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Carta abierta: Las agresiones contra la libertad de prensa en el Ecuador no paran

por | Dic 14, 2021 | Comunicados

“EL ESTADO TIENE LA OBLIGACIÓN DE ADOPTAR POLÍTICAS DE PROTECCIÓN A LOS PERIODISTAS Y MEDIOS”

Ecuador, 14 de diciembre de 2021

Alexandra Vela, Ministra de Gobierno;

Luís Hernández, Ministro de Defensa;

Diana Salazar, Fiscal General y

Eduardo Bonilla, Secretario de Comunicación de la Presidencia.

 

De nuestras consideraciones,

Las organizaciones de la sociedad civil que tenemos como ámbito de nuestro trabajo la defensa, protección y promoción de las libertades de expresión y de prensa en Ecuador, ratificamos que es extremadamente grave el incremento de agresiones contra periodistas y medios de comunicación registrados en los últimos meses, la mayor parte de ellos por acción de las fuerzas de seguridad del Estado, que son aquellos que deberían garantizar la seguridad de los periodistas, incluso en situaciones de vulnerabilidad y riesgo. A lo que se suma las amenazas del crimen organizado contra periodistas. 

En estas últimas 10 semanas las agresiones contra la prensa tomaron fuerza, desde que el presidente Guillermo Lasso llegó al poder. Siete de estas agresiones fueron protagonizadas por elementos de la Policía Nacional.  A continuación, detallamos algunos: 

Daniela Moina, periodista del Diario Extra, denunció a través de su cuenta de Twitter que la Policía Nacional le impidió tener acceso a información de un fallecido en circunstancias particulares en el sur de Quito.

El Coronel de la Policía Nacional, Rafael Marcelo Pérez Aguirre, envió una carta al periodista de Código Vidrio, Arturo Torres, en la que, con términos amenazantes, solicitó conocer la fuente del periodista y, además, descalificó su trabajo luego de que el comunicador lanzó un trino en Twitter. 

El periodista de Ecuavisa, Paúl Romero, fue presionado por una persona que se identificó como integrante de Inteligencia de la Policía Nacional y le solicitó revelar la fuente de un documento sobre el mal estado de los vehículos policiales en Guayaquil por falta de mantenimiento. 

Pamela Morante y Starlin Merchán fueron agredidos por miembros de la Policía Nacional mientras realizaban una cobertura de las manifestaciones del 26 de octubre en el sector de la T de Daule. Según versiones ofrecidas por la periodista, los uniformados les propinaron varios golpes mientras se encontraban realizando la cobertura.

Ese día, por la tarde, el periodista de Ecuador Chequea, Félix Amaya, recibió un disparo a quemarropa con una bala de goma que impactó en su pierna izquierda y que fue propiciado por un miembro de la Policía Nacional durante la cobertura de las protestas en el Centro Histórico de Quito, a pesar de que él asegura que se identificó como periodista y portaba su carnet.

Estos incidentes son parte de una escalada que se ha venido produciendo en los últimos años, en los cuales los periodistas en coberturas de riesgo se convierten en blancos del ataque de aquellos que deberían propiciar su seguridad. En ese contexto, señalar que el más alto riesgo para la prensa constituye el crimen organizado y el narcotráfico no es correcto y aparece como una coartada para encubrir el verdadero problema: La Policía y las Fuerzas de Seguridad del Estado no actúan con ningún protocolo de respeto y garantía al trabajo periodístico, simplemente porque no existe una política pública de protección, seguridad y garantía del trabajo periodístico. 

Sin embargo, lo que refleja una situación desbordada en la acción de la Fuerza Pública hacia el periodismo es el hecho de que, solo entre el 09 y el 10 de noviembre, registramos 9 agresiones contra la prensa y en 7 de ellas el agresor fue el Estado. 

Exponemos los casos más graves protagonizados por las fuerzas del orden: el periodista Jonathan Quezada del medio JQ Digital EC fue agredido y retenido arbitrariamente por integrantes de la Policía Nacional durante una cobertura en Guaranda. Miembros de la Seguridad Presidencial empujaron a periodistas de medios de comunicación e impidieron que el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), Leonidas Iza, diera declaraciones a la prensa. De igual manera se registraron otras agresiones de manera pública en Guaranda, el Estado y la Policía no estuvieron prestos a  proteger a dos periodistas azotados con boyeros.

El 2 de diciembre un equipo de Plan V fue censurado violentamente durante la cobertura de una audiencia, realizada en el Complejo Judicial Norte, por la acción de protección interpuesta por el general Víctor Arauz contra la comandante de la Policía Tannya Varela. El fotógrafo Luis Argüello y el periodista Fermín Vaca llegaron antes de que se instale la audiencia, para hablar con los abogados y hacer tomas del ambiente. En ese instante unos policías se quejaron de su presencia ante una funcionaria judicial quien solicitó al equipo de prensa identificarse. Asimismo les advirtió que estaba prohibido realizar tomas en la sala, se solicitó sus documentos y se borraron fotos. 

Consideramos que estas actuaciones merecen acciones inmediatas, pero más que nada, que de una vez por todas se adopten políticas públicas, no acciones aisladas y mucho menos medidas parche. Es imperante proteger el trabajo periodístico y garantizar la seguridad de las y los periodistas del Ecuador. 

Asimismo, vemos con preocupación que desde el crimen organizado se empiezan a generar graves alertas contra la libertad de expresión: 

El 10 de noviembre la periodista Alexandra Moyano y otro comunicador de Radio Municipal Latacunga, que prefiere mantener el anonimato, recibieron amenazas de muertes con un mismo modus operandi: a través de llamadas telefónicas de números desconocidos, a sus teléfonos personales. En el caso de Alexandra Moyano, primero recibió un mensaje preguntando si este era el número de la Radio Municipal, solicitando a la vez los contactos de todos los locutores “para poder solicitar música”, la periodista no proporcionó información.  Después recibió una llamada anónima y le advierten que si sigue realizando investigaciones sobre el tema carcelario en Cotopaxi, así como las bandas delincuenciales, la iban a matar a ella, a su familia y le dijeron “periodista de pacotilla”. 

El 10 de diciembre de 2021 el periodista Andersson Boscán del medio digital La Posta, recibió una llamada telefónica por parte de un supuesto intermediario de un capo de la cárcel perteneciente a la banda de “los Choneros” , el cual comunicó al periodista que su vida, la de su esposa y sus hijos estaba en riesgo. En la sección Café la Posta Andersson Boscán comentó su temor por este tipo de amenazas. En este mismo programa se reprodujo un audio como parte de la conversación “Usted y su familia están corriendo peligro y usted no lo sabe”… Asimismo, le advirtió que le llamaba de parte del líder del pabellón 9 de la cárcel de Guayaquil y le alertó que hay 30 muchachos, en todo Quito, con fotografías suyas y de su esposa.

Tampoco olvidemos que la impunidad alimenta la violencia contra periodistas, por lo cual hacemos el llamado para que se desclasifique la información necesaria para que puedan avanzar las investigaciones de Fiscalía en el Ecuador sobre el secuestro y asesinato de Javier, Paúl y Efraín, el equipo periodístico de Diario El Comercio.

La adopción de políticas públicas debe darse por una acción conjunta de Estado, Sociedad Civil, periodistas, medios de comunicación y otros actores como la Academia. Desde nuestra parte, levantamos nuestra voz de denuncia y protesta ante lo que sucede y las acciones descoordinadas, tibias y nada efectivas de diversos organismos del Estado y al mismo tiempo estamos dispuestos a aportar de forma transparente y positiva a que la situación se revierta.

Sobre las amenazas de grupos delincuenciales, solicitamos a la Fiscalía, Ministerio de Gobierno y Policía Nacional que tomen las acciones inmediatas y necesarias para que se garantice la vida e integridad de los periodistas amenazados y de su entorno familiar. Rechazamos las amenazas del crimen organizado, pero recordamos que las responsabilidades de protección y seguridad de los periodistas que trabajan en el país son del Estado ecuatoriano.

Por ello, las organizaciones firmantes solicitamos nuevamente a ustedes que se abra un proceso de diálogo urgente para fijar una hoja de ruta con el fin de adoptar políticas públicas reflejadas en acciones efectivas de protección y seguridad para la prensa.

 

Cuando se intenta silenciar a la prensa peligra la democracia.

Atentamente,

  • FUNDAMEDIOS
  • FENAPE-FIP
  • RED DE PERIODISTAS LIBRES
  • FUNDACIÓN PERIODISTAS SIN CADENAS
  • FUNDACIÓN NOS FALTAN TRES
  • UDLA CHANNEL

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