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Julio: Quevedo y Durán mostraron su lado más violento contra la libertad de expresión

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En julio, Fundamedios registró 20 agresiones que vulneran la libertad de expresión y libertad de prensa en el Ecuador de periodistas, medios de comunicación, activistas y ciudadanos. Este número significó un incremento en cuanto a las agresiones que se registraron en junio y que llegaron a 16. 

Las cifras

Entre 2007 y el 31 de julio Fundamedios ha registrado un total de 2925 alertas. En julio del 2021 el principal agresor fueron grupos no estatales con 11 agresiones;  seguidos de desconocidos que protagonizaron 5 agresiones y en cuatro ocasiones fueron agresiones protagonizadas por el Estado. 

En total 12 periodistas fueron agredidos en julio del 2021, los medios de comunicación fueron atacados tres veces así como tres activistas y un concejal en Manabí. En total se registraron 14 agresiones y ataques que incluyen dos atentados contra el equipo periodístico La Hora en Los Ríos y contra una activista política en Durán así como una amenaza de muerte contra el periodista Charlie Castillo, dos discursos estigmatizantes, dos procesos legales, una autocensura  y una restricción en el espacio digital. 

En Los Ríos y Guayas se registraron alertas con uso de más violencia. El caso de la captadora ilegal de dinero BigMoney y la cobertura por parte de medios de comunicación generó un ambiente adverso para la profesión aupado por un discurso contra la prensa proveniente desde Miguel Nazareno y sus seguidores quienes la acusan de interferir con el “negocio”. 

 

Los casos del mes

el 1 de julio la corresponsal del noticiero de la cadena televisa de alcance nacional RTS en la provincia de Los Ríos, Odette Camacho, fue agredida y le sustrajeron el micrófono durante una cobertura del caso Big Money. Asimismo el 31 de julio un equipo periodístico del diario La Hora de la provincia de Los Ríos sufrió un atentado armado mientras se transportaban en un vehículo del medio de comunicación en la parroquia de San Camilo. Este atentado  ocurre un día después de que el medio de comunicación publicara un reportaje sobre cinco puntos donde esta plataforma captaba dinero.

El 13 de julio en Nobol (Guayas) la periodista Nicolle Kalil del El Noticiero de TC Televisión y el camarógrafo Jorge Ortega fueron impedidos de realizar la cobertura del paro campesino en, fueron insultados, recibieron intimidaciones y un intento de agresión.  El 28 de julio La periodista Luisa María Heredia y el camarógrafo Ronald Romo de Teleamazonas fueron agredidos e intimidados en Guayaquil (Guayas) por un grupo de seis personas que custodiaban el domicilio de Jacobo Bucaram Pulley, quien cumple un arresto domiciliario por el delito de delincuencia organizada por comercializar pruebas rápidas de Covid-19. 

Al día siguiente en Durán (Guayas) dos desconocidos incendiaron la camioneta de la activista política Alejandra Cornejo que estaba estacionada en la ciudadela María Piedad. Además, el periodista y fundador del Ferrodiario de Durán, Charlie Castillo recibió una amenaza de muerte en su fanpage de Facebook: “Cuidado se suicida con tres balazos en la espalda”, fue el mensaje que llegó a la página del medio de comunicación digital. Los dos casos de Durán tiene relación a comentarios que realizaron sobre una noticia difundida por la Fiscalía General del Estado que informó de la detención de 4 ciudadanos y la incautación de 2 toneladas de cocaína, 4 cabezales y 1 vehículo, luego de un operativo ejecutado por Fiscalía y la Policía en Durán. La droga fue hallada en contenedores de pescado congelado, cuyo destino era el Puerto Marítimo de Guayaquil.

El seis de julio el equipo periodístico de La Posta recibió una amenaza a través de tres graffitis que contienen las leyendas: “La Posta racista, prensa clacista. Diesel barato y arde La Posta y arde La Posta”.  Estos hechos ocurren 48 horas después de la transmisión en TC Televisión del estreno de La Posta XXX,  donde  se insultó al nuevo presidente de la CONAIE, Leonidas Iza, al llamarlo “cabrón”, palabra que se utilizó como un acrónimo de “campesino, anarquista, bronquista, relevante, obsesivo, narcisista”. Mientras se lanzaban dardos contra una imagen del dirigente. 

Asimismo, la Procuradora del Municipio de Quito lanzó una amenaza pública a un medio de comunicación y la gran maestra de ajedrez ecuatoriana, Carla Heredia, fue el centro de una serie de mensajes ofensivos e incluso de corte sexista luego de que el ex presidente Rafael Correa le recriminara públicamente en Twitter lo que le llevó a la autocensura. 

 

Se sigue usando el Código Penal para castigar la libertad de expresión

La Corte Provincial de Justicia de la Ciudad de Manta ratificó la sentencia de 15 días de prisión contra el concejal Juan Casanova, de acuerdo con el literal 1 del artículo 396 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que establece sanciones de quince a treinta días de pena privativa de libertad a la persona que por cualquier medio “profiera expresiones en descrédito o deshonra en contra de otra”.

Además, el Concejal deberá pagar USD 3.000 por resarcimiento económico para el cabildo y USD 400 dólares como sanción. Asimismo, deberá emitir disculpas públicas hacia la municipalidad. Fundamedios rechazó el uso del derecho penal para coartar y castigar la libre expresión de cualquier ciudadano y recuerda la urgencia de que estos artículos, que castigan la libertad de expresión, deben ser eliminados. 

Lo positivo del mes 

La Sala Especializada de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia negó el recurso de apelación interpuesto por el ex alcalde de Loja, Bolívar Castillo y dictó una sentencia absolutoria que ratificó la inocencia del periodista Lenin Paladines. Con la negación de la apelación, las vías legales para Castillo se agotaron. 

Lenin Paladines dijo que es un triunfo del periodismo ecuatoriano que pone punto final a un proceso de persecución que inició en 2008 con la implantación de un estado de sitio contra el periodismo ecuatoriano, impulsado por el expresidente Rafael Correa y algunas autoridades locales que lo veneraban y siguieron el mismo hilo conductor de persecución.  

DOCUMENTO COMPLETO

Finalmente, ell Servicio de Rentas Internas (SRI) entregó una serie de documentos al legislador Fernando Villavicencio de los cuales se desprende una investigación contra él y su entorno familiar emprendida por este organismo con la posible participación del Centro de Inteligencia Estratégica y bajo el auspicio del ex consejero presidencial de Lenin Moreno, Santiago Cuesta Caputi, cuando Villavicencio era editor del portal Periodismo de Investigación.