre la COVID-19”. Además, expresó que la información verificable y fiable es la llave para construir sociedades del conocimiento. 

#WorldPressFreedomDay Hechos-19: La Desinfodemia en América Latina

Foro organizado por Fundamedios, UNESCO Quito, UNESCO en español, Embajada de Estados Unidos en Quito, Embajada de Canadá en Ecuador, Unión Europea en Ecuador y PADF Ecuador.Participan: Cristina Tardáguila Poynter, Liliana Elósegui Verificado, Luiza Bandeira DFRLab, Nela Balbi IPYS Venezuela, Desirée Yépez Ecuador ChequeaModera: César Ricaurte FundamediosIntroduce: Saadia Sánchez Vega

Publicerat av FUNDAMEDIOS Onsdag 6 maj 2020

Por su parte, Cristina Tardáguila indicó el impacto de siete olas de desinformación  en torno a la COVID-19: origen, manipulación de archivos multimedia, métodos de prevención, xenofobia, politización de la enfermedad, confinamiento y la ultrapolitización. Por su parte, Luiza Bandeira acotó que el cambio constante supone una situación demandante y de creciente complejidad para el trabajo periodístico: “Hoy las personas están comprendiendo cómo la información sirve para generar una narrativa de intereses particulares”.

Desirée Yépez apuntó a la confianza recobrada por el periodismo desde la perspectiva ciudadana, específicamente en lo relativo a su rol fiscalizador de la función pública. Mientras que Liliana Elósegui añadió que los bots (programas informáticos) han encontrado en los vacíos informativos espacios para introducir datos que, en muchas ocasiones, terminan en fraudes o estafas, sobre todo en América Latina. Precisó que, frente a ello, los equipos de periodistas a escala mundial deben reforzar la disponibilidad de herramientas relevantes y educar a las audiencias acerca de la verificación de contenidos, para fortalecer las defensas ciudadanas ante la desinfodemia.  

César Ricaurte concluyó que los periodistas, trabajadoras y trabajadores de la prensa son cruciales como guías de la ciudadanía para tomar decisiones informadas. “Ahora más que nunca necesitamos que los medios de comunicación documenten lo que está sucediendo”, puntualizó.

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En el foro sobre por qué la seguridad de los periodistas es crucial para lograr el ODS 16 y cómo los sistemas de monitoreo contribuyen a ello, realizado por UNESCO, este 17 de julio en Nueva York, Voces del Sur presentó el Informe Sombra ODS 16.10.1 elaborado por ocho organizaciones de la sociedad civil de América Latina que recopilaron y reportaron ataques a la libertad de expresión en la región durante 2018.

Marianela Balbi, directora de Ipys Venezuela, aseguró que Voces del Sur nació con el propósito de comprender lo que está sucediendo en Latinoamérica donde existen riesgos muy altos para el ejercicio periodístico, donde se censura y se acosa a los medios de comunicación de forma reiterativa.

Balbi explicó que la idea inicial del proyecto fue crear un sistema para unificar indicadores que cumplan con el apartado 16.10.1 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, respecto a la seguridad de los periodistas. Así, diseñaron indicadores regionales comunes que midan los diferentes niveles de amenazas a la libertad de prensa y de expresión para fortalecer un análisis comparativo.

Si bien se tomaron en cuenta casos extremos como asesinatos, secuestros y tortura a periodistas, también se incluyeron indicadores adicionales para rastrear la estigmatización a la prensa, los procesos administrativos y judiciales en contra de los comunicadores, ataques a la libertad de expresión en Internet y leyes que puedan coartar estas libertades.  Según la directora de Ipys Venezuela también se incluyó un enfoque de género transversal.

Durante 2018, en los ocho países se registraron un total de 732 alertas. Los actores estatales fueron responsables de más del 50% de agresiones. También se registró un alto nivel de impunidad en actos judiciales que involucran a periodistas. El 94% de casos quedan en la impunidad.

Guy Berger, Director de Libertad de Expresión y Desarrollo de Medios de UNESCO, reconoció que es necesario «fortalecer el monitoreo global sobre asesinatos e impunidad» para velar por el trabajo de la prensa independiente.

Con él concordó Silvia Chocarro, de Artículo 19. «Reportar sobre agresiones y tener esta base de datos permite, incluso, generar impacto y crear incidencia en la política para que tomen acción respecto a la seguridad de periodistas», finalizó.

Voces del Sur está conformado por el Foro de Periodismo Argentino – FOPEA / Argentina, la Asociación Nacional de la Prensa – ANP / Bolivia, la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios – FUNDAMEDIOS / Ecuador, el Comité por la Libre Expresión – C-Libre / Honduras, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro / Nicaragua, el Instituto Prensa y Sociedad – IPYS / Perú, el Centro de Archivos e Información Pública – CAinfo / Uruguay y el Instituto Prensa y Sociedad – IPYS / Venezuela.

INFORME ESPAÑOL / INGLÉS

INFORME INGLÉS ESPAÑOL

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Acceso a la información y seguridad para periodistas son algunos de los temas que se discutirán la semana del 15 al 19 de julio 2019 en Estados Unidos. Fundamedios y Voces del Sur participarán en distintos foros y conferencias que impulsarán la revisión de diversas aristas relacionadas a estos temas, en espacios creados para debatir y discutir los retos que enfrenta la prensa regional en estos aspectos.

El martes 16 de julio, profesionales internacionales participarán de la conferencia: ¿Cómo reportar las agresiones a la prensa? La experiencia Voces del Sur en Latino-américa y el Caribe, en Nueva York. César Ricaurte, director ejecutivo de FUNDAMEDIOS, hablará sobre las prácticas de la organización, junto a él estarán: Guillermo Medrano, de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (Nicaragua) y Leslie Lafuente, de la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia.  El objetivo también es reflexionar en torno a mejores prácticas, oportunidades, garantías para hacer periodismo y defender Derechos Humanos

En el marco del Foro Político de Alto Nivel Sobre Desarrollo Sostenible a llevarse a cabo en Nueva York, el 17 de julio 2019, se discutirá por qué la seguridad de los periodistas es crucial para lograr los ODS 16 y cómo los sistemas de monitoreo contribuyen a ello. En este panel participarán organizaciones asociadas a Voces del Sur, como IPYS (Venezuela) con la representación de su directora ejecutiva, Nela Balbi y Artículo 19, representada por Sebastián Salamanca, manager del programa de Protección y Defensa de la organización. Además, intervendrán como panelistas Kerry Paterson, directora de Comunicación y Defensa del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) y Owais Aslam Ali, director ejecutivo de la Fundación de Prensa de Pakistán.

Además, en Washington D.C, el jueves 18 de julio, se realizará la conferencia sobre Monitoreo de la libertad de los medios en América Latina y cómo el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 (ODS) está impulsando el compromiso de la sociedad civil. A lo largo del último año, la región ha sido testigo de cambios bruscos en el estado de la libertad de los medios de comunicación, desde una disminución abrupta en Nicaragua hasta destellos de mejora en Ecuador. Pero, ¿puede el monitoreo y la revisión ofrecer lecciones para mejorar y reformar? Un nuevo informe de una iniciativa regional destaca las posibilidades de la sociedad civil para aprovechar dichos procesos, desde socios a nivel nacional hasta el Examen de Alto Nivel de las Naciones Unidas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Algunos de los líderes de esta iniciativa discutirán las oportunidades disponibles para que la sociedad civil aproveche estos procesos para mejorar el entorno general para la libertad de expresión en la región.

Estos eventos cuentan con el apoyo e impulso de la Misión Permanente de las Naciones Unidas en Lituania, Misión Permanente de las Naciones Unidas en Francia, la Misión Permanente de las Naciones Unidas en Grecia, el Group of Friends for the Protection of Journalists, UNESCO, Artículo 19, IFEX, el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), el Centro para la Asistencia Internacional de los Medios (CIMA), National Endowment for Democracy (NED), la Fundación de Desarrollo Panamericano (PADF), el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), el Comité por la Libre Expresión (C-Libre), IPYS Venezuela, IPYS Perú y CAinfo (Uruguay)

Informe Sombra ODS 16.10.1

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Ocho organizaciones internacionales de Derechos Humanos que conforman Voces del Sur (VDS) presentaron el informe sombra sobre libertad de expresión en América Latina. El documento recoge 734 agresiones a la prensa en ocho países en 2018.

El proyecto VDS nació en julio de 2017 con el objetivo de apoyar iniciativas para promover y mejorar las protecciones de la libertad de expresión en la región, aumentar la capacidad de las redes de la sociedad civil en cada país y establecer nuevas formas de coordinación y colaboración junto a los sistemas de Derechos Humanos interamericanos y de las Naciones Unidas. Agrupa a Fundamedios (Ecuador), Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS Perú), Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS Venezuela), Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP), Comité por la Libre Expresión (C-Libre Honduras) y Centro de Archivos y Acceso a la Información (CAinfo Uruguay).

Las organizaciones desarrollaron un conjunto de 12 indicadores comunes para monitorear y comparar la libertad de prensa y expresión en la región, vinculados al objetivo 16.10.1, incluido en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU; el mismo que protege los derechos de los periodistas y medios de comunicación a realizar su trabajo sin enfrentar violencia, amenazas o intimidación.

A la realización de este informe se sumó la fundación nicaragüense Violeta Chamorro. En 2018 los patrones de extrema violencia, impunidad y políticas autoritarias hacia los periodistas se mantuvieron en la mayor parte de países de América Latina. El año pasado seis periodistas fueron asesinados, ocho secuestrados y dos torturados. Nicaragua es el país con más amenazas, pues la crisis política ha derivado en una persecución sistemática contra la prensa.

Este documento se envió a la sede de Unesco, en París. La mañana de este 2 de mayo, César Ricaurte, director ejecutivo de FUNDAMEDIOS, también lo entregó a Indira Salazar, oficial de Comunicación de Unesco, en Quito. A fines de junio próximo, se presentará oficialmente ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York.

Los actores estatales, u otros con vínculos directos a las estructuras del poder político o económico, son los principales perpetradores de ataques y amenazas contra la libertad de expresión y prensa en el continente. El aumento de grupos del crimen organizado y narcotráfico es una amenaza importante contra periodistas.

Los ataques contra la prensa continúan siendo frecuentes, especialmente en manifestaciones o eventos políticos. Los periodistas todavía son objeto de intimidación o procesos judiciales abusivos, la mayoría cuando reportan sobre temas de interés particular de políticos en funciones o electos.

Revise el informe completo

 

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Este 19 de octubre periodistas de distintos países de América Latina respondieron a las interrogantes ¿cuáles son los peligros del ejercicio periodístico?, ¿cómo luchar en contra de la impunidad? En el foro ‘El riesgo de informar’, impulsado por FUNDAMEDIOS, Unesco y la Universidad San Francisco de Quito (USFQ) participaron representantes de organizaciones de Ecuador, Honduras, Venezuela, Perú, Bolivia, Argentina y Uruguay.

El encuentro contó con la presencia de autoridades nacionales como Édison Toro, superintendente de la Información y Comunicación; Danilo Silva, presidente del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom); y Rosario Utreras, consejera representante de la Defensoría del Pueblo ante el Cordicom.

César Ricaurte, director ejecutivo de FUNDAMEDIOS, indicó que junto a los colegas de siete organizaciones de la región, que desde hace varios años monitorean la situación de la libertad de expresión y de prensa, se trabajó para unificar los sistemas de monitoreo. Colectivamente se concluyó que existen cinco elementos básicos que expresan las agresiones más extremas en contra de periodistas, las cuales pueden ser generadas por actores estatales o no estatales: asesinato, desaparición forzada, secuestro, tortura y detención arbitraria.

“Desde 2019, entre las siete organizaciones entregaremos información sobre la situación de la prensa a los Estados y organismos internacionales como Naciones Unidas”, explicó Ricaurte. El objetivo es generar conciencia en la sociedad y en las autoridades para que mejoren las condiciones del ejercicio profesional del periodismo, para que los ciudadanos puedan estar mejor informados y se pueda informar sin censura. “La meta es que esto se convierta en política pública”, resaltó.

Para el desarrollo de esta estrategia se partió de que la normalización de los asesinatos de periodistas en América Latina es alarmante. La mayoría de agresiones permanece impune.

Las estadísticas reflejan una realidad. Indira Salazar, oficial de Comunicación de Unesco, señaló que en 9 de cada 10 casos los autores de los crímenes no son procesados. Además, en los últimos años, cerca de 930 periodistas han sido asesinados por informar

Los datos de Reporteros sin fronteras también son preocupantes. Eric Samson indicó que, a escala mundial, en lo que va de 2018, 57 periodistas fueron asesinados. 168 comunicadores están en la cárcel.

Honduras es uno de los escenarios más desoladores. Miriam Elvir, del Comité por la Libre Expresión (C-Libre, Honduras), expuso que desde 2003 a la actualidad se han emitido más de 2000 alertas. “De 2000 a 2018 hay 73 periodistas asesinados y el 95% de casos está en la impunidad”, enfatizó.

En el sur del continente el panorama no deja de ser complejo. Alfredo Zacarías, vicepresidente del Foro de Periodistas Argentino (FOPEA), indicó que en los últimos dos años, en su país, los casos de agresiones a la prensa crecen y la mayoría proviene de actores estatales; mientras que en Bolivia, desde la llegada de Evo Morales en 2006, las restricciones y la censura han ido en aumento a través de leyes y decretos, añadió Marcelo Miralles, de la Asociación Nacional de la Prensa boliviana.

En los últimos 15 años, en Perú se han asesinado a siete periodistas. “Todos los casos están impunes”, afirmó Adriana León, del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). El 85% de homicidios, según la UNESCO, no ha sido investigado. En ese sentido, Saudia Levoyer, directora del área de Comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB, Ecuador), acotó que el asesinato es el último escalón de una escalera que busca instaurar el miedo no solo en los periodistas, sino en la sociedad.

Frente a eso, “la impunidad es una decisión política, porque garantizar los derechos de la población es un deber de los Estados”, insistió el uruguayo Fabián Werner, del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo).

Por ejemplo, en Venezuela, se enfrenta un problema estructural, relacionado con una debilidad institucional. Mariaengracia Chirinos, de Ipys, explicó que entre 2013 y 2018 68 medios impresos salieron de circulación. Solo en este año, han cerrado 22 medios. En cinco estados ya no existen periódicos.  

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Luego de analizar el proyecto de reforma a la Ley de Orgánica de Comunicación, que el pasado 5 de septiembre fue aprobado por la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional para ser debatido en el Pleno, se detectaron nueve aspectos que deben considerarse para que el próximo cuerpo legal cumpla con lo que determinan los estándares internacionales. Este 12 de septiembre, FUNDAMEDIOS convocó a una reunión, donde se analizaron dichas observaciones.

La mañana de este jueves, Indira Salazar, oficial nacional de Comunicación e Información de Unesco; Henry Cucalón y Paola Vintimilla, asambleístas del Partido Social Cristiano (PSC); Ximena Peña, de Alianza PAIS; Jeannine Cruz, de CREO; César Ricaurte, director ejecutivo de FUNDAMEDIOS, participaron de un encuentro en donde Marcelo Espinel, director de proyectos de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD), expuso los puntos de un documento  elaborado por las dos organizaciones como un insumo técnico a tomar en cuenta en la discusión de las reformas.

El objeto y ámbito de la LOC es el primer factor que debe analizarse. Con base en lo que recomienda la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), debe modificarse el artículo 1 de la norma, incorporando que su objeto sea la protección del derecho a ejercer la libertad de expresión y a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole a través de medios de comunicación.

En lo que se refiere a códigos deontológicos, se propone mantener los artículos 9 y 16 que obligan a los medios a elaborar y publicar sus principios. De esa manera, debería eliminarse el artículo 10 que establece el contenidos de los mismos.

Los participantes coincidieron en la necesidad de eliminar del artículo 18 la prohibición de censura previa para los accionistas y socios de los medios; y establecer en el 19 responsabilidad ulterior en los casos en que se vulneren la reputación de las personas, la seguridad nacional o el orden, moral y salud públicas.

Otro aspecto que se discutió fue la modificación del artículo 36 de la LOC, para que la obligación de difundir contenidos interculturales y plurinacionales recaiga únicamente en los medios públicos y sea opcional para los privados. Sin embargo, se recomienda mantener lo determinado en el artículo 37, sobre la inclusión de personas con discapacidad.

De cara a la difusión de asuntos judiciales e información reservada, se plantea mantener el artículo 27 que permite la divulgación de casos judiciales, cuando se garantice el derecho de ambas partes de manifestar sus argumentos en condiciones de igualdad. El 31, referente a la protección de niñas, niños y adolescentes, tampoco debería modificarse.

A los asambleístas y a la Oficial de la UNESCO se les expuso la importancia de eliminar el artículo 42, a través del cual se exige título profesional para el ejercicio de la comunicación. La CIDH reconoce el derecho de toda persona a comunicar sus opiniones por cualquier medio, por lo tanto lo contenido en la LOC se convierte en un limitante.

En el debate de la Ley de Comunicación es necesario considerar cambiar el artículo 48, para que la conformación del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom) cumpla con el estándar internacional. El ente rector debe gozar e independencia, libre de cualquier injerencia económica y/o política.

Es importante que los legisladores tomen en cuenta reformar el artículo 74 con el objetivo de establecer que la obligación de transmitir las cadenas nacionales solo se aplique en caso de emergencia. Durante el régimen de Rafael Correa se registraron, al menos, 5584 cadenas a escala nacional…

Finalmente, los asistentes a la reunión reflexionaron sobre la modificación del artículo 108 para organizar concursos diferenciados en la asignación de frecuencias para medios privados y comunitarios. También se abordó la reforma del 106, con el objetivo de eliminar la reserva del 33% del espectro radioeléctrico para los públicos, tal como lo recomienda la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.